martes, 22 de mayo de 2012

IX Marcha: en medio de tropiezos políticos y naturales...



 

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:05 / 20 de mayo de 2012

En artículo de La Razón de 2006 recuerda cuando se inauguró la oficina del Pacto de Unidad en Sucre. A la nueva infraestructura entraban del brazo —según la noticia— indígenas, originarios, campesinos, colonizadores y Bartolinas (mujeres campesinas). Hoy, puede decirse, sin temor a exagerar, que este pacto, que respaldó incondicionalmente al proceso de cambio, ha muerto a causa de insalvables diferencias respecto de la polémica por la construcción de la carretera por el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).

La Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) rompieron la alianza cuando se opusieron al “proyecto desarrollista”. Aunque el Pacto de Unidad sigue bajo tal denominación, puede afirmarse que del nombre completo con que se lo bautizó, únicamente queda, como fiel a la verdad, la primera palabra de las tres que lo componen.

Sin embargo, las fracturas que ha producido el proyecto de la carretera por el parque nacional no terminan ahí, sino que también se vieron en el tiempo previo al inicio de la IX marcha y en la actualidad dentro del mismo del movimiento indígena que agrupa la Cidob. La escisión entre los indígenas de tierras bajas ha tenido como consecuencia indudable una movilización numéricamente reducida (aproximadamente 300 marchistas; el año pasado, cuando la VIII marcha se encaminaba a San Borja, tal como lo hace la actual movilización, habían cerca de 800) y con falencias logísticas.

A esto se suma la objeción de buena parte de la población del municipio de San Ignacio de Moxos, que quiere carretera, que presionó para que la marcha no cruce por el centro de la capital provincial. El año pasado, la movilización no tuvo este problema. En cuanto a la causa del debilitamiento de la medida de presión, hay discrepancia de opiniones

Según el Gobierno, la división, que devino en una marcha diezmada se debe a que se puso en evidencia que en el parque se realizan actividades extractivas con el consentimiento de los dirigentes de la Cidob y además de que hicieron alianzas con la derecha boliviana. “Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen vínculos y convenios firmados con la derecha boliviana, como con Rubén Costas. También se ha logrado poner en evidencia que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas. Una tercera característica es que muchos de sus líderes han recibido recursos económicos de la Gobernación de Beni (en la gestión de Ernesto Suárez) para proyectos fantasma. Eso muestra y desnuda los intereses políticos que están detrás”, afirma el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, César Navarro.

Por ejemplo, la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Justa Cabrera, juró como subalcaldesa de Paurito, previo acuerdo con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. Hace dos semanas, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, fue sindicado de haber propiciado la venta de madera hace diez años. Aunque admitió que sí hubo ese negocio, del que participó su comunidad, negó haber recibido dinero por la transacción, como lo denunciaron.

Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), tiene otra percepción de la situación de los liderazgos de la marcha y considera que no es de “buena fe” dividir un movimiento para luego afirmar que el mismo se encuentra debilitado. “Me parece una actitud hipócrita y cínica actuar con el objetivo de dividir para después decir que los indígenas están divididos”, dice el activista.

En efecto, el Gobierno comenzó una campaña de información para la consulta previa en el territorio del TIPNIS, sin embargo, ésta fue cuestionada de propagandista e inclusive de tener matices prebendales al ofrecerse una serie de regalos como antenas de telefonía móvil, postas de salud y motores de generación de electricidad.

De acuerdo con Navarro, los acuerdos firmados entre comunidades del parque y el Estado no han debilitado la marcha. “De hecho, la campaña se trata de impulsar la consulta previa y también de informar sobre ella. Lo que han hecho los dirigentes es descalificarla, entonces nosotros respondimos informando en qué consiste este proceso”, dice.  Según Navarro, muchas autoridades del TIPNIS se “desbautizaron” de la conducta de sus propios dirigentes con la información que se les dio.

En contraste, Tamburini opina que estas incursiones del Gobierno en el parque nacional son una manera de usar la pobreza. “Juegan con la necesidad de una manera cruel; no entiendo cómo no hay una condena pública de esto. Lo que el oficialismo resalta de estos hechos es que los indígenas están divididos y debilitados porque algunos, en su pobreza, fueron chantajeados ante la indefensión en que se los pone”, juzga.

Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, concuerda en que la marcha está débil. “Eso se nota en el número de personas que están participando y también en las dificultades que tienen algunas regionales para incorporarse a la movilización tras haber firmado acuerdos productivos y de servicios básicos con la condición de que no sean parte de las protestas”, analiza Colque.

El viceministro expresa, duramente, cuestionamientos a la dirigencia indígena, la cual sería la única causa de la división interna. “Para la sociedad boliviana, la VIII marcha representó a dirigentes indígenas que interpelaban a un presidente indígena que defiende la Madre Tierra: En síntesis, estaban defendiendo un territorio ‘celestial’ y los dirigentes se presentaban como ‘angelicales’. Termina la VIII y resulta que eran aliados fundamentales de la derecha boliviana; también se verificó que en el territorio ‘celestial’ se realizaban actividades privadas, estos hechos desnudaron la realidad del TIPNIS”, dice con ironía Navarro.

Tamburini insiste en la existencia de “mala fe” por parte del Gobierno y hace una inversión del sentido cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una marcha debilitada. “En términos de seguridad, es débil; pues, el Gobierno tiene militarizado el TIPNIS y en Beni está articulado con los sectores de choque provocando zozobra y miedo.Si de esa debilidad habla el propio oficialismo, entonces, claro, ahí si coincido, la movilización es vulnerable”, dice.

Según Tamburini, muchas personas que debían haberse sumado no lo hicieron por miedo a sufrir una represión igual a la de Chaparina el año pasado, “algunos han prometido no volver a marchar nunca más para no sufrir lo mismo que el año pasado. Sin embargo, la marcha tiene otras fortalezas que van más allá del número, que parece que es lo único que le preocupa al Gobierno”.

En todo caso, a los dirigentes de la marcha también parece que les interesa la cantidad, pues, el miércoles anunciaron a la prensa que al menos seis sectores organizados —“las bases” de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), el Pueblo Guarayo, la comunidad Chiquitana, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Departamental (COD) del Beni y universitarios de Cochabamba, según la presidenta del comité de movilización, Bertha Bejarano— se sumarán a la marcha indígena. Esperan que estas incorporaciones se den antes de ingresar al departamento de La Paz y lograr así el mismo efecto de la VIII marcha. Ésto demuestra que, a ambos lados del conflicto, los números harán la diferencia.

Iniciada el 27 de abril, en Trinidad, la IX marcha no tiene el mismo efecto que la del año pasado, que, a 24 días, por lo menos tuvo un intento frustrado de diálogo indígenas-Gobierno en San Borja. Esto puede verse también en la cobertura periodística.

La marcha y sus deficiencias logísticas

A las debilidades que se perciben en la IX marcha, a causa de la división al interior de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), se suma una serie de dificultades logísticas ocurridas la semana que termina.

Los obstáculos se fueron manifestando a raíz de las persistentes lluvias que comenzaron el anterior fin de semana y sólo terminaron el miércoles 16 de mayo, que ocasionaron una emergencia de salud por resfríos. Se anunció que 20 marchistas, la mayoría de ellos infantes, fueron trasladados a centros de salud a San Borja (según declaraciones del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez).

Sin embargo, eso no fue lo único que causaron las precipitaciones, pues, el envió de aproximadamente una tonelada y media de ayuda —alimentos, ropa y medicamentos acumulada por una campaña de solidaridad realizada en Santa Cruz— quedó suspendido en Trinidad debido a que la carretera hasta San Borja estaba inhabilitada hasta el martes por anegamientos. Con el objetivo de esperar estas provisiones, la marcha tuvo que retrasarse y esperar la carga.

Hay que considerar adicionalmente que, hasta que se cerró la edición de este suplemento, se contaba con la información de que sólo una médica y una enfermera, dependientes de la Cidob, atendían a los aproximadamente 300 marchistas.

Las falencias logísticas mencionadas también pueden atribuirse y haberse agudizado a raíz de que la líder indígena Laida Humadai, precisamente encargada de la comisión de logística de la IX marcha, fuera trasladada a un hospital de Trinidad con el diagnóstico de peritonitis. Al principio de la movilización, el líder de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, también padeció dengue, lo que le privó de comandar la marcha.

‘Pocos marchistas indígenas del parque’: Reymi Ferreira, rector de la Universidad  Gabriel René Moreno

Hay pocos marchistas indígenas de la zona del parque Isiboro Sécure. La gran mayoría de los integrantes de la movilización son de otros lugares del país, ésa es una debilidad. Una demanda de un territorio específico en el que los marchistas no sean de ahí muestra debilitamiento. Esto se debe a un trabajo político del Gobierno para debilitar la movilización.

‘La división tendrá corto alcance’: Leonardo Tamburini, director del CEJIS

La división (de los indígenas) trajo inconvenientes, pero tendrá corto alcance. Las organizaciones que no creyeron en la marcha, revisaron su decisión y se están sumando a ella; es el caso de Central Indígena de La Paz (una de las que primero firmó convenios con el oficialismo). La OICH de la Chiquitanía, la CPIB del Beni y la CIRABO de la Amazonía hicieron lo mismo.

‘Los vínculos de sus líderes la debilitaron’: César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales

Los vínculos de sus líderes con la derecha boliviana debilitó y desprestigió la IX marcha. Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen lazos y convenios firmados con la derecha, además se evidenció que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas con el consentimiento de los dirigentes indígenas, restando así sus adeptos.

‘El Gobierno dividió a los indígenas’: Gonzalo Colque, Fundación Tierra

Los pueblos indígenas de las tierras bajas aglutinadas por la Cidob están efectivamente divididos. Ésto debilitó la IX marcha, aunque la división y el debilitamiento han sido propiciados por el Gobierno con el objetivo de que la movilización no progrese ni tampoco sus demandas. Las razones de las fracturas en este movimiento son totalmente atribuibles al Gobierno.





lunes, 21 de mayo de 2012

CASO ESPIONAJE: "No es pinchazo; entraron a grabar a mi oficina"




Perfil
Nombre: Marcela Revollo Quiroga
Nació: 18-07-64
Profesión: Socióloga
Cargo: Diputada uninominal del MSM
Datos
Investigadora especializada en temas de género, democracia, descentralización y autonomía. Su trayectoria política se inicia en 1980 como dirigente universitaria. En 2006 fue elegida para representar al departamento de La Paz en la Asamblea Constituyente.
Logró recaudar 3.250 bolivianos por la venta de las tarjetas


ENTREVISTA
La Razón / Luis Mealla Gutiérrez / La Paz
00:03 / 20 de mayo de 2012

La diputada opositora asegura que se violó su derecho a la intimidad y a la libertad de expresión; presentó una querella penal contra Romero por el delito de espionaje. Dice que se solidariza con la IX marcha, igual que cuando respaldó la Marcha por la Vida, realizada hace 25 años. Pide al país solidarizarse con esta nueva movilización que inició en Trinidad el 27 de abril y ahora está en San Borja. En criterio del Gobierno, la marcha sólo tiene reivindicaciones políticas en favor de ciertos grupos de poder.

La diputada Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo (MSM), asegura que la grabación que mostró el ministro de Gobierno, Carlos Romero,  en la que se la oye hablando del envío de dinero a presuntos dirigentes indígenas de la IX marcha indígena, no fue un “pinchazo’” a su teléfono, sino la grabación de una jornada laboral que realiza en su oficina parlamentaria, aunque dice no saber de qué fecha data el audio.

Niega que algún “infiltrado” de su partido haya enviado este material al Gobierno. Sin embargo, admite que vende tarjetas para recaudar dinero con fines solidarios y cuenta que es parte de un colectivo ciudadano que se moviliza en defensa de los indígenas, aunque niega que ella sea la líder u organizadora del movimiento. Afirma que el intento del Movimiento Al Socialismo (MAS) —sigla con la que fue elegida— por quitarle el curul legislativo responde a un “chantaje” por su apoyo manifiesto a la movilización indígena que está rumbo a LaPaz.

— ¿Cómo analiza su labor política? Se habla de expulsión y sedición.

— Es la actitud previsible de un gobierno que es intolerante a la crítica y al pluralismo político; es un gobierno que ha optado por una vía autoritaria y que busca escarmentar a quienes pensamos diferente, a quienes proponemos una opción diferente en el marco de la conducción del proceso de transformación. Hay que diferenciar nuestra relación con el MAS, entre la primera gestión y la segunda, en la que se rompió la alianza. En la primera, se estableció una alianza política en base a objetivos estratégicos, relacionados a cambios estructurales del país. Además de la propuesta política de cambio, la construcción misma del acuerdo político rompió todos los criterios tradicionales de los acuerdos políticos.

— Se habla de sedición.

— Sedicioso es aquel que se organiza para deponer autoridades constitucionalmente elegidas o se organiza para desconocer el orden constitucional establecido.Ellos tendrán que decir que la marcha pacífica, donde hay niños y ancianos que han optado por esta forma de expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos, es sediciosa. Es una marcha que ni siquiera bloquea a transeúntes ni vehículos; por eso conmueve y convoca al país. Son demasiadas heridas en el país que pensábamos que se iban a resolver con el respaldo de dos tercios, con un gobierno con todo el respaldo nacional y que sólo había que tener honestidad, sencillez y claridad para resolver estos conflictos. Lo que hemos encontrado es un gobierno que no ha tenido la decisión política de encarar conflictos profundos y que la respuesta es una arrogancia que ya no es aceptable a estas alturas.

— ¿Qué temas pendientes hay?

— En reiteradas ocasiones le hemos hecho conocer públicamente al Gobierno y al país nuestra posición sobre las tareas estratégicas: Construcción económica, la construcción autonómica, la construcción institucional y la plurinacional, y las tareas urgentes para encarar el proceso de transformación. Mientras, el país está concentrado en conflictos, inexplicablemente alargados, sin encontrar solución cuando más de la mitad de los problemas de las últimas semanas ha sido generada por el Gobierno. En el caso concreto del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), no tuvo el valor político de mantener su palabra al aprobar la Ley 180 e iniciar un proceso de transformación de vida de los pueblos indígenas. Insistir con la construcción de la carretera por el centro del TIPNIS es algo que nos llama la atención. ¿Qué tanto hay detrás para que un gobierno debilite su propio capital político, su propio  discurso en relación a los derechos de los pueblos indígenas y a la preservación del medio ambiente?

— ¿Corresponde la figura penal por sedición por venta de tarjetas?

— Éste no es un juicio jurídico, no es que yo haya alterado el orden o estoy apoyando a una marcha violenta, de terroristas, alzamiento armado, etc. Tenemos tantos años de democracia, que esas palabras que se las mencionaba con tanta facilidad en la época de la dictadura ya casi no se las encuentra en el lenguaje diario.

— Está bien hacer un acto de solidaridad, pero mezclarlo con la política...

— No se mezcló; ellos ingresaron  a mi oficina, que es una oficina parlamentaria, no es una oficina partidaria. Entraron a grabar a una oficina que todos los ciudadanos de mi circunscripción visitan con sus demandas, propuestas y preocupaciones. Entonces, no es ninguna actividad partidaria; es la iniciativa de un colectivo ciudadano. Lo que no hay  que confundir es un movimiento social que tiene una demanda política ante el Gobierno. En la historia de las sociedades modernas no hay nada más política que la demanda de los derechos con la política partidaria. Mi apoyo solidario personal a la marcha no es una actividad del MSM.

— Dice que ‘ellos ingresaron’. ¿A quiénes se refiere; al Gobierno, a la gente del MAS?

— El Ministerio de Gobierno presentó la grabación en mi oficina parlamentaria de la Circunscripción 10, ubicada en la plaza España. ¿Cómo consiguieron la información?, ¿quién les hizo llegar?, ¿a cambio de qué lograron la información? Es lo que debe esclarecerse en la investigación. Lo que es evidente es que no es un “pinchazo” a mi teléfono, es la grabación de un tiempo de las actividades mías en mi oficina, en la que recibo gente, hago y recibo llamadas, y claramente me estoy dirigiendo después a la Cámara de Diputados.

— ¿Hay desconocidos que ingresan a su oficina habitualmente?

— Algunas personas sí, y me buscan  porque necesitan alguna información o gestión en mi función de parlamentaria; pero la mayoría de las veces son dirigentes o ciudadanos con quienes me reúno para trabajar. Son vecinas y vecinos, representantes de sectores y dirigentes que visitan mi oficina cuando no estoy en el pleno de la Cámara o en Comisión.

— ¿Pero los conoce a todos?

— En general, son gente que conozco, con los que tengo una relación de vista; sé de qué organización social son, de qué zona o mercado, etc.

— Entonces, ¿quién la grabó y cómo salió de su oficina?

— Ellos tienen que explicar quién fue; sería casi macabro que usen el argumento de que ‘entre ellos se han delatado’, que es el mismo argumento que los garciamecistas usaron para justificar la masacre de la calle Harrington.

— ¿Eso no ocurrió en este caso?

— No puedo decir a quién pidieron que hiciera ese trabajo o quiénes les entregaron esa grabación; yo no puedo sospechar de todos, tengo dos personas que trabajan conmigo, muy comprometidos con el trabajo a los que ratifico mi confianza.

— Este hecho ha debido generar susceptibilidad en su entorno.

— Obviamente, me da el temor de que ahora puedan entrar con una grabadora y mañana con un explosivo. Por supuesto que tengo temor.

— ¿Ahora revisa en su oficina que no haya grabadoras, micrófonos u otras cosas? ¿Se cuida más?

— Me ha generado mucha pena; es un hecho no sólo delictivo, sino uno que busca debilitar los lazos de confianza, de solidaridad, y busca penalizar el sentido de un trabajo que no tiene nada que ocultar. Por el contrario, esto fortalece mi espíritu de consecuencia y de coherencia con lo que pienso y por lo cual estoy en la política.

— Ha iniciado un proceso contra el Gobierno. ¿Prosperará?

— La figura por la que se ha iniciado es violación a mi privacidad, a mi libertad de expresión, y que tiene la forma de espionaje político. Esperemos que prospere, pese a que la administración de justicia está controlada por el MAS; pero pretendemos con la denuncia sentar precedente y lograr sanción a los responsables.

— ¿Corresponde decir ‘espionaje’?

— La palabra significa que se están haciendo escuchas no permitidas, no autorizadas, y usarlas luego para dañar la dignidad, la libertad y la autonomía de una persona. Han violado mi libertad de expresión, y si esto no está garantizado en nuestro Estado, entonces los principios mínimos del sistema democrático se han trastocado. Sería grave que el Gobierno nos esté transmitiendo el mensaje de que estamos viviendo bajo vigilancia. Esto se agrava, porque en mi condición de diputada, la Constitución Política del Estado nos indica que nuestros espacios de trabajo, nuestros vehículos para transportarnos y los lugares en los que trabajamos son inviolables.

— ¿Cuál es el mecanismo de distribución y venta de las tarjetas?

— Es un colectivo que se ha hecho en coordinación con la CPMBE (Confederación de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni). Yo me he comprometido a vender una cantidad (de tarjetas) como parte de la solidaridad, y ésa es mi responsabilidad como ciudadana, no como política, y como compañera en la lucha de pueblos indígenas.

— ¿El dinero va a cuentas bancarias o se compra víveres?

— A través de relaciones personales. Es una marcha de pleno conocimiento público, no hay nada que esconder. Se lo entrega a las personas que están coordinando, y ellos y ellas rendirán informes.

— Que venda tarjetas está bien, pero se usó a militantes del MSM. ¿No es una acción política?

— No se ha usado a ningún militante del MSM para eso. Las tarjetas han sido compradas por muchas personas, por personas que militan en diferentes partidos. Las tarjetas no tienen ninguna identidad política.

— ¿Por qué no rinde cuentas, por qué no tributa?

— Porque es un acto solidario y es por única  vez. Además, la CPMBE  no tiene fines de lucro; se comprarán medicamentos, agua, alimentos...

— ¿Cuánto recaudó usted?

— En total, 3.250 bolivianos por 650 unidades vendidas, cada una a cinco bolivianos.

— ¿Quiénes lideran esta red de solidaridad?

— La CPMBE y un colectivo ciudadano.

— ¿Con este hecho se siente vulnerable como persona, como política, como activista?

— Actualmente, me siento fortalecida en mis convicciones; me siento apenada por el contexto y la  intencionalidad política y los objetivos de esto (la grabación). No es ni Marcela Revollo, no es el MSM; el objetivo es en este caso acallar, afectar la IX marcha indígena por el TIPNIS, y eso es lo que me duele. Me considero una persona fuerte, pero no dura. Por supuesto que me ha afectado en lo humano, en lo personal; soy madre. En lo político, pensé que habíamos avanzado a etapas democráticas, de profundización y ampliación de la democracia. La tolerancia entre bolivianos y bolivianas y el respeto a la diferencia es la garantía de la paz, la prosperidad y la justicia.


miércoles, 16 de mayo de 2012

Derecho a la Privacidad en la Constitución de Bolivia...


Derecho a la Privacidad en la Constitución


La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima
00:00 / 15 de mayo de 2012

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó públicamente la grabación de una conversación telefónica en la que, presuntamente, la diputada del Movimiento Sin Miedo (msm), Marcela Revollo, conversaba con dirigentes indígenas de la IX Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en la que, además, habría ofrecido financiamiento.

Esta situación, de claros matices políticos por los sujetos que involucra, ha provocado la reacción de la diputada, quien anunció una acción penal en contra del ministro por haber hecho público un audio grabado sin conocimiento suyo.

Por otro lado, y como respuesta a la diputada Marcela Revollo, quien acusó a Romero de espionaje, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que el derecho a la privacidad de una persona que ocupa un cargo público “sólo es válido en su hogar” (sic), cuando, según Revollo, el Órgano Ejecutivo violó su privacidad como persona, sosteniendo que la difusión de dicha grabación habría vulnerado el artículo 151 de la Constitución Política del Estado (cpe); por lo que, solicitó las investigaciones correspondientes al Ministerio Público.

Nociones Generales

El derecho a la intimidad o privacidad es la potestad o facultad que tiene toda persona para mantener en reserva determinadas facetas de su personalidad, esto tiene como uno de sus elementos esenciales la inviolabilidad de la vida privada, referida al escenario o espacio físico en el que se desenvuelve, como es el domicilio, los medios relacionales de comunicación y correspondencia y los objetos que contienen manifestaciones de voluntad o de conocimiento no destinadas al acceso de personas ajenas, lo que involucra escritos, fotografías y otros documentos.

Debe entenderse que el derecho a la inviolabilidad de correspondencia no se reduce al ámbito de la correspondencia escrita, es decir, la carta postal, sino que se extiende a cualquier medio o sistema de comunicación privada, dado que actualmente se cuenta con múltiples formas como telefonía fija y móvil y correo electrónico.

Entonces, la inviolabilidad de correspondencia y de todas las formas de comunicación privada que garantiza la Constitución está destinada a resguardar esencialmente los siguientes bienes jurídicos: 1) La libertad de toda persona para comunicarse con otras, sin que se produzcan interrupciones o interferencias ilegales o arbitrarias; y 2) La reserva o el secreto de aquello que se escribe o habla entre quienes se hayan comunicado.

En la ley fundamental

La CPE Plurinacional de Bolivia, aprobada en enero de 2009, en su Capítulo dedicado a los Derechos Civiles y Políticos, establece en el artículo 21, numeral 2, que las bolivianas y bolivianos tenemos los siguientes derechos: “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”.

Asimismo, y reforzando el alcance de este derecho, el artículo 25 establece que: “I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal”.

Esta disposición constitucional regula básicamente lo siguiente:

a) El derecho a la inviolabilidad del domicilio, que básicamente significa que nadie puede introducirse o ingresar en él sin el consentimiento del propietario o habitante, excepto en los casos expresamente previstos por la misma Constitución. Asimismo, debe considerarse que el carácter domiciliario de un recinto se da por el hecho de que, en su interior, una o más personas desarrollan actividades en la esfera de la vida privada, es decir, a ese ámbito de la existencia de la persona donde los demás no pueden introducirse ilícitamente.

b) El carácter inviolable de la correspondencia y los papeles privados, determinando la prohibición de su incautación, excepto en los casos expresamente establecidos por Ley, y previa orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. Esto implica que toda persona tiene el derecho de mantener en reserva su correspondencia y sus papeles privados, este derecho alcanza a toda forma de comunicación, escrita, oral o audiovisual, considerando que ahora existen medios sofisticados para una comunicación pronta y oportuna.

c) La invalidez como medio probatorio de los documentos privados violados o sustraídos, lo que implica que la persona que sustraiga o se apodere ilegítimamente y/o el funcionario público que incaute un documento privado sin el consentimiento o conocimiento del dueño, o sin una orden judicial expresa, no podrá presentar como prueba dicha documentación y, en caso de ser presentada, la misma no podrá surtir efectos probatorios válidos en el proceso.

d) La prohibición de interceptar conversaciones o comunicaciones privadas implica que ninguna persona particular o funcionario público, cualquiera sea su rango de autoridad, puede ni debe, bajo pena de incurrir en delito sancionado por la Ley Penal, interceptar conversaciones o comunicaciones privadas. Esto significa que ninguna autoridad judicial puede ordenar la intercepción de este tipo de conversaciones.

En la jurisprudencia

Ahora bien, sobre los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, la Sentencia Constitucional Nº 1738/2010-R de 25 de octubre ha señalado que, “del artículo 130 de la cpe, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad reconocido en el artículo 21.1 de la cpe, entre uno de esos derechos está la intimidad, que sin duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello coartar el ejercicio de sus derechos” (Conde Ortiz Concepción. “La protección de datos personales: un derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y privacidad”).

El mismo autor, citando a Albaladejo, señaló que la intimidad consiste en “el poder concebido a la persona sobre el conjunto de actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado”, así la jurisprudencia de España en su STC 134/1999 de 15 de julio, señaló que “el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida”.

Ahora bien, en lo que respecta a la privacidad personal o familiar, el autor, citando a Ruano Albertos, señaló que es “el poder de ejercer un control sobre las informaciones que le atañen a uno, teoría que viene a considerar la intimidad como el derecho a poder participar y controlar las informaciones que concierne a cada persona”, de igual forma hace una distinción entre intimidad y privacidad, señalando que la intimidad es “el conjunto de sentimientos, pensamientos e inclinaciones más internos, como la ideología, religión o creencias, las tendencias personales que afectan a la vida sexual, problemas de salud que deseamos mantener en secreto y otras inclinaciones”; mientras que, privacidad hace referencia “al ámbito de la persona formado por su vida familiar, aficiones, bienes particulares y actividades personales”.

De todo lo anterior se tiene que la intimidad y la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los datos personales de la persona, que sólo le atingen a él o a ella, por lo mismo se encuentra facultada para determinar cuándo y dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida, entendiéndose que la acción de protección de privacidad, entre otros protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por lo que la vulneración de estos derechos afecta directamente a su imagen, honra y reputación”.



 


sábado, 12 de mayo de 2012

La Alcaldía Paceña y los choferes sellaron un nuevo acuerdo...


La Alcaldía y los choferes de La Paz sellan acuerdo

 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y los choferes sindicalizados firmaron ayer un convenio que pone fin al conflicto por la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, luego de que las autoridades aceptaran remitir al Concejo una “ley aclaratoria” que modificará tres de sus artículos.


La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz
01:48 / 12 de mayo de 2012
 
El acuerdo, de cuatro puntos, fue alcanzado luego de seis horas de debate entre las partes —con la mediación de la Defensoría del Pueblo—, y permitirá implementar la ley. En el encuentro participaron otros actores, como juntas vecinales, Comité de Vigilancia y dirigentes de la Asociación del Transporte Libre y del cooperativista.

El diálogo entre los choferes y la Alcaldía se dio tras dos intentos fallidos de acercamiento y luego del paro de 48 horas por parte de los conductores. En el primer punto del documento el ejecutivo edil se compromete a enviar al Concejo Municipal un proyecto de Ley Aclaratoria de la Ley de Transporte, para precisar la concordancia de los artículos 12, 17, 105.

El artículo 12 se refiere a las acciones de control que ejerce la Alcaldía. Se convino que en la redacción se incorpore que esta labor será ejecutada por la Guardia Municipal de Transporte, entidad que el Gobierno Municipal se comprometió a crear.

Sobre el artículo 17, referido al transporte masivo, el acuerdo señala que se añadirá a la transcripción de todo el artículo 77 de la Ley General de Transporte que “el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz promoverá en coordinación con los operadores, el uso de medios de transporte masivo de pasajeros y/o carga”.

“En el artículo 105, referido a las sanciones, se cambiará la redacción de los incisos a) y b), y (se) señalará a qué infracciones se abocará el Gobierno Municipal y a qué infracciones la Policía. Esos detalles estaban en la ley, pero no en el artículo 105”, explicó el alcalde Luis Revilla. 

Se prevé que el documento sea enviado el lunes al legislativo edil y que el martes ingrese al pleno para su tratamiento y sea aprobado. “Son precisiones que se están haciendo, que garantizan la aplicación de la norma y que los choferes puedan acatar la ley al igual que el conjunto de la ciudadanía”, destacó la autoridad. 

El segundo punto del acuerdo avala el funcionamiento de una comisión interinstitucional “para analizar y discutir parámetros y metodología de un estudio de costos del transporte público, que servirá al Gobierno edil para establecer la escala tarifaria que equilibre la calidad del servicio con la economía de todos los actores involucrados”.

Esto, según Revilla, cerraría el paso a un alza unilateral. En el tercer punto, los choferes se comprometen a suspender todas las medidas de presión y el cuarto se refiere al inmediato tratamiento del pliego petitorio de diez puntos, presentado por la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP).

“Esto nos permite pacificar la ciudad y no tener una situación de mayor conflicto, pues teníamos amenazas muy serias de los vecinos respecto al mal servicio de transporte”, agregó Revilla. El ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes, René Vargas, valoró los acuerdos alcanzados y agradeció al Alcalde por su apertura. “Hubo la predisposición de escucharnos. Hoy nos han demostrado que con el diálogo todo es posible”, recalcó.

Defensoría destaca convenio

El jefe Nacional de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza, destacó los acuerdos a los que arribaron los choferes sindicalizados y la Alcaldía de La Paz. “Con estos acuerdos la población es la que gana. Todos los actores que participaron en el encuentro hicimos un verdadero esfuerzo para llegar a acuerdos por el bien de la ciudad”, señaló. Según Lanza, la Alcaldía asume un nuevo rol con la regulación del transporte.

Cooperativistas y libres apoyan el transporte urbano masivo

Los dirigentes del transporte libre y del sistema cooperativizado manifestaron ayer su apoyo a la implementación del transporte urbano masivo en La Paz. El secretario Ejecutivo del Transporte Libre Departamental, Tomás Mamani, dijo que la implementación de este sistema, que rige en otras urbes de Latinoamérica, debe efectuarse de acuerdo con las necesidades de la ciudad. 

“No estamos en contra. Se debe llevar de acuerdo con las necesidades que tiene el pueblo y, en este momento, se debe pensar en qué se debe hacer con el transporte público en general, afirmó. 

El dirigente del transporte cooperativizado, Daniel Tarifa, señaló a su vez que el transporte masivo y el tradicional deben trabajar de manera conjunta.“Es un medio que va de acuerdo con el avance de la ciudad, por lo tanto aquí en La Paz se requiere el transporte masivo y selectivo”, argumentó.

Vecinos, convocados a un contrabloqueo 

Vecinos de la zona Sur —convocados a través de Facebook y correos electrónicos— están convocados hoy y mañana a cerrar el paso a los choferes sindicalizados en 50 calles de ese macrodistrito del municipio de La Paz.

Hasta anoche, más de 4.000 personas habían anunciado que participarían de la “Huelga de peatones”, evento citado a través de Facebook. Los activistas dijeron que pretenden dar a los transportistas una señal del descontento vecinal por el mal servicio del transporte público y por el sitio a la ciudad ejecutado por este sector el lunes y martes, cuando cumplieron un paro de 48 horas acompañado por el bloqueo de 30 puntos estratégicos de la urbe.

“Todos este sábado 12 y domingo 13 (están convocados al) masivo bloqueo de las 50 calles de la zona Sur y 1.000 calles de la ciudad de La Paz. Sólo dejaremos pasar a vehículos particulares y algún radiotaxi que preste buen servicio, será una fiesta en las calles”, señala la convocatoria.  

Los organizadores de la protesta sugieren llevar parrilleros, mascotas y automóviles con música  a las vías. “Enseñemos que podemos bloquear sanamente y perjudicarles dos días seguidos, apoyemos al transporte masivo. Esperamos el apoyo de Obrajes, Miraflores, Sopocachi, Pasankeri, Irpavi, Centro y toda la ciudad de La Paz”, agrega la invitación. 

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, René Vargas, solicitó en el diálogo con autoridades municipales que, como los transportistas decidieron suspender las medidas de presión, “los vecinos deberían hacer lo mismo”. El alcalde, Luis Revilla, adelantó que se convocará a una nueva reunión de la Asamblea de la Paceñidad para analizar esta solicitud. Las juntas vecinales convocaron a una movilización el 15.



NOTA PERIODÍSTICA DE ERBOL

Alcalde y choferes acuerdan modificar tres artículos de la Ley Municipal de Transporte

Horas 18:00

El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, y la dirigencia de la Central Única del Transporte Urbano Público, acordaron la tarde de este viernes modificar, a través de una norma aclaratoria, tres artículos de la polémica Ley Municipal de Transporte, con lo cual queda sin efecto el anuncio de un paro indefinido de los choferes.

El alcalde Luis Revilla, al término del encuentro que duró casi 10 horas, afirmó que “ganó La Paz. Hemos podido aclarar el texto. Son modificaciones con precisiones que se están haciendo, que garantizan en todo caso la aplicación de la Ley y que los choferes puedan acatar la ley igual que el conjunto de la ciudadanía. Es además un acuerdo que nos permite pacificar la ciudad”.

Puntos observados

Respecto al primer punto observado por los choferes, además de las aclaraciones y puntualizaciones en el artículo respectivo, se estableció la creación de la Guardia Municipal de Transporte, debido a que anteriormente se hacía referencia a que el control debía ser realizado por los funcionarios municipales en general. 

“Hemos convenido que las acciones de control van a ser realizadas por los miembros de la Guardia Municipal de Transporte a ser creada”, enfatizó Revilla, a tiempo de informar sobre las conclusiones de la reunión.

Finalmente, en cuanto a las tarifas,  se evitó el incremento arbitrario de los mismos después de llegar a un consenso para la creación de una comisión especial con la participación de choferes, vecinos y profesionales para analizar los parámetros y la metodología de la realización de un estudio de costos del transporte público.

Dicho estudio permitirá a la Alcaldía establecer la escala tarifaria del autotransporte, de manera que se “equilibre la calidad del servicio con la economía de todos los actores involucrados en el funcionamiento del transporte público paceño”, dice el acta firmada por los representantes de cada una de las partes.

Los artículos en cuestión fueron debatidos por el lapso de 10 horas en el Palacio Consistorial y terminando en la suscripción del acuerdo que establece enviar al Concejo Municipal un proyecto de Ley Municipal Aclaratoria de la Ley edil de Transporte y Transito Urbano, con las aclaraciones mencionadas.

El cuarto punto del acuerdo establece la suspensión de toda medida de  presión por parte del sector del autotransporte y vecinal.

Choferes valoran la predisposición 

El secretario Ejecutivo de la Federación de Departamental de Choferes 1º de Mayo, René Vargas, valoró la predisposición de las autoridades ediles para llevar adelante el diálogo. “Es posible en este país también que hay la posibilidad de llegar a acuerdos y encuentros”.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Arturo Quispe, indicó que el mensaje que se envió al pueblo con el encuentro es que “no puede haber la confrontación, no puede haber extremismos”.

“Este ha sido un día feliz para La Paz, creo que ha sido un diálogo fluido, la ciudadanía esperaba eso, este diálogo está mostrando… el camino para resolver los conflictos en el país”, ponderó a su turno el representante de la defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza, quien participó en calidad de veedor.

Las modificaciones a la normativa serán consideradas en el pleno del Concejo Municipal el próximo martes, donde se prevé la aprobación sin observaciones.

La Paz, 11 mayo  2012 - F.P.F.


PROYECTO
LEY MUNICIPAL

LEY MUNICIPAL ACLARATORIA A LA LEY MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO URBANO

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ:

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- (OBJETO).- Es objeto de la presente Ley Municipal  aclarar los artículos 12, 17 y 105, y la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única de la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano Nº015 promulgada el 18 de abril de 2012. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- (ACLARACIÓN).- Se aclaran los Artículos 12, 17 y105, y la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única de la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano Nº015, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 12 (ACCIONES DE CONTROL). Las actividades de control del servicio público y privado de transporte de pasajeros y/o carga serán realizadas por los miembros de  la Guardia Municipal de Transporte en servicio como instancia operativa de la AMTT, imponiendo las sanciones que correspondan a los operadores y conductores de los servicios público y privado de transporte urbano de pasajeros y/o carga, estando sus funciones sujetas a reglamentación, actuando con objetividad, imparcialidad y con el estricto apego a la Constitución Política del Estado y la presente Ley.”

“ARTÍCULO 17 (SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO). I. El servicio público de transporte de pasajeros masivo está diseñado para trasladar a más de ochenta (80) usuarios o pasajeros al mismo tiempo.

II. El servicio público de transporte masivo deberá funcionar sobre la base de un sistema integral de transporte bajo el concepto de complementariedad entre los diferentes modos de transporte (transporte intermodal), con identidad única, planificación y operación adecuada, combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control y recaudación de recursos, que opera generalmente sobre carriles exclusivos, según rutas y horarios establecidos por la AMTT, con paradas específicas y cobro de tarifa externa al vehículo motorizado, pudiendo ser prestado por instituciones públicas o privadas. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el ámbito de sus competencias, promoverá en coordinación con los operadores, el uso de medios de transporte masivo de pasajeros y/o carga, según reglamentación específica y de conformidad a la Ley General de Transporte.”

“ARTÍCULO 105 (SANCIONES).I. Según la clasificación  dispuesta en el artículo 88 precedente, las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en la presente Ley podrán ser pecuniarias, administrativas y de servicio comunitario gratuito.

II. La imposición de las sanciones y su ejecución se sujetará a lo siguiente:

a) De acuerdo a la presente Ley Municipal y a la Ley General de Transporte, la imposición de sanciones y su ejecución, a los conductores y operadores de los servicios público y privado de transporte urbano, correspondientes a las infracciones previstas en los artículos 100, 101, 102 y 103 de esta ley municipal, así como las vinculadas a estacionamientos y paradas momentáneas,  estará a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

b) La imposición y ejecución de las sanciones correspondientes a las infracciones previstas por los artículos  92, 93, 94, 96, 97 y 98 de la presente ley municipal, al no ser infracciones vinculadas al servicio público de transporte urbano de pasajeros y/o carga, corresponden a la Policía Boliviana.”

“DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA ÚNICA. Una vez que entre en vigencia plena la presente Ley Municipal, quedarán abrogadas y derogadas todas aquellas disposiciones municipales que sean contrarias a la misma, en concordancia con la Ley General de Transporte Nº 165 de 16 de agosto de 2011.”



Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano