viernes, 31 de mayo de 2013

Aprobación de nueva Ley de Celebración de Tratados en Bolivia





Héctor Arce aseguró que el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, quien se hizo presente en la sesión de aprobación en grande, explicó de manera general el alcance de la ley de Celebración de Tratados, y no hizo referencia a ningún tratado especifico que tiene Bolivia con otros países.

La Razón Digital / ABI / La Paz
21:55 / 22 de mayo de 2013

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en detalle y por unanimidad el proyecto de Ley de Celebración de Tratados y envió en consulta a la Cancillería cuatro artículos de los 73 de esa norma.

El presidente de esa instancia legislativa, Héctor Arce, afirmó que esas consultas son necesarias para tener certeza antes de aprobar una norma 'trascendental' para la celebración de tratados internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

'Por la complejidad que implican esos artículos y a fin de esclarecer la eficacia de los mismos en su aplicación, es necesario que la Cancillería boliviana nos de mayores detalles por escrito sobre ello', afirmó en el hemiciclo de la Comisión.

Arce aseguró que el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, quien se hizo presente en la sesión de aprobación en grande, explicó de manera general el alcance de la ley de Celebración de Tratados, y no hizo referencia a ningún tratado especifico que tiene Bolivia con otros países.

Los cuatro artículos diferidos serán aprobados en los próximos días, previo un informe circunstancial de la Comisión de Constitución y firmado por los diputados presentes, para luego remitirla al Pleno de la Cámara de Diputados para su consideración.

Los artículos consultados son: el artículo 26, referido a Reivindicación Marítima; el 43, referido a la celebración del referendo popular vinculante previo a la ratificación solicitado por iniciativa popular o representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional; el 46, denuncia de los tratados aprobados por referendo y el artículo 71, referente a las denuncias de tratados anteriores a la entrada en vigor de la Constitución del Estado Plurinacional.

Según una nota institucional, la Ley de Celebración de Tratados, tiene el objetivo de regular los alcances y los efectos de la celebración de tratados internacionales y acuerdos por parte del Estado, además de establecer los lineamientos de coordinación interinstitucional entre las entidades públicas responsables de realizar dicho acuerdos o tratados.

 








El proyecto de Ley de Celebración de Tratados internacionales propone que ciertos pactos sean aprobados por la ciudadanía, a través de un referendo. El texto fue remitido a la Cancillería para la aclaración de cuatro artículos.

La Razón / Iván Paredes / La Paz
02:37 / 29 de mayo de 2013

El proyecto de Ley de Celebración de Tratados internacionales (bilaterales o multilaterales) propone que ciertos pactos sean aprobados por la ciudadanía, a través de un referendo. El texto fue remitido a la Cancillería para la aclaración de cuatro artículos.

La futura ley dispone que la población, por la vía del referendo, pueda aprobar cuatro tipos de tratados internacionales: cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural y cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales en el marco de procesos de integración. 

“Si el tratado internacional fuera aprobado por referendo se remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su ratificación mediante ley para formar parte del ordenamiento jurídico interno con tal rango”, establece el artículo 42 del proyecto, que ya fue aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Cuatro artículos fueron enviados a la Cancillería para su aclaración. Se esperará saber el criterio del Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de los artículos enviados en consulta, para luego remitir el proyecto al plenario de la Cámara Baja.

Los artículos sobre los cuales deberá dar su explicación la Cancillería son el 26, referido a la reivindicación marítima; el 43, que establece la celebración del referendo previo a la ratificación de un tratado; el 46, que ve la denuncia de los tratados aprobados por referendo; y el 71, referido a la denuncia de pactos anteriores a la nueva Constitución Política del Estado.  

Alcance. La futura ley busca regular la celebración de los tratados y acuerdos internacionales que lleve a cabo el Estado, además de establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las entidades públicas involucradas en dichos pactos.

Una vez que el Ejecutivo fue uno de los gestores de la norma, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde visitó hace una semana la Asamblea para explicar las características que tiene el proyecto, que también fue elaborado por la Procuraduría General del Estado.

Los referendos, según la normativa, serán financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN). Si el Presidente decide denunciar un tratado, éste volverá a ser sometido a la voluntad del soberano para su nulidad. “El trámite respectivo será de referendo nacional por iniciativa presidencial”, se lee en el texto al que accedió La Razón.  

El referendo sobre un tratado también podrá ser propuesto por iniciativa popular o por la Asamblea Legislativa Plurinacional; como en otros casos, aquí será requisito un mínimo de firmas o de asambleístas peticionarios: “Se aplicará el procedimiento establecido para el referendo nacional en la Ley del Régimen Electoral, el cual deberá requerirse por el 5% de los ciudadanos registrados en el Padrón Electoral, o el 35% de los representantes de la Asamblea Legislativa”, señala el artículo 43 de la iniciativa jurídica.

Los pactos internacionales, además, podrán ser enmendados, según el artículo 62: “El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará la tramitación de las enmiendas propuestas conforme a los procedimientos establecidos en los tratados respectivos y en el derecho internacional”.

En cuanto a la modificación de los tratados bilaterales, éstos deben ser revisados por las partes firmantes. Dichos pactos también pueden ser suspendidos por incumplimiento o por acuerdo entre los involucrados. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce resaltó la importancia de la normativa.

Norma divide en dos grupos los acuerdos internacionales

Los tratados internacionales serán de dos tipos: formales y abreviados, establece el proyecto de Ley de Celebración de Tratados, que será analizado por la plenaria de la Cámara de Diputados. “Se define como tratado formal aquel instrumento jurídico internacional que requiere ratificación por el Órgano Legislativo”, dice el artículo 7 de la iniciativa.

En este grupo están tratados sobre derechos humanos y comunitarios, cuestiones limítrofes, integración monetaria y económica estructural, y acuerdos de carácter económico comercial. Los tratados abreviados son aquellos que “versan sobre las competencias exclusivas del Órgano Ejecutivo y que por su materia no requieren su ratificación por el Órgano Legislativo, cobran vigor a su sola firma”.

En caso de ruptura diplomática

Relación

En caso de una ruptura de relaciones diplomáticas entre las partes firmantes, esto no afectará las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el pacto, “salvo en la medida en que la subsistencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del Tratado”. La denuncia de un acuerdo debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa.

 

domingo, 19 de mayo de 2013

Crónica de la aprobación de la Ley de Aplicación Normativa en Bolivia...





84 votos aprobaron la Ley de Aplicación Normativa y 33 la rechazaron. No obstante, el total de votos (117) fue ‘en defensa de la Constitución Política del Estado’. En una crónica, se relatan los pormenores de esa sesión.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 19 de mayo de 2013

Una sesión en la Cámara de Diputados no es muy diferente de una clase escolar en que el profesor pierde y gana el control disciplinario de sus alumnos. Así, las “chacotas” son comunes en las plenarias y más aún cuando se tratan normas polémicas como la Ley de Aplicación Normativa (LAN), que causó controversia durante el debate de más de seis horas, el martes. En la discusión no sólo subió de tono el desencuentro entre los miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su correligionaria Rebeca Delgado, sino que develó lo paradójico de las argumentaciones diametralmente opuestas sobre el artículo 4 (que viabiliza la eventual repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera para 2014).

Tanto la oposición como el oficialismo enarbolaron la defensa de la Constitución Política del Estado (CPE) para votar de manera alternativa “no” o “sí” a la aprobación de la ley. El acto recuerda los tiempos de los rétores griegos, en que no importaba si se sostenía una impostura o una falsedad con tal que se lo hiciese de manera verosímil.

Así, el debate podría resumirse en dos frases, la oficialista diría así: sí a la repostulación en defensa de la CPE, mientras que la opositora sería casi una variación exacta salvo por una monosílaba fundamental: “no” a la repostulación en defensa de la CPE.

Finalmente, laLAN  —por tanto la repostulación de las dos máximas autoridades del Gobierno actual— fue sancionada por 84 votos a favor y 33 en contra. ¿Pero cuáles fueron los pormenores —muchos con el color de la “chacota”— y la polémica disidencia personal de Delgado durante la sanción de una norma que activará una controversia de la que se hablará por mucho tiempo?

La sesión debía instalarse a las 08.00 del 14 de mayo. Horas antes, las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) —que demanda el incremento de las pensiones de jubilación— se hacían sentir con la desvinculación de las ciudades de La Paz y El Alto. La zona Sur de La Paz también era aislada de la zona Central con la obstrucción de la calle 17 de Obrajes. El día comenzaba bajo un escenario desfavorable para el oficialismo legislativo, que pretendía aprobar la controvertida ley.

Para resguardar la Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno, la Policía Boliviana cortó la circulación, por una cuadra, en todos los accesos a la plaza Murillo.

Ya en el hemiciclo, a las 09.30, no había ni indicios de que vaya a comenzar la sesión. La “hora boliviana”parece ser mucho más que una para los diputados, pues sólo se inició el llamado de asistencia cerca de las 11.00. Quince minutos antes, un grupo de asambleístas opositores dijo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada (MAS), instalada en la testera, que se encontraban conspirando y ella contestó: “Como debe ser”.

El debate. Después de llamarse lista, la plenaria se inicia con “algunas consideraciones constitucionales” a cargo del diputado presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce. En pasillos se rumorea que va a haber voto nominal (el voto de cada asambleísta más la justificación oral si lo desea), se oye la incredulidad de algún periodista que sostiene que eso no sucederá, que “será como siempre, se aprobará rápido, con voto simple”. La oposición solicita el mecanismo, pues “debe quedar archivado” el dato de quiénes votaron a favor de lo que ellos consideran inconstitucional. Creen que lo contrario podría llevarlos a un posible juicio de responsabilidades en el largo plazo.

Arce habla de la declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (que no observó la LAN) y justifica la repostulación bajo el argumento de que “las constituciones no son retroactivas”, por lo que la primera gestión acortada de Morales y García Linera “no cuentan” y sus postulaciones para las elecciones de 2014 serían las primeras desde la vigencia de la nueva CPE (7 de febrero de 2009).

Gritos desde los curules opositores interrumpen a Arce, llaman al respeto. Esta suerte de chacota surge en casi todas las intervenciones. En la tarde, en las participaciones previas a la votación, si habla un opositor es abucheado —con mayor o menor intensidad— por los oficialistas y viceversa.  A las 13.30, Tejada llama a un receso de media hora para almorzar (“o sea, una hora”, dice un periodista).

En ese intervalo los asambleístas almuerzan y desaparecen. La plaza Murillo sigue con poca gente por la restricción policial. En los pasillos, los periodistas hablan de un rumor de motín de policías, quienes como los afiliados a la COB, querrían jubilarse con el 100% de su salario. Se dice que replican sus fuerzas. En la plaza hay un movimiento de efectivos sino irregular, al menos curioso. A esto se suma que la COB rompió el diálogo con el Gobierno, lo que pone raro el ambiente. “La COB se va a ‘activar’ esta tarde, aprovechando que se apruebe esta ley”, dice alguien en el pasillo.

A las 14.30 se retoma la sesión, Tejada anuncia que hay 69 pedidos de uso de la palabra. Cada quien puede argumentar 30 minutos. Se viene una maratón. Trasciende que luego habrá votación nominal.

Lo importante. Se comenta que si la oposición cree en la inconstitucionalidad de la ley de marras, se esperaría que sus miembros estén ausentes de la sesión ante la inminencia de su aprobación y pierdan, al menos, el apetito. No es así para la diputada de Convergencia Nacional (CN) Carmen Durán, quien tiene preocupaciones que recuerdan al Sancho Panza de la primera parte del Quijote.

“La comida es sagrada y estuvo mal. No nos merecemos eso”, sentencia con severidad. Describe despiadadamente la calidad del arroz y hace un juicio lapidario de los pedazos de pollo. Pierde (¿o gana?) diez minutos en la crítica culinaria y después se queja: “Incluso tuvimos que caminar” (recuérdese que la plaza se encuentra cerrada en sus accesos por una cuadra). Al final, Tejada alude a su peso: “El volumen también tiene que ver con la salud”. Se está jugando el fondo de la estructura de la institucionalidad democrática del próximo lustro y a Durán le preocupan las viandas...

Ahora sí comienza el debate, que hace tiempo no estaba presente en la Cámara de Diputados. Una de las primeras intervenciones es la de Roberto Rojas (MAS). Habla del racismo, la partidocracia, la capitalización, la riqueza, el neoliberalismo y luego de la descolonización... Un periodista se pregunta “¿y qué de la Ley de Aplicación Normativa?”. El objeto primordial del debate (los argumentos jurídicos a favor o en contra de la norma) está ausente en la alocución mientras los opositores de CN hacen sentir su presencia con gritos que simulan bostezos.

Los discursos siguen y pueden resumirse en que los oficialistas saludan a los constituyentes del MAS que están en los palcos y aseguran que aprobar la LAN es defenderlos, que las constituciones no son retroactivas y que las disposiciones transitorias  “son transitorias”... “Los constituyentes presentes nos hacen recordar la historia (risas de los opositores) y por valor a su trabajo hay que acatar la Constitución. Además, los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional [TCP] son vinculantes”, dice Franklin Garvizu, del MAS.

Esas razones sintetizan las que sus correligionarios dijeron en lo sucesivo. Son las 15.40.

En un paralelismo sintáctico sólo diferenciado por la negación, los argumentos opositores son los mismos. También saludan y valoran el trabajo de los constituyentes, por lo cual se debe rechazar la LAN y por consiguiente la eventual repostulación. La defensa de la CPE también es su bandera. Piden el voto nominal. Recuerdan las palabras de Morales (2008) cuando declinaba postularse en un acuerdo que fue plasmado en las disposiciones transitorias (hoy reinterpretada por el TCP como habilitadora de Morales y García Linera) para viabilizar la aprobación del texto magno.

Unas palabras que concentran las ideas opositoras fueron las de Norma Piérola (CN): “Por respeto a una Constitución, contra la que hice huelga de hambre, hay que respetar (Sic) las disposiciones transitorias, por las cuales Morales hizo huelga de hambre y declinó su nueva postulación. Por eso se quiso añadir en la Constitución el ama llulla (no mentirás). Ahora sabemos quién es llulla”.

Las intervenciones siguen en esos términos, aunque todos esperan la de Delgado, quien días antes expresó de manera contundente una posible candidatura de los mandatarios. Al fin, Tejada la llama al podio, se oye un “uuuuuuu” colegial en toda la sala.

La disidencia. Delgado pasa al frente. Hay silencio, su aspecto es de tristeza. Se refiere al respeto a la CPE y al trabajo de los constituyentes. “Qué lastima que la primera vez que se reconoce su trabajo sea para pasar por encima de éste. Hicimos más de 700 artículos modificados por Álvaro García Linera retrocediendo lo avanzado”.

La acusación directa al Vicepresidente sorprende a todos. La Asambleísta señala cinco retrocesos, que —asegura— fueron propiciados por García Linera: la penalización no retroactiva del latifundio, el poco valor dado a la justicia indígena (“Román Loayza la defendió y fue tratado como traidor”), que las reformas constitucionales sean posibles con dos tercios de votos (antes se propuso que lo sean por simple mayoría) y la disposición transitoria para la repostulación que ahora se quiere invalidar. “No me opongo a la reelección”, dice, aunque añade luego que se debe seguir los procedimientos.

Afirma que los diputados del MAS son “librepensantes” y no son “levantamanos”, que en los casos de leyes con artículos ya declarados inconstitucionales muchos se manifestaron en contra. Cita como ejemplos la Ley Marco de Autonomías, la Ley Marcelo Quiroga, las modificaciones al Código Penal y el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes, pero “de arriba se dijo ‘se aprueba y se aprueba’, ¿quién?, Álvaro García Linera”.

En los discursos posteriores es criticada por oficialistas y opositores por no haberse manifestado antes. No obstante ella se adelanta a ese reproche en su discurso cuando dice: “Hemos perdido el miedo”. La oposición la aplaude a cada frase, ella rechaza las celebraciones.

Por el Vicepresidente. Antes de la votación, pasadas las 20.00, se sabe que la COBno dialogará con el Gobierno. En ese momento, Arce hace una defensa del Vicepresidente con el argumento de que lo que Delgado llama “retrocesos” propiciados por García Linera, en realidad fueron “concesiones” para viabilizar la nueva CPE sin arriesgar a que se desate una “guerra civil que habría ocasionado miles de muertos”.

Otra intervención memorable fue la de la futura candidata presidencial Adriana Gil, que solitaria (sin el apoyo de la oposición ni del oficialismo) invoca al Espíritu Santo (literalmente) y luego mezcla sus razones para no aprobar la LAN con consignas electorales y frases bochornosas respondidas con insultos de igual talante de parte de asambleístas del MAS. “Dile a tu jefe (Evo Morales) que me devuelva la plata que le di para su campaña. Si ustedes están aquí, es gracias a mí”, dice.

La chacota llega al extremo: los asambleístas del sector del MAS la silban, la piropean, hacen comentarios machistas que rayan con el acoso sexual. Ella termina por cantar (lo hacía en las campañas del MAS en 2002) durante al menos 30 segundos. Tras unas seis horas de debate, en que ninguna de las partes realmente persuadía a la otra, se declara “suficiente discusión” y se pasa a la votación.

La aprobación. Cada diputado tenía derecho a justificar por tres minutos su voto, tiempo que fue dispuesto arbitrariamente, en algunos casos por más del doble, bajo la aquiescencia de Tejada. Las protestas de un lado y el otro por el uso abusivo del tiempo alternaban y la emoción de algunos diputados hacía que olviden decir su voto. El final es sabido: hubo 84 votos a favor y 33 en contra; la totalidad de ellos, 117, fueron en defensa de la Constitución, según argumentaban.

Si bien los momentos de chacota de los asambleístas subían o bajaban de tono en ambas partes, la votación del diputado Jorge Medina unió a oficialistas y opositores. “Como masista y como miembro del instrumento, ¡soy hombre que no viola la Constitución, no viola la ley y no viola ninguna norma!”. Las risas no permitían que se oiga. Masistas y opositores celebraban, con carcajadas, la alusión involuntaria a una de las asambleístas más resistidas por el oficialismo: Norma Piérola.

Cuando aplacaron las risas, dice el diputado: “Por eso mi voto es por el sí”. Otro parlamentario grita entre las risas: ¡Viva la ‘Norma’! No hubo motín policial (hasta el jueves se seguía rumoreando sobre el tema) tampoco hubo protestas “activas” de la COB esa tarde (si bien se rompió el diálogo).  Y la cena no descontentó a Durán, quien debió quedar satisfecha, a juzgar por su silencio al respecto.

De acuerdo con el procedimiento, el proyecto de la Ley de Aplicación Normativa será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación. ¿Cuándo? El oficialismo es muy cauto y no habla de una fecha, aunque los rumores del pasillo señalan que Morales y García Linera viajarán y será Gabriela Montaño quien lo haga. Sólo el tiempo confirmará o negará esto, como negó el cotilleo de motín policial para ese día.

‘Es un tema jurídico y no político ni emocional’: Héctor Arce es diputado del MAS

Es un tema jurídico y no político, ni emocional, como se vio en muchos de los discursos. La posibilidad de una reelección para el periodo 2015-2020 es una realidad objetiva.[...] La prueba la genera la misma oposición política que ha dicho repetidas veces, desde hace meses, que está preparando un candidato único para enfrentar a Evo Morales en las elecciones.

‘Éste no es el camino constitucional’: Rebeca Delgado es diputada del MAS

Quiero ser fiel con mi conciencia. Éste no es el camino constitucional. [...] Pido que se valore el trabajo de la Asamblea Constituyente, porque en su momento no se lo hizo. Estuve como asesora y nos complementamos (con los asambleístas) porque tuvimos convicción ideológica y sacamos 700 artículos que luego fueron reformados aquí a la cabeza de Álvaro García Linera.

‘Acatamos la Constitución’: Franklin Garvizu es diputado del MAS

La presencia de los constituyentes nos hace recordar la historia. (Con la Ley de Aplicación Normativa) acatamos la Constitución Política del Estado y acatamos el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que es vinculante. Veo incoherencia en la oposición que celebra con aplausos algunos fallos (de esa instancia judicial) mientras que ahora se queja.


 

jueves, 16 de mayo de 2013

El traslado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Declaración de Cochabamba 2013



Cancilleres y representantes de 20 países en la foto oficial de la IIConferencia de los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Tiquipaya, ayer. En el encuentro se fijaron tareas para seguir avanzando en la propuesta de cambio de sede de la CIDH. 




Fracasa intento de traslado de Comisión de Derechos Humanos

EL TRASLADO DE LA SEDE DE LA CIDH A OTRO PAÍS NO CONVENCE DEL TODO A VARIOS DE ESTADOS QUE, COMO BRASIL, CONSIDERAN QUE DEBE INCLUIR UN ANÁLISIS DEL COSTE ECONÓMICO QUE SUPONE ESE PROCESO


La II Conferencia de los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos concluyó anoche sin determinaciones oficiales sobre la anunciada propuesta para el cambio de sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que la misma ya no esté en Estados Unidos.

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre los que figuran Bolivia, Ecuador y Venezuela, exigen que la sede de la CIDH salga de Washington, que no ha reconocido el Pacto de San José.

Ayer, en horas de la mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, manifestó que había países que respaldaban el traslado de la sede.

“Hoy ya son 18 los Estados, entre Estados parte y no parte, que se han pronunciado (...) que han dicho que sí, consideran que la sede de la CIDH debe estar en un Estado parte”, dijo.

Pero contrariamente a esa versión, en horas de la noche con la Declaración de Cochabamba, no se conoció de consensos para el cambio de la sede y se anunció la conformación de una comisión para que continúe con el avance de la propuesta.

“Es necesario superar los desafíos para que se llegue a una efectiva concreción”, expresó el Canciller ecuatoriano, que también hizo referencia a que en Guayaquil, durante la I Conferencia, se consideró la conveniencia del traslado y que ahora en la II Conferencia el avance ha sido la conformación de la Comisión para que avance en el trabajo. “Es necesario madurar más la idea”, acotó.

El encuentro de los representantes determinó la conformación de una Comisión a cargo de Uruguay y Ecuador para trabajar en torno al traslado de la sede y temas presupuestarios, reglamentarios, funcionales.

El canciller de Brasil, Antonio Patriota, evitó referirse a una postura específica sobre el cambio de la sede de la CIDH, pero sí manifestó que se debe evaluar el aspecto de los costos que esto implicaría.

“Se deberá determinar qué vamos a avanzar en la consideración de la conveniencia de traslado de la sede, examinando los aspectos de costos, jurídicos y otros que puedan estar involucrados en este proceso”, señaló.

Por su lado, el vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, hizo énfasis también en los costos que podría constituir el cambio de sede.

“En base a esta información es que los países parte van a tomar la decisión del traslado, de la pertinencia o no del traslado”, dijo agregando que además debe analizarse los beneficios o afectación, considerando, por ejemplo, a los países caribeños.

El embajador de Argentina, Ariel Basteiro, manifestó que en este encuentro se profundizó lo tratado en la I Conferencia realizada en el mes de marzo.

Esta autoridad sostuvo que sí hubo consenso entre los participantes. “Hubo consenso, no se acordó dónde (podría ser la sede), se está discutiendo”, mencionó e hizo referencia a que existen países que propusieron ser la sede de la CIDH. De manera extraoficial se conoce que entre estos Estados están Perú, Costa Rica y Argentina.

La 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) está programada para realizarse de 4 a 6 de junio en Guatemala.

Basteiro no descartó que en el encuentro de los 34 países miembros de la OEA se pueda llegar a una determinación sobre este tema.
En todo caso cualquier conclusión de la II Conferencia, realizada ayer en Tiquipaya, se traduce en propuestas. Las determinaciones oficiales pueden tratarse en la Asamblea de la OEA.

Declaración de Cochabamba incluye cinco conclusiones


El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, fue el encargado de dar lectura de la Declaración de Cochabamba tras la realización de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los países participantes acordaron las siguientes acciones:

1. Conformar la Comisión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores para realizar visitas a los países que no forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Especial estará compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores que representen a Suramérica (Uruguay), el Caribe (Haití), Centroamérica (pendiente) y Norteamérica (pendiente). A su vez, esta Comisión organiza un foro de Estados Parte y Estados no Parte con participación de la sociedad civil y otros actores sociales, para afianzar y promover la universalidad del Sistema. Los ministros informarán al respecto durante la tercera reunión.

2. Avanzar en la consideración de la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esté ubicada en un Estado Parte de la Convención a través de la creación de un grupo de trabajo abierto, encabezado por Uruguay y Ecuador, que identifique los desafíos presupuestarios, reglamentarios y funcionales de dicho traslado. Un informe sobre este trabajo deberá ser presentado en la III Conferencia de Estados Parte de la Convención.

3. Proponer a la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que encomiende a la CIDH incorporar en su plan estratégico una Guía de Promoción de los Derechos Humanos, que incluya eventos de difusión sobre prácticas nacionales de todos los Estados.

4. Solicitar al Secretario General de la OEA que presente al Consejo Permanente el análisis detallado de las fuentes de financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el más corto plazo.

5. Encargar a Ecuador y Bolivia las coordinaciones necesarias con los Estados Parte para la organización de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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CIDH critica "doble rasero" de Bolivia en derechos humanos

MONTEVIDEO/EFE

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, criticó ayer el "doble rasero" que usan los gobiernos de Bolivia y otros países latinoamericanos para evaluar las violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente.

"Estamos viendo preocupantes reacciones de doble rasero. Para el pasado son unas fieras y para el presente una hipersensibilidad porque lo toman como ataque político", afirmó Álvarez Icaza en Montevideo, durante una jornada académica.

"Hay dos raseros: cuando se les pone en la mesa violaciones en el presente, reaccionan diciendo que es un ataque político, diciendo que es un instrumento del imperio", prosiguió.

"¿No estabas comprometido con los derechos humanos?, pues estás en el Gobierno, el Estado es el que viola los derechos humanos, hazte cargo, para eso estás allí", agregó.

"No podemos hablar de derechos humanos solo para justicia transicional del pasado, tenemos que hablar de derechos humanos en el presente", aseguró el titular de la CIDH.

En ese sentido recordó que Bolivia pidió recientemente la "intervención de buenos oficios de la Comisión para interceder por los tres soldados detenidos en Chile" en enero pasado acusados de cruzar ilegalmente la frontera común y liberados al mes siguiente con medidas cautelares.

"Hicimos uso de los buenos oficios. Un mes y medio después éramos una base militar", se quejó.

Horas antes de que Álvarez Icaza hablara en Montevideo el presidente de Bolivia, Evo Morales, arremetía contra la CIDH durante la inauguración de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, organizada a instancias de ese país y Ecuador en la ciudad boliviana de Cochabamba.

Morales acusó a la Comisión de juzgar "sólo a los gobiernos y presidentes antiimperialistas" e insistió en la necesidad de reformar en profundidad la Organización de Estados Americanos (OEA).

Canciller de Ecuador tropieza y se lastima la rodilla


Veinte representantes de los países participantes en la II Conferencia de la Convención de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos posaron para una fotografía oficial “inusual”.

Casi a las 14:00 horas, los embajadores comenzaron a ubicarse en los jardines del hotel Regina, donde se dispuso un espacio con alfombras rojas y 24 banderas, además de la wiphala.


Un ruido distrajo por unos segundos cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, tropezó tras las cámaras de los medios de comunicación al acercarse caminando por los jardines. Cojeando un poco y con ayuda llegó hasta su sitio para posar. Y aunque fingió una sonrisa, era notorio que el golpe fue duro. Tras el incidente recibió atención médica y para evitar que camine, la lectura de la Declaración de Cochabamba, que debía realizarse en la sala de prensa, se llevó a cabo en el salón de la plenaria. La representante mexicana fue una de las últimas en llegar al lugar para la fotografía oficial y algunos le aplaudieron. Seis mujeres y 14 varones saludaron a las cámaras para el recuerdo de este encuentro.


El director de Protocolo y Ceremonial de la Cancillería del Estado, Fernando Huanacuni, manifestó que se trató de una fotografía “inusual” ya que en la I Conferencia, en Ecuador, en marzo pasado, no hubo fotografía y la reunión tuvo menos actividades de este tipo.


http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0515/noticias.php?id=94718

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