martes, 29 de octubre de 2013

Experiencias del Congreso Boliviano de Derecho Constitucional - Santa Cruz 2013



La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima
00:00 / 29 de octubre de 2013

Una experiencia académica inolvidable! 

Así puede sintetizarse todo lo vivido y compartido en el reciente Segundo Congreso Boliviano de Derecho Constitucional 2013, llevado a cabo en la bella ciudad de Santa Cruz y muy acertadamente organizado por la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, encabezada por el doctor Richard Eddy Cardozo Daza, y el Capítulo Boliviano del Instituto Iberoamericano de Derecho Consti- tucional, representado por el doctor José Antonio Rivera.

Ellos, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (uagrm) de Santa Cruz, han logrado congregar a la mejor variedad de juristas nacionales y expertos internacionales, como es el caso de los maestros Néstor Pedro Sagués y Víctor Bazán, de Argentina; Humberto Nogueira Alcalá, de Chile; Eloy Espinoza Saldaña y Ernesto Blume Fortini, de Perú, y Lucio Rubio Antelis y Ladislao Reyes, de México, para que compartan sus amplios conocimientos y sabias enseñanzas con la brillantez académica que los caracteriza.

No está por demás recordar que esta iniciativa académica, preparada en el marco normativo constitucional y a la luz de la jurisprudencia de los altos tribunales de justicia, tenía como principales objetivos, entre otros:

a) Propiciar un espacio de análisis, reflexión y debate doctrinal y académico sobre la realidad y perspectivas del Derecho Constitucional boliviano;

b) Nutrirse de las experiencias comparadas, a fin de someter al análisis y cotejo la teoría y la práctica del constitucionalismo nacional;

c) Analizar el respeto y vigencia de los Derechos Humanos y el impacto de la jurisprudencia internacional en el Derecho interno;

d) Exponer y orientar a los participantes sobre las debilidades y los grandes retos del constitucionalismo boliviano;

e) Revisar la situación actual y sus proyecciones del modelo autonómico del Estado boliviano, etc.

Al presente, habiendo concluido de manera exitosa el evento organizado, estos objetivos han quedado rebasados gracias a las excelentes ponencias de los participantes nacionales y extranjeros, quienes, al compartir sus conocimientos, han perfilado nuevos temas constitucionales de actualidad, necesarios de ser difundidos entre nosotros, los juristas bolivianos que nos preocupamos por la Constitución y su vigencia, y para tenerlos en cuenta en el análisis del contexto boliviano, siempre tan cambiante.

Es así que no nos hemos limitado al análisis y debate simplemente desde la literalidad y/o normatividad de la Constitución vigente, sino que también hemos querido indagar la realización de dicha normatividad a la luz de la práctica judicial, especialmente de las recientes Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) –conformado por voto popular hace dos años–.

De ahí que algunos de dichos pronunciamientos fueron observados y criticados constructivamente por los participantes, a fin de poner en evidencia que, ciertamente, el Tribunal tiene la palabra definitiva en cuestiones constitucionales de relevancia nacional, pero no la única, puesto que desde la Academia también pueden surgir importantes aportes de análisis académico objetivo y exento de posiciones políticas.

Ello, considerando que también nos hemos trazado el objetivo de contrastar la teoría y la práctica constitucional, a fin de evaluar el grado de eficacia de nuestra Ley suprema y, por ende, del respeto y vigencia de los derechos humanos o fundamentales.

Durante la realización del Congreso, y con finalidades estrictamente académicos para promover y difundir estudios de Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, José Antonio Rivera Santiváñez, como miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, con sede en México, tuvo la brillante iniciativa de fundar la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional, sobre lo cual les estaré comentando próximamente en esta columna.

Para finalizar, y con la esperanza de que este evento haya sido de gran utilidad para todos los asistentes y participantes, les comunico que las conclusiones del Congreso Boliviano de Derecho Constitucional 2013 serán difundidas muy pronto en medios de circulación nacional y, por supuesto, a través de las redes sociales y páginas web, para que sean de conocimiento de los estudiantes, juristas, profesionales y demás interesados en la temática constitucional, desde Bolivia para el mundo entero.

Asimismo, el Libro de las Memorias del evento será publicado en breve, a fin de dejar testimonio escrito de los excelentes aportes académicos de todos y cada uno de los participantes de este importante encuentro.

A nombre de la Academia Bolivia de Estudios Constitucionales les envío un saludo cordial a todos y todas quienes asistieron de los nueve departamentos del país y que estuvieron junto a nosotros en los días programados para la realización del Congreso en Santa Cruz.

Sepan que les quedamos infinitamente agradecidos por su apoyo y su gesto de amistad al coadyuvarnos en la realización y feliz culminación del acontecimiento, esperando que muy pronto podamos realizar un próximo encuentro de mayor magnitud.

¡Que Dios les bendiga, hoy y siempre, y gracias por todo el apoyo brindado!

Es Abogado miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano 
y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

lunes, 14 de octubre de 2013

BOLIVIA: 31 años de democracia con altibajos...




La democracia al filo

 

Durante este largo periodo democrático, éste sufrió una serie de altibajos, en la mayoría de los casos por divergencias políticas que pusieron al país al filo del abismo. Después de todo, la salida siempre fue favorable, a pesar de la oposición de los contrarios o el riesgo mayor.

La Razón / La Paz
00:05 / 13 de octubre de 2013

El país acaba de cumplir 31 años de democracia ininterrumpida. Desde aquel 10 de agosto de 1982 cuando Hernán Siles Zuazo recibió los símbolos del poder político de parte del general Guido Vildoso Calderón, hubo  ocho presidentes en siete periodos gubernamentales, y similar número de elecciones generales.

Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa Gisbert, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales Ayma, entre luces y sombras, mantuvieron la estabilidad política con creces, con el respaldo del pueblo creyente de un sistema de gobierno ajeno al experimentado antes de octubre de aquel año.

Durante este largo periodo democrático, éste sufrió una serie de altibajos, en la mayoría de los casos por divergencias políticas que pusieron al país al filo del abismo. Después de todo, la salida siempre fue favorable, a pesar de la oposición de los contrarios o el riesgo mayor.

Sin embargo, no hubo fenómeno político más grave que el sufrido en 2003, cuando los movimientos sociales de El Alto, La Paz y varias regiones del país, en protesta por el intento gubernamental de exportar gas natural a través de Chile y otras demandas relacionadas con la reforma del Estado, obligaron a la renuncia y huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos de sus colaboradores más cercanos. En contradicción a esos hechos, en la lista de los avances, son visibles la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, la Participación Popular de 1994, el referéndum por el gas de 2004, la instauración de la Asamblea Constituyente de 2006, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado de 2009, el establecimiento de las autonomías y el ejercicio político de los pueblos indígenas.

Seguro, falta mucho por mejorar la democracia y ampliarla; lo saludable es la convicción de que aquélla es el sistema de gobierno para la convivencia y el desarrollo del Estado.

El editor

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31 años después, una democracia con altibajos

Se cumplieron 31 años de democracia ininterrumpida en Bolivia, sin embargo, su calidad tiene vaivenes, tiene altibajos tanto a lo largo de las tres décadas como en los últimos tiempos.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 13 de octubre de 2013

El 10 de octubre, Bolivia cumplió 31 años de democracia ininterrumpida. Al ser una democracia en constante construcción y nunca estática, las más de tres décadas bajo este sistema de gobierno no estuvieron exentas de puntos altos y bajos. Estos vaivenes que resumen este periodo de la historia también pueden observarse en la calidad de la democracia actual, es decir, que tiene tanto avances como retrocesos.

Antes de aquella fecha, en la que Hernán Siles Zuazo juró a la presidente de la República, hubo una seguidilla de golpes de Estado y gobiernos de facto encabezados por miembros de las Fuerzas Armadas. Ese periodo fue de 1964 a 1982, desde René Barrientos hasta Guido Vildoso Calderón.

Hubo avances en democracia participativa, el fin del monopolio de los partidos políticos, la apertura a otro tipo de organizaciones para la participación de elecciones, las autonomías, la inclusión de sectores antes excluidos y otros. También retrocesos, como la debilidad institucional de los partidos políticos (uno de los pilares de toda democracia), la tergiversación de la participación de organizaciones sociales corporativas o las crisis políticas de 2003 (la caída de GonzaloSánchez de Lozada) y 2008 (los conflictos en la Asamblea Constituyente y la toma de instituciones en capitales de la “media luna” en contra del gobierno de Evo Morales).

“(La democracia) se trata de un proceso que en ningún momento ha sido lineal, sino con continuos y permanentes altibajos que dan lugar a avances y retrocesos”, analiza el director de la fundación UNIR, Antonio Aramayo.

Entre los momentos flacos menciona la crisis de 2003 (“guerra del gas”) o de 2008 (la toma de instituciones en Santa Cruz). Fue “cuando se puso en cuestión si la democracia se mantenía o no”, pero en esas circunstancias, se vio que “lo que ha prevalecido es permanecer dentro del proceso democrático con sus avances y contradicciones”.

En cuanto a progresos se puede mencionar la constitucionalización —y luego la puesta en práctica mediante referendos— de la democracia directa. También es constitucional, desde 2009, la todavía poco precisa democracia comunitaria, que para el economista Horst Grebe, presidente del Instituto Prisma, incluso es antitética como noción, “aunque legítima”.

Aramayo cita como otro logro la Ley de Participación Popular, que democratizó la distribución de recursos a los municipios del país (1994). “Nos ha permitido que el Estado pueda llegar a todo el territorio, cosa que luego se profundizó en la nueva Constitución con los gobiernos autonómicos en sus diferentes niveles”. Esto ha permitido que la ciudadanía “se sienta más cercana al Estado”. Dentro de las contradicciones, dice que “queda mucho por hacer para que la ciudadanía pueda integrarse al proceso actual”.

En esta afirmación es importante notar que se desea que la ciudadanía participe más. Ésta es entonces una falencia actual en el sentido de que “en este último periodo (de 2005 a la fecha) se ha representado a instituciones corporativas”.

El último tiempo “ha existido más una participación corporativa que una ciudadana”. La participación política activa de estas organizaciones corporativas tiene “su importancia” —destaca— y no deja de ser “interesante para el fortalecimiento democrático”, pero a veces se “tergiversa” en la medida en que este corporativismo se encierra en “intereses muy particulares”, sin cuidar del bien general.

Cuando sucede esta “tergiversación” se llega a momentos en que se cae en el “abismo del prebendalismo” y, si antes se veía el defecto de que la participación corporativa pecaba de limitarse a intereses sectoriales, con la prebenda, “la dirigencia entonces lucha por sus intereses personales, dañando la democracia”.

Grebe también rescata avances y resalta flaquezas de la democracia actual. Entre los primeros “se han logrado varias transformaciones importantes. El momento constitucional ha dado lugar a otras características como la plurinacionalidad, lo que no es un cambio menor”. En este marco “hay un proceso inclusivo de sectores antes excluidos del ejercicio de la política y la participación”.

Participación. Otro logro es la incorporación de mecanismos no representativos, sino participativos. “Hay un avance que es acumulativo, no solamente del último tiempo”, dice en alusión al primer referendo, realizado en 2004, en el gobierno de Carlos Mesa.

Las debilidades, para Grebe, tienen que ver con lo económico. En su argumento, es necesario recordar que la actual administración ha emprendido una política redistributiva del excedente en un intento de democratizar la economía.

Afirma que en la democracia hubo un periodo breve de capitalismo de Estado (el Gobierno de la Unidad Democrática y Popular, UDP), seguido de 20 años de neoliberalismo y ahora un modelo “mixto que no logra cuajar”.

El contexto internacional —prosigue— ha favorecido al país, lo que “ha dado un colchón económico a las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS)”. En ese sentido, Grebe se pregunta si el modelo de redistribución de excedentes fiscales (mediante el que se quiere democratizar la economía) se podría mantener si cambian las condiciones internacionales.

El coordinador del programa para Bolivia de Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Iván Velásquez, ve un punto alto y el resto un bajón. Juzga que el punto más alto de la democracia fue 1982, después de las dictaduras. En el último periodo relacionado al MAS observa una “mala calidad de la democracia y muchos retrocesos”.

Así, señala que desde 2006 hubo eventos que hicieron que “la salud de la democracia no sea el más deseable”. Para sostener esta visión apela a estudios y rankings internacionales. The Economist (Inglaterra) realiza varios estudios sobre el estado de la democracia en el mundo bajo cuatro categorías: democracia plena, imperfecta, régimen híbrido y régimen autoritario.

“Bolivia fue incluido como un régimen híbrido, es decir, como una democracia no consolidada por problemas con los derechos humanos, temas relacionados a la libertad de expresión, no respeto a la institucionalidad, etc.”.

Cita luego el estudio de Konrad Adenauer Stiftung que determina el índice de desarrollo democrático en Latinoamérica, en el que se cataloga al país como uno de “desarrollo democrático mínimo, por los mismos problemas que se mencionaban”.

Velásquez continúa con este argumento y trae a colación el Latinobarómetro, que investiga el desarrollo de la democracia y ubica al país entre los seis peores con una nota de 12 sobre 100. Por último, la Democracy Ranking Association establece que el sistema boliviano ocupa el puesto 64 entre 100 países examinados “diciendo que su calidad democrática es media”.

“Estos cuatro estudios tienen serios cuestionamientos al desarrollo democrático”, observa. Entre estas idas y venidas que se mencionan, no faltan las voces opositoras para las que un régimen totalitario y el llamado proceso de cambio actual son tan iguales como dos gotas de agua...

Grebe dice al respecto que “en Bolivia se tiende a exagerar”. Considera que en el país hay un “componente autoritario en la sociedad, lo que está muy lejos es que esto signifique un sistema autoritario”.

En un sentido similar, respecto a un supuesto totalitarismo, Aramayo vuelve a mencionar que se vive un proceso democrático con altibajos: “en esas contradicciones se han resentido algunos principios de la democracia (...), el peligro es que esa manera de actuar, con matices autoritarios, se convierta en el fin de la propuesta gubernamental, pero se ha visto que estas tendencias hegemónicas no son definitivas”.

Los partidos políticos son otro de los pilares de todo sistema democrático. Tras la nueva Constitución (2009) y la Ley del Régimen Electoral se extiende la participación política, para todo tipo de elecciones, a las organizaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas, lo que es un avance. Sin embargo, es visible que los partidos políticos se han debilitado desde 2000, con la “guerra del agua”. En 2003 terminaron por “suicidarse” (según Grebe) en la crisis de 2003, cuando la población alteña y paceña se movilizó contra Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras él recibía apoyo de partidos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Aramayo percibe esto al apuntar  que los partidos se deslegitimaron desde el periodo neoliberal y cedieron el paso a otro tipo de organizaciones. Ese debilitamiento “daña la democracia”, pues a diferencia de las organizaciones —que se pueden quedar “en lo reivindicativo”— los partidos deben ver el largo plazo. “Lo pro-gramático es imposible con un sistema de partidos en reconfiguración e institucionalidad débil”, analiza.

Velásquez interpreta de un modo distinto la flacidez de los partidos. En su criterio, el problema se debe a las estructuras caudillistas que se pueden encontrar desde 1952. “Un partido político, en Bolivia, sólo dura la vida de su caudillo; como no tienen estructura, éstos desaparecen rápido. Es el caso del Movimiento Sin Miedo (MSM), Unidad Nacional (UN) o el MAS”.

El logro, entonces, no sólo es la continuidad de 31 años de democracia, sino también su apertura a otros modos de democracia y la inclusión; los desafíos son seguir construyendo este modelo y aminorar (aunque sería deseable suprimir) esas contradicciones o altibajos mencionados con el fortalecimiento de los partidos o una mayor participación ciudadana fuera de organizaciones corporativas.

‘No se trata de un proceso lineal’: Antonio Aramayo, director de la Fundación UNIR

En estos 31 años se puede observar que se trata de un proceso que nunca es lineal, sino que existen avances y retrocesos. Lo importante es que en situaciones de crisis, y a pesar de las dificultades, ha prevalecido la democracia con todas sus contradicciones, avances, y vaivenes. Destaco las autonomías como elemento que acercó a la ciudadanía al proceso democrático.

‘Un ciclo tan largo es un gran logro’: Horst Grebe, director del Instituto Prisma

Es un gran logro para Bolivia un ciclo tan largo de vigencia democrática, aunque no es una constante a lo largo de cada etapa de los pasados 31 años, pero es de destacar: la ausencia del golpismo. Sin embargo, la continuidad también responde a un contexto regional, no se trata sólo de Bolivia, sino de Latinoamérica, salvo algunos sucesos excepcionales.

‘Han habido ciertos retrocesos’: Iván Velásquez, de la Fundación KAS

Lo importante es ver cuál es la calidad de la democracia estos 31 años. En general —salvo por 1982, que fue el mejor momento—las categorías como el Estado de Derecho, la rendición de cuentas en todo nivel, la participación política, etc., han sufrido ciertos retrocesos. Esto se puede apreciar en dos momentos: de 2006 para atrás y adelante hubo retrocesos.


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Tres momentos de la democracia boliviana

 

En estos 31 años se vivieron cambios en el modo de ser de la democracia dentro de tres periodos según el modelo económico: el capitalismo de Estado (UDP), la era neoliberal (MNR, MIR, ADN y otros) y un modelo mixto de los anteriores (MAS).

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 13 de octubre de 2013

El jueves fue el 31 aniversario de la instauración de la democracia moderna en Bolivia. Pueden identificarse tres momentos desde el criterio del modelo económico: el de un capitalismo de Estado, con la Unidad Democrática y Popular (UDP); el inicio de la privatización con el Decreto Supremo 21060 que inaugura la etapa neoliberal, que dura 20 años (hasta 2005); y la etapa plurinacional de la democracia con un modelo mixto de los anteriores. En estas tres décadas y estos tres momentos, entre avances y retrocesos, hay una evolución que va de la democracia representativa hacia una participativa, como se notaba en este suplemento el 7 de octubre de 2012, cuando se decía que nada puede permanecer idéntico a sí mismo todo el tiempo y, por tanto, tampoco la democracia.

Así, la democracia es distinta entre sí en diferentes momentos del tiempo, incluso en periodos contemporáneos. De este modo, es posible decir que, en los últimos 30 años, no fue estática dentro de cada una de las tres etapas mencionadas arriba y propuesta por Horst Grebe (economista y director del Instituto Prisma) y también —aunque con algún matiz y otra nomenclatura— Antonio Aramayo (director de la Fundación Unir) y Omar Velásquez (coordinador de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, KAS).

Con el MNRdel 52 rige una democracia muy distinta a la actual: la democracia popular (caracterizada por la participación y acción de las masas en las calles), la que incorporó como sujetos políticos a analfabetos y mujeres con el voto universal. La UDP (1982) fue el último reducto de este tipo de democracia. Este momento es caracterizado por Grebe como el de un capitalismo de Estado. Para Velásquez, fue el momento “más alto y deseable” de los principios democráticos. Su fracaso final, por la hiperinflación, obliga a que la primera experiencia de la democracia moderna se interrumpa y se adelante las elecciones un año antes del término del mandato constitucional.

Sorprendentemente, las elecciones de julio de 1985 son ganadas por el exdictador Hugo Banzer con el 32,8% de los votos. Sin embargo, en esos tiempos de la democracia pactada, para ser presidente no bastaba con ganar los comicios con mayoría relativa. De tal modo que en el Congreso se hace todo lo posible por impedir que el autor intelectual de desapariciones sistemáticas, torturas y diversos crímenes de lesa humanidad sea el primer mandatario, entonces se elige a Víctor Paz Estenssoro, que obtiene el 30,2% de los sufragios.

El capitalismo de Estado finaliza con el Decreto 21060 —promulgado a menos de dos meses de las elecciones— y comienza la era neoliberal, que en cuanto a democracia se caracterizará por un progresivo alejamiento del Estado y la ciudadanía.

Luego, en 1989, son las siguientes elecciones. Es elegido por pactos en el Congreso Nacional Jaime Paz Zamora, quien había obtenido el tercer lugar. Con el eufemismo del “triple empate”, la democracia pactada hace realidad la máxima que dice “los últimos serán los primeros”, quedando una mancha en la democracia.

En 1990 se da un paso hacia la inclusión democrática de los pueblos indígenas de tierras bajas. La Marcha por el Territorio y la Dignidad, ejercida por indígenas del Beni, presiona a Paz Zamora, quien no tiene otra opción que comenzar la democratización de la tierra —proceso que aún no termina— con la declaración de los territorios indígenas.

Posteriormente, viene el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el que da un avance hacia el proceso de la descentralización que luego desembocará en las autonomías constitucionalizadas en 2009. El aporte de aquél fue la Ley de Participación Popular.

“La Ley de Participación Popular nos ha permitido que el Estado pueda llegar al territorio nacional, cosa que luego fue profundizada con los gobiernos autonómicos en diferente niveles, esto ha permitido acercar a la ciudadanía al Estado”, rescata Aramayo.

El 1 de junio de 1997 se realiza la cuarta elección de la democracia moderna con un hecho para el olvido, pues en el Congreso se elige como presidente a Banzer, gracias a los votos del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

El desmoronamiento del sistema de partidos vigente comenzaría a colapsar en esa gestión. Entre otros episodios relacionados a la debacle está la “guerra del agua” en Cochabamba, que fue el inicio de la democratización de los servicios públicos.

Después de las elecciones del 30 de junio de 2002, el Congreso elige como presidente a Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo notable de esos comicios fue la irrupción del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Congreso como segunda fuerza política del país, como nunca se veían en el hemiciclo, indígenas pijchando coca, algo hoy cotidiano.2003 es el inicio del ocaso del anterior sistema de partidos. Primero, fue “febrero negro” (el anuncio del impuestazo), y luego, en octubre, la “guerra del gas”. Sánchez de Lozada renuncia y le sucede Carlos Mesa. Se enarbola una serie de consignas que se agrupan en la Agenda de Octubre, una de ellas pide una Asamblea Constituyente, precisamente, para democratizar el sistema político. En  este contexto crecen sectores sociales corporativos de capacidad efectiva de movilización, mientras que los partidos políticos se debilitan y deslegitiman gradualmente.

El 18 de julio de 2004 se realiza el referendo por el gas, siendo éste el primer ejercicio de democracia participativa de la era democrática moderna.

En 2005, Evo Morales gana las elecciones por mayoría absoluta rescatando en su propuesta —con buen olfato político— la Agenda de Octubre. También se elige por primera vez a los prefectos de los nueve departamentos, anteriormente esto era prerrogativa del presidente. Se inicia el tercer periodo que en cuanto al modelo económico, Grebe califica como una mezcla de los anteriores.

El 6 de agosto de 2006, se instala la Asamblea Constituyente, cuyo producto es aprobado en 2008 en Oruro después de una convulsión social en Sucre, sede original del proceso constituyente. Este texto luego es modificado en el Congreso Nacional y aprobado por otro acto de democracia directa, el referendo constitucional de 2009. Un año antes, en agosto de 2008, tiene lugar la segunda votación del tiempo de la democracia participativa con el referendo revocatorio.

La nueva Constitución amplía a la democracia representativa con la participativa y la comunitaria. Asimismo, los partidos políticos cada vez aún siguen débiles, en una reconfiguración que da un rol importante a las organizaciones sociales y a las agrupaciones ciudadanas.


 

lunes, 7 de octubre de 2013

Redistribución de escaños: ¿es de interés regional más que político?





La redistribución de escaños exacerbó los conflictos regionales que ya existían. Ni las regiones afectadas; ni las beneficiadas están conformes.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 06 de octubre de 2013

Más allá de que la redistribución de escaños propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea buena o no, tenga o no una intencionalidad, tal como fue presentada (es decir con la reducción de un curul a Beni, Chuquisaca y Potosí, a diferencia de tres a favor de Santa Cruz), ¿favorece o perjudica a algún partido político en general o sólo activó conflictos regionales? Los análisis dicen que el conflicto no se trata de una pugna política sino regional, por lo que las posibilidades de proyección o no de alguna tienda política en la ampliación o reducción de su poder pueden ser relativas.

El TSE divulgó el 25 de septiembre el proyecto de ley de redistribución para su consideración final en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La propuesta ha sido recibida con descontento por parte de las organizaciones cívicas tanto de los departamentos a los que se les resta un sillón en la Cámara de Diputados (Beni, Potosí y Chuquisaca)  como en el que suma, Santa Cruz. La fórmula combina varios criterios: la densidad poblacional, el menor desarrollo de las regiones y la proporcionalidad demográfica.

El fondo de la pugna que desató la iniciativa es regional, afirma la politóloga María Teresa Zegada. “Como se está intentando hacer una redistribución de escaños de manera técnica, no hay un direccionamiento político”.

Existen dos cuestionamientos a esta propuesta de redistribución, uno tiene que ver con lo regional y el otro con un supuesto esperado rédito electoral partidario. El primer juicio tiene que ver con “los temas críticos que han surgido en Bolivia desde hace tres años” relacionados con las autonomías. “Pese a que éstas ya han sido aprobadas, se han agudizado las contradicciones y las demandas regionales, los problemas de límites y los relacionados con la apropiación de los recursos naturales en zonas fronterizas de departamento (por ejemplo Sucre y Tarija con el gas)”, explica Zegada. Esto ha creado una “elevada sensibilidad”. En ese sentido, la conflictividad “más delicada” que se debe enfrentar tiene que ver con lo regional.

Por el otro lado, está la arista política de las críticas. “Algunos partidos de oposición han comenzado a lanzar” que la reasignación tiene que ver con la posibilidad de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “sea favorecido” con un mayor espacio electoral. Pero eso es “muy relativo”, porque Santa Cruz “no es precisamente un bastión del MAS o por lo menos no lo ha sido hasta ahora”. Ese departamento es el único que se ha beneficiado con la reasignación, dice

“Ligo el conflicto más a las disputas regionales que las políticas”; entonces, considerar que la propuesta tiene carácter político es un debate “falso”, afirma Zegada.  Con tres escaños extra para Santa Cruz, una ganancia para el MAS es “muy relativa”, insiste.

Sin embargo, recuerda que “en las últimas encuestas de opinión —suponiendo que sean fiables— se percibe que la popularidad del MAS ha crecido en Santa Cruz. En 2009 fue la segunda fuerza, no obstante no logró revertir su situación en 2010 en las elecciones municipales y departamentales”.

De hecho, las reacciones en contra de la reasignación de curules y la redistribución de recursos económicos —basadas en los resultados del último censo— han mostrado, con algunos matices, una opinión en bloque de parte de los asambleístas del partido de Gobierno a favor de las medidas y movilizaciones regionales en los departamentos en protesta. Así, Potosí y Beni cumplieron un paro cívico el miércoles. Los cívicos de Cochabamba harán mañana. Mientras, sectores de Santa Cruz (entre ellos el gobernador Rubén Costas), único departamento beneficiado con escaños, tampoco se pronunciaban a favor y pedían un legislador adicional a los tres que recibirían; no descartaban movilizaciones.

En la misma línea que Zegada, en referencia a la relatividad de una ganancia o perjuicio electoral para determinado partido, el analista Reymi Ferreira afirma que “una redistribución como la que se ha propuesto estos días no tiene el mismo peso que tuvo hace 15 o 20 años”.

En su criterio, “se incrementará la fuerza política de Santa Cruz como departamento”. Entonces, expone a colación otra vez lo regional vinculado a lo político (que no se entiende en este caso como lo partidario). “Tenemos así dos polos electorales de mayor importancia:La Paz y Santa Cruz, y pierden relativa importancia los departamentos del sur (Potosí y Chuquisaca)”, analiza.

Sin embargo, Ferreira también relativiza el concepto de “región”, en contradicción con Zegada. En su análisis, esta noción ha perdido fuerza en favor de la “clase o sector social”. Como ejemplo, menciona el tema de la capitalía en Chuquisaca, que sólo fue asumido por las clases medias de la capital luego derrotadas, “pues la Asamblea Constituyente terminó exitosamente y las elecciones a la Gobernación en 2010 las ganó el MAS”. “Actualmente, una filiación social y política pesa más que una regional”. Sin embargo, esto no significa en absoluto que lo regional haya sido superado.

Para sustentar su argumento, Ferreira rememora la redistribución de 2005 (que se superó con cierta conflictividad). “Ese momento lo regional no tenía tanto peso como la cuestión de cambiar o mantener el sistema político de ese momento”. Hoy, lo regional tiene “más importancia” porque ya no existe esa polarización que había en 2005, “sin embargo, no tiene el peso de hace dos décadas”.

Algo claro es que las organizaciones cívicas de las regiones afectadas están en desacuerdo. Sobre las recientes acciones de protesta en Potosí, Beni y Chuquisaca, el expresidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni dice que si bien “expresan un auténtico y legítimo sentimiento departamental” en defensa de un diputado menos (“lo cual no necesariamente tiene impacto en el desarrollo del departamento”), da la impresión de que, por un lado, son protestas activadas “por grupos con intereses políticos y particulares que operan desde los comités cívicos” y, por otro, son movilizaciones —”principalmente urbanas”— impulsadas por “las fuerzas políticas de la oposición”, sin aparecer ésta directamente, pues están tratando de conformar sus frentes electorales para 2014.

El 1 de noviembre de 2005, ante la urgencia de readecuar la distribución de escaños, y en medio de conflictos parecidos a los actuales, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé firmó el Decreto Supremo 28429, que fue la base para las elecciones del 18 de diciembre de ese año. Ahora, el exmandatario relativiza la importancia de un curul más o uno menos. “El escenario político hoy contempla nuevas instituciones democráticas, con dinámicas de participación política y ciudadana distintas —con un censo más complejo que el de 2001— que merecen contrastarse con la relevancia del debate sobre un solo curul en el Órgano Legislativo”, dice.

Para el secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, al igual que para Zegada, el impacto es “fundamentalmente regional, por la sensibilidad que tiene en los departamentos cualquier alteración de su representación política”. Este problema se ha agravado —argumenta el otrora senador— por la “falta de credibilidad de los resultados del Censo 2012”, dadas las “contradicciones” entre los resultados preliminares anunciados por el presidente Evo Morales y los resultados oficiales, presentados algunos meses después, además de la “evidente desorganización” del operativo censal. Esto genera “fundamentados motivos para pensar que ha habido una omisión censal mucho más grande” que la reconocida por las autoridades.

“Consecuentemente, llegamos a un punto en el que todos tienen razones para reclamar”, los que pierden, porque se les quita diputados con base en un “censo cuestionado”, y los que ganan, porque se les asigna una representación basada en una población menor a la que se había proyectado, critica.

No obstante, la redistribución de escaños, tal cual la ha planteado el TSE, “no tendrá impacto significativo en la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa —dice Ortiz— porque representa “un número muy reducido para incidir en esta relación”.

En el otro lado de la cancha, el senador del MAS por Chuquisaca David Sánchez se anima a hacer un posible mapa de ganancias o pérdidas electorales en función de la propuesta del TSE. Así, señala que Potosí y Chuquisaca mantienen la preferencia electoral de 2009, es decir, que son favorables al MAS. “Ésos son espacios consolidados electoralmente”, dice.

Sobre una modificación de la llegada electoral del MAS con la nueva asignación de escaños, Exeni señala que los datos de las elecciones generales pasadas son solamente un referente que puede modificarse en 2014. “Es evidente que el MAS tiene mayor presencia en Santa Cruz que hace cinco años”, por lo que “puede disputar en mejores condiciones” la representación departamental (“incluyendo los tres nuevos escaños”).

“Habrá que ver cómo se mueven las fichas tanto del MAS como de los frentes opositores en los departamentos que podrían reducir el número de sus diputados (en Potosí en 2009 el MAS ganó 13 de los 14 diputados, en Chuquisaca obtuvo 7 de 11 y en Beni ganó solamente 3 de 8).

En cuanto a las salidas que se han barajado, aumentar el número de asambleístas —como decían algunas voces opositoras— es inviable, considera el exvocal de la CNE. Adicionalmente, cuestiona al gobernador Rubén Costas. “Decir—como Costas— que Santa Cruz debe ganar hasta cuatro escaños, pero ningún otro departamento debe perder, es tener serios problemas de aritmética o de cinismo (o, más bien, estar en campaña electoral)”, afirma Exeni.

Esta propuesta es “inconsistente”, primero porque no se trata de “abrir” la Carta Magna para satisfacer demandas “político-regionales” cuando el asunto bien “puede resolverse de modo razonable”, cumpliendo la Constitución, “con una propuesta técnica como la del TSE”.

Descarta esa posibilidad por una segunda razón: el número de legisladores en Bolivia (260 diputados entre titulares y suplentes, y 72 senadores entre titulares y suplentes, es decir, un total de 332) “es ya demasiado grande como para pensar en seguir aumentando nuevos diputados”. Bolivia tiene “el número de asambleístas por población más elevado con relación a los países vecinos”, compara. “Eso traería aún mayor conflictividad”, advierte Ferreira.

La madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, previo acuerdo orgánico del MAS de homologar la propuesta del TSE y ante conflictos todavía vigentes en algunas regiones. Para el sábado estaba prevista la sanción, sin problemas, en la Cámara de Senadores. El nuevo mapa de escaños deberá regir en las inminentes elecciones generales de octubre de 2014.

‘Se debe contrastar la importancia de un curul’: Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente del país

El escenario político, actualmente, contempla nuevas instituciones democráticas, con dinámicas de participación política y ciudadana distintas. El censo del año pasado fue más complejo que el de 2001. Así, las dinámicas de esas nuevas instituciones merecen contrastarse con la relevancia del debate sobre un solo curul en el Órgano Legislativo plurinacional.

‘Cambiar la propuesta traerá más conflicto’: Reymi Ferreira Justiniano es abogado

El esfuerzo que se ha hecho es el más racional que ha habido, aunque nadie esté contento y todo el mundo reclame. No hay otra fórmula, todo el mundo la cuestiona y no hay alternativa. Al momento de plantear no se sabe qué decir. Al final, con todos los errores que pueda tener la propuesta del Tribunal Electoral, es la mejor que se puede tener con relación a la equidad.

‘Ha habido manipulación política’: Óscar Ortiz, expresidente de la Cámara de Senadores

Sospecho que aquí  ha habido es  manipulación de los datos del censo para justificar unos resultados que le permitieran al Gobierno minimizar el impacto, tanto en la asignación de recursos como en la de diputados, y poder pasar este proceso con el menor movimiento posible en ambos campos y así también disminuir el costo político en etapa preelectoral.

‘El asunto empezó con el pie izquierdo’: María Teresa Zegada es politóloga

Lo más importante es buscar un acuerdo político en la Asamblea sobre el proceso en que se hizo la distribución con las regiones para evitar las susceptibilidades, pues la discusión empezó con el pie izquierdo por las suspicacias que han levantado los resultados del censo. Pero pienso que otra manera de saldar sería una solución técnica.

‘Influirá más redefinición de circunscripciones’: José Luis Exeni, exvocal de la Corte Nacional Electoral

Quizás el mayor impacto electoral se producirá por la vía de la reducción de las circunscripciones uninominales (en ocho departamentos, excepto Santa Cruz que aumenta una) y el modo en que el TSE redefina estas circunscripciones. Debe recordarse que el MAS ganó 49 de las 70 circunscripciones uninominales y 33 de las 53 diputaciones plurinominales.


Son 25 curules por el criterio de equidad

 

Veinticinco escaños fueron repartidos bajo el criterio de equidad. De éstos, 24 se distribuyeron entre seis departamentos (todos, menos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) en razón a menor población y uno por menor de-sarrollo económico.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 06 de octubre de 2013

La propuesta de redistribución de escaños elaborada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reasigna 25 escaños por el criterio de menor población y uno por el de menor de-  sarrollo económico. Los restantes 105 asientos (la Constitución señala que la Cámara de Diputados debe tener 130 miembros) fueron repartidos bajo el principio de la proporcionalidad poblacional. Se trata, entonces, del 20% del total de las diputaciones las que fueron asignadas por menor población y menor desarrollo.

El planteamiento del TSE restó un diputado a Potosí, Beni y Chuquisaca, y añadió cada uno de estos al departamento de Santa Cruz. El vocal del TSE Ramiro Paredes explica cómo se aplicaron los lineamientos del artículo 146, parágrafo V  de la Constitución Política del Estado (CPE): “V. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral con base en el número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo con el último censo nacional, de acuerdo con la ley. Por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico”.

El modelo tiene tres componentes. El primero es para determinar el número de escaños a ser repartido a los departamentos que estén por debajo de la media nacional poblacional, detalla Paredes. “Los departamentos que están por debajo del promedio nacional de población son todos, menos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”. Los seis restantes departamentos (Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni y Pando) calificaron para recibir un número fijo mínimo de escaños que la fórmula determinó que serían 4,4 cada uno. Finalmente se redondeó a cuatro y, multiplicados por los seis departamentos, se destinaron de esta forma 24 escaños.

El segundo componente determina el número de diputados por menor desarrollo económico. El componente de la fórmula dio que se asignaría un diputado —dice Paredes— para el departamento con menor desarrollo, que resultó ser Potosí. “Este departamento fue el único que recibió por doble partida: por menor población y menor desarrollo económico”, señala.

Por último, del tercer elemento resulta la asignación de escaños por proporción poblacional. Es decir que se dividen los restantes 105 curules entre los nueve departamentos, esta vez considerando cuál de ellos tiene más población.

El expresidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni afirma que la propuesta realizada por el TSE “es técnicamente impecable, pues considera los tres criterios establecidos en la Constitución para la distribución de diputados entre los departamentos: equidad por menor población (que favorece a los seis departamentos menos poblados), equidad por menor desarrollo económico (que favorece adicionalmente a Potosí) y población según los datos del censo (que suele favorecer a los departamentos grandes, esto es, del eje central)”.

Lamenta las reacciones al respecto. “Algunos actores político-regionales y algunos analistas políticos (o políticos analistas de la oposición, mejor) no han entendido o no quieren entender” la fórmula técnica planteada por el TSE y la critican con base en intereses particulares y falacias. “Sin embargo, tampoco proponen nada, sólo dicen ‘no’”, cuestiona.

El único “problema de constitucionalidad” que tiene la propuesta del TSE —problematiza Exeni— es que “no establece una circunscripción especial para el departamento de Chuquisaca”, con lo que se deja sin representación a las tres naciones y pueblos indígena originario campesinos que constituyen minoría poblacional en ese departamento: Qhara Qhara, Yampara y Guaraní.

La propuesta —sugiere— debió incluir esa circunscripción especial en Chuquisaca, “con lo que el número de circunscripciones especiales aumentaría a ocho”. Cabe mencionar que tanto en la Ley del Régimen Electoral Transitorio (2009) como en la Ley del Régimen Electoral (2010) se definieron solamente siete circunscripciones especiales con el compromiso de reconsiderar este número luego de los resultados del censo, “lo cual forma parte de las demandas de las organizaciones indígenas y, lo más importante, marca la esencia plurinacional de la Asamblea Legislativa”. Este académico espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional asuma este mandato constitucional y “haga este ajuste a la propuesta del TSE”. En 2005 se realizó la reasignación con base en el censo de 2001, cuatro años después, cuando Eduardo Rodríguez Veltzé era presidente.

El exmandatario y actual Agente de Bolivia ante La Haya compara esa redistribución con la actual. “Respondió a un escenario político distinto al que se vive hoy en el país. Por entonces el Congreso arrastraba la obligación del ajuste producto del censo de 2001 y en lugar de hacerlo, promovió, vía Tribunal Constitucional, la nulidad de la convocatoria a las elecciones generales de ese año”.

Tampoco lo hizo y se abrió una profunda crisis política que puso en riesgo el proceso democrático. Fue por ello que mi gobierno decidió proceder vía decreto, con los fundamentos legales que aseguraban su juridicidad y con el respaldo político de los principales candidatos que participaban del proceso electoral”.

“Tanto las aspiraciones por incremento cuanto las protestas por disminución, combinadas con legítimas preocupaciones cívicas, pero también con nítidos ingredientes político-partidarios interesados en entorpecer el proceso electoral, generaron tensiones entre las regiones y el Gobierno, se sucedieron protestas y huelgas que en último análisis no alteraron el curso de acción adoptado ni su legitimidad”, señala.

http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/curules-criterio-equidad_0_1919208131.html