lunes, 29 de julio de 2013

Revolución del 16 de julio de 1809: enfoques segregacionistas y medias verdades





La historia ha sido usada para justificar el presente; la interpretación del levantamiento del 16 de julio no es la excepción

La Razón / Diego Ayo - escritor
00:00 / 28 de julio de 2013

Nuestro Vicepresidente tildó de colonialista al alcalde Revilla porque éste rescata la historia del 16 de julio reivindicando a don Pedro Domingo Murillo. Lo verdaderamente rescatable según esta autoridad es la lucha anticolonial librada por los próceres indígenas de 1781, olvidados por la historia independentista. ¿Es extraña esta argumentación de la segunda máxima autoridad política del país? En verdad no, no es extraña. Todo lo contrario: es absolutamente previsible. Todas las eras políticas lo han hecho, aquí y en otras latitudes, usando la historia como pretexto para justificar acciones políticas del presente. La historia es leída desde los apremios de la coyuntura que se vive hoy. Y hoy la premura reside en indigenizar cualquier relato. No sería extraño tampoco, por ejemplo, escuchar de labios vicepresidenciales que la hazaña futbolística de 1963 de nuestro seleccionado vencedor del campeonato sudamericano, reunía jugadores de raigambre aymara. No, no lo sería. La idea es mostrar algo que no pasó pero que requiere que sea así para contentar a los líderes de turno y/o a sus corrientes de pensamiento.

     Dicho esto conviene recordar que la abundante bibliografía de este suceso histórico —se han escrito 469 estudios, 114 en el siglo XIX y 355 en el siglo XX— ofrece la posibilidad de mostrar que algunas corrientes de pensamiento fueron dominantes a efectos de politizar/dar una lectura coyuntural del pasado. Baso esta explicación, con las simplificaciones del caso, en el excelente libro recién publicado por diversos autores encabezada por la notable historiadora Rossana Barragán, Reescrituras de la Independencia. Actores y territorios en tensión (Coordinadora de Historia /PLURAL/Academia Boliviana de la Historia, La Paz, 2012).

Una primera corriente del siglo XIX puede denominarse regionalista. Incluye textos como el de Juan Muñoz Cabrera, La guerra de los 15 años; de Manuel María Pinto, La Revolución de la Intendencia de La Paz, además de otros más conocidos como Memorias o el Álbum del 16 de Julio. En ellos, matices más o menos, la tesis que se pretende mostrar es simple: o Sucre o La Paz fueron las ciudades pioneras en la Independencia. Los argumentos giran en torno a la necesidad de beneficiar a una de estas regiones en desmedro de la otra. El argumento fue pues notoriamente político, teniendo en cuenta que lo que se jugaba en aquella época era la capitalía misma.

Una segunda corriente, de la primera mitad del siglo XX, que bien puede señalarse como criollista, incluye diversos textos, entre lo que resalta la Historia de Bolivia de Alcides Arguedas. En ella lo que predomina es una visión muy propia de la época, signada por lo que dio en llamarse el “darwinismo criollo”, que en pocas palabras alude al deceso inevitable de la raza inferior, en nuestro caso se trata de la raza indígena. En esta óptica la Independencia desde La Paz, desde su Junta, estaba condenada al fracaso por el hecho singular de que un cholo estaba a la cabeza. ¿Estando un criollo como Pedro de Indaburu en condición de liderar la Revolución cómo podía este “populachero, tornadizo e inestable”, que a la postre traicionó a sus compañeros, pretender dirigir a los insurrectos? Imposible: un inferior no podía dárselas de líder. Resultado: derrota inminente de los sublevados. Otra interpretación acorde a las necesidades de poner en evidencia la inferioridad de aquellos que en 1899 osaron levantarse contra los “blancos” (Zárate Willka).

Una tercera corriente, de inicios de la segunda mitad del siglo XX, bien podría bautizarse como nacionalista. El famoso libro de Carlos Montenegro Nacionalismo y coloniaje sintetiza la visión política de la fecha. Para él, el 16 de julio congregó a indígenas, mestizos y criollos en un mismo afán: liberarse del yugo español. Liberarse de la “antinación”. Montenegro intenta mostrar que lo virtuoso de la Revolución del 52, que fue la alianza de clases contra la Rosca antinacional, tuvo ya un primer embrión en 1809. Lejos de recabar en las diferencias entre los grupos, él se aboca a mostrar las similitudes. Al hacerlo, sin dudas, simplifica la realidad contraponiendo la fuerza social “nacional” contra la arrogancia imperial española. 1809 prefigura 1825 e incluso 1952. No hay dudas que esta interpretación no es menos proclive a ensalzar el presente echando mano de la historia.

Finalmente, una cuarta corriente de principios de milenio, podría ser nombrada como indigenista. En ella, la idea consiste en realzar lo indígena en desmedro de criollos, españoles y mestizos, todos ellos fusionados en un solo ser colonialista. Ya se señala la investigación de un historiador aymara para quien Murillo fue quien ayudó a apresar a Túpac Katari. La lógica subyacente a este trabajo es obvia: 1781 no tiene nada que ver con 1809. 1781 fue una poderosa sublevación indígena anticolonial mientras 1809 fue su antípoda, la síntesis del colonialismo pero por otra vía: el colonialismo interno. Se trata efectivamente de otra interpretación que encaja perfectamente con los postulados de García Linera.

¿Significa ello que no hay una interpretación única y que todo se mide con la vara política de una época en particular como lo demuestran las corrientes regionalista, criollista, nacionalista e indigenista? No, definitivamente no. Por ello es remarcable comprender las tesis principales del libro de Barragán y sus colegas.

Una primera tesis desmiente la marcada rivalidad que existió entre La Paz y Sucre. En realidad, ambos sucesos en mayo y en julio forman parte de un mismo movimiento, entrelazado a diversos hitos, excepcionalmente antagónicos entre sí y, por el contrario, unidos por la misma causa: la remezón que causó la invasión napoleónica en España.

Una segunda tesis desmiente la supuesta dualidad entre independentistas enfrentados a los fidelistas o leales al Rey. En verdad, las muchas juntas que tuvieron lugar en América Latina tanto como en España (recordemos la Junta de Sevilla) apuntaron a defender al rey Fernando VII. Todas fueron propiamente fidelistas o leales a la Corona. La diferencia reside en las formas que adoptó el fidelismo. Por un lado, estuvieron aquellos que se plegaron a la monarquía al margen de la persona (lo que equivale a decir que apoyaron a la Corona y a sus autoridades aunque éstas fueran invasoras). Por otro lado, estuvieron aquellos que defendieron un modelo alternativo: la monarquía constitucional apuntalada por lo que fue en Cádiz el último bastión de defensa del reino. Fue un movimiento propiamente liberal que llegó incluso a contar con representantes de las colonias. Y finalmente, la conformación de juntas en las propias colonias. Éste es nuestro caso. No hubo sincronía entre todas ellas más que en un propósito: defender la Corona. Nadie hablaba de independencia (o sólo se lo hacía marginalmente).

Una tercera tesis desmiente la contraposición criollos versus españoles (“los criollos cansados de ser ciudadanos de segunda, decidieron liberarse de los españoles”). Es cierto, como lo menciona esta investigación, que el 85% de los puestos en los virreinatos, clero, cabildos, audiencias, capitanías y demás eran detentados por españoles. Sin embargo, ello no significa que la cuestión se remita a dos actores coaligados entre sí frente a su adversario. No, en verdad, la lucha fue mucho más compleja, intervinieron actores con intereses particulares como la Universidad o los cabildos y, muy especialmente, élites locales de todo tipo, relativamente articuladas entre sí por diversas redes clientelares. El interés a defenderse era propiamente faccional/local más que de un bloque criollo compacto cansado de ser “extranjeros en su propia tierra”.

Una cuarta tesis desmiente la posibilidad de que la pugna haya sido entre criollos/mestizos y españoles contra indígenas. En verdad, los indígenas se sumaron a diversos bandos en su condición de oficiales, soldados o milicias indígenas. Su rol, por tanto, tampoco fue compacto. Inclusive se tiene plena certeza de que participaron en procesos electorales municipales (entre otros como el de la selección de representantes a las Cortes de Cádiz), como vecinos-ciudadanos, poniendo en evidencia que su presencia estuvo marcada por diferentes rutas, no menos faccionales y corporativas que en el caso previo.

Finalmente, una quinta tesis desmiente la supuesta rivalidad entre revolucionarios versus no-revolucionarios o revoltosos, tratando de dejar en claro que en Sucre se llevó a cabo un motín y en La Paz una revolución. En verdad, lo que hoy se conoce como Revolución, entre otras categorías del marco teórico sobre “violencia política” como ser guerrilla, revuelta, terrorismo, etcétera, es un concepto nuevo. Téngase en cuenta, sólo como parangón, que la noción de “Revolución Industrial” no fue usada por quienes la hicieron realidad, sino por compatriotas suyos nacidos una o dos generaciones después. Lo propio sucede con el concepto de “nación” que es una categoría moderna (no había propiamente las naciones indígenas antes de la Colonia). Por tanto, evaluar aquella coyuntura con conceptos de esta era puede ser sino errado al menos controversial.

En suma, aquellas interpretaciones que segregan —nuestra región contra la tuya; criollos contra cholos; nacionalistas contra no nacionalistas y, ahora último, indígenas contra no-indígenas— ameritan ser revisadas. Ello no quita brillo al grito libertario pero lo sitúa en una justa escala.



domingo, 28 de julio de 2013

ENTREVISTA A EDUARDO RODRIGUEZ: Imagino que la Corte nos habrá dado la razón ante Chile


Eduardo Rodríguez: Imagino ‘que la Corte nos habrá dado la razón’ ante Chile



Hace una pausa en sus ajetreos del viaje a Holanda, donde residirá en los próximos años. Cuenta que tiene una buena impresión de su colega chileno Felipe Bulnes, a quien contactó en persona para definir los plazos del proceso.

La Razón / Rubén D. Atahuichi López / La Paz
00:03 / 28 de julio de 2013

Su casa en La Paz quedó casi vacía. Los albañiles comienzan a repararla para el próximo inquilino. Un jardinero retira las matas y el parrillero está repleto de enseres. Él y los suyos acaban de trasladarse a otro lugar mientras terminan de preparar su viaje a La Haya, en Holanda, donde residirán los próximos años. Con cierto aire de nostalgia, Eduardo Rodríguez Veltzé habla con La Razón antes de partir...

Él se irá antes del 10 de agosto y su familia lo hará unos días después; sus dos hijos adolescentes deberán comenzar sus clases el 20.

Muy buen anfitrión, el ex Presidente de la República (2005-2006) trae dos sillas empolvadas, las limpiamos juntos y comenzamos a hablar sobre el pasto recién cortado. Una primera certeza suya que llama la atención es que considera que ni los bolivianos ni los chilenos de esta generación provocaron la guerra de 1879 y que, por esa condición, es posible un acuerdo con los vecinos sobre el diferendo marítimo. Así, imagina que al final del juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ésta habrá dado la razón a Bolivia, que busca volver al mar.

— ¿Listo para trasladarse a Holanda?

— Estoy en los últimos afanes burocráticos y domésticos, pero prácticamente listo.

— ¿Dónde va a residir?

— En La Haya.

— ¿Ya tiene todo arreglado para llegar allí?

— Estamos en eso. Estoy trabajando con la misión para encontrar residencia y afinar los detalles propios del traslado.

— ¿Cuándo se va exactamente?

— Yo estimo que será entre el 5 y 10 de agosto.

— ¿Qué conoce de la ciudad?

— Muy poco. He estado en un par de ocasiones y en estadías muy breves, que correspondían a las audiencias que se celebraron en la Corte. Conozco muy poco, pero tengo un entusiasmo muy grande por conocer mejor no sólo la ciudad, sino los Países Bajos.

— En este tipo de situaciones, el idioma suele ser una trampa…

— Entiendo que gran parte de la población habla inglés. Yo hablo inglés, será el idioma que utilice, pero me he propuesto también aprender holandés, es un desafío personal.

— ¿Alguna vez estuvo mucho tiempo fuera del país?

— Cuando estudiaba en Estados Unidos y luego, una temporada, en España. No es ajena para mí la experiencia de vivir fuera.

— ¿Percibe algún temor o nostalgia de vivir afuera?

— Al contrario, yo encuentro que es un privilegio para cualquiera tener una experiencia en un país distinto al suyo. Eso enriquece mucho las relaciones humanas y amplían los horizontes.

— ¿Cómo sucedió su nominación como agente?

— Hubo una coincidencia de circunstancias, de vocación, de buenos propósitos y, sobre todo, de una causa que sólo puede sumar gente que aporte y no restar. Entonces, me sumo a algo que es muy importante para todos.

— Dos funciones a la vez, también embajador...

— Sí, pero son complementarias. Entiendo que una hace a la otra, no debería haber dificultades.

— ¿Cómo lo contactaron?, ¿cómo llegaron a convencerlo?

— Tuve algunas reuniones con el conjunto de expresidentes y excancilleres que sirvieron de introducción a la política de Estado sobre este asunto. Ése fue el inicio y, luego, algunas más específicas que condujeron a este requerimiento y mi aceptación de ser parte de un equipo, que no es una tarea individual, que supone sinergias de quienes aportamos a una convicción por la causa.

— ¿Fue el presidente Evo Morales quien lo convenció o la propuesta?

— Las dos cosas. Tenía un convencimiento sobre la propuesta, su viabilidad, su prospecto positivo y también en el ofrecimiento del Presidente, que conduce la política y es la máxima autoridad del país.

— Dijo que de lo que se trata es que se haga justicia. ¿Cuál tendría que ser el resultado al final de su misión?

— El resultado tiene que representar la confirmación de la demanda, que busca que la Corte Internacional de Justicia de La Haya disponga que Chile concluya negociaciones de buena fe, de buen propósito y de manera efectiva, pronta y cumplida con Bolivia para un acceso soberano al (océano) Pacífico. Nuestro propósito es que esa invocación de justicia sea atendida.

— Sin embargo, no todos comprenden esta intención. En sectores opositores de Bolivia cuestionan el porqué de esa vía, y en Chile dicen que es confrontacional.

— Esas voces disonantes o de confrontación son propias de un ámbito democrático, en el que, obviamente, la disparidad de opiniones es la regla. Parece que todas las opiniones pueden ser muy respetables, sin embargo, hay un consenso y convencimiento de que Bolivia tiene una razón para acudir ante la Corte Internacional y, además, razón de justicia para que se restituya su acceso soberano en términos en los que no hay una imposición, menos una acción de fuerza, sino un entendimiento a través de los mecanismos establecidos por la comunidad internacional, el sistema internacional de las Naciones Unidas, que son los espacios que procuran atender estas situaciones como la que ha planteado Bolivia y que, esperamos, sea eficiente también esta vez.

— Lo dijeron los expresidentes, ahora existe política marítima, una política de Estado. ¿Cómo se resume eso?

— Bolivia siempre tuvo una política uniforme de destacar que su enclaustramiento ha sido injusto, de reclamar una transformación de este estado de cosas y en sostener que Chile y, también, Perú deben ser abiertos a una salida para superar este encierro que es tan oneroso para el país.

— ¿Ya está plenamente en curso el proceso judicial contra Chile?

— Está en pleno curso porque la demanda ha sido admitida formalmente, los agentes y representantes de ambos países han concurrido a una audiencia en la que se han fijado los términos para la presentación de las memorias. Este proceso está plenamente en curso, luego le sucederán otras contingencias.

— ¿Hay posibilidad de que Chile pueda zafarse del proceso con argumentos como, por ejemplo, que ésa no es la jurisdicción?

— Yo prefiero no especular, que el proceso siga el curso que corresponde.

— ¿Cuál la esencia del proceso?

— Es la búsqueda de justicia, de una solución conveniente y equitativa, que restituya a Bolivia una salida soberana y que ésta sea de manera convenida y de buena fe con Chile. Que se atienda intereses mutuos y, sobre todo, se repare una situación que no la provocamos quienes somos parte de esta generación; nosotros no fuimos parte de la guerra ni quienes viven hoy en Chile. Somos tres generaciones posteriores a aquélla que tuvo que enfrentarse por las armas. No necesitamos enfrentarnos, sino convenir soluciones para lo que la guerra generó. Estamos, bolivianos y chilenos, a la altura de lograr este desafío.

— ¿En qué condición están Chile y Bolivia en este diferendo?

— Ambos son países soberanos y con plena capacidad para adoptar posiciones que estimen convenientes. Sin embargo, por encima de estas posiciones soberanas hay una filosofía de paz, de justicia, de confraternidad y de solución de problemas añejos, de interés continental, que deben atenderse.

— ¿Qué sensación tuvo al ver por primera vez a su colega Felipe Bulnes en La Haya?

— Tengo una primera buena impresión del agente chileno, Felipe Bulnes, con quien logramos acordar los términos que llevamos a la primera audiencia ante la Corte para la presentación de memorias. Nada más.

— ¿Cómo fue ese primer procedimiento de reunirse con el agente y el titular de la CIJ de La Haya?

— Fue una reunión muy formal en la que las partes expresaron su saludo de cortesía y se expresaron los alcances del convenio preliminar, que fueron confirmados por el pleno de la Corte y que días después se los expidió a través de una orden.

— ¿Qué actitud percibió de parte del presidente de la Corte, Peter Tomka?

— La Corte expresa el mejor ánimo cuando las partes convienen situaciones que deben ser idealmente resueltas de manera preliminar, como son ciertos plazos. Pero el fondo de la controversia es un tema que compete a la Corte, yo prefiero no especular y simplemente reiterar que Bolivia confía en la imparcialidad y eficiencia de ese alto tribunal.

— ¿Se puede afirmar que en el primer momento de este proceso hubo concordia entre ambos países?

— Por los resultados de la primera audiencia, sí.

— ¿Qué es una memoria?   

— Es el conjunto de documentos que procura reflejar las pruebas que respaldan lo que se afirma en la demanda.

— Técnicamente, ¿qué contendrá ese documento?

— Documentos de orden histórico, diplomáticos y argumentos jurídicos.

— Jurídicamente, ¿cómo es posible “obligar” a Chile a sentarse a resolver el diferendo marítimo?

— Ésa es la petición que tiene el Estado boliviano frente a la Corte y que se explica por sí misma: que haya una disposición que permita que ambos países lleguen a determinados acuerdos.

— ¿Encontró respaldo a la propuesta en las reuniones que sostuvo?

— De momento, sólo puedo afirmar que estamos en un proceso en curso y serán los resultados de ese proceso los que reflejen esas impresiones. Por ahora no puedo informar nada más.

— ¿Con qué sectores políticos se ha reunido para socializar esta iniciativa?

— A través de los medios y con algunas iniciativas de orden académico y regional que me han permitido compartir con la ciudadanía algunos de estos extremos.

— Es obvio, hay temas sensibles en este juicio. ¿Qué es posible comunicar y qué no acerca del caso?

— La petición boliviana tiene que argumentarse en un proceso contradictorio, que significa que Bolivia hace sus planteamientos y Chile tiene la oportunidad de rebatirlos. Y el espacio de esa controversia es la Corte. No son necesariamente los medios que cubren los alcances de esa controversia, pero yo no puedo, como agente y representante de Bolivia, hacer explícitos esos argumentos; los haremos en su oportunidad y en los ámbitos llamados para ello.

— Usted tiene una enorme responsabilidad en la misión, ¿cómo imagina las relaciones de Bolivia y Chile al terminar el juicio?

— La Corte nos habrá dado la razón y que Bolivia y Chile habrán encontrado un derrotero de concordia y armonía, y que habremos resuelto uno de los problemas más antiguos del continente. Ésa es mi esperanza.

— Se dice que hasta septiembre habrá sentencia en el diferendo Chile-Perú. ¿Puede incidir eso en el caso boliviano?

— Muy poco, es prematuro especular sobre los alcances de esa sentencia y yo profiero no hacerlo.

— ¿Qué mensaje piensa respecto de su misión?

— Reiterar, como en anteriores oportunidades, que el servicio público compromete una vocación, una alta responsabilidad, que lo hago con una enorme satisfacción y, sobre todo, con la esperanza de que esta política que ha marcado el presidente Evo Morales sea responsabilidad de todos en lo que les toca, no solamente la gente y todas las instituciones, sino que todos los bolivianos tengamos fe en este nuevo emprendimiento de alcance nacional.

— ¿Qué diferencia encuentra entre las misiones públicas que le tocó ejercer? Ser titular de la Corte Suprema, presidente de la República y ahora agente y embajador...

— La naturaleza de las funciones difiere, pero hay algo en común, que es el servicio que uno debe asumir siempre en honor a la Patria, al sentido del bien común y, sobre todo, en este caso muy particular, en la búsqueda de la justicia.

— ¿Será una misión más compleja que las otras?

— Cada cual tuvo sus complejidades. Ésta es, sin duda, una más.


 

domingo, 21 de julio de 2013

¿Existen Autonomías Departamentales o Indígenas en Bolivia?





La paradoja marca el avance de las autonomías indígenas, pues, mientras no hayan estatutos no se puede hablar de gobierno indígena. El contraste aumenta si se considera que cinco estatutos ya están en revisión constitucional.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 21 de julio de 2013

Han pasado tres años desde que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez ha sido promulgada y los avances de implementación de las autonomías indígenas originarias campesinas (AIOC) pueden sintetizarse en una paradoja: mientras los procesos estatutarios de éstas son los más avanzados en relación, por ejemplo, con los estatutos departamentales, aún no existen gobiernos indígenas, por lo que tampoco se puede hablar de que este tipo de autonomía exista efectivamente en la actualidad.

Hubo “varias dificultades” en el proceso. A pesar de eso “han marchado más rápido” que los estatutos departamentales, de los cuales sólo hay uno en consulta, el de Beni, dice la ministra del área en cuestión, Claudia Peña. En el caso de las AIOC, cinco estatutos se encuentran en consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Once son los municipios que han empezado el proceso de conversión desde 2010: cuatro de Oruro: Uru Chipaya, San Pedro de Totora, Pampa Aullagas y Salinas de Garci Mendoza; tres de Chuquisaca: Mojocoya, Tarabuco y Huacaya; dos de La Paz: Jesús de Machaca y Charazani; uno de Santa Cruz: Charagua; y uno de Potosí: Chayanta.

En el caso de las autonomías indígenas, pasa lo mismo que en la autonomía regional del Chaco, explica la autoridad del Ejecutivo. “No existe el gobierno indígena ni el gobierno regional mientras no haya un estatuto plenamente vigente”.

Entonces, “todavía no podemos hablar de autonomías indígenas en el país como algo existente”, afirma. Cinco municipios se encuentran en proceso de conversión a AIOC y  tienen sus estatutos autonómicos en consulta ante el TCP desde octubre de 2012: Chipaya, Totora, Pampa Aullagas, Mojocoya y Charagua.

El TCP aún no se ha pronunciado. Sin embargo, aunque tiene 45 días hábiles para hacerlo, también tiene la facultad de suspender el tratamiento; los días que pasan no son contabilizados en ese caso, lo que  precisamente ha sucedido. Ya van diez meses desde que fueron presentados los proyectos. Las próximas semanas también enviará sus estatutos el municipio de Huacaya (Chuquisaca), que “sólo está viendo los últimos detalles formales”. También Charazani se encuentra en ese camino.

David Choqueticlla, coordinador de IBIS Bolivia —una organización no gubernamental que busca fortalecer las capacidades de mujeres y hombres de los pueblos indígenas— quiere creer que el retraso se debe a que la propuesta de autonomías indígenas es algo del todo nuevo, por lo que el TCP ha armado un equipo interdisciplinario para el tratamiento constitucional de los estatutos.

“Otros dicen que se han estancado por encontrarse el país en una fase preelectoral; no quisiera creer que tal cosa sea cierta”. Animal Político no pudo contar con la posición de los magistrados del TCP, a pesar de los intentos.

Lo cierto es que los estatutos indígenas tienen mejor avance en relación con los departamentales; de éstos últimos sólo uno está en control constitucional: el de Beni, y desde el jueves está en consulta en el TCP el de La Paz. El departamento que en cierto momento fue la punta de lanza del proceso autonómico, Santa Cruz, se encuentra rezagado, aunque muestra señales para la adecuación de su texto a la Constitución.

Esta ventaja de las AIOC cobra mayor importancia respecto del retraso de las autonomías departamentales si se considera que los asambleístas indígenas no reciben un sueldo, mientras que los departamentales sí lo hacen.

Esta falencia, según Peña, podría ser saldada con el apoyo de las alcaldías en etapa de conversión. La autoridad considera “que si ahí habría un apoyo de los gobiernos municipales” de los cuales se desprende la iniciativa de autonomía, se facilitaría el proceso. Eso podría solucionarse en cada municipio, dice. Lamentablemente, estos procesos “no han tenido el apoyo de los alcaldes en la mayoría de los casos” porque para ellos esto “significa perder poder”.

Las autoridades municipales ven que si se implanta el gobierno indígena “significará la acortación de su gestión municipal”. Así, hubo actitudes de “boicot” por parte “algunas autoridades municipales”. El experto en descentralización Iván Bascopé también afirma que algunas alcaldías han restringido el avance del proceso.

No es ése el caso de la de Jesús de Machaca, según su máxima autoridad, Moisés Quizo. “Hemos coordinado en todo el proceso asistiendo a las reuniones, aunque hubo otras circunstancias que han dificultado, como que algunas comunidades no se ponían de acuerdo”, cuenta. A pesar de todo, la autonomía indígena de ese municipio es una de las más adelantadas de las 11 que tramitan la conversión.

Por el interés en las autonomías indígenas para tener una mayor participación en el gobierno local, existen otras ocho solicitudes de conversión. Sin embargo, no son de municipio a autonomías, sino de Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) a autonomías, acción consignada en el decreto que permite el cambio de denominación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC) y de ahí a la conversión autonómica. Éstos son los casos del Pueblo Indígena Originario Campesino de Raqaypampa, el Pueblo Indígena Chiquitano de Monte Verde, el Pueblo Indígena Chiquitano de San Miguel Velasco, la Organización Originaria Indígena Marka Camata, el Consejo Indígena Yuracaré (Coniyura), el Pueblo Chiquitano de Lomerío, el municipio de Machareti y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM I).

Bascopé observa que esta última modalidad de conversión directa tenía que facilitar el proceso, sin embargo, “se burocratizó” y se exigen “varios pasos” antes de llegar a la AIOC efectivas. Según el análisis, hay otro tipo de dificultades que frenaron el proceso e incluso problemas de concepción en la implementación de las AIOC.

Así, Bascopé menciona que el modo de “autogobierno indígena cambia muy poco en relación al gobierno municipal, porque igual va a tener concejo, repitiendo la actual estructura de gobierno”. Resumiendo, señala que el nuevo gobierno indígena no asimilaría la forma comunitaria. “Hubo avances en los papeleos para que haya sencillamente un cambio de status, pero eso no significa que vaya haber autonomías auténticamente indígenas”.

Otra falencia es la burocratización de la conversión. “Se exigen nueve pasos antes del establecimiento del gobierno indígena. En la aplicación se ha dejado carta blanca para que lo burocrático no deje avanzar”, critica.

Por su parte, Choqueticlla pone en cuestión el contenido indígena de los estatutos, aunque al mismo tiempo valora la elaboración de éstos. “Se ha forzado una visión occidental cuando se esperaban mayores rasgos originarios”. Por ejemplo, menciona que los estatutos privilegian la visión lineal por encima de la circular y cíclica del mundo andino.

El sociólogo Esteban Ticona cuestiona algo similar. Es el Estado el que “debería adecuarse” a las modalidades indígenas de gobierno y “no al revés”. Por otro lado, no cree que “tanta formalidad sea necesaria” para implementar algo que los pueblos indígenas viven hace “miles de años”. Concluye que la “excesiva formalización ha detenido el proceso”.

En 2009, una veintena de municipios del país expresó su interés por la conversión, aunque con una objeción fuerte de grupos políticos urbanos. Once de ellos lograron la validación en un referéndum. La CPE establece un nivel central de gobierno y otros cuatro niveles subnacionales autonómicos: departamental, municipal, indígenas y regional. Los tres primeros gobiernos subnacionales tienen capacidad legislativa.

‘El proceso formal me parece muy lento’: Esteban Ticona es sociólogo aymara

El proceso formal me parece muy lento en general. Lo formal se refiere a los pasos que tiene que vencer. Sin embargo, lo que veo es que hay otro modo de autonomía, que es la que existe sin formalidad y que existió hace muchos años. Ellos sólo están formalizando, porque siempre han vivido bajo las reglas del ayllu. En la práctica, siempre se vivió esta forma de gobierno.

‘Hay que valorar la redacción de estatutos’: David Choqueticlla es coordinador de IBIS Bolivia

Hay que valorar la redacción de los estatutos autonómicos indígenas en la construcción de este proceso. Sin embargo, considero que no hubo apoyo cuantitativo ni cualitativo de parte de las instancias del Estado, como tampoco de las instituciones de la sociedad civil que inicialmente estuvieron apoyando el proceso, lo que produjo desinformación y finalmente estancamiento.

‘Esperamos declaración del Tribunal’: Claudia Peña es ministra de autonomías

Esperamos con mucha curiosidad la primera declaración que vaya a emitir el Tribunal Constitucional sobre los estatutos porque nos va a dar lineamientos muy importantes para el resto del proceso de autonomías indígenas. Además, en el caso de Huacaya (Chuquisaca) ya se ha concluido todo el proceso estatuyente y sólo se están viendo detalles formales para que sus estatutos sean enviados.

‘El autogobierno cambia muy poco’: Iván Bascopé es experto en descentralización

Hay cierto avance en la conversión de municipios. No obstante encontramos algunas fallas como, por ejemplo, que un municipio no puede cambiar su ámbito jurisdiccional y que la estructura de autogobierno indígena cambia muy poco respecto de la que tiene actualmente un municipio, sólo habría un reconocimiento de identidad. La figura comunitaria no existía y las competencias no cambiaban.


 





La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima
00:00 / 02 de julio de 2013

Resulta muy interesante la buena noticia de que, hasta la fecha, más de cien (100) regiones, entre municipios y territorios indígenas originario campesinos (Tioc), muestran un enorme interés por convertirse cada uno en Autonomía Indígena Originaria Campesina (Aioc), según ha informado el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).

Es así que, del más de centenar de potenciales solicitantes, el Sifde identificó a las Tioc Pueblo Indígena Chiquitano de Monteverde, en Beni; la Organización Originaria Indígena Marka Camata, en LaPaz, y el Consejo Indígena Yuracaré, de Cochabamba. 
A esas regiones se suma el municipio Indígena Chiquitano de San Miguel de Velasco, en Santa Cruz, entre otros casos.

Sobre este aspecto, el director del Sifde, Juan Carlos Pinto, explicó que uno de los principales motivos para que estas regiones estén analizando su transición es la ocupación de mayores espacios representativos en el Estado y la actividad política, lo que constituye indudablemente una muestra palpable de los primeros bocetos del Estado Plurinacional con Autonomías Indígenas.

En este punto, es importante resaltar que el régimen autonómico indígena originario campesino, dentro de la nueva organización territorial en Bolivia, se regula de conformidad a las disposiciones establecidas en los artículos 2, 30, 289 a 296 y 303 al 304 de la Constitución Política del Estado (cpe), así como las normas de la Ley Nº 31 Marco de Autonomías y Descentralización.

Eso en el entendido de que la autonomía implica básicamente “la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones” (artículo 272 constitucional).

Así, por ejemplo, se ha definido que la Autonomía Indígena Originaria Campesina (Aioc), “consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias” (artículo 289 constitucional).

Asimismo, se ha previsto que la conformación de la autonomía indígena originario campesina “se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley” (artículo 290 parágrafo I constitucional).

Para concretizar este aspecto, la Ley Marco de Autonomías ha previsto (artículo 56) que de manera previa a la iniciativa de acceso a la autonomía (establecida en el artículo 50 de la misma Ley), el Ministerio de Autonomías deberá certificar expresamente en cada caso la condición de “territorios ancestrales”, actualmente habitados por esos pueblos y naciones demandantes, según lo establecido por la citada disposición constitucional, lo que constituye uno de los requisitos indispensables.

Asimismo, el autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas “se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley” (artículo 290 parágrafo II constitucional).

Este autogobierno, que es una consecuencia de la condición de preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, básicamente significa que en los departamentos, las regiones, los municipios y las naciones y pueblos indígena originario campesinos la ciudadanía tiene el derecho a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía reconocida por la cpe.

En todo caso, la conformación de la autonomía indígena originaria campesina establecida en una región no implica necesariamente la disolución de las que le dieron origen, sino que dará lugar al establecimiento de dos niveles de autogobierno: el local y el regional, según lo previsto por el artículo 46 de la Ley Marco de Autonomías.

Además del marco legal antes referido, es de hacer notar que hace tres años el proceso de transición a autonomías indígenas se activó con la iniciativa de once (11) comunas que buscaron convertirse en Aioc, de las cuales solamente cinco lograron acuerdos preliminares para redactar sus estatutos y enviar la documentación oficial al Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp).

Estas comunidades son San Pedro de Totora, Uru Chipaya y Pampa Aullagas, en Oruro; Mojocoya, Chuquisaca y Charagua, en Santa Cruz; considerando que la revisión constitucional, es una de las principales etapas para validar los documentos de los solicitantes. Si el fallo fuera procedente, y no se solicitan mayores cambios o modificaciones, es decir, si sus contenidos normativos no contradicen las disposiciones de la Constitución, el trámite será devuelto a la comunidad para luego, en coordinación con el Órgano Electoral y el Sifde, aprobar una resolución que viabilice la convocatoria al respectivo referendo.

Este panorama muestra un notable avance para el afianzamiento de las autonomías indígenas en Bolivia, que si bien todavía son pocas, indudablemente están generando un efecto multiplicador sobre los demás municipios y territorios indígenas originario campesinos, que ahora aspiran a consolidarse a través de sus Estatutos Autonómicos, lo que condice con la configuración del Estado Plurinacional y Autonómico que hemos decidido constituir cuando todos los/las bolivianos/as (incluidos los pueblos indígenas) aprobamos la Constitución el 2009.

Asimismo, no debe perderse de vista que la Autonomía Indígena debe ser entendida y definida dentro de un continuo proceso de consolidación y recuperación cultural que se inicia en el municipio; de esta manera, la autonomía indígena debe tener condiciones para su viabilidad económica y social, un sistema de gobernabilidad política y administrativa adecuados y un marco normativo flexible para la administración de justicia, todo ello bajo la premisa de recuperación y valoración de los usos y costumbres.

Entonces, todas aquellas intenciones de conversión a Aioc, necesariamente, deben atravesar una etapa de compatibilización de sus estatutos, con los postulados y principios establecidos por la Constitución aprobada entre todos/as, lo que implica una sujeción constitucional ineludible de estas nuevas formas de autonomía, incluyendo, además, la observancia de los derechos colectivos y obligaciones constitucionalmente establecidas, que no pueden ser en ninguna forma rebasadas o desconocidas arbitrariamente por el ejercicio de aquellas facultades (legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva) que son consustanciales a dichas autonomías y formas de autogobierno indígena.

Es que, el ejercicio de la capacidad autonómica también conlleva una enorme responsabilidad, consistente en el respeto de los derechos del otro para lograr una convivencia pacífica.

El autor es abogado responsable del blog jurídico: Tren Fugitivo Boliviano
y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).