La crisis en el Órgano
Judicial quiso aliviarse con la democratización de la elección de las cabezas;
sin embargo, esta medida no atacaba las causas del problema.
La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 16 de febrero de 2014
El arte clásico ha representado a la diosa Justicia con imágenes de una
dama ciega como alegoría de la imparcialidad. Sin embargo, ¿qué decir de la
Justicia boliviana cuestionada tanto por el oficialismo como por la oposición?
Corrupción, retardación de justicia, injerencia política... son algunos de los
problemas que se escuchan de la dama ciega boliviana. Esta invidencia
voluntaria quiso ser aliviada con la elección democrática de las cabezas del
Órgano Judicial. A dos años de gestión de estas autoridades electas, puede
decirse que los problemas persisten. De nada sirvió haberlo vestido de poncho y
pollera, parafraseando al presidente Evo Morales.
En su momento, estos comicios históricos fueron cuestionados por la
oposición desde el proceso de selección de candidatos. Los votos blancos
(15,07%) y nulos (42,60%) tuvieron un volumen considerable en relación a los
votos válidos (42,34%), lo que, al menos, debió llamar la atención del
oficialismo. Hoy incluso salen críticas del mismo Gobierno.
El 26 de enero, la nueva ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez,
sorprendió con una declaración que posiblemente sea un mea culpa del Órgano
Ejecutivo, sobre todo si se toma en cuenta que la declaración es asumida en
primera persona plural: “Tenemos que ser autocríticos, a veces nos equivocamos,
es una apreciación personal. Pudimos ver que no está funcionando, creo que se
debería elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura del Tribunal bajo
méritos. Fue un desacierto; sin embargo, vamos a trabajar este tipo de
situaciones”.
Si antes de las elecciones había denuncias de corrupción, extorsión y
retardación de justicia, además de otros problemas estructurales como baja
preparación técnica de los operadores, juzgados que no abastecían a la demanda,
la inexistencia de una carrera judicial institucionalizada, y descoordinación
con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), entre otros rezagos,
tal situación no se modificó después de dos años de gestión de autoridades
electas.
Así por ejemplo, tras la posesión de autoridades, la crisis judicial si no
aumentó al menos se mantuvo, como lo prueban los últimos hechos: consejeros que
quitaron su respaldo a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina
Mamani; el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Gonzalo Hurtado
renunció y asumió el magistrado Jorge Isaac Von Borries; las pugnas por la
presidencia en el Tribunal Agroambiental; y denuncias de extorsión en el
Consejo de la Magistratura. Inclusive se podría llegar a la conclusión de que
la crisis ha cobrado vidas si se considera la auditoría judicial que encontró
responsabilidad penal de jueces y operadores de justicia por retardación contra
víctimas de la balacera en el penal de Palmasola (Santa Cruz) en agosto de
2013.
Morales también cuestionó en diversas ocasiones al Órgano Judicial, aunque
el martes fustigó: “En vano incorporamos poncho y pollera en la Justicia, no
cambia nada”. Consideró que hace falta un cambio de mentalidad en los
operadores de justicia. Como respuesta, la titular del Consejo de la
Magistratura aseguró el miércoles que el factor de origen es el colonialismo.
El vicepresidente Álvaro García Linera habló repetidas veces de la retardación
de justicia, a la que calificó de “crimen”, y del mismo Órgano Judicial afirmó
que se encuentra en estado de coma.
La democratización de la elección de las cabezas de la Justicia parece no
haber atacado el fondo del problema. El abogado y analista Carlos Böhrt señala
que la elección por voto “no implicaba una solución, solo se innovaba en el
método de selección de los magistrados, pero los problemas de fondo no
experimentaban ningún cambio”.
Intentos. Se esperaba que la
elección judicial sea el inicio de reestructuración de la Justicia; se tiene la
misma expectativa del Nuevo Código de Procedimiento Civil, y no menos del
Consejo Nacional de Desarrollo Estratégico del Sistema Judicial boliviano, que
pretende elaborar una nueva ingeniería judicial. Por todo esto, se puede
concluir que la reestructuración de la Justicia ya tiene dados más de tres
primeros pasos y, sin embargo, solo parece, sino retroceder, haberse quedado
estancada.
“A más de dos años de gestión de las autoridades judiciales electas, esto
ha quedado completamente comprobado. Los cambios en la estructura del Órgano
Judicial aún no existen”, apunta Böhrt.
El abogado Ery Castro tampoco cree que las elecciones judiciales hayan
atacado de manera estructural la crisis, “si bien ha habido un aporte
democrático”. “Los procedimientos de la etapa de preselección de candidatos no
fueron los más idóneos”. Para el abogado constitucionalista Alan Vargas, la
elección fue un “error” desde el inicio. “Se quiso mostrar a la elección
judicial como la panacea para eliminar los males de la Justicia; sin embargo,
esa no era la forma en que debía encararse”.
¿De la elección de magistrados a la fecha hubo algún cambio en la
administración de justicia? Böhrt contesta que solo hubo dos elementos: el
primero (“sin mucha trascendencia”) es la aprobación de un nuevo Código de
Procedimientos Constitucionales y el segundo es la aprobación del nuevo Código
de Procedimiento Civil, con el añadido de la modalidad oral.
“En realidad, lo primero repite con ligeros cambios lo que ya estaba
presente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instancia que por lo
demás no presentaba mayores problemas salvo cierto nivel de retardación de
justicia. Sobre el segundo cambio aún no sabemos si agilizarán las cosas”,
juzga.
Fuera de estos cambios hubo modificaciones de “forma, maquillaje, y no de
fondo, por lo que no debe sorprender que la justicia tenga un cauce
deficitario”. Para poder ver la salida del atolladero, primero hay que recordar
algunas de las principales deficiencias del sistema. En este sentido, el
abogado y exministro de Defensa Walker San Miguel califica la crisis como
“estructural y transversal al Estado”.
Por ejemplo, la carrera judicial y en el Ministerio Público “no existe” en
el país. Sin un mecanismo de meritocracia interna dentro de estas carreras “no
va a haber un grupo idóneo que dé calidad en el servicio” de justicia, eso
sucede sobre todo en los cargos de fiscales, vocales y jueces, señala.
Los jueces y fiscales, en su gran mayoría, están en “calidad de interinos”,
eso hace que los operadores “se consideren como eventuales” en su paso por la
institución; “no hay vocación de que ese operador vaya a dedicar su carrera a
la administración de justicia”.
Otro flanco débil que apunta Böhrt es la falta de coordinación y de flujos
informativos confiables entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC), el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Aparte de la corrupción, una élite conservadora que nombra a jueces y
operadores “a dedo y por padrinazgos, y la falta de independencia de la justicia”,
Castro identifica como otra causa de la crisis “el incremento de la
litigiosidad”, es decir que para todo se hace un juicio. Es por eso que los
juzgados no abastecen y se ocasiona la mora procesal. También apunta como
deficiencia estructural la falta de preparación de los administradores.
Vargas, por su parte, nota que los operadores no se han adecuado al “nuevo
paradigma constitucional” vigente desde 2009 (año que se aprobó la nueva
Constitución Política del Estado). Como consecuencia de esto tampoco hay una
aplicación del nuevo modelo del pluralismo judicial.
¿Solución? La anterior semana
los magistrados realizaron el Consejo Nacional de Desarrollo Estratégico del
Sistema Judicial con la intención de formular una reingeniería de la Justicia
boliviana. Como todo lo que involucra al Órgano Judicial en los últimos
tiempos, esto también implicó un escándalo cuando el magistrado del Tribunal
Constitucional Gualberto Cusi se retiró del encuentro acusándolo de ser
excluyente por no estar sino magistrados y operadores de justicia y no así
pueblos indígenas.
Este Consejo no es del todo bien visto por San Miguel, pues los magistrados
tienen un rol, “pronunciarse sobre los casos que están bajo su conocimiento”,
por tanto, son actores “válidos” para referirse a los problemas de la “vida
procesal”, pero la solución de los problemas para un verdadero cambio “debe
partir desde la educación superior”.
Si no hay cambio en esto, “lo único que se hace son fábricas de títulos de
abogados con baja capacitación, como dice el adagio: Todos son abogados hasta
que se demuestre lo contrario”. Los que más “pecan” en este mal son las
universidades privadas, “por un exceso de mercantilismo”; las públicas también
“han decaído en su calidad educativa”. “Los profesionales salen sin una buena
capacitación”.
Tampoco se hace énfasis —prosigue— en la especialización. “Los abogados un
día están trabajando en Derecho Penal y al día siguiente creen que pueden
asumir tareas en la administración pública y luego hacer juicios de familia; no
debe ser así, tiene que haber especialización”, cuestiona.
Castro y Vargas también apuntan a que el problema debe empezar a
solucionarse en las universidades. Es decir, en la capacitación “constante” y
no en “seminarios de rutina”, dice el segundo. Para solucionar el problema de
la inexistencia de una carrera judicial, San Miguel señala que el operador de
justicia debe ser “adecuadamente remunerado y ahora lo es mínimamente. Se debe
crear un escalafón”.
Böhrt y San Miguel hablan de que se debe repensar el presupuesto, el cual
no se ha modificado. Esto se relaciona con la remuneración adecuada que se
señalaba anteriormente y con la creación de nuevos juzgados que ocasiona el
incremento de la demanda de litigios que notaba Castro. Para saldar esto, el
exministro de Defensa propone recuperar otras ramas del Derecho, como el
Derecho Preventivo y el Disciplinario, instancias anteriores a las de un
litigio: “el Derecho no es solo el Penal”.
Los intentos por reestructurar el sistema judicial, según lo dicho, no han
sido entonces del todo auténticos. Presupuesto, más juzgados, formación
académica seria, coordinación y resolver temas antes de llegar a juicio son
algunos de los cambios que involucran no solo a operadores de justicia. Según
compromiso de las autoridades judiciales, hasta diciembre debe haber señales de
cambio real. A ver.
‘En vano incorporamos poncho y pollera’: Evo Morales, presidente de Bolivia
Yo quiero decir la verdad, aunque algunos se molesten: creo que en vano incorporamos
poncho y pollera en la Justicia, no cambia nada; ésa es mi pequeña evaluación.
Todavía tienen tiempo para cambiar la Justicia y de verdad hacer justicia en
Bolivia. [...] Todavía tenemos problemas en algunas estructuras del Estado
Plurinacional y una de ellas es en la Justicia boliviana.
‘Tenemos que ser autocríticos’: Elizabeth Gutiérrez, ministra de Justicia
Tenemos que ser autocríticos, a veces nos equivocamos, es una apreciación
personal. Pudimos ver que no está funcionando, creo que se debería elegir a los
miembros del Consejo de la Magistratura del Tribunal bajo méritos. Fue un
desacierto; sin embargo, vamos a trabajar este tipo de situaciones. (En
declaraciones a la prensa el 26 de enero).
‘La mayoría son solo cambios de forma’: Carlos Böhrt es abogado
La mayoría de los cambios y modificaciones son solo de forma y maquillaje,
como el cierre del Instituto de la Judicatura y la apertura de la Escuela de
Jueces; nada de fondo, por lo que no debe extrañar que el déficit en la
Justicia continúe igual. Habrá que comenzar con el delicado asunto del
presupuesto, el cual no se ha modificado desde antes de la elección judicial.
‘La corrupción es lo que más afecta’: Alan Vargas es abogado
constitucionalista
La corrupción es lo que más afecta en la crisis del sistema judicial. Las
denuncias son muchas, no solo de particulares, sino también de instituciones
como el Colegio de Abogados de Chuquisaca contra el Tribunal Constitucional, lo
que pone en tela de juicio al Órgano Judicial. En la Justicia Ordinaria sucede
igual; hay una corrupción moral de muchas autoridades judiciales.
‘Transformar la Justicia es la tarea pendiente’: Walker San Miguel es
abogado
La crisis en el sistema judicial es estructural y transversal al Estado.
Superarla es la asignación pendiente para avanzar como país y para vivir en
paz. Los pilares para esa transformación son el acceso y la calidad, ambas
cosas están pendientes. La solución pasa por la formación de los profesionales
en las universidades. La mayoría de los titulados no están adecuadamente
calificados.
‘Una élite judicial es una causa de la crisis’: Ery Castro Miranda es
abogado
Existe una élite judicial que no permite que nuevos abogados con una nueva
visión del Derecho ingresen al Órgano Judicial. Esa élite conservadora nombra a
los jueces y secretarios por parentesco y padrinazgo para que respondan a
ellos. De ahí viene la gran corrupción (para decidir causas) y la
microcorrupción (en la que para una diligencia, los subordinados piden dinero).
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Habrá diálogo; ‘si no funciona, vendrán acciones duras’
/
La
nueva ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, afirma que quiere evitar hablar
de las polémicas de las semanas pasadas y conversar de lo propositivo para
transformar la justicia boliviana. En cuanto a la polémica, el 26 de enero
cuestionó la elección de los magistrados por voto. “Tenemos que ser
autocríticos, a veces nos equivocamos, es una apreciación personal. Pudimos ver
que no está funcionando, creo que se debería elegir a los miembros del Consejo
de la Magistratura, del Tribunal bajo méritos. Fue un desacierto; sin embargo,
vamos a trabajar este tipo de situaciones”. A esto replicó la presidenta
aludida, Cristina Mamani, quien exigió “respeto”. En todo caso, la ministra,
que aún no cumple un mes en el cargo, prefiere ver hacia adelante.
—
No es secreto que las cosas andan mal...
— La
imagen de la Justicia nos preocupa. Todos los días nos llegan mínimamente entre
cinco y diez reclamos sobre cómo en la administración de justicia se extorsiona
a la gente, hay hechos de corrupción y retardación. La problemática no es de
ahora, sin embargo, nos vamos a dar la tarea... No podemos permitir que
empeore, no podemos dejar que haya corrupción en jueces y fiscales, e incluso
en el mismo Consejo de la Magistratura.
—
Entonces, ¿cómo salir de la crisis en el Órgano Judicial?
—
Estoy convencida de que primero se tiene que ir por el diálogo. Queremos
dialogar con ellos (los magistrados). Si no resultan las metas que nos
tracemos, ya se tendrá que tomar acciones más duras. Algunos legisladores piden
un revocatorio; el presidente (Evo Morales) ha pedido una Cumbre Estado-pueblo,
otros piden que se los saque a todos y hacer otra convocatoria. Primero
buscaremos diálogo, trazar metas y poner plazos; si no funciona, vendrán
acciones duras. No voy a bajar la guardia.
—
Eso en cuanto a las cabezas, pero ¿sobre la reingeniería?
— Ya
existe un plan estratégico que viene de la gestión de la exministra (Cecilia)
Ayllón, no sé por qué no se pudo implementar. En todo caso, tendremos una nueva
reunión para reencaminar un plan estratégico y mejorar la justicia, ver cómo
podemos elegir a los administradores de justicia, sean vocales jueces o
magistrados, que aparte de tener méritos técnicos y más allá de tener una
carrera judicial deberán tener ética.
—
¿Qué otros aspectos detienen la reestructuración del sistema?
—
Para todo encuentran excusas: que no existe recursos, que hay mucha recarga
procesal, la infraestructura, etc. Es decir, pretextos. Cuando sabemos que si
se tiene convicción se puede, pero algunos están con otros intereses, sino ¿por
qué pagan para entrar? Es pública la denuncia de más de 45 designaciones
anuladas porque habían pagado para ser designados. Esos no están entrando a
administrar la justicia, sino con otras miras.
—
No obstante, analistas sostienen que se debe reformular el presupuesto y
también que existe mayor ‘litigiosidad’...
—
Efectivamente ha habido un presupuesto adicional para que se creen más ítems y
juzgados, según medios de prensa, tanto para el Órgano Judicial como la
Fiscalía General, pero estos recursos supuestamente habrían sido utilizados
para la compra de vehículos y para personal administrativo y no para lo que
estaba destinado. Está en investigación. Si se prueba que se da recursos para
una cosa y no se usa del modo planeado, es malversación; sin embargo, siguen
pidiendo recursos... Sobre la recarga procesal hay unos juzgados que sí la
sufren y otros no. Entonces, se deberá equilibrar.
—
Otro cuestionamiento es la inexistencia de la carrera judicial...
—
Evidentemente, no hay una carrera judicial y ya debería implementarse. Tengo
entendido que ya existe la reglamentación y también se abrió la Escuela de
Jueces, que ya hubo antes, pero tampoco creo que ésa sea la solución.
—
¿Por dónde entonces pasa parte de la solución?
—
Creo que también pasa por los valores éticos. Quien juzga debe tener valores,
sino cómo un delincuente puede juzgar a otro delincuente. Ahora estamos en un
proceso de cambio, Bolivia está en la mira internacional, pero en la justicia
no. Eso es un reto, es difícil luchar contra la corrupción, y eso pasa además
por lo ético.
—
Otro cuestionamiento es la microcorrupción...
— Se
ve mucho en los servidores que son auxiliares o secretarios que cuando se les
pide algo es como si se les estuviera pidiendo un gran favor. Atienden al que
da los centavos por debajo. Llamamos a la gente a que denuncie, sin embargo,
teme hacerlo. Además, no hay un buen trato a los litigantes y abogados. Hay que
tratarlos como a dioses. Esas cosas ya no van en un momento de cambio que
también debe ser moral.
—
Eso suena etéreo, ¿cómo se puede hacer un cambio ético?
—
Creo que debe ir de arriba a abajo, comenzando desde los altos magistrados,
jueces, vocales dando el ejemplo a sus subordinados. Los que estamos en cargos
públicos no somos dueños del mundo y eso es lo que creen. Los jueces
disciplinarios tienen que actuar con mano más dura.
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