domingo, 19 de enero de 2014

Evaluación del gobierno del MAS: entre flaquezas y éxitos








En medio de los logros de la gestión gubernamental de 2013, también hubo numerosas flaquezas que quedan como asuntos pendientes para 2014, a solo un año de la finalización de la segunda gestión del MAS.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 19 de enero de 2014

El Movimiento Al Socialismo (MAS) le resta poco más de un año en el Gobierno y aún quedan asignaturas pendientes, algunas de reciente data y otras de larga data. Además de los logros, conviene hacer un balance a propósito del cuarto año de la administración de Evo Morales, que se cumplirá este 22 de enero, en coincidencia con el Día del Estado Plurinacional.

Las flaquezas de la gestión pasada pueden implicar los retos para 2014. Así, es interesante descubrir que ni en los logros ni “debilidades-retos” de 2013 los analistas coinciden completamente.

Por ejemplo, el economista Pablo Rossell señala como tarea pendiente el derecho laboral. “No se ha avanzado en que los derechos laborales lleguen a más trabajadores fuera de los que pertenecen a la COB (Central Obrera Boliviana)”.

En efecto, éste es un cuestionamiento constantemente repetido por los investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Por ejemplo, Silvia Escóbar señalaba en Animal Político que los constantes incrementos salariales, a causa de la informalidad, solo beneficiaban a una población reducida del universo de trabajadores.  Recuérdese también que el año pasado (de abril a mayo) se activó una movilización masiva porque los jubilados perciban el 100% de sus rentas cuando se retiren.

El coordinador de la Fundación UNIR, Érick Torrico, menciona que hay falta de eficacia en hacer cumplir las normativas relativas a la prevención de la violencia de género. Bolivia es un país con una producción legislativa mayor a la del promedio regional; la cuestión, en muchos casos, no es la ausencia de una normativa, sino la dificultad en hacerla cumplir, tal sería el caso de las leyes que pretenden impedir la violencia de género.

Como otro intento legislativo por impedir que se cometan esta clase de delitos, en 2013 se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que como novedad incluyó la figura del feminicidio.

La analista Éricka Brockmann varía en su selección de debilidades: las que apunta más que estar relacionadas con la gestión son de carácter estructural: “Lo primero es que no ha habido un cambio ético en relación con el pasado, se sigue con la corrupción y el clientelismo”, dice.

Un caso sonado de corrupción fue el de la extorsión de parte de ciertos mandos en el Ministerio de Gobierno, que si bien se destapó a finales de 2012 siguió dando “novedades” a principios de 2013. Otro es el del exviceministro de la Coca Dionisio Núñez y el exdirector de Comercialización e Industrialización de la Coca Luis Cutipa, a quienes se acusó de desviar la coca incautada, el primero actualmente está siendo procesado y el segundo fue liberado.

Otra falencia, que percibe el expresidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni, es que 2013 transcurrió sin que Bolivia modifique “sustantivamente su patrón de desarrollo de carácter (neo)extractivista” ni que se registren avances importantes en “la ansiada industrialización (en especial del gas)”. “Ésta sigue siendo una de las principales debilidades del proceso de refundación estatal en el país”, señala.

Brockmann de algún modo coincide, aunque con más dureza, al señalar que se estaría “rifando el buen momento económico”. “Proyectos como el del litio o el Mutún, que en cualquier país tardan un año, en Bolivia están demorando más de seis”.

El Gobierno rescindió un contrato con la empresa india Jindal tras varios años de haber sido firmado y no haberse avanzado un solo paso en la industrialización del hierro. En cuanto al litio, hasta hoy solo existe una planta piloto en el salar de Uyuni.

Otra cosa que los diferentes niveles del Gobierno tendrán que cuidar en 2014 es la coordinación, según Torrico. “Existió una falta de coordinación interna que puede verse por ejemplo en el caso del censo, de la ATT (Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes) y la Ley de Acceso a la Información”.

El año pasado la descoordinación trajo muchos conflictos y levantó susceptibilidades. La de mayor envergadura fue cuando Morales dio datos adelantados del censo que terminaron por variar con los resultados finales. Cuando el oficialismo quiso explicar esto, incluso el diputado del MAS Luis Alfaro llegó a decir que los paceños “no tienen suficientes hijos”... El caso de la ATT fue entre finales de 2013 y principios de 2014. La ATT llegó a un convenio con los transportistas interdepartamentales para incrementar el costo de los pasajes, según el Gobierno la decisión de la ATT fue unilateral. En el caso de la Ley de Acceso a la Información, el Ministerio de Transparencia no siempre coincidía con la Comisión de Constitución de Diputados al hablar de la misma.

Por otro lado, Exeni ve que un reto será cambiar la “todavía distante y difícil” relación del Gobierno con las organizaciones indígenas, fracturada desde “el quiebre de 2011 con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure”, “lo cual constituye una debilidad en el horizonte plurinacional del proceso”. A ello se suma la “preocupante” división tanto en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) como en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Brockmann trae a colación una flaqueza en detrimento de la “consolidación de la institucionalidad” que va en favor de la “cultura del clientelismo”. La relación inmediata con lo que ve endeble es “la crisis institucional de la Justicia, con una manipulación política donde el Estado siempre estará por encima del ciudadano”.

Justicia. Exeni coincide con que la debilidad de la Justicia, sin embargo, no la atribuye exclusivamente al Gobierno. “Sin duda, la mayor debilidad de 2013 —si bien no es atribuible directamente al Gobierno— tiene que ver con la crisis terminal del sistema (per)judicial en el país”, señala.

Considera que pese a la elección directa de sus principales autoridades “no se logra revertir su descalabro”. La exautoridad suma a esto la “varias veces postergada reforma en la Policía Nacional y el todavía discrecional funcionamiento Ministerio Público”. “El resultado de este ‘combo’ es la indefensión ciudadana ante la administración de justicia y una creciente percepción de inseguridad”, argumenta.

Para subsanar esto se promulgó un nuevo Código de Procedimiento Civil y está en desarrollo la redacción de un nuevo Código de Procedimiento Penal, ambos a cargo del Ministerio de Justicia. Habrá que esperar para saber cuánto pueden reformar estos documentos a la Justicia boliviana.

Otra debilidad vinculada a la anterior, que será un reto para 2014, según Rossell, es la relación que se ha establecido con los cooperativistas mineros. “Éstos condicionan su apoyo al nuevo código porque quieren que salga en sus términos. La relación del Gobierno con este sector social no fue cultivada en buenos términos y muchas veces los cooperativistas condicionan su apoyo con amenazas”, señala.

Un ejemplo de esta relación que puede ser calificada de “perversa” fue el conflicto por la explotación de la mina Colquiri, que se inició en 2010 y fue resuelto en 2012. Aunque es posible que recrudezca. Así como en las debilidades-desafíos no hubo total coincidencia entre las fuentes, tampoco la hubo con los logros.

Exeni ve como el principal el “sostenido crecimiento económico (uno de los más importantes de la región)”, que si bien responde a un “fuerte impulso externo”, es también resultado de “adecuadas y oportunas políticas económicas”. “Todo esto se expresa en los datos de inversión pública e importantes obras de infraestructura”, dice.

Brockmann rescata la estabilidad política y la ampliación de la democracia. “El consolidar el poder ocho años es un récord en toda la historia de la democracia. También es importante el proceso de inclusión”, señala.

Rossell, por su parte, resalta el lanzamiento del satélite Túpac Katari. “Con el satélite, el salto de cobertura con relación a la fibra óptica es más que considerable”. También destaca como éxito a la política internacional con la obtención de la presidencia del grupo de países G77+China.

También opina lo mismo Exeni al considerar un “logro importante” la proyección internacional del país y la imagen del Presidente, que obtuvo “fuerte respaldo” tanto en momentos críticos como el secuestro de su avión en Europa, como en la presencia en organismos multilaterales como la presidencia del G77+China. “A ello se suman las importantes señales en torno a la demanda marítima y el avance en la demanda contra Chile en La Haya”, señala.

Esos dos criterios contrastan con la óptica de Brockmann, quien cree que una de las debilidades fue la política internacional. “En la región nos peleamos con quien no esté alineado al Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)”, dice, a pesar de considerar como positivo el “golpe de timón” en la política boliviana relacionado con la demanda marítima boliviana.

Morales cumple en tres días cuatro años de gestión de su segundo periodo de gobierno. A partir del 22 de enero comienza el último tramo de su administración, coincidentemente matizado con el año electoral que, a su vez, definirá su continuidad o no en el Palacio de Gobierno. Quizás en el discurso de aniversario, el Presidente del Estado admita sus debilidades y ensalce sus éxitos. Los retos de lo que su gobierno llamó la Agenda Patriótica 2025 son ciertamente tales, mucho más en un año en el que las disputas políticas estarán más acentuadas.

Hasta aquí, ¿qué habrá pesado más? Las debilidades o los éxitos. Hasta eso queda pendiente de resolución en la percepción de la gente.

‘Exprimen naranjas cultivadas en el pasado’: Érika Brockmann es psicóloga y analista política.

Es algo bueno el ser relativamente conservador en materia macroeconómica, es decir, el haber mantenido las mismas líneas macroeconómicas del pasado. Se podría decir que hay prudencia fiscal heredada del pasado, lo que va más allá de ser o no neoliberal. Pero no todo es su mérito, en el fondo están exprimiendo las naranjas que se cultivaron en el pasado en condiciones de adversidad.

‘No hubo coherencia en la erradicación’: Érick Torrico, coordinador en la Fundación UNIR.

Existe una falta de coherencia en la administración gubernamental de algunas políticas. Esto es muy visible por ejemplo en la política de erradicación de la hoja de coca, se opera con criterios distintos para quienes están con cultivos en el Chapare, respecto de los que están en los Yungas o en Apolo, y eso va a mantener el estado latente de conflictividad en ese tema.

‘Hay buena política en soberanía alimentaria’: Pablo Rossell es economista.

Se ha hecho un buen trabajo en la soberanía alimentaria para tratar de que las familias bolivianas puedan comer la misma cantidad de alimentos o incluso un poco más manteniendo el precio. Eso tiene un impacto directo en la calidad de la dieta de las familias. Si tendríamos que ponerle un nombre sería el de una política del precio justo para los alimentos básicos.

‘Pese a lentitud, hay avance en autonomías’: José Luis Exeni, expresidente de la Corte Nacional Electoral.

Pese a su lentitud y dificultades hay importantes avances en el proceso autonómico en el país, en especial en las autonomías indígena originario campesinas y su horizonte de autogobierno. Se trata de un avance relevante en el camino hacia una nueva organización territorial del Estado. También es de destacar el lanzamiento del satélite Túpac Katari.

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Los cinco conflictos que pusieron en apronte al Gobierno

Se encuentran cinco conflictos sociales de mayor intensidad en 2013: por la jubilación con el 100% de renta, los enfrentamientos en Apolo, el nombre del aeropuerto de Oruro, los conflictos por los resultados del censo y el ocasionado por la violencia de género.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:05 / 19 de enero de 2014

Se ha hecho costumbre del presidente Evo Morales hacer un balance de gestión finalizada y de retos de mediano plazo el Día del Estado Plurinacional (22 de enero). A continuación hacemos un “inventario” de los seis principales conflictos sociales de 2013. Se aprecia, además, que la conflictividad ha bajado en relación a años como 2008 o 2009. Con todo, Bolivia continúa siendo uno de los países más conflictivos de la región.

El primer lugar, por la intensidad, duración y sobre todo por ser de carácter nacional y capaz de aglutinar a una diversidad de sectores sociales, jerarquiza el analista y coordinador de la Fundación UNIR Erick Torrico, lo ocupa el conflicto por la jubilación con el 100% de la renta, que tuvo lugar entre abril y mayo.

Trabajadores universitarios, de la salud, municipales, del magisterio rural y urbano, fabriles, policías y gremiales, son algunos de los grupos que se movilizaban por la reforma de las pensiones y su incremento, pues un trabajador aportante en el país no se jubila con la totalidad de su último sueldo.

En determinado momento hubo fuertes enfrentamientos con la Policía. La demanda tuvo la capacidad de involucrar a muchos sectores, por lo que el Gobierno quiso demostrar que tenía fuerza, entonces convocó a una “contramovilización” con algunos de los movimientos sociales afines al oficialismo: la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIB) y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. “El Gobierno supo dar una solución, al menos temporalmente”, dice Torrico.

De hecho, la administración Morales firmó con la Central Obrera Boliviana (COB) dos convenios para incrementar las rentas de jubilación (aunque no al 100%) y establecer plazos para considerar la reglamentación de la nueva Ley de Pensiones.

El analista de la Fundación UNIR, institución que se especializa en los indicadores de la conflictividad, enumera los restantes cuatro conflictos de mayor intensidad que enfrentó Bolivia en 2013; sin embargo, no los jerarquiza, como sí lo hace en lo relativo a las pensiones.

Menciona los enfrentamientos por la erradicación de coca en Apolo, el conflicto por los resultados del censo y la redistribución presupuestaria y de escaños en la Cámara de Diputados, el del cambio de nombre del aeropuerto de Oruro y la demanda de una ley contra la violencia de género.

Torrico argumenta que el único momento de tensión que tenía demandas nacionales globales fue el de la jubilación, los otros cuatro tienen el denominador común de ser o regionales o sectoriales. Sin embargo, por la violencia y la pérdida de vidas, el conflicto por la erradicación en Apolo (norte de La Paz) muy bien podría ser considerado el de mayor seriedad del año pasado...

Según la versión del Gobierno, el 19 de octubre de 2013, cuando miembros desarmados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se encontraban en la zona para erradicar la coca excedentaria de Apolo, fueron emboscados por cocaleros, acción que dejó cuatro bajas. El Gobierno culpó a bandas de narcotraficantes internacionales. Los lugareños dijeron que no fue una emboscada, sino un enfrentamiento y que fue en defensa por supuestos atropellos de la FTC. El saldo fue de 14 heridos de bala y 15 policontusos. 16 personas fueron detenidas y ahora son procesadas.

Luego se tomó el control del lugar y se continuó con la erradicación. Otro conflicto que estuvo cerca del desborde fue debido al nombre del aeropuerto de Oruro, en febrero. Después de ser “bautizado” con el del aviador Juan Mendoza, fue redenominado por los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) como aeropuerto “Evo Morales”. “El problema habría podido ser fácilmente resuelto por el Gobierno, sin embargo lo dejó crecer”, juzga Torrico.

Los cívicos de Oruro movilizaron a la población a través de los medios de comunicación locales y el conflicto despertó un fuerte regionalismo que hizo que una gran parte de la población de la ciudad se sienta insultada, mientras que el presidente Morales guardó silencio. Habiendo podido dar la orden de que se restituya el primer apelativo, no hizo nada.

Al final, el conflicto estuvo cerca de desbordarse con la toma de instituciones gubernamentales.  El diferendo concluyó cuando los asambleístas departamentales desistieron del cambio. Luego, el problema por los resultados del Censo 2012 y la consecuente redistribución de recursos y de curules territoriales. Parecía que todo iba a arder como papel: los municipios de La Paz y de Cochabamba, además de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Beni no estaban satisfechos con los datos ni con una nueva distribución. La frase “sobre llovido mojado” se aplicó al dedillo, pues Morales, el 23 de enero de 2013, adelantó resultados censales disímiles de los finales.

No obstante, tras los paros cívicos respectivos todo se acabó y volvió la tranquilidad. Por último queda el recuento de conflictos en contra de la violencia de género ocasionados por una serie de asesinatos a mujeres que terminaron con la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que incluyó la figura del feminicidio.

Como conclusión, Torrico señala que, “comparativamente”, la conflictividad de 2013 fue “menos intensa” en relación a otros años, “si bien el país tiene una conflictividad cotidiana”.  Sin duda, los problemas sociales de 2013 están lejos de aquéllos de 2008, año de mayor  conflictividad que enfrentó el MAS con la masacre de Porvenir, el conflicto por la capitalidad en Sucre y la toma de instituciones en Santa Cruz.

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