lunes, 31 de octubre de 2011

EL NUEVO ÓRGANO JUDICIAL: ¿Podrá reformar la justicia?

EL NUEVO ÓRGANO JUDICIAL ANTE LA CIUDADANÍA

Ahora viene el reto de construir legitimidad y reformar la justicia

La Razón – ANIMAL POLÍTICO – 30 de octubre de 2011
Los nuevos magistrados tienen ante sí un reto político y uno administrativo: por un lado, mostrar que, pese a los votos nulos, son las nuevas autoridades idóneas para dirigir el nuevo Órgano Judicial; y, por otro, emprender la dura batalla de la reforma de la justicia, en el marco del nuevo Estado Plurinacional.

El nuevo Órgano Judicial entrará en vigencia en enero del 2012; lo hará con la posesión de sus magistrados, aquéllos que fueron electos el 16 de octubre. Resultados también de la polémica, el fuego cruzado entre oficialismo y oposición por los votos válidos y nulos, los nuevos magistrados del país tienen grandes tareas: construir su legitimidad, la independencia en nuevas condiciones de este poder del Estado, y conducir la tan ansiada reforma del sistema judicial boliviano.
Según Carlos Alarcón, constitucionalista y ex ministro de Justicia de Carlos Mesa, el primer problema que tendrán que resolver los nuevos magistrados será la “falta de confianza ciudadana” con que llegarán a Sucre, la sede del Órgano Judicial, debido al elevado porcentaje de votos nulos.
Para mal o para bien, no se trata de jueces que “sólo deberán ejercer el cargo y punto, sino que tienen la misión histórica de ejercer un liderazgo”, un rol literalmente “histórico”, dado el esfuerzo nacional en su elección y la expectativa que hasta ahora han levantado las actuales reformas, apunta por su parte el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín.
En cambio, para el viceministro de Justicia, Nelson Cox, el verdadero problema de las autoridades electas será cómo empezar a construir la “nueva justicia”, por eso es que la primera tarea que se impuso el Estado en su conjunto es asegurar la transición transparente del Poder Judicial al nuevo Órgano Judicial.
La idea de la transición —apunta— es dejar lo más saneado y ordenado posible el actual sistema. La futura Ley de Transición será aprobada máximo hasta fines de noviembre, adelanta la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Cecilia Ayllón.

ESCALAFÓN. El ex parlamentario Carlos Böhrt, quien participó en la redacción final de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), asegura que la gran tarea que desde el primer día deberán encarar los jueces es la “revisión del escalafón judicial”, para lo cual, la CPE incluso establece un tiempo: “en el plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial” (Disposición Transitoria Sexta). 
Tal como anunciara La Razón el martes 25 de octubre, la “revisión” alcanzará a cerca de 4.000 funcionarios, entre ellos, unos 500 jueces, apunta Böhrt.
Frente a la natural susceptibilidad de que esto no signifique otra cosa que una “masacre blanca”, la diputada Ayllón afirma con énfasis que todos los jueces y funcionarios judiciales hoy vigentes, una vez posesionados los nuevos jueces, continuarán ejerciendo su labor, “hasta que sean evaluadas y hasta que se aplique la nueva estructura” de los nuevos tribunales, “en base a la aplicación progresiva de la Ley del Órgano Judicial”.
Con todo, es la misma Constitución la que señala que una de las garantías de la independencia del Órgano Judicial (junto a su autonomía presupuestaria) es “el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial” (artículo 178).

PROCEDIMIENTO. Pero la gran esperanza de cambios tangibles, que la ciudadanía debería sentir en el funcionamiento cotidiano de la justicia, es la reformulación de la mayoría de los códigos procesales, los códigos del procedimiento judicial, insiste el viceministro Cox.
Entre los distintos órganos (poderes) del Estado ya se formaron las llamadas “comisiones codificadoras”, entidades encargadas exclusivamente de elaborar nuevos códigos de la manera en que debe funcionar la justicia.
Si algo hay que desacredita al sistema judicial es la retardación de justicia y, a raíz de ésta, la corrupción. La retardación tiene su origen en la forma en que están dispuestos los procedimientos, trámites, rituales, recursos legales... la hasta a veces alucinante chicana jurídica en que se empantanan los procesos. Pues, bien, con la reforma de los códigos de procedimiento en por lo menos cuatro grandes áreas (civil, penal, laboral y agraria) —señala Cox— se ataca directamente a dicha retardación.
Los nuevos códigos permitirán —dice— desmontar la lógica formalista de la justicia boliviana: el hecho de que los abogados ya no litigan el contenido de los casos, sino sólo las formas, que si se cumplió con tal o cual requisito, que si se siguió con la debida formalidad.
El problema es real, añade Alarcón; se trata del hábito ritualista del quehacer legal, acaso (ésta sí) una de las mayores herencias de la Colonia, “donde usted está más preocupado de los ritos en los tribunales que de la verdadera impartición de justicia”. Pero la cuestión, insiste, es la “medicina” que se aplique contra este mal.
Mientras para Cox y la diputada Ayllón el camino es aplicar los nuevos códigos, para Albarracín el problema está en el operador de la justicia, en los jueces y abogados: el procedimiento puede ser muy ágil, pero no sirve mucho si quien lo lleva a cabo mantiene las inercias del pasado.

LOCAL. Para Alarcón, con todo, aquí hay otro tema de fondo: el centralismo y la estructura burocrática y jerárquica vertical que aún mantiene el actual sistema judicial boliviano. 
Así, si bien cambiar los procedimientos es una condición necesaria, no es suficiente dice. “Además de ello se requiere una profunda descentralización de la justicia, mediante la cual acerquemos la justicia al ciudadano”.
Una propuesta concreta en ese sentido, por ejemplo, destaca, es trasladar el sistema judicial a los municipios: “en lugar de estar teniendo grandes palacios de justicia, como se hace ahora, deberíamos tener jueces prácticamente en todos los municipios, y jueces de todas las materias”.
Una de estas formas de justicia local que se debería tomar en cuenta, por la experiencia que tiene, es precisamente la justicia originaria, insistía en un seminario sobre el tema el abogado argentino Alberto Binder (Cuadernos de reflexión, Vicepresidencia, 2007).
Otro problema relacionado a esto y de urgente resolución, señalan los abogados entrevistados, es el innecesario congestionamiento de causas que actualmente hay en los tribunales superiores: nueve, 12 jueces supremos que deben resolver miles de casos, desde los más graves (que sí ameritan), hasta pequeñas deudas de algunos cientos de bolivianos.
Es imperativo, apunta Alarcón, por ejemplo, que ciertos casos no pasen de la Corte de Distrito. Al respecto, la diputada Ayllón defiende el programa gubernamental al decir que una de las reformas de los nuevos procedimientos será introducir la conciliación como la obligatoria primera etapa de todo proceso, antes de pasar a un juicio en sí. No es que se obligue a conciliar, sino que se promueve esta forma de resolución del conflicto como la primera alternativa.
La carrera judicial debe ser reglamentada
Nelson Cox, viceministro de Justicia.
En lo que concierne a la carrera judicial, ésta se va a mantener. Los nuevos magistrados tienen que aprobar un reglamento que regule el ingreso a la carrera judicial, su estabilidad; todo lo que venga con los procesos de evaluación, de promoción o traslado del personal. Pero no bajo el resabio de “carrera judicial” vamos a dejar de lado (el hecho de) que es un nuevo Órgano Judicial. El personal subalterno tiene que renovarse en el sentido de institucionalidad, no renovarse en el sentido en que salgan todos e ingresen otros.

También habría que cambiar la Constitución
Carlos Alarcón, abogado constitucionalista.
En lo de la burocratización de la justicia hay un defecto en la propia Constitución. Se necesita cambiarla para ya no hablar de jerarquías judiciales, sino de distintas funciones judiciales. O sea, que el juez que esté en Villazón no necesite escalar ningún otro puesto, porque donde está tiene la misma remuneración, capacitación y prestigio que, digamos, un juez que está en Sucre. Una nueva situación en que el juez de provincia sea tan capacitado, calificado y tan bien pagado como el juez de la ciudad.

Hay que reformar el procedimiento penal
Cecilia Ayllón, asambleísta por el MAS.
El Código de Procedimiento Penal, que costó al país más de 11 millones de dólares y que fue vendido como el fin de la retardación de justicia, también mostró limitaciones. Estamos a 12 años de su implementación y tenemos casos que han empezado en esa época y que hasta ahora no concluyen. Mediante las famosas “medidas cautelares”, contra las que hubo reclamos, se permite una práctica de entrada y salida inmediata de la prisión de los delincuentes, amparados en el respeto de sus derechos individuales.

La militancia política, uno de los peores males
Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo.
La aspiración legítima de la ciudadanía es que cambie el rostro del Órgano Judicial; una imagen muy identificada con la corrupción, la dependencia política, la retardación de justicia, la mediocridad profesional, incluso, y con la militancia partidaria, porque la historia común es que ciertos jueces llegan a altos cargos por manipulación o influencia política. Los nuevos magistrados tienen la responsabilidad histórica (de cambiar todo esto), independientemente del déficit de legitimidad con el que ahora llegaron al cargo.

Se prevé años de sostenidas reformas judiciales
Serán años de reforma. Sólo en cuanto a los plazos más generales, el viceministro de Justicia, Nelson Cox, el miércoles 26 de octubre (La Razón), anunció que la reforma judicial, la aprobación de toda la batería de códigos procedimentales, recién estaría lista hasta junio del 2013, un año después del plazo establecido en la Ley del Órgano Judicial.
La diputada Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, va más lejos, incluso hasta enero del 2014. Si bien la Ley 025 del Órgano Judicial habla de un período de transición de dos años para adecuar los nuevos códigos a esta ley, en ningún lugar dice desde ésta o aquella fecha, recuerda la legisladora.
Así, insiste, la manera más razonable de interpretar esto es que el período de transición empieza con la posesión de los nuevos magistrados, en enero del 2012; con lo que, se entiende, se tendría hasta al menos enero del 2014 para la reforma.
Y es que un código es un Código, coinciden los entrevistados, y esto no es fácil de hacer, más en el actual contexto, en que se trata de una reforma judicial en medio de la construcción del nuevo Estado Plurinacional boliviano.
Hasta fin de año, añade Cox, se pretende tener listos los anteproyectos de los códigos de Procedimiento Civil, Penal, Laboral y Agroambiental; los cuales se espera sean debatidos y aprobados por la Asamblea hasta febrero del 2012; de modo que empiecen a ser implementados en el primer trimestre de ese año.


martes, 25 de octubre de 2011

TIPNIS: LEY DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE




LEY N° 180
LEY DE 24 DE OCTUBRE DE 2011

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:


LEY DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS


ARTÍCULO 1. (DECLARATORIA DE PATRIMONIO DEL TIPNIS).-

I. Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.

II. En el marco de los artículos 30, 385, 394 y 403 de la Constitución Política del Estado y otras normas vigentes, se ratifica al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS como territorio indígena de los pueblos Chiman, Yuracaré y Mojeño-trinitario, de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y como área protegida de interés nacional.

III. Asimismo, adicionalmente se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, como zona intangible.

ARTÍCULO 2. (TERRITORIO INDÍGENA Y ÁREA PROTEGIDA).-

Teniendo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.

ARTÍCULO 3. (CARRETERAS POR EL TIPNIS).-

Se dispone que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS.

ARTÍCULO 4. (PROTECCIÓN).-

Dado el carácter intangible del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS se deberán adoptar las medidas legales correspondientes que permitan revertir, anular o dejar sin efecto los actos que contravengan a esta naturaleza jurídica.

ARTÍCULO 5. (PROHIBICIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ILEGALES EN EL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE - TIPNIS).-

De conformidad al Artículo Primero de la presente Ley al ser declarado territorio intangible, los asentamientos y ocupaciones de hecho promovidas o protagonizadas por personas ajenas a los titulares del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, son ilegales y serán pasibles de desalojo con intervención de la fuerza pública si fuera necesario a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil once.

FDO. ALVARO GARCÍA LINERA, Zonia Guardia Melgar, Esteban Ramírez Torrico.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil once años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Carlos Romero Bonifaz, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Julieta Mabel Monje Villa, Nemesia Achacollo Tola.


lunes, 24 de octubre de 2011

ELECCIONES JUDICIALES 2011: ¿Voto indígena o voto género...?

ELECCIONES JUDICIALES 2011

Voto indígena y voto género, los más contundentes

La Razón – 23 de octubre de 2011
De los comicios del domingo 16 de octubre, más allá de la controversia y el debate polémico que generó, la periodista rescata los resultados que permitieron la elección de mujeres e indígenas, como respuesta a un sistema de administración de justicia, en su criterio, patriarcal y colonial. El desafío que propone es cómo se puede incidir con eso en la estructura judicial.

Todas las voces se han hecho escuchar —a través del voto— en las recientes elecciones judiciales. La pluralidad expresada en los votos blancos, nulos, indígenas y de género está mostrando en los resultados de los comicios la voluntad popular de cambiar uno de los ámbitos de mayor peso colonial y patriarcal del Estado, cual es la justicia boliviana.
Siendo así, la votación del domingo 16 se registrará en la historia no sólo como un acontecimiento “inédito para la humanidad en materia de avance de los derechos humanos”, como señaló Denis Raccicot representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, sino también como un acto en el que el voto indígena y el voto género fueron los más contundentes.
¿Cuál es la profundidad de esta elección? Para quienes peregrinaron por un juzgado cualquiera en el país, palparon en carne propia el racismo, la discriminación, la extorsión, la retardación, la impunidad y cuanta práctica antiética e inmoral ha sido posible aplicar en esos estrados, desde la fundación de Bolivia.
El derecho colonial y patriarcal. Una larga tradición marca el itinerario de la justicia boliviana constituida estructuralmente por patrones occidentales en los que se ha instalado la matriz colonial para administrar justicia al mando y designio de las élites, y a favor de éstas, para desplazar a las mayorías como benefactoras de ese servicio estatal.
La cantidad de casos sin sentencia, acumulados, la burocracia, la corrupción y la revictimización ensayada por funcionarios/as judiciales no es tan sólo el pan de cada día en los juzgados; son, ante todo, la manifestación explícita de una justicia a la que le antecede un tipo de formación en la doctrina del derecho romano.
Ese “disciplinamiento” por el que atraviesan estudiantes de Derecho —próximos a ser abogados, jueces/as, magistrados/as— revela un recorrido académico y social que deriva en actos denigrantes como el que vivió Amalia Laura Villca en la Facultad de Derecho de la estatal Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, cuando sus propios compañero/as alteraron una fotografía para cambiar sus trenzas y su pollera indígena por la típica toga y el birrete. A eso se suman las constantes agresiones verbales que soportó la estudiante, tales como que su lugar era “en la cocina, de empleada (…)” y otros apelativos peyorativos, en franca vulneración de los derechos humanos y la dignidad de su persona.
Con esos vicios incorporados, la justicia además fue objeto de los partidos políticos y de ciertas familias que se repartieron los cargos judiciales para preservar sus privilegios y apoderarse de los recursos estatales y privados, de manera tal que las autoridades elegidas a dedo en lo que fue el Congreso Nacional sirvieron para la antipatria, y así legitimar un sistema generador de magna injusticia y, por tanto, de cercenamiento y estancamiento de los derechos humanos prácticamente en todas las materias civiles y penales.
Mujeres e indígenas. “La justicia es para el que tiene plata”. Así responde la gente común cuando se le pregunta cómo anda su proceso judicial. Cierto, las principales víctimas suelen ser las mujeres y las/los indígenas, si es que no se trata de la doble o triple discriminación como en la condición de ser mujer, indígena y pobre.
Manuel Scorza, en una novela escrita acerca de la realidad andina el siglo pasado, cuenta la historia de un hombre aymara detenido sin pruebas, quien pudriéndose en la cárcel durante años se enteró de que había sido declarado muerto e inocente por un juzgado, pero nunca fue anoticiado. Tratando de entender la lógica de ese proceder se conformó en pensar, en su idioma materno, que quisieron decir “muerto en vida por estar preso. Eso debe ser”.
Así es como sucede en los tribunales judiciales, una de las herencias mayores del colonialismo y la colonialidad que ha reproducido en mentes y prácticas la exclusión social. Por ello, en la actualidad, se puede comprender el comportamiento electoral guiado no por una consigna partidaria, sino por la consigna “de los sombreritos” y de las mujeres en la papeleta, que reafirma la identidad indígena y la identidad de género, o ambas en el caso de la candidata al Consejo de la Magistratura Cristina Mamani Aguilar.
Los perfiles que repuntan en los resultados en boca de urna son desde ya una señal de que la justicia dejará de estar en manos exclusivas de los “doctorcitos wayra levas”, aquellos de los que nos hablaba Augusto Céspedes y que nos muestran las danzas que ironizan las figuras coloniales y postcoloniales que concentraron riqueza y posición de clase.
La participación de las mujeres indígenas y no indígenas en las elecciones judiciales muestra, por otra parte, que la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos jerárquicos y públicos remite apenas sí a una referencia que no constituye la finalidad de lucha de los pueblos, pues, en la medida que la conciencia de la identidad individual se articula a la identidad colectiva, se empieza a desplegar la justicia como objetivo mayor, como horizonte de emancipación, ese horizonte que reviste el suma qamaña ideado por la colectividad pone a todas y todos en las mismas condiciones, sin necesidad de establecer porcentajes ni cuotas de partida ni de llegada.
Con el voto indígena y el voto género se fortalece el andar de la pluralidad. Este comienzo por cambiar la justicia ilumina uno de los caminos trascendentales para descolonizar y despatriarcalizar el Estado en una de sus formas más perversas de poder: la administración de justicia, cuyos desafíos son tan grandes como urgentes en lo que hace a su transformación interna, en el servicio que ofrece al pueblo y en la histórica coordinación con la justicia indígena originario campesina.
Claudia Espinoza I. es periodista

ELECCIONES JUDICIALES: Jueces electos... ¿legales y legítimos?

PESE A TODO, HAY JUECES ELECTOS Y UN PROCESO EN CURSO
Comicios, entre un ‘octubre del MAS’ y la refundación de la justicia

La Razón – 23 de octubre de 2011
La elección judicial del 16 de octubre, para bien o para mal, será un antes y después para el MAS. ¿La primera derrota electoral? ¿Un mero traspié a causa de un problema coyuntural (el TIPNIS)? ¿El comienzo del fin? Prematuro decirlo, pero sí urgente de empezar a analizarlo.

Inéditas. Las elecciones judiciales no dejan de ser eso. Ahora toca al resultado: un porcentaje de nulos y blancos nunca visto. Puntos más, puntos menos (el cómputo oficial se conocerá a fin de mes), la pelea ahora es por la lectura de la realidad de los datos: en qué medida se puede hablar de un “octubre del MAS” y en qué medida, de una refundación del sistema judicial. ¿Qué pasó en  realidad? ¿Qué vendrá después?
Mientras para el Gobierno lo verdaderamente significativo de la elección es el salto hacia adelante que se dio en la reforma del sistema judicial, para la oposición es la hora del viraje, retroceso, rectificación, comienzo del fin —según quien lo vea— del proceso de cambio.
Nunca está de más mirar otra vez, median los analistas. 

Proceso. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, insiste en un necesario “abordaje estructural, despolitizado” del tema: el domingo 16, “el pueblo boliviano ha mostrado su plena disponibilidad de convertir la justicia en un mandato popular”. Se trata de un “paso audaz” hacia la pluralidad, “hubo una renovación de cuadros del sistema judicial; ahora se cuenta con jóvenes, mujeres, indígenas, que no sólo democratizan el acceso a la justicia, sino que reflejan la expresión más plural y diversa del país”.
Para la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriela Montaño, antes que ver la elección a través del lente del voto nulo (que todavía está por verse si es mayoría), lo importante y ecuánime es ver el proceso en su conjunto: finalmente, buena parte de la población (la que votó válido) tomó la decisión de elegir, y afirmó el mecanismo propuesto (la elección ciudadana de los jueces supremos del país), destaca.

¿Plebiscito? Para nada, señala el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro. Y es que Evo Morales o el Gobierno no fueron candidatos; no se midió su gestión. En consecuencia, tampoco se puede hablar de una derrota gubernamental o de una victoria de la oposición. Lo que estuvo en juego es la elección de los miembros del Órgano Judicial y la distorsión que hubo por parte de la oposición al promover el voto nulo.
Para la analista María Teresa Zegada, en cambio, desde que el Presidente llamó a la votación por el Sí (que ganamos con el 70% de votos válidos) frente al voto nulo, la elección adquirió un carácter plebiscitario, sin ser un plebiscito. Si bien la población no fue a votar ni por el Presidente ni por sus candidatos, los referentes objetivos fueron dichos discursos pro y contra. “Lamentablemente”, pues el objetivo era muy distinto: la elección de los jueces supremos.

Nulo. La disputa ahora es por el voto nulo y el voto blanco. ¿Qué representan en el fondo? Si bien aquí hay mucho de especulación, admite el ministro Romero, una hipótesis válida es que no siempre es la respuesta a la convocatoria de la oposición: dada la complejidad de la elección, se puede afirmar que este voto representa en gran medida un elevado margen de error de la gente.
Lo más que conceden los entrevistados del MAS es que el voto nulo en gran medida es la reproducción, con otro rostro, del porcentaje histórico que la oposición alcanzó en su conjunto en las últimas elecciones (no más del 30%-35% del electorado), además de cierto descontento contra el Gobierno, aunque esto tampoco significa que el voto nulo pueda ser adueñado por la oposición.
En cambio, para Fabián Yaksic, diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), en el voto nulo hay que ver varias interpelaciones: contra la forma en que se llevó adelante el proceso, desde la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa hasta un voto contra el gobierno del MAS, pasando por la crítica al árbitro del acto eleccionario, los tribunales electorales.
Para la diputada Rebeca Delgado (MAS), además de lo complicado del acto electoral, lo reconoce, el voto nulo también podría representar el “desencanto de la clase media” con el MAS. Alguna forma de crítica de la ciudadanía, añade el viceministro Navarro.  

Blanco. Pero, una vez que el voto nulo parece ser mayoría relativa, la verdadera batalla interpretativa está en torno al que puede ser el dirimidor, el que “decida” al ganador: el voto en blanco.
Aquí, Montaño insiste en que de ninguna manera el voto blanco puede ser asimilado al voto nulo. Con un fuerte contenido de desconocimiento de los candidatos, este voto se lo puede leer como un distanciamiento del elector tanto del MAS como de la oposición, dice.
Tanto para Yaksic como para el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, en cambio, entre el voto blanco y el voto nulo en el fondo sólo hay una diferencia de matiz. Navarro señala que, en rigor, en la elección sólo hubo dos posibilidades, de aceptación del proceso (el voto válido) o de rechazo del mismo: el voto blanco como rechazo moderado y el voto nulo como abierto rechazo. Así, calificar al voto blanco como neutro no es correcto, insiste.
Para Zegada, una cosa es segura: que el voto nulo, y menos el blanco, no puede ser apropiado por la oposición, es decir, que ésta haya ganado con ambos. Si bien es prácticamente imposible determinar cuánto del voto nulo responde al llamado de la oposición, lo que al parecer muestran los votos nulo y blanco y su gran proporción (nunca vista en elección anterior) es lo que se puede llamar una suerte de victoria de la ciudadanía, “que ha asumido de manera libre su posición con respecto a este acto eleccionario”.
El analista cochabambino Fernando Mayorga añade que el 16 de octubre los votantes bolivianos una vez más mostraron la autonomía que tienen en el ejercicio de su derecho al voto, que pese a que en varias elecciones expresaron una preferencia por el MAS, su adscripción al proceso de cambio no es acrítica. En este sentido, el voto nulo por supuesto implica un mensaje al Gobierno, una demanda de cambio de actitud, de cierto estilo de toma de decisiones (el conflicto por el TIPNIS, especialmente la represión a la marcha, fue un factor que, sin duda, inclinó la balanza por la condena al MAS), destaca.

Legal/legítimo. Una vez que según los cómputos oficiales mal que bien se van consolidando los porcentajes reportados en boca de urna (40% válidos, 15% blancos y 45% nulos), el próximo debate será la legalidad versus la legitimidad de la elección.
Desde la perspectiva del Gobierno, el debate entre la legalidad y la legitimidad del proceso carece de sentido, en la medida en que la legalidad del proceso ha sido cumplida: se consiguió lo que se proponía, la elección de los miembros del Órgano Judicial, y lo que corresponde es concluirlo, posesionar a las nuevas autoridades.
La única manera en que se puede cuestionar la legitimidad del proceso es demostrando si hubo fraude o si la participación ciudadana fue baja (que no es el caso), señala el viceministro Navarro. La senadora Montaño añade que la votación en contra (en este caso el nulo) no invalida, no deslegitima, la votación válida.
Por su lado, el diputado Yaksic afirma que desde el punto de vista más bien político el Gobierno no puede sencillamente ignorar la votación blanca y nula, una por una o sumada, como si fuese un hecho anecdótico de las elecciones.
Aquí se dio —dice— la primera derrota electoral del MAS y que si éste desea seguir gobernando no puede dejar de tomarla en cuenta. Negarse a hacerlo es alentar una creciente insatisfacción que se irá acumulando con el tiempo, que incluso alcance al 2014, afirma.
Al respecto, Mayorga dice que ciertamente no se puede atar la legitimidad de una autoridad a los votos no recibidos.
Ante el argumento de que la legitimidad es restada a causa de una mayoría de votos en contra, también es posible razonar que dicha legitimidad aumentaría si la autoridad hubiera sido electa con gran cantidad de votos. La legitimidad —explica— más bien tiene que ver con el desempeño de la autoridad; es un hecho que se ve en el futuro.

Mayoría. El diputado Navarro plantea un debate sobre la simple mayoría. El caso es que, según la Constitución, en las justas electorales judiciales es ganador el candidato que alcance “la mayoría simple de votos”.
Para aquél, tomando al pie de la letra la Carta Magna eso que el ganador es quien obtiene la mayoría simple, aquí no se afirma “mayoría simple de los votos válidos”, sino mayoría simple sin más. Así, una vez que la propia norma electoral  reconoce que hay tres básicos votos (válidos, blancos y nulos), hasta donde se sabe, la mayoría simple del 16 de octubre es la alcanzada por el voto nulo; por esta vía se cuestiona la derrota de los votos válidos. Habrá que ver.

viernes, 21 de octubre de 2011

Pornografía Infantil... un problema pendiente en Bolivia

Pornografía, una de las preocupaciones en torno al uso infantil de Internet



20/10/2011 - 17:27:43

Argentina.- 86.2% de los usuarios considera muy importante la educación de los menores acerca de las amenazas en Internet, según informa ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas.

Según una encuesta realizada por la empresa, 7 de cada 10 padres consideran que la concientización en materia de seguridad informática de los niños debería comenzar entre los 5 y los 12 años de edad.

“Con equipos informáticos cada vez más modernos y un lenguaje que evoluciona rápidamente, los padres de hoy sufren la presión de tener una doble tarea: educarse para poder educar. Al acercarse a niños de hasta 10 años para acompañarlos en la navegación, lo fundamental que se debe tener en cuenta es definir condiciones claras para el uso de Internet y ser un buen ejemplo”, asegura Sebastián Bortnik, Coordinador de Awareness & Research de ESET Latinoamérica.

Consultados sobre qué medidas toman para asegurar a sus hijos una experiencia segura en Internet, el filtrado de contenidos se reveló como la principal estrategia, con el 24.3% de las respuestas. Con una mínima diferencia, el segundo lugar correspondió a la implementación de software de control parental (23.7%), seguido luego por el control horario (22.4%).

En línea con esto, al momento de definir las amenazas más preocupantes, los usuarios identificaron a la pornografía en primer lugar (89.5%), secundada por la pedofilia (86.8%) y el grooming- persuasión de un adulto hacia un niño, con la finalidad de obtener una conexión emocional y generar un ambiente de confianza para que el niño realice actividades sexuales, con el  75.7%.

“De los resultados de las encuestas se extrae que la principal preocupación de los padres hoy en día es el contenido al cual tienen acceso los menores en Internet. Para proteger a los niños de la exposición a materiales inapropiadas, es fundamental utilizar las herramientas de control parental incluidas tanto en los navegadores web como en las soluciones antivirus”, aseguró Raphael Labaca Castro, Especialista de Awareness & Research de ESET Latinoamérica.

“Además, se deben tener en cuenta los riesgos derivados de la interacción social en la red, como el ciberacoso y el grooming, para cuya prevención es fundamental mantener un diálogo abierto con los más chicos”, concluyó Labaca Castro.

Las principales amenazas informáticas para los niños en Internet son:

Ciberacoso: Conducta hostil que puede ser practicada hacia los niños. La víctima de este tipo de acoso es sometida a amenazas y humillaciones en la web con la intención de atormentar a la persona y llevarla a un quiebre emocional. Estas prácticas pueden ser realizadas a través de Internet, así como también, teléfonos celulares y videoconsolas. También denominado en inglés, cyberbullying, no siempre son realizadas por adultos, sino también son frecuentes entre adolescentes.

Grooming: Se trata de la persuasión de un adulto hacia un niño, con la finalidad de obtener una conexión emocional y generar un ambiente de confianza para que el niño realice actividades sexuales. Muchas veces los adultos se hacen pasar por niños de su edad e intentan entablar una relación para, luego, buscar realizar encuentros personales.

Sexting: Proviene del acrónimo formado entre Sex y Texting. Inicialmente, y como lo indica su nombre, se trataba del envío de mensajes con contenidos eróticos. Posteriormente, dado el avance tecnológico, esta modalidad evolucionó hacia el intercambio de imágenes y videos convirtiéndose en una práctica habitual entre adolescentes y niños.

Robo de información: Toda la información que viaja por la web, sin las medidas de precaución necesarias, corre el riesgo de ser interceptada por un tercero. De igual modo, existen también ataques con esta finalidad. La información buscada, normalmente apunta a los datos personales. Un paso en falso ante este tipo de incidentes, puede exponer al menor de edad a la pérdida de dinero familiar o al robo de identidad.

Malware: Malicious software o software malicioso, aplicaciones con el objetivo de dañar el equipo o robar información personal o dinero al usuario.

Spam: Correo basura o mensajes recibidos en la bandeja de entrada que no fueron solicitados por el usuario.

Scam: Engaños o estafas a través de Internet.



La pornografía infantil aumentó un 1.500 por ciento desde 1988

(La Paz - Bolivia.com) 12 de enero de 2004

Los delitos por pornografía infantil en el Reino Unido aumentaron un 1.500 por ciento desde 1988, y la circulación de los nuevos móviles con acceso a internet pueden complicar las cosas aún más, según un informe divulgado hoy.

El documento, hecho por la organización de caridad infantil NCH y que lleva el título de "Pornografía infantil: Abuso infantil e Internet", subraya que este espectacular incremento se debe principalmente al uso cada vez mayor de la red.

Según la NCH, en el año 2002 hubo 549 casos de delitos por pornografía infantil, frente a sólo 35 en 1988.

Pero el lanzamiento de los teléfonos móviles de tercera generación, con acceso a la red, puede empeorar la situación porque son más anónimos, agrega el informe.

El autor del documento, John Carr, declaró hoy a la BBC que en los días previos a la difusión de internet, era bastante difícil obtener imágenes sexuales de niños.

"Internet -agregó- ha cambiado esto por completo".

Hay pruebas de que internet ha llevado a que más niños sean víctimas de abusos sexuales, según el autor del texto.

"El problema ha cambiado mucho en poco más de una década. El aumento de la demanda ha hecho a la pornografía infantil un gran negocio y las consecuencias para los niños en todas partes del mundo son horribles", añadió Carr.

"Con el viejo sistema de internet fijo, una parte alentadora es que los padres pueden supervisar lo que hacen los niños. Es aún más difícil si los niños puede tener acceso a internet de cualquier parte a través del teléfono móvil", dijo.
El informe solicita más fondos del Gobierno para investigar los casos de pornografía infantil.

Las compañías de telefonía móvil Vodafone, T Mobile, Orange, Hutchinson 3G y "O2" recalcaron hoy que toman muy en serio la protección de los niños, pero admitieron que no pueden impedir que individuos utilicen las nuevas tecnologías.

Una portavoz de Vodafone dijo que están en contacto con la NCH y otros grupos dedicados a la protección infantil para tratar la seguridad de los menores.

Para más información visite: http://www.pedofilia-no.org/

CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

SEGÚN LEY N° 1768 DE
MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL


CAPÍTULO XI
DELITOS INFORMÁTICOS

ARTÍCULO 363 bis.- (MANIPULACIÓN INFORMÁTICA).- El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días.
 
ARTÍCULO 363 ter.- (ALTERACIÓN, ACCESO Y USO INDEBIDO DE DATOS INFORMÁTICOS).- El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta doscientos días.

miércoles, 19 de octubre de 2011

TIPNIS Y SU EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA - 2011


TIPNIS será impactado negativamente

18/10/2011 - 12:31:58

Santa Cruz.- Según una evaluación oficial, el TIPNIS contiene valores ambientales de suma importancia local, regional, nacional, y hasta internacional.

La misma estableció que la política nacional de hidrocarburos, de vinculación vial, y de asentamientos humanos, impactarán negativamente al TIPNIS. Esto alterará el modo de vida de los pueblos indígenas, y pondrá en riesgo una de las pocas áreas en Latinoamérica que presenta alto grado de conservación.

La evaluación señala que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ubicado en el corazón de Bolivia, es la única área de piedemonte en Latinoamérica sin asentamientos humanos urbanizados.

Está habitado por los pueblos indígenas Yuracaré, T´siman, y Moxeño trinitario, que tienen título en propiedad comunal, desde 2009. “Es el último espacio donde pueden desarrollarse como pueblos indígenas, que permanentemente han sido “empujados” por áreas de colonización”, dice el estudio.

Cuenta con un medioambiente conservado, mega diverso, con importante función reguladora de la región del piedemonte y la Amazonía. Contiene áreas fundamentales para la conservación, como el piedemonte y pampas, algunas muy críticas, como los humedales de la pampa beniana.
Sus recursos naturales están en buen estado, debido al modelo socio – económico sostenible indígena, que se adapta a los ecosistemas y la dinámica ambiental. Combina comunidades estables con movilidad espacial, y aún tiene alto grado de seguridad alimentaria. La vida social, económica, y organizativa todavía se guía por conocimientos ancestrales.

El modelo étnico combina la economía familiar con la comunal, aunque programas de desarrollo económico están introduciendo elementos nuevos. En los últimos años, el componente familiar está tomando mayor predominancia, adaptándose a economías de mercado. Sus ingresos monetizados provienen de la venta de fuerza de trabajo a colonos y ganaderos, describe la evaluación.

En algunos aspectos, el modelo indígena se está fortaleciendo, como en la recuperación de su idioma, y modelos organizativos, entre otros. Pero presenta procesos de aculturación o absorción en otros aspectos, como en alimentación, música, vestimenta, modelos económicos, y otros.

La mayor debilidad del modelo indígena está en la “zona de frontera”, donde está fuertemente expuesto al modelo colono. Allí, el modo de vida indígena está cambiando radicalmente, hasta prácticamente desaparecer y ser absorbido, como ya sucedió con algunas comunidades.

En el área de colonización (Polígono 7), donde se impone el tipo de propiedad privada, su modelo presenta fuerte desarrollo social y económico, impulsado por programas nacionales, así como por inversiones departamentales y municipales, asegura el estudio. 

La economía de la coca se consolidó, con tendencia a ampliarse hacia la TCO, lo que produjo enfrentamientos entre colonos e indígenas. También, ha puesto en riesgo toda el área protegida: ya se perciben efectos ambientales y sociales negativos en el sistema general.

La evaluación prevé mayores niveles de desarrollo socio – cultural y económico para la zona de colonización, como resultado de las políticas nacionales, departamentales y municipales. El modelo colono mantendrá su economía asentaba sobre el cultivo de la coca, intensificando permanentemente el uso del suelo con insumos agroquímicos. La presión para ampliar la zona de colonización será permanente, lo que implica conflictos continuos con indígenas.

La política vial junto a la hidrocarburífera tendrá un efecto desestructurador del modelo indígena, debido a que socavarán las condiciones ambientales necesarias para su modelo socio – económico. De igual forma, obstaculizará desplazamientos poblacionales, con fines culturales y económicos. También la “zona de frontera” estará expuesta a mayor presión socio - cultural y económica, y finalmente será absorbida por el modelo colono.

La evaluación recomienda que los pueblos indígenas del TIPNIS diseñen el modelo de desarrollo que quieren alcanzar, y que el Gobierno Nacional respete el derecho de su autodeterminación. También indica que el Gobierno debe apoyar y facilitar procesos orientados al fortalecimiento de la capacidad de gestión territorial indígena, en la perspectiva de lograr el estatus de autonomía indígena.

La evaluación finaliza con un Plan de Acciones Estratégicas recomendado, que aborda las dimensiones política-administrativa, ambiental, socio-cultural, organizativa, y económica, del TIPNIS y los pueblos indígenas que lo habitan.

El documento es una “Evaluación Ambiental Estratégica”, exigida por norma para grandes obras, zonas de alto valor ambiental, y mucho más aún cuando se trata de ambas, como en el TIPNIS. Fue elaborada en 2011, para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la repartición gubernamental considerada autoridad nacional competente en el tema.

Se tuvo acceso a una copia digital del Resumen Ejecutivo de 11 páginas, de la Evaluación Ambiental Estratégica, que está circulando por mail, entre círculos de confianza. Sin embargo, no se pudo establecer contacto con ninguno de los autores, ni con el SERNAP, para contrastar la información.

DATOS BIBLIOGRÁFICOS: (puedes hacer click en el siguiente enlace)


Coordinador: Rafael E. Rojas Lizarazu.
Especialistas: Dimensión Ambiental: Gonzalo Navarro y Wanderley Ferreira
Dimensión Antropológica: Sarela Paz;
Dimensión social – organizativa – institucional: Mónica Crespo y Epifanio Martínez;
Dimensión económica: Javier Quisberth; Recursos Hídricos: Sergio Iturri.
Equipo Técnico Indígena: Santiago Viri Noe, Aldo Miranda, Angela Noza, Julia Molina, Miguel Alcantara, Cecilia Moyoviri, Isidro Yujo.