lunes, 5 de septiembre de 2011

Los juicios de responsabilidades en la Historia de Bolivia

A PROPÓSITO DEL CASO OCTUBRE


Los juicios de responsabilidades en la historia de Bolivia

La Razón – 4 de septiembre de 2011
El periodista plantea un interesante repaso a la historia de los juicios de responsabilidades en el país. ¿Se imagina un proceso al Mariscal Andrés de Santa Cruz o al vencedor de la Batalla de Ingavi, José Ballivián? Ambos, y muchos más, fueron sujetos de procesos por sus distintos actos.

La historia ha registrado casi 30 juicios de responsabilidades en nuestro país desde que en 1825 se fundó la República. De todos ellos muy pocos terminaron con la acusación y cárcel para los encausados. Los demás fueron sobreseídos o la Corte Suprema ignoró los obrados o simplemente, como era muy habitual en algunas épocas, los actuados se extraviaron sin que continuara el juicio.
En alguno de ellos el Congreso Nacional, en una actitud que iba más allá de sus atribuciones, se pronunciaba incluso por la sentencia y declaraba a los eventuales acusados “insignes traidores” y los despojaba de su ciudadanía. La historia de estos juicios sin embargo, como la propia historia de Bolivia, está salpicada de intrigas políticas y anécdotas que en su momento tuvieron carácter trascendental. Ésta es la cronología.

1. Juicio a quien fue tercer presidente de Bolivia, José María Pérez de Urdininea, seguido por el Gran Mariscal de Ayacucho, en 1928, por traición a la Patria. Pérez fue acusado de cooperar con los peruanos en su invasión a Bolivia. El juicio no concluyó.

2. A José Miguel de Velasco, por haber apoyado al chileno Bulnes, quien derrotó al mariscal Santa Cruz en Yungay. El juicio fue iniciado por el diputado José Pareja y no concluyó.

3. Al mariscal Andrés de Santa Cruz. Juicio iniciado por el Congreso que antes lo proclamó “protector de la Patria” y que luego lo declaró “insigne traidor”.

4. Al mariscal José Ballivián, vencedor de Ingavi, acusado por el Congreso y declarado “insigne traidor” y  “fuera de la ley”. El juicio fue impulsado por Manuel Isidoro Belzu, con quien Ballivián mantenía una relación muy áspera.

5. Al general Jorge Córdova, acusado por el diputado Mariano Baptista y el “rojismo” (Partido Rojo). El juicio no concluyó.

6. A José María Linares, acusado por el rojismo por traición a la Patria, que se basó en la proclamación de dictador que hizo Linares. El juicio no concluyó.

7. A José María de Achá, acusado por el Congreso por las “matanzas de Loreto”. El juicio no concluyó.

8. A Mariano Melgarejo, por la entrega de territorio boliviano a potencias extranjeras. El juicio se extinguió por la muerte de Melgarejo.

9. A Agustín Morales, que fue acusado durante su presidencia por los atropellos a congresistas y ayudantes más próximos, causados aparentemente por una neurosis que sufría. El juicio no continuó porque Morales fue asesinado en ejercicio del mando.

10. A Hilarión Daza, acusado por  el Congreso por traición a la Patria, por la conducción del Ejército en la Guerra del Pacífico. No concluyó.

11. Otro juicio a Hilarión Daza no continuó porque cuando éste volvía a  La Paz a asumir su defensa fue asesinado en Uyuni. Éste fue el último juicio con la primera ley. A partir del siguiente se utilizó la Ley de Responsabilidades, aprobada en octubre de 1944.

12. A Mariano Baptista, por el Congreso, por malversación de fondos. No concluyó.

13. A José Manuel Pando, impulsado por los “liberales puritanos”, que acusaron a aquél de aliarse a los “conservadores”. No concluyó.

14. A los ministros de José Manuel Pando, por la Cámara Baja, por el mismo motivo anterior. El juicio no concluyó.

15. A los ministros Eliodoro Villazón y Carlos Torrico, por el Congreso. No concluyó.

16. Al ministro Alfredo Ascarrunz y al director de Aduanas, Casto Rojas, ambos del gobierno de Ismael Montes.

17. A Ismael Montes, por el Congreso. Este juicio terminó con la proposición acusatoria al expresidente: que pronunció la célebre frase “piso y paso”.

18. A Bautista Saavedra. No concluyó.

19. A José Luis Tejada Sorzano. No concluyó.

20. A Hernando Siles. El Congreso lo absolvió.

21. A Eduardo Diez de Medina, canciller de Germán Busch, acusado de la entrega de pasaportes a inmigrantes judíos. No concluyó.

22. A Jorge Mercado Rosales, ministro de Agricultura de Busch, por apropiación de fondos públicos. Fue hasta esa fecha el único condenado por la Corte Suprema. Cumplió un año de cárcel y no volvió a ocupar cargos públicos.

23. Al Consejo de Ministros de Gualberto Villarroel.

24. A Víctor Paz Estenssoro, por parlamentarios de Falange Socialista Boliviana (FSB), por los “campos de concentración”, libras esterlinas y fondos de contrapartida. No concluyó.

25. A Hugo Banzer Suárez, por el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. No concluyó.

26. A Luis García Meza y sus ministros, que concluyó con sentencia condenatoria.

En muchos casos se anunciaron juicios, pero éstos no pasaron de eso y no llegaron ni siquiera a la proposición acusatoria. Por ejemplo a Hernán Siles Zuazo, por la reunión de Rafael Otazo con Roberto Suárez, y otro contra Paz Estenssoro, acusado por el diputado Carlos Serrate Reich por el Decreto Supremo 21060. Se condenó, sin embargo, a un par de ministros por daños económicos al Estado. Gonzalo Sánchez de Lozada no tiene juicios pendientes en la Suprema.

Con la nueva Ley de Responsabilidades, el juicio al Mando Militar del caso Octubre y a dos ministros de Estado concluyó con sentencias condenatorias. Hay quien asegura que esta sentencia aparentemente no incluye la declaración de “sin derecho a indulto”, por lo que el Presidente o la Asamblea Legislativa podrían, hasta fin de año, usar sus facultades de indulto para evitar un conflicto que podría producirse con la institución militar.

Mario Espinoza Osorio
es periodista

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Líneas Jurisprudenciales sobre el Juicio de Responsabilidades en Bolivia



BUSCAN ENJUICIAR A SÁNCHEZ DE LOZADA Y JORGE QUIROGA

06/09/2011 - 18:05:46
La Paz.- La presidenta de la Comisión mixta de Justicia Plural, Sandra Soriano, sugerirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) iniciar un juicio de responsabilidades contra los ex presidentes Jorge Quiroga Ramírez y Gonzalo Sánchez de Lozada.
    "En el primer punto de la resolución se pide al Plenario autorizar el enjuiciamiento de los ex presidente Sánchez de Lozada y Quiroga Ramírez porque el Fiscal General, Mario Uribe, hizo una relación que subsume las conductas de ambos con los delitos que provisionalmente los viene a calificar", indicó.
    Dijo que otra de las sugerencias de la Comisión es la exclusión del proceso al ex presidente Carlos Mesa Gisbert y sus ministros, porque la Comisión verificó que no existen hechos que los comprometan con la suscripción de contratos petroleros.
    Explicó que en el caso de Mesa Gisbert, la sugerencia se enmarca respecto al contrato petrolero de Montecristo, que se refiere sólo a una regularización.
    "Tras la clasificación de las gestiones en qué se habrían iniciado con las explotaciones petroleras, la Comisión evidenció que ese contrato ya estaba en ejecución, una vez que fue dado en riesgo compartido en bloque con los campos petrolíferos en la gestión de Sánchez de Lozada el año 1997", indicó.
    En el caso del ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, señaló que los contratos de explotación, exploración y comercialización de campos petrolíferos fueron puestos en consideración del Fiscal.
    Asimismo, informó que los funcionarios de la gestión presidencial de Hugo Banzer Suarez también fueron involucrados en este caso para ser investigados.
    Los mencionados tres ex presidentes son acusados por la suscripción de 107 contratos que fueron firmados entre 1997 y 2004 con 21 multinacionales petroleras, según reportan las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
    Sánchez de Lozada es denunciado por la suscripción de más de 50 contratos; Quiroga por más de 40 y Mesa por uno.
    Soriano señaló que las conclusiones de la Comisión mixta de Justicia Plural se basa en los antecedentes que cursan "sin haber hecho ninguna consideración, ni insertado ningún otro tipo de antecedentes".
    La legisladora ratificó que las resoluciones serán enviadas a la ALP para que se pronuncie en un Plenario aceptando o rechazando el informe.

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