domingo, 26 de agosto de 2012

¿Descolonizar el Estado Plurinacional de Bolivia?




El proceso de descolonización tiene logros visibles, sobre todo en ese evidente orgullo por lo indígena que antes era vergüenza, sin embargo, también se ven gestos colonizadores en el Gobierno, dicen los analistas.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:04 / 26 de agosto de 2012

A esta altura, se evidencia que el proceso de descolonización excede a cualquier gestión gubernamental de turno; es decir, que sea el gobierno que fuere, aquél deberá continuar indefectiblemente, pues, más que una iniciativa gubernamental, es un pedido social que ya está del todo arraigado en el imaginario político del país y que se inició mucho antes de la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se apropió de la demanda y supo darle curso político. Según el analista político Óscar Vega, este proceso se inició aproximadamente en 2000 como una interpelación de una sociedad heterogénea que lo reclamaba al Estado.

Sin embargo, afirmar que la descolonización seguirá su curso sin que pueda ser evitada no excluye que se pueda evaluar la efectividad de las políticas del Gobierno que buscan su avance, pues, al menos discursivamente, fue el MAS el que blandió desde un inicio, y continúa haciéndolo, la bandera anticolonialista. Así, tiene que ser posible juzgar hasta qué punto hay avances concretos en este aspecto vertebral de la agenda política boliviana y hasta qué otro el tema se ha quedado en un plano discursivo que sólo repite lo que la mayoría de los bolivianos quiere oír.

La Constitución es clara al señalar que uno de los roles y objetivos del Estado es la descolonización: “Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.” Y luego: “Artículo 78: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”.

Cumpliendo este rol constitucional, el Viceministerio de Descolonización se encuentra redactando un anteproyecto de ley que será entregado el 12 de octubre y tendrá el objetivo de descolonizar las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el sistema educativo y de salud, la Iglesia Católica y el aparato público.

El primer conflicto que surge para examinar el tema es una polisemia con consecuencias negativas, que hace que la noción de “descolonización” signifique cosas muy distintas para unos y otros, llegándose incluso al equívoco de creerse que ésta plantea un retorno a los tiempos del Tawantinsuyo barriendo con cualquier atisbo de manifestación foránea. Nada más alejado de sus significados reales, pues, claro, hay más de una forma correcta de afrontar el concepto.

Para el antropólogo Xavier Albó, esta indeterminación  semántica es el mayor obstáculo que el proceso de descolonización intenta sortear sin mucho éxito. “Para avanzar hay que resolver ese conflicto de fondo: el concepto de descolonización no está nada claro”, dice.

A continuación se repasan “definiciones” que dan varios especialistas sobre la noción con su respectiva evaluación. Para el exdirector de Descolonización y actual director de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, Idón Chivi, la descolonización consiste en visibilizar los diferentes aspectos de las naciones indígenas, los cuales se encontraban (o se encontraron) velados por el colonialismo.

El funcionario enumera acciones que la política estatal ha ejecutado exitosamente en este sentido; a saber: la incorporación de estructuras de organización indígena en los ministerios (especificadas en el recuadro); la creación del Viceministerio de Descolonización; la Ley Avelino Siñani (con la despatriarcalización y la descolonización como sus ejes); la creación de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional; los módulos que conciernen a este proceso dentro de la formación de los cadetes de las Fuerzas Armadas; la Ley Contra el Racismo; la incorporación de radios comunitarias a lo largo del país y la visibilización de indígenas en el canal estatal.

En contraste, para el analista político y exviceministro de Planeación Raúl Chato Prada, la descolonización se entiende como la puesta en suspenso de los mecanismos e instituciones de dominación instaurados desde la Colonia y que atravesaron la República con una “conformación política racializada”. Siguiendo su razonamiento, descolonizar implicaría deconstruir tales estructuras de poder.

En su criterio, la institución que ha cristalizado toda esa herencia de la colonialidad fue el Estado-Nación de los nacionalismos. “En la medida que estas dos gestiones de Gobierno han restaurado el Estado-Nación (instaurado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario), entonces se puede deducir que lo que han hecho es recolonizar el país. Por tanto, se han restablecido los mecanismos y dispositivos coloniales de dominación en un nuevo contexto populista y nacionalista”.

Por otro lado, para Albó, la descolonización debe ser entendida bajo dos líneas: la primera, como el objetivo de “estar fuertes en nuestras raíces”, y, la segunda, como la consecuencia política de no ser “llunk’us,  del que está arriba y sólo ser unos levantamanos”. En estos dos sentidos, el antropólogo y jesuita cree que se ha avanzado mucho, sin embargo, “los que ahora están en el poder tienen las mismas actitudes que los de antes”.

Sin embargo, el gran avance, de acuerdo con el especialista, es que quienes antes se sentían avergonzados de ser indígenas hoy sienten orgullo por esa identidad. “Ése es un logro desde que está Evo (Morales), aunque esa fuerza ya venía desde antes. Por ejemplo, los que se sentían blancos ya ni se animan a decir que son blancos, ya dicen que son mestizos; hubo un giro a favor de las raíces”, dice, y además añade que otro logro que se evidencia es que la composición de la gente que está en cargos del Estado aglutina ahora la que antes estaba excluida.

El sociólogo aymara Esteban Ticona coincide con Albó al señalar que hay puntos interesantes en el proceso, como “el tema de lo plurinacional”, la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez y la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.Sin embargo, también observa que se está quedando en el “terreno discursivo” por causas “estructurales”.

“Somos una sociedad con muchos rasgos coloniales; la práctica de los estamentos estatales aún funciona bajo la lógica del colonialismo. Ése es uno de los factores que hace que no se avance”, considera Ticona, quien también reconoce que la descolonización es un asunto complicado, aunque “hay cosas que se podrían haber hecho y han quedado paralizadas en el papel, como la Ley de Educación”.

Según el sociólogo, para avanzar hay que hacer “quiebres fundamentales”, pues, al momento, en el Gobierno “coexisten, a un tiempo, un discurso anticolonizador y otro colonizador”.

Vega lleva su argumentación por un lado que no corresponde en absoluto con la de las otras fuentes de este escrito; para él no se trata de ver cuánto ha hecho el Estado por el proceso de descolonización, sino ver cuánto de la sociedad se ha potenciado en la construcción de un Estado y sociedad plurales.

Transposiciones.Da la impresión de que ciertas acciones reivindicadas como descolonizadoras no fuesen sino meras transposiciones de lo occidental a lo andino que parecieran decir: “Europa tiene esto, nosotros también”. Tal es el caso, por ejemplo, del matrimonio comunitario plurinacional de mayo de 2011 o el Año Nuevo Aymara, donde la noción “Año Nuevo” es del todo occidental.

Acerca de casos como éstos, Albó argumenta que es normal la búsqueda de “nuevos símbolos artificiales” en un momento que se intenta cimentar las identidades, aunque tales construcciones “a veces cuajan y otras no”.

“Creo que lo del Año Nuevo Aymara ha llegado a cuajar simbólicamente, sin embargo, parece que la gente no llegará a posesionarse de lo del matrimonio”, juzga. En cambio, para Prada, estos actos no se tratarían de otra cosa que de “una folklorización para encubrir el camino avanzado de la recolonización”.

Para el analista, esas acciones demuestran que “estamos en una descolonización de oropel”, de una “folklorización de la ceremonialidad del poder y nada más, pues con el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) se ve cómo la modernidad colonizadora se disfraza con códigos de progreso y desarrollo”.

Otra transposición vigente, con signos de negatividad, es la que contiene ese discurso que sostiene que los indígenas eran buenos y lo indígena era todo justicia antes de la llegada de los españoles. Esa idea corresponde a un gesto colonizado de quien aún cree en los prejuicios del concepto del “buen salvaje” provenientes del preromanticismo de Jean-Jacques Rousseau vertidos en su libro Emile ou l’éducation. Esa manera de ver al indígena supone que no era malo, sino inocente por ignorar el mal, lo que lo convertía en un ignorante que incluso tuvo que aprender a hacer daño. Ese imaginario que romantiza al indígena sigue vigente y deviene en ese paternalismo que el liberalismo utilizó para menospreciar y subestimar los saberes originarios.

Hay que admitir que el proceso de descolonización no se concluirá de la noche a la mañana, coinciden los  entrevistados, pero tal afirmación  no puede ser un justificativo para no reacomodar las estrategias estatales a fin de optimizar el curso de esta tarea. En ese sentido, como contestando a una afirmación previa de Albó, Chivi apunta a que una labor a cumplir a corto plazo es que “desde el Estado se clarifique qué es descolonización en la gestión pública, en la   de planificación, la educacional, etc., todo sumado a la elaboración de planes y proyectos estratégicos guiados hacia el fin deseado”.

Ticona ya mencionaba la necesidad de realizar ciertos “quiebres fundamentales”. Según el teórico, el quiebre debe hacerse en el ámbito  de la educación. “Ahí es donde se encuentra la clave para la descolonización, no sólo en el nivel Primario, sino también Secundario y superior”.

‘Se está quedando en el discurso’: Esteban Ticona  es sociólogo aymara

En el proceso de descolonización hay indicios interesantes que    lamentablemente no se han podido desarrollar. En gran medida, creo que no se ha podido adelantar en aspectos concretos y se está quedando en el discurso. De esos puntos buenos, uno es el tema de lo plurinacional, en el cual no se ha visto resultados descolonizadores, lo mismo para la Ley de Educación que no está en práctica.

‘Hay muchos avances en el proceso’: Idón Chivi, director en el Ministerio de Comunicación

Existen muchos avances en el tema de la descolonización, como la inclusión de estructuras institucionales indígenas en el Estado; por ejemplo, el Viceministerio de Justicia Indígena, el de Medicina Tradicional. El Estado ha ido incorporando instancias que visibilizan las modalidades gubernativas de las naciones indígenas. Ése es uno de los avances más sustanciales.

‘El Gobierno en realidad está recolonizando’: Raúl ‘Chato’ Prada es escritor y fue asambleísta constituyente

El Gobierno en realidad está reinstaurando los dispositivos y mecanismos del poder colonial encarnados en el Estado-Nación, el cual ha sido restaurado y se encuentra recolonizando al no abrirse al único camino de descolonización que teníamos: la construcción del Estado   Plurinacional. En otras palabras,  no existe ningún proceso descolo- nizador salvo en lo discursivo.

‘Hay buenos avances en el proceso’: Félix Cárdenas es viceministro de Descolonización

Hay buenos avances en el proceso de descolonización de por sí; por ejemplo, las Fuerzas Armadas parecen ser las más predispuestas, ellas nos piden voluntariamente talleres e incluyeron un módulo de descolonización en el pénsum de sus instituciones de formación académica;  así éstas pueden ser el lugar de formación de los hombres y mujeres nuevos.

‘Estamos en el umbral de las formas plurales’: Óscar Vega es escritor y miembro de Comuna

Apenas estamos en el umbral de un proyecto nuevo, de entender otra condición estatal y las formas de tratar una sociedad plural, y de participar en la construcción del Estado. Creo que hay que ser cuidadosos al momento de evaluar la descolonización desde las iniciativas estatales; esto no es apropiado porque la descolonización fue una propuesta de la sociedad.

‘¿Cómo descolonizar a los que gobiernan?’: Xavier Albó es antropólogo y jesuita

Hay avances. Por ejemplo, en la conciencia general del país se ve que los que antes se avergonzaban de sus orígenes; ahora se sienten orgullosos. Sin embargo, también se ve que los que actualmente están en el Gobierno actúan como los de antes... Un tema que podría ser interesante es responder cómo se podría descolonizar a los que nos gobiernan y están en el poder.


Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente en Bolivia




Libro. La enciclopedia recopila la historia y elaboración de la nueva Carta Magna

La Razón / Luis Mealla - La Paz
02:18 / 26 de agosto de 2012

La Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente entregada por el vicepresidente Álvaro García Linera ayudará a ver diferentes alternativas para interpretar la nueva Carta Magna, según explicó Farid Rojas, especialista que participó en la elaboración del documento.

“En algún momento, el Tribunal Constitucional (TC) podrá revisar los archivos del proceso y darse cuenta de que hay otras alternativas de interpretación del texto constitucional que pueden ser mucho más ricas, que hubo una voluntad del constituyente que se pueda rescatar”, señaló Rojas.

El especialista en Derecho Constitucional explicó que esta labor se la realiza en el marco del artículo 196 de la Constitución Política del Estado (CPE),  que da paso a recurrir a todos los archivos y a la “voluntad del constituyente” mediante los documentos, actas y resoluciones del proceso.

“Estos archivos generan un abanico de  posibilidades para la política constitucional y empezar a construir soluciones de manera compartida con distintos órganos, soluciones que se adecúen al caso concreto para hacer respetar un derechos concreto”, dijo.Acto. La pasada semana, García Linera presentó la obra de cinco volúmenes divididos en ocho tomos, 10.261 páginas y más de 3,5 millones de palabras. El trabajo reúne los documentos, debates y modificaciones que se dieron en la Asamblea Constituyente desde Sucre entre 2006 y 2008, Oruro, Cochabamba y La Paz en 2009.

Además, el documento resume las constantes movilizaciones de los pueblos indígenas originarios contra el régimen neoliberal, la transición del Estado Plurinacional y la convocatoria a la Asamblea. “Muchas cosas han quedado en las palabras, en los registros de los videos, pero lo que quedó como escrito, lo que se logró salvar, lo que se pudo juntar de este primer borrador, está aquí”, dijo García Linera.

Por su parte, Rojas señaló que otra finalidad de la enciclopedia es brindar elementos para los abogados entendidos en la parte jurídica, de lo que quiso decir el constituyente y qué puntos se pusieron en debate.

Rojas puso como ejemplo las propuestas que hicieron los constituyentes de MNR yPodemos, en ese entonces, referidas a casos específicos de los pueblos indígenas.

“Por ejemplo, proyectaron que cuando el Tribunal Constitucional conozca un caso en el cual se definan derechos de pueblos indígenas, tendrán que invitar a autoridades indígenas para que tomen la decisión; esto, al final, no apareció en el texto y tal vez en algún momento, interpretando la Constitución y rescatando la voluntad del constituyente, se recurra a los archivos para solucionar este tipo de temas”.

Asimismo, dijo que los documentos también podrán ser usados por investigadores y población en general para conocer cómo se formó la Carta Magna y ‘rastrear’ el origen complejo de cada uno de los 411 artículos.

Detalló que este compendio también se constituye en una herramienta para la Asamblea Legislativa, que podrá rescatar varias ideas y propuestas del  proceso constituyente que no fueron plasmadas en la Constitución.

 “En la Constituyente no sólo se quería fortalecer lenguas dominantes como el aymara, quechua o guaraní, sino rescatar las lenguas en riesgo de extinción. Estas propuestas, por algún problema, no se pudieron cristalizar en el texto constitucional vigente, pero la Asamblea Legislativa sí podría hacerlo mediante una norma”, detalló.

Algunos detallesdatoSe procesó la documentación de las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente. cantidadSe registró un tiraje de 4.000 ejemplares de alta calidad, 500 unidades de los ocho tomos de  la enciclopedia. 

Comentarán cada artículo

El abogado Farid Rojas anunció que para 2013 se alista un análisis de los 411 artículos de la CPE, basado en esta enciclopedia que fue trabajada por 44 investigadores que recopilaron todos los documentos.

“Se empezó a trabajar un siguiente producto que vendría a ser una Constitución comentada, analizada y concordada artículo por artículo; se hará un análisis explícito de la manera en que se formó cada uno de los artículos, con el fin de dar mayores herramientas al Tribunal Constitucional para que tenga más alternativas y posibilidades abiertas de interpretación”, señaló Rojas.

Se prevé que este nuevo material esté concluido hasta el próximo año, por lo que se trabaja con el Centro de Estudios Constitucionales y con la Universidad Católica Boliviana (UCB).

 “Con esta investigación ordenaríamos todos los documentos y los analizaríamos para dar cuenta de la complejidad de la redacción de cada artículo”, reiteró el abogado.

Por otra parte, el especialista Rojas destacó la amplia participación de los sectores sociales, instituciones civiles, ONG y otras entidades en la Asamblea Constituyente para la confección de la Carta Magna, que fue aprobada por referéndum en 2009.

Alta influencia del Pacto de Unidad

La enciclopedia consta  de cinco volúmenes divididos en ocho tomos. Las propuestas realizadas por el Pacto de Unidad, conformado por organizaciones campesinas indígenas y originarias, y otras instituciones civiles, fueron más influyentes que las presentadas por el MAS y otros frentes políticos, según el abogado Farid Rojas.

“La propuesta nuclear que ordena los contenidos de la nueva Constitución son las propuestas del Pacto de Unidad; en la enciclopedia, uno puede rastrear las propuestas del MAS, Podemos, UN y de otras entidades que no son tan  influyentes como las de este Pacto”, aseveró el especialista.

Las propuestas del Pacto tienen que ver sobre todo con el respeto a los derechos de pueblos indígenas, cuidado del medio ambiente y derechos fundamentales.

El volumen I de la Enciclopedia, “En los Umbrales de la Asamblea Constituyente”, refleja los antecedentes de la instalación de la Constituyente como demanda de los movimientos sociales.

 El volumen II, “Visión de país”, desarrolla el debate de las fuerzas políticas con representación.

El volumen III detalla la redacción del nuevo texto constitucional “escuchando al soberano” en audiencias públicas y encuentros territoriales sobre la visión de país.

El penúltimo volumen registra los debates de las sesiones definitorias en Sucre, Oruro y La Paz; la ampliación del periodo de sesiones, ajustes técnicos jurídicos legales, la demanda de la capitalidad plena, la persecución a la directiva de la Asamblea, la aprobación del nuevo texto y entrega al presidente Evo Morales.

El volumen V relata el proceso desde Oruro al referendo del 25 de noviembre de 2008, las acciones violentas de la derecha contra el sistema democrático, el referendo revocatorio, la aprobación de la nueva Constitución Política y su promulgación, en febrero de 2009, por el presidente Morales.


martes, 21 de agosto de 2012

RESEÑA DE LIBRO: Alcances y limitaciones normativas del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia




La Gaceta Jurídica / Redacción
00:00 / 21 de agosto de 2012

La versión original de éste libro del abogado Alan Vargas fue escrita hace tiempo, con motivo de la publicación en junio de 2010 del Proyecto de Ley para institucionalizar el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, creado por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum el año 2009.

Ante los evidentes errores formales y defectos sustanciales que contenía esa propuesta legislativa, resultaba necesario aclarar conceptos sobre la naturaleza de la Jurisdicción Constitucional en Bolivia, en base a la doctrina contemporánea del Derecho Procesal Constitucional y así perfilar sugerencias que logren optimizar el contenido del referido proyecto, lo cual fue oportunamente puesto en conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Posteriormente, esas observaciones preliminares dieron lugar a la redacción de un ensayo crítico sobre la nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), aprobada en julio de 2010, en cuya oportunidad el autor expuso su punto de vista crítico-constructivo sobre esta nueva disposición legal, difundiéndolo a nivel latinoamericano; de ahí que una segunda versión del ensayo fue acogida favorablemente y publicado en Revistas Jurídicas especializadas de las Universidades de Colombia, Chile y Bolivia.

En este sentido, el libro presentado recientemente contiene un análisis crítico valorativo de los aspectos esenciales regulados por la nueva LTCP de Bolivia para resaltar algunas de las principales deficiencias sustanciales (de concepción) y formales (de redacción), contenidas en esta disposición legal bajo la hipótesis de que, eventualmente, podrían obstaculizar el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la institución encargada de garantizar la vigencia plena de la Constitución, como norma fundamental que consagra los valores supremos, derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos, a cuyo efecto, el autor recomienda principalmente preservar la facultad interpretativa definitiva del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la Ley Fundamental, considerando su calidad de máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución boliviana; ello, a través del ejercicio exclusivo el control de constitucionalidad.

Esta publicación, abarca en su contenido las Disposiciones Generales de la LTCP, perfilando nociones generales sobre la Jurisdicción Constitucional, el surgimiento del Control de Constitucionalidad en Bolivia a partir de 1994 y su manifestación en ámbitos esenciales de control normativo, tutelar y sobre el ejercicio del poder político en base a jurisprudencia constitucional actualizada.

Asimismo, describe y analiza algunos de los principios esenciales de la Jurisdicción Constitucional, así como los Principios Rectores de las Sentencias Constitucionales, destacando su relevancia en la resolución de los procesos constitucionales que le corresponde conocer al TCP. Por otro lado, y luego de estudiar la importancia del Principio de Supremacía Constitucional en la doctrina contemporánea y la jurisprudencia comparada, centra su análisis en la Interpretación Constitucional, definiendo su titularidad, los métodos idóneamente aplicables, así como los principios y criterios rectores de ésta actividad inherente a las actividades del mencionado Tribunal, para culminar en un breve análisis de la vinculatoriedad de las Resoluciones Constitucionales.

Finalmente, el libro adjunta también como anexos, algunos artículos de opinión del autor sobre temas de actualidad en Bolivia y de indudable relevancia constitucional, por ejemplo, la propuesta de reimplantación de la pena de muerte (abolida constitucionalmente); el pretendido “descubrimiento” de la coca como instrumento para la administración de justicia constitucional; algunas observaciones al entonces Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales, presentado el 2011, cuyo contenido no difiere mucho del actual Código Procesal Constitucional promulgado en julio de 2012, y la polémica Sentencia Constitucional que dilucida la problemática del TIPNIS y la constitucionalidad de la Consulta Previa en Bolivia.

Para mayores datos de la obra, escribir a: alanvargas84@hotmail.com ; alanvargas4784@gmail.com ; alanvargas4784@bolivia.com  

domingo, 19 de agosto de 2012

Debate sobre el Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia




Se inició el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que sustituirá la Ley de Partidos Políticos de 1999. El gran reto de esta norma será armonizar las distintas formas de la democracia intercultural.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:04 / 19 de agosto de 2012

Hay que partir de la afirmación de que la democracia boliviana se ha vuelto más de una sola, es decir, una red compleja de relaciones entre distintas democracias.  Haciendo una breve retrospectiva, es una evidencia que la Ley de Partidos Políticos de 1999 únicamente reconocía la existencia de una forma de democracia: la proveniente del liberalismo, conocida como representativa. Esta norma nunca pudo verse en funcionamiento pleno, pues coincidió con el inicio de la   crisis sin retorno de los partidos del tiempo de la democracia pactada, que fue sustituida por la progresiva hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no necesitó pactar con nadie y que pretende todavía recoger los postulados de la agenda de octubre de 2003, aunque luego se verá si pudo efectivizarla con éxito. En todo caso, la superioridad de llegada del MAS corrió paralela a la decreciente credibilidad de los partidos conocidos como tradicionales.

A partir del producto final de la Asamblea Constituyente (la cual fue precisamente uno de los puntos de la agenda mencionada, aunque empezó a exigirse antes) en Bolivia se reconoce la democracia intercultural que consta de tres formas: Artículo 11. I. “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de   las siguientes formas, que serán de-sarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley”.

Antes, en 2004, surgió la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que intuye, de algún modo, las dos formas de democracia posteriores: la participativa y directa, y la comunitaria, dando la posibilidad a esos dos conjuntos de formar organizaciones políticas.

Es así que se tienen tres grupos  de organizaciones políticas y tres diferentes formas de democracia.Sin embargo, cada uno de éstos no es privativo de uno de los formatos democráticos, sino que pueden cruzarse e intervenir en uno o en otro, para construir así una compleja red de   relaciones. Precisamente, encontrar    el modo de armonizar esta imbricación es el gran desafío que debe resolver la nueva ley de Organizaciones Políticas, opinan Marco Ayala, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo.

El peligro del pluralismo es que devenga en un culto a la diferencia. Para evitar tal, la legisladora considera que “el reto más importante de una nueva Ley de Organizaciones Políticas debe ser armonizar y comunicar la compleja estructura política que existe en el sistema político plural del país”.

Dice que las democracias representativa, comunitaria y participativa tienen la misma jerarquía constitucional, “por eso los cambios que se operaron exigen un nuevo diseño de comunicación y entre ellas”. EL TSE es el que se encuentra trabajando en la redacción del anteproyecto. La Ley de Régimen Electoral determina que es el TSE el que debe elaborar anteproyectos relacionados a temas que tengan que ver con el voto, cuenta el vocal Ayala.

Se ha definido tres fases en la elaboración del proyecto en cuestión. “La primera consiste en aprovisionarse de insumos mediante talleres de temas específicos. Luego se contratará a consultores para la redacción,y la tercera fase será la de socialización. Se tiene la ambición de que se cuente con el anteproyecto listo para ser entregado a la Asamblea (Legislativa Plurinacional) hasta fin de año”, enumera el vocal, que el trabajo se encuentra en la fase inicial.

Indica que el mayor reto de la nueva ley de organizaciones políticas, “dentro del nuevo marco constitucional y legal”, deberá reunir a los tres grandes conjuntos de actores políticos (agrupaciones ciudadanas, partidos políticos y organizaciones indígenas) cada uno con un tratamiento jurídico pertinente para engranar la manera en que sean regulados, lo cual es el desafío último.

Otro gran reto que debe conquistarse es el que apunta Érika Brockmann, expresidenta del Senado, en  el sentido de que se debe rescatar el verdadero sentido del hacer política. La palabra “política” es un sustantivo que inicialmente designa un objeto de estudio de la filosofía y luego una actividad; sin embargo, mediante un uso erróneo se ha difundido su utilización como adjetivo para indicar algo con signo degradado; por ejemplo, para desacreditar un hecho relacionado a algún nivel de la administración pública se dirá: “es una acción política”.

“La nueva norma está llamada a rescatar a la actividad política como un espacio de agregación”, considera Brockmann, quien además señala una paradoja: “se reconoce que los problemas del país son de naturaleza política y al mismo tiempo se entiende el hacer política algo sin credibilidad”.

Ayala se refiere a este mismo aspecto y dice que uno de los “objetivos altos de la ley” será generar condiciones para que la labor política recobre credibilidad y transparencia. En cuanto a las restricciones     burocráticas para formar partidos, agrupaciones ciudadanas u organizaciones indígenas, hay dos visiones encontradas: la del analista político Carlos Cordero y la del experto en  temas electorales Eduardo Leaño.

Para el primero, la nueva norma debería extender y hacer plena “la libertad de asociación en la estructura democrática”. Cita a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que, en su opinión, cometió el error de burocratizar el derecho de asociación al poner trabas y requisitos excesivos para poder formar una organización. “Esa vulneración no debe repetirse, bastan dos personas que quieran hacer un frente político para que sea válido”. Según dice, tales limitaciones no existen para el caso de los pueblos indígenas, lo que consiste en una diferenciación negativa con visos de “autoritarismo”.

Al contrario, el modo de ver de Leaño difiere del todo con este último razonamiento, pues al tiempo de expresar su duda sobre si la elaboración de un número de leyes cambie la realidad política del país dice: “creo que la nueva ley de partidos debería estar orientada hacia la consolidación de un sistema moderado de partidos. No es saludable ningún sistema hegemónico, pero tampoco un sistema de partidos exageradamente fragmentado”.

Para conseguir este resultado y que no se llegue a un sistema fraccionado de organizaciones políticas, el especialista apunta a la necesidad de ampliar la barrera electoral de miembros de un grupo para adquirir una personería jurídica. “La nuestra es de 3%; hay países que tienen una barrera electoral de 5% y otros de 7%”.

Por supuesto, otro aspecto que deberá ser encarado por la nueva ley será la democratización interna de las diferentes organizaciones. Al respecto, el vocal del TSE Ramiro Paredes cree que se debe hacer referencia a una ley en la que los partidos constituyan únicamente un elemento junto a otros actores políticos, como las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas.

En este marco, en su criterio, unas tendrán vigencia permanente y otras no; entonces, el desafío radica en cómo aplicar principios y regulaciones democráticas comunes a esa variedad de entidades de fines políticos. “En cualquier caso, todas deberán tener una vida interna democrática. La modalidad de las elecciones primarias son aplicables más a los partidos; pero, ¿qué se hace con las agrupaciones y los pueblos indígenas en cuanto a instrumentos políticos?”. Éste es alguno de los retos que la ingeniería de la Ley de Organizaciones Políticas debe considerar, lo cual coincide con la idea de la necesidad de armonizar la intrincada coexistencia de formas de democracia.

Sobre este tema, Revollo señala que la democratización interna es una condición ineludible. “No podemos pretender participación política amplia de la ciudadanía y un fortalecimiento del sistema político si no se establece normas que garanticen la democracia interna en las organizaciones políticas”.

El MSM propone elecciones primarias, elecciones internas implementando el voto directo y secreto, la representación de la pluralidad social de cada organización con el 50% de mujeres, representación de jóvenes, indígenas, sectores de trabajadores, intelectuales, etc.

El abigarramiento de la sociedad boliviana, concepto que sigue siendo uno de los gritos de la moda de la teoría política y que fue recogido y matizado por lo “plurinacional”, se ha filtrado en cada aspecto de la vida del país. Sólo mencionando las más recientes consecuencias de esta red de complejidades están las diferentes formas de democracias, el debate sobre las identidades y el censo, los dos distintos formatos de administraciones de justicia, las nuevas formas de administración territorial y otras más, todas tratando de coordinar y no sobreponerse unas a otras.

‘El desafío es engranar  democracia intercultural’: Marco Ayala es vocal del Tribunal Supremo Electoral

El desafío es engranar todos los elementos de la democracia intercultural. Las nuevas figuras de esta democracia y los tres tipos de organizaciones que participan en la política, es decir, los pueblos indígenas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, deben armonizar en función de las modalidades mencionadas mediante la nueva Ley de Organizaciones Políticas.

‘Debe organizar nuevo andamiaje institucional’: Marcela Revollo es diputada por el MSM

El sistema político de participación y representación establece la coexistencia de diferentes formas de democracia. La nueva ley debe regular ese nuevo andamiaje institucional desde el cual el sistema de organizaciones políticas debe comunicarse con una sociedad que ha de- sarrollado no sólo pluralidad ideológica, sino organizativa como expresión de la diversidad cultural.

‘El objetivo es crear instituciones fuertes’:  Salvador Romero es expresidente de la Corte Electoral

El objeto que tuvo la Ley de Partidos Políticos de 1999 es similar al que debe tener la nueva Ley de Organizaciones Políticas. Se tratará de crear organizaciones políticas más fuertes, institucionalizadas, democratizadas y transparentes, que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Los principios generales de la ley de 1999 fueron útiles y son una buena base para un nuevo proyecto de ley.

‘Debe garantizar partidos autónomos’: Carlos Cordero es analista político

La nueva ley de Organizaciones Políticas deberá garantizar que los partidos políticos sean del todo autónomos respecto del Estado, para que así no sucedan cosas similares a las que están pasando con el magistrado Gualberto Cusi. Otro aspecto a ser trabajado es desburocratizar los requisitos para formar partidos políticos; es decir, el derecho a la libre asociación.

‘Formas de democracia no deben sobreponerse’: Ramiro Paredes es vocal del TSE

En el marco de la democracia intercultural, las formas democráticas no deben sobreponerse unas sobre otras, sino complementarse armónicamente. El objeto de una Ley de Organizaciones Políticas no son esas modalidades que ya están consagradas en la Constitución, sino definir su naturaleza, sus principios, organización y su funcionamiento.

‘Se está reconfigurando   el sistema político’: Érika Brockmann es analista política

Se vive una reconfiguración del sistema político, se puede decir que ya no existen partidos políticos, sino un sistema hegemónico y oposiciones sin bloque; por eso es imprescindible una nueva Ley de Organizaciones Políticas. Por ejemplo, el MAS no se reconoce como un partido; la nueva ley deberá abarcar formas de control a modalidades organizacionales como las del MAS.

El rol de los partidos en medio del descrédito

Es común señalar que la democracia es un modelo que excede lo meramente electoral y que no puede reducirse a un conjunto de agrupaciones que tienen por objetivo participar en comicios y ganar puestos de poder.Sin embargo, el descrédito de los partidos políticos en el país es tal que el pensar de la gente limita su rol precisamente a lo electoral; al menos eso da a entender Érika Brockmann, expresidenta del Senado, quien dice que existe una mala comprensión del rol de los partidos políticos.

“Desde hace un tiempo la gente ya no quiere militar en un partido político, lo que no quiere decir que no se involucre en la política”, dice, y añade que ahora las personas participan activas en causas políticas concretas y por lo tanto de corto plazo (“efímeras”).

En ese sentido, el expresidente de la Corte Nacional Electoral Salvador Romero dice que los partidos tienen funciones más allá de las puramente electorales, como la formación de militantes para la creación de una visión de país. El rol de los partidos, dice Brockmann, debería encararse en la nueva norma; éstos no pueden quedarse en lo meramente electoral.