miércoles, 19 de diciembre de 2012

FEMINICIDIO: Sucede hasta en las “mejores familias”





En el siglo XX, millones de mujeres abrieron espacios y oportunidades y participaron en ámbitos sociales, culturales y políticos. Mujeres de distintos países dieron vida a la cultura feminista al denunciar la opresión de género y crear conciencia crítica sobre la condición de mujer, así como normas y prácticas sociales modernas y democráticas.

La Gaceta Jurídica / Jenny Ybarnegaray Ortiz
00:00 / 18 de diciembre de 2012

Nombraron y definieron la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación genéricas, enfrentaron la falsa creencia sobre la inevitabilidad de la violencia, la sacaron del encierro y el silencio, del tabú y la complicidad.

La violencia basada en género ya es reconocida como un atentado a los derechos humanos y uno de los más graves problemas sociales y de urgente atención. Se sabe que no es natural: la violencia se incuba en la sociedad y en el estado debido a la inequidad genérica construida por el patriarcado.

Es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad y en las relaciones con los hombres permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades, contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal.

La violencia de género recrea la supremacía de género de los hombres sobre las mujeres y les da poderes extraordinarios en la sociedad.

Desde la perspectiva feminista se coloca la violencia de género como un problema político mundial. A través de investigaciones científicas, se diferencia las formas de violencia, se erradica conceptos misóginos no científicos como el de “crimen pasional” y se define jurídicamente la violencia sexual, la violación, el estupro, el incesto, el acoso, la violencia conyugal y familiar, la callejera, y otras formas de violencia de género: laboral, patrimonial, psicológica, intelectual, simbólica, lingüística, económica, jurídica y política.

Instrumentos Internacionales

La “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Belem do Pará), señala la siguiente definición:

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

La “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” de las Naciones Unidas establece:

Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Tipificación

Entre todas las formas de violencia hacia las mujeres, la más terrible, la más definitiva e irreparable es la provocación de la muerte, que se ha hecho tan frecuente en nuestros días al punto de merecer una categoría particular: la de feminicidio o femicidio.

El concepto de feminicidio, que aún está en proceso de construcción, pretende ser llevado a categoría jurídica para caracterizar un tipo particular de muertes violentas intencionales de mujeres, relacionadas con la violencia sexista.

“El concepto feminicidio se ha construido para nombrar correctamente la especificidad de un crimen. Es parte de un contexto de discriminación contra la mujer porque –como afirma la cedaw– ocurre cuando el agresor intenta menoscabar los derechos y las libertades de la mujer, atacándola en el momento en que pierde la sensación de dominio sobre ella” (1).

Por feminicidio también se entiende “Asesinato misógino de mujeres por ser mujeres. Indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género… Constituye la forma más extrema de la violencia basada en género, entendida ésta como la violencia de hombres contra mujeres como una forma de poder, dominación o control. Incluye los asesinatos de mujeres ocurridos en espacios públicos y privados, lo que significa que las mujeres ya tienen una historia de reiterada violencia y exclusión social, económica y política basada en género” (2).

Datos que acalambran el alma

En Bolivia –y creo que tampoco en el resto del mundo– no existe información estadística confiable que permita conocer la magnitud que alcanza el feminicidio, los datos están dispersos entre Policía, Fiscalía y juzgados. En La Paz, gracias al trabajo del CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la Mujer), que ha establecido el “Observatorio Manuela” sobre feminicidio, podemos tener aproximación que, no obstante, deja por fuera lo que no aparece en los medios de comunicación, porque su trabajo consiste en escudriñar la prensa para dar cuenta de los mismos.

Una publicación de esta entidad, del 10 de diciembre (3), señala que “sólo entre enero y octubre de este año se registraron 71 casos” (entiendo, en el ámbito nacional). Mientras que “entre el 2009 y octubre de 2012, en el país se registraron 354 casos de feminicidio, de los cuales la gran mayoría no llegó a sentencia condenatoria, o simplemente el delito fue tipificado como homicidio por emoción violenta, de modo que el agresor se benefició con la reducción de su pena a dos años de prisión”.

De los 354 casos, “50,85% corresponde al asesinato de tipo conyugal o íntimo, donde el autor del hecho es el esposo o conviviente; el 22,88% de tipo sexual, donde el asesinato se produce tras la violación; el 18,93% al infantil, donde la víctima es niña o adolescente; el 4,24% es de tipo familiar, donde la víctima muere en manos de algún pariente”.

Por lo tanto, no estamos hablando de “casos aislados” sino de un fenómeno que alcanza proporciones horrorosas, irremediables y extensivas a las familias de las víctimas, en primer lugar, y a la sociedad en su conjunto, porque cada feminicidio golpea con crueldad al entorno donde sucede y a cada persona capaz de sentir en carne propia semejante atrocidad.

Notas:

1. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2005), La violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú Lima, CMP Flora Tristán/Amnistía Internacional, Sección Perú (págs. 14 y 33).
2. ROMERO, Ángeles; ESQUIVEL, Carlos Antonio; BASTIDA, Laura Isabel. La construcción del concepto de feminicidio. Casos de homicidios dolorosos en contra de mujeres en el Estado de México. En: www.slideshare.net

La autora es psicóloga social, feminista y activista.
Tomado de: alainet.org/active/6035

domingo, 16 de diciembre de 2012

Litigio entre Perú y Chile: Un fallo que no preocupa a Bolivia?

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Dos exmandatarios, un excanciller, un diplomático y un diputado desestiman que un fallo favorable a Chile o a Perú, en la corte de La Haya, vaya a perjudicar a las aspiraciones marítimas de Bolivia

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont
00:04 / 16 de diciembre de 2012

Habiendo culminado el viernes la fase de los alegatos orales realizados tanto por los abogados de Perú como por los de Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda) y habiendo sido notoria la atención que prestaron autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a esta etapa del juicio, queda preguntarse en qué aspectos un posible fallo a favor de un país u otro puede acarrear algún perjuicio o beneficio para las aspiraciones marítimas bolivianas, o el eventual juicio que se plantea iniciar contra Chile en ese mismo tribunal y qué importancia práctica puede tener para el país el proceso legal entre esos países. Una primera conclusión es que ninguna de las posibilidades dañaría la reivindicación marítima del país.

“El fallo, sea a favor de Perú o de Chile, no nos afecta”, dice Carlos Mesa, expresidente de Bolivia (2003-2005) e historiador. Su razonamiento es que en una hipotética negociación futura que haga Bolivia con Chile (lo cual requiere la aprobación del Perú, pues se estaría hablando de una franja territorial que fue territorio peruano), “es obvio” que se tendría que establecer una prolongación de aguas marítimas del territorio siguiendo el criterio de las millas náuticas internacionales y nacionales, de tal modo que “la proyección de éstas sea en dirección perpendicular o en ángulo o en cualquier dirección que finalmente se determine con el fallo de la corte”.

El expresidente de la República y extitular de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez (2005-2006) cree que un fallo que beneficie al Perú o a Chile no afectará a Bolivia en la polémica marítima. Recuerda que el país no es parte de ese conflicto y resalta que “la demarcación que surja del litigio” podrá establecer las fronteras del “mar territorial” al que Bolivia pueda acceder en el futuro.

Chile y Perú concluyeron el viernes la fase de alegatos orales sobre el diferendo marítimo bilateral. Chile sostiene que los límites “fueron fijados hace 60 años mediante los tratados de 1952 y 1954, que Chile, Perú y Ecuador firmaron”, según palabras del presidente chileno Sebastián Piñera (esta aseveración se refiere a que la línea de separación sea el paralelo). Mientras que Perú desconoce que los tratados de 1952 y 1954 establezcan esa frontera, abogando por una solución “equitativa” a la controversia; además, se atribuye el derecho sobre el triángulo exterior marítimo que Chile considera como zona de alta mar (esta versión dice que la línea de separación sea equidistante entre ambos países, ver infografía e información detallada sobre el diferendo).

En 2011, Bolivia presentó un documento en el que se pedía a la CIJ que el fallo no perjudique la demanda marítima histórica. Adicionalmente, se conformó una comisión de alto nivel encabezada por el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa; el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde; el embajador de Bolivia en los Países Bajos, Roberto Calzadilla; el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, y el procurador general del Estado, Hugo Montero. Este grupo de autoridades permaneció hasta el final de los alegatos “con la finalidad de evaluar los fundamentos que ambas partes expusieron”, según dijo la anterior semana Arce, miembro de la delegación que estuvo en Holanda.

Al igual que Mesa y Rodríguez, el excanciller Javier Murillo de la Rocha considera que el fallo que salga de la CIJ es importante en la medida en que va a definir la delimitación marítima entre Chile y Perú. El matiz que se deduce en esta afirmación es que dice que una sentencia que beneficie al país que sea seguirá siendo positiva para Bolivia, pues así se sabrá “cuál será la orientación que va a proyectarse para una futura negociación que Bolivia enfrente”.

“Tiene que haber certidumbre en este aspecto, lo cual es importante para que en las discusiones futuras, que tengan la base de un territorio costero al norte de Arica (como franja para Bolivia), se sepa que hay una delimitación clara. Desde ese punto de vista es positivo, lo contrario es un obstáculo más”, dice Murillo, quien aclara que ésa sería la única importancia práctica de una definición de laudo internacional entre los países vecinos.

Para el diplomático y economista Andrés Guzmán, la cuestión no es diferente: el fallo afecta a Bolivia sólo en la medida en que así se podrá proyectar las perspectivas del país en una eventual negociación con Chile sobre la demanda marítima.

“El país tiene derechos expectaticios (un derecho latente que aún no se ha perfeccionado como tal) sobre el territorio que está en disputa, pues el corredor por el que se ha negociado que Bolivia saldría al mar desde Charaña (1975) e incluso antes, es precisamente el que se está dirimiendo en la corte de La Haya”, afirma.

“Si el límite sigue el paralelo, entonces el mar para el país saldría sobre éste; en cambio, si el fallo sale a favor del Perú, entonces las aguas internacionales bolivianas tendrían que ir hacia el sudoeste: lo que más convendría —aquí hay una discrepancia con las otras fuentes de este escrito— es que se mantenga como está, es decir (que prevalezca) la propuesta de Chile”, señala Guzmán.

Pero ve un inconveniente en caso de que el fallo favorezca a Perú, que es la opción que considera más probable, pues “las sentencias de la Corte, en temas de delimitación marítima, por lo general toman en cuenta criterios de equidad, o sea, el espacio en disputa se divide en partes iguales”. De ser así, Chile saldría perdiendo y, si bien su presidente ha dicho que su país va a acatar el laudo, Sebastián Piñera va a estar en sus últimos días de mandato, por lo que habrá que esperar a ver “qué dice el próximo presidente y esperar que no renuncien al Pacto de Bogotá (1948)”. En ese caso Bolivia quedaría mal parada, pues ese tratado obliga a quienes lo firmaron a reconocer la jurisdicción de la Corte y los habilita a acudir a ella por un tiempo más. Si Chile se sale, sería muy difícil hacer la demanda”.

Cuando un país se retira del acuerdo mencionado, las obligaciones que a él se deben tienen vigencia un año más, “lo que dejaría a Bolivia con poco tiempo”, repara Guzmán.  Mesa cree que Bolivia debe seguir con su estrategia de largo plazo respecto del mar, decida o no el Gobierno ir a un tribunal internacional. La Corte —dice— “es seria y actúa basada en el derecho”, por lo que no cree que una sentencia en contra de Chile vaya a afectar su decisión en un posible juicio con Bolivia.

En cuanto a las menciones a las negociaciones de Charaña (1975) —en las que ese Estado estuvo dispuesto a ceder (con compensación territorial) un corredor a Bolivia— que hizo Chile en sus argumentos, rescata la posición expresada por el canciller chileno, Alfredo, quien dijo que su país “estaba dispuesto a negociar con Bolivia una salida al mar sin tocar el Tratado de 1904, lo que quiere decir que reconoce que hay un tema pendiente. Esto es interesante, pues es la misma lógica que tuvo el encuentro en Charaña. Hay que tomar en cuenta este giro, aunque con mucho cuidado porque Chile tiene esa tendencia cuando tiene problemas y ahora lo está porque presume que podría perder en La Haya”.

La negociaciones de Charaña fracasaron porque Bolivia no consideró justo que Chile exigiera una compensación no sólo del área terrestre, sino también de un territorio correspondiente a las millas náuticas que iban a cederse. “Esta condición era abusiva, pues querían también el mar, es decir 200 millas marítimas en tierra”, dice Guzmán. Murillo, por su parte, recupera la importancia de la última declaración que hicieron los presidentes Ollanta Humala, del Perú, y Piñera en el sentido de que van a acatar el fallo, cualquiera que sea.

Para concluir, Rodríguez opina que Bolivia debe valorar la reacción de ambos países frente al fallo a emitirse. Si bien los mandatarios de Perú y Chile han manifestado el propósito de “honrarlo”, los desafortunados  criterios expresados por los exmandatarios chilenos frente al reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua–Colombia y el retiro de este último país del Pacto de Bogotá,  “abren la preocupación sobre la genuina voluntad política de los países en consentir la competencia de la Corte para someterse a litigios de proporciones mayores” que pueden alterar situaciones políticas internas.  

En Bolivia hay expectativa por cómo termine el caso Perú-Chile. El presidente Evo Morales adelantó hace unos días que la demanda del país contra Chile en La Haya está avanzadísima. Y La Razón supo de fuentes del Gobierno que es posible que ese caso se abra después de enero, dentro el plazo —tres meses— que la CIJ se dé para emitir su fallo sobre el diferendo de los países vecinos.

El 23 de marzo de 2011, el Presidente de Bolivia anunció un juicio internacional contra Chile, país al que acusa de haber usurpado territorio en una guerra injusta, en 1879. La decisión ha dejado en suspenso la discusión de la llamada agenda de 13 puntos, incluida la demanda marítima, que Morales y su otrora colega Michelle Bachelet habían instalado.

‘A Bolivia le es indiferente el resultado’: Héctor Arce, diputado miembro de comisión especial

A Bolivia le es indiferente el resultado de este proceso, ya que cualquiera fuera el mismo no se afectan los derechos de Bolivia, que más bien quedan probados. Es bueno hacer una referencia a la desesperación de algunas autoridades legislativas y ejecutivas chilenas por pretender hacer ver una supuesta imposibilidad de una demanda marítima boliviana.

 ‘No creo que afecte a las aspiraciones del país’: Carlos Mesa Gisbert, expresidente de Bolivia

No creo que si el fallo favorece a Perú o a Chile se afecten las aspiraciones de Bolivia porque, de igual modo, el país tiene que proyectar su aguas con base en cualquier posibilidad. Por otro lado, no es viable que en los próximos cuatro meses —que es cuando se sabrá la sentencia— Bolivia tenga tiempo para hacer mucho, por lo que no habría por qué tomar una iniciativa al respecto.

‘El país no es parte de ese diferendo’: Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia

Estimo que un fallo que indistintamente favorezca al Perú o a Chile, no afectará a Bolivia en lo sustancial de la controversia: el límite marítimo. El país no es parte de ese diferendo y la demarcación que surja del litigio podrá fijar las pautas para establecer los límites del mar territorial al que Bolivia —potencialmente— pudiese acceder posteriormente en la zona.

‘Lo importante es que se defina esa frontera’: Javier Murillo de la Rocha, excanciller de Bolivia

Lo importante es que se defina esa frontera marítima entre Chile y Perú, sea a través del paralelo o una línea equidistante. Lo fundamental es que haya claridad, sin que importe a quién favorezca. En todo caso, cualquier demanda ante un órgano jurisdiccional futuro tiene que estar precedida de previsiones para asegurar un resultado favorable de lo que se busca.

‘Posición boliviana tiene que ser neutral’: Andrés Guzmán es diplomático y economista

En mi opinión, la posición boliviana tiene que ser neutral. Finalmente, el fallo que pueda sentenciar la corte de La Haya no nos afecta directamente, sino que tiene algunas implicaciones sobre nuestros derechos expectaticios. Hay que esperar los resultados y a partir de eso decidir las próximas políticas que se vayan a adoptar sobre el tema marítimo.

‘Lo sucedido en La Haya no es algo irrelevante’

“Lo ocurrido la semana pasada en La Haya, sede de Corte Internacional de Justicia, dentro de la etapa oral del proceso Perú-Chile, no fue un hecho intrascendente para Bolivia. Todo lo contrario, las declaraciones oficiales de cuando menos un abogado de la república de Chile, fueron reveladoras para establecer el derecho de Bolivia a una salida libre y soberana sobre el Pacífico, con continuidad territorial, en la misma y exacta línea de la Resolución 486 de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Chile, en sus alegatos orales y para tratar de demostrar que ya existe una delimitación marítima con el Perú, explicó que en 1975 “ofertó” a Bolivia un corredor territorial, mar territorial y una zona económica exclusiva sobre la denominada Línea de la Concordia, demarcación fronteriza entre Chile y Perú fruto del Tratado de 1929. Asimismo, los abogados de Chile expusieron documentos y mostraron mapas en las pantallas de la sala referidos a la ‘oferta’ chilena a Bolivia.

La pregunta es: ¿por qué es importante esta revelación? La respuesta es simple: Chile siempre ha sostenido, y con mucha más fuerza en los últimos meses, que no tiene problemas de límites pendientes con Bolivia; ha sostenido que Bolivia tendría una simple “aspiración” mas no un derecho a obtener una salida soberana al Pacífico. Es más, Chile, sistemáticamente, ha negado que existan pruebas de las muchas conversaciones que hicieron con Bolivia y, por supuesto, ha negado enfáticamente que haya ofertado a Bolivia una salida soberana al mar.

Por ello, lo afirmado por Chile en La Haya, ante 17 jueces de la corte de justicia más grande y encumbrada del mundo, tiene gran relevancia para nuestro país. Más que el resultado del fallo que se vaya a dictar en el caso concreto de la delimitación marítima entre Chile y Perú, lo que a nuestro país le interesa es este tipo de revelaciones y también las consideraciones que haga el alto tribunal a tiempo de emitir su fallo”. Héctor Arce, diputado y miembro de la comisión especial enviada a La Haya.


lunes, 10 de diciembre de 2012

RED DE EXTORSIÓN: Los casos de corrupción en el Gobierno golpean la institucionalidad del país





Los casos de corrupción en el Gobierno golpean la institucionalidad
El escándalo desatado de la red de extorsión deja en entredicho la institucionalidad del Estado. Para recobrar la confianza, analistas sugieren que se debe llegar al fondo del asunto y aplicar la Justicia.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:04 / 09 de diciembre de 2012

Los casos de corrupción como el de Santos Ramírez o el escándalo de la red de extorsión que se destapó recientemente —que involucra a los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz y a funcionarios del Órgano Judicial— dejan mal parada a la institucionalidad del Estado, de acuerdo con analistas políticos.

Para Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, que éste o los demás casos de corrupción durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) afecten o no al Gobierno no es lo central. “Lo importante es que se tratan de golpes muy serios a la institucionalidad del Estado como tal. Esto debe preocuparnos a todos”, dice.

Por eso, desde la sociedad civil, “se debe” exigir que se desarrolle transparencia en la situación; más allá de quiénes estén implicados, “el daño es muy profundo, no es al Gobierno, sino al aparato del Estado”, sugiere en referencia al caso particular de la red de extorsión.

A finales de noviembre se descubrió una red de extorsión en dos carteras del Estado con enlaces en el Órgano Judicial. El caso se reveló a partir de las denuncias de una víctima, el empresario estadounidense Jacob Ostreicher, preso en Palmasola hace 18 meses y acusado de legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico.

Fernando Rivera y Denis Efraín Rodas Limachi (exfuncionarios clave del Ministerio de Gobierno), José Manuel Antezana (exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia), además del exfiscal de distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez (casos Ostreicher y reo Cresencio Rojas) fueron detenidos y encarcelados como sospechosos. Se acusa a estos individuos de extorsionar a Ostreicher, al que supuestamente le pidieron fuertes sumas de dinero a cambio de fallos favorables en el proceso que se le sigue. La banda operó desde hace cinco años.

“La institucionalidad del Estado queda malograda después de esto; si bien los niveles de transparencia del país han subido algunos puntos, aún se está lejos de llegar a los primeros 100 países más transparentes”, afirma el politólogo Reymi Ferreira, en coincidencia con Núñez.

Dice que este caso demuestra que la corrupción no es ideológica y no diferencia colores políticos. El “discurso del MAS era la lucha contra este flagelo”, sin embargo ha quedado a la vista que “no se ha mejorado en este aspecto”; en él incurren los neoliberales tanto como los de izquierda o los indigenistas.

Ferreira observa que de 2006 en adelante el problema que ha tenido el MAS es que se retrocedió en el avance de la carrera administrativa. Muchos años se trató de establecer la Ley del Servicio Civil y el Estatuto del Funcionario Público para garantizar que los empleados públicos obedezcan a la comunidad y no a un partido político, como dice la Constitución Política del Estado (CPE). “Así, se ha sustituido el mérito de la carrera por la confianza política. Muchos empleados jerárquicos, pero también de los niveles inferiores, están ahí por avales políticos, recomendaciones de los movimientos sociales, por militancia o amistad con jerarcas del Gobierno; eso quita profesionalismo”.

El hecho no sólo habría “bajado  el buen desempeño técnico”, sino que “en muchos casos” habría disminuido la calidad moral. Se nota que        —continúa— el escándalo se debe también a la falta de cuadros políticos profesionales, pues “hay muchos oportunistas que antes eran del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y otros partidos tradicionales. Estas personas hoy aparecen como simpatizantes del MAS, lo que es muy común en el ámbito judicial”.

Núñez parece continuar esta última idea al afirmar que la falta de confianza de la población hacia quien administra la Justicia “se va a profundizar más aún” después de casos como el que se develó.

Según el director de Jubileo, este hecho no significaría la pérdida de la lucha contra la corrupción, sino más bien el efecto de la situación de hegemonía de la estructura política que administra los poderes del Estado. “Es una muestra clara de que se debe hacer una democracia mucho más plural, con órganos del Estado más independientes”.

La red —cuestiona Ferreira y corrobora a Núñez— ha desnudado que existe una débil separación de los órganos del Estado. “El Judicial se somete, en última instancia, a la influencia del poder político. Sin duda, eso desmejora el equilibrio que debe existir de pesos y contra pesos entre ellos”, afirma Ferreira.

Fabián Yaksic, diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), parece coincidir con ambos analistas en cuanto a la independencia de poderes. “La poca transparencia vinculada a la subordinación de los órganos del Estado al Ejecutivo no ha cambiado absolutamente. Sucede lo mismo que en la ‘partidocracia’, la cual tenía en su bolsillo a jueces y fiscales. Eso se ha reproducido en esta red de corrupción, la cual muestra la injerencia de funcionarios ministeriales en el Órgano Judicial”.

Dice que la vulneración de la separación de poderes (“base de la Constitución”) muestra un daño a la institucionalidad. “A partir de esta experiencia tiene que modificarse el comportamiento del Gobierno”.

Otro aspecto que Ferreira califica como el “más preocupante” es la “sordera o por lo menos lentitud” del Gobierno para captar las denuncias de las víctimas de corrupción.  “Es impresionante que para que el Presidente se dé cuenta (de la extorsión) haya tenido que recibir la noticia por mensajes de la Embajada de Estados Unidos o que tenga que llegar una estrella de Hollywood para que se conozca la tenebrosa red”. (Morales no precisó el nombre de la embajada ni se sabe exactamente por qué Sean Penn visitó a Ostreicher cuando estuvo en Bolivia).

Pasados. Otro escándalo de malos manejos en el Gobierno fue el de Catler Service. Esta vez se involucraba a un alto miembro del partido de Gobierno, Santos Ramírez. El 27 de enero de 2009, la muerte violenta del empresario Jorge O’ Connor develó un nivel de corrupción de proporciones mayores en YPFB. El robo de 450 mil dólares al empresario, posiblemente destinados a una coima para Ramírez, evidenció una organización en la que estaba implicado directamente el ya mencionado dirigente del MAS y expresidente del Senado, que en aquel tiempo era la cabeza de la estatal petrolera. El pago de coimas, la creación de empresas fantasmas y adjudicaciones irregulares fueron descubiertas. El principal involucrado cumple una condena de 12 años; Giovanna Navía, su exesposa, fue sentenciada a nueve; y el hermano de ésta, Javier Navía Doria Medina, a seis.

Uno de los primeros incidentes de este tipo fue el del tráfico de avales, en febrero de 2007. Se denunció la venta de estos en el MAS para acceder a cargos en la administración pública.

El hecho “salpicó” a los senadores Ramírez, Lino Villca, Nemesia Achacollo y Leonilda Zurita; además de los dirigentes Samuel Guarayo, William Chávez, Zenón Cochi, Uvaldo Nina y José Santos Ramírez (quién se hacía pasar por hermano del exsenador hoy preso). José Santos fue remitido a la justicia ordinaria y los dirigentes Cochi y Nina fueron expulsados del MAS.

Núñez opina que para retomar la confianza y la institucionalidad del Estado “debe haber una exigibilidad” desde la sociedad civil, de que se establezca transparencia en esta situación hasta llegar al fondo de lo acontecido y se aplique la Justicia”. Ferreira concluye que si el presidente Morales no asume personalmente la lucha contra la corrupción y sigue delegándola a otros niveles, el problema va continuar y afectará “medularmente” al Gobierno; si no se actúa “con radicalidad”, el flagelo va a terminar “por pasarle la factura política”.

‘Son casos aislados y deben ser sancionados’: Nardi Suxo es ministra de Transparencia

Son casos aislados que, si se comprueban, deben merecer la máxima sanción. Claro que hacen daño al Gobierno y a la gestión que está trabajando en la transparencia. (Por otro lado), la gente tiene que darse cuenta de que la corrupción hoy no se tapa. No habrá tolerancia con este flagelo, ésa es la directiva de la gestión. (Entrevista en extenso en la página 10).

‘Se vuelve a tiempos  de la desconfianza’: Juan Carlos Núñez es director de la Fundación Jubileo

Con este hecho (la red de extorsión) se estaría volviendo a los tiempos en que ya no se cree en la Justicia y ya no se sabe en quién confiar. La institucionalidad del Estado queda profundamente dañada. La falta de confianza desde la población a quien administra la Justicia se va a profundizar aún más. Ésas son las graves consecuencias. Lo peor sería dejar esto en la impunidad.

‘En algunos entes hay cambios positivos’: Reymi Ferreira es analista político

Hay que reconocer, pues tampoco se puede negar que en algunos entes del Estado hay cambios positivos sobre la transparencia, que hay un interés por hacer mejor las cosas. Eso se ve por ejemplo en Impuestos (y se nota en el incremento de las recaudaciones); también en Entel; y se está intentando en la Aduana. No ocurre lo mismo en el Órgano Judicial.

‘Obediencia al Ejecutivo explica la corrupción’: Fabián Yaksic es diputado del MSM

La corrupción en este Gobierno se explica en el hecho de que todos los entes (llámese Policía, Órgano Judicial, gobernaciones, etc.) son obedientes al Órgano Ejecutivo. Hay una sensación de corrupción generalizada y hay que frenarla; la mejor manera de hacerlo es que los poderes sean autónomos entre sí, la Justicia no puede estar al servicio de un gobierno, eso deriva en corrupción.

Los malos manejos administrativos durante gobiernos de la ‘partidocracia’

Uno de los argumentos que blanden las oposiciones, a partir de la red de extorsión, es que la corrupción hoy es peor que antes. Tal medición no es realizable, según los analistas políticos entrevistados en esta nota. Sin embargo, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, afirma que la diferencia es que antes no se sentenciaba a nadie ni se recuperaba dinero para el Estado.

Uno de los casos de los tiempos de la llamada “partidocracia”, que hasta hoy queda sin culpables, es el de la firma de múltiples contratos lesivos al Estado producto de la Capitalización, llevada a cabo durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997). En esa administración se denunciaron varios hechos de corrupción, la mayoría ligados a la recepción de comisiones, pagos excesivos a consultores y dilapidación de recursos estatales. Los acusados son Sánchez de Lozada, Alfonso Revollo y Carlos Sánchez Berzaín.

Otro caso emblemático de los malos manejos de ese tiempo se dio en la segunda gestión de Sánchez de Lozada (2001-2003). Fue denominado el caso Macororó. El principal implicado es el exministro de Defensa Freddy Teodovich y el entonces prefecto de Santa Cruz Mario Justiniano. El hecho de corrupción y abuso de autoridad involucró a 400 soldados de la VIII División del Ejército que fueron cedidos como mano de obra gratuita para la cosecha de una empresa privada en la hacienda Santa Mónica, de propiedad de Patricia Cronenbold. Nunca hubo sentencia por este delito. Actualmente, Teodovich es uno de los principales asesores del alcalde del municipio de Santa Cruz, Percy Fernández.