El fallo de La
Haya sobre el diferendo peruano-chileno tuvo antecedentes muy paradójicos, en
los que Santiago siempre alegaba que tenía la razón. Hasta en la decisión en su
contra, Chile se mostró con argumentos a su favor, como decir, por ejemplo, que
las mejores anchovetas se encuentran en la parte rica de su mar.
/
El
lunes 27 de enero, después de seis años de suspenso, la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), en La Haya, emitió su fallo inapelable acerca de la demanda
presentada por Perú, el 16 de enero de 2008, cuando el entonces presidente Alan
García declaró: “Los espacios marítimos de Perú y Chile se superponen
parcialmente”.
Aunque
era un pleito anunciado, su eventual efectividad fue recibida agriamente por
Santiago, cuyo canciller, Alejandro Foxley, afirmó: “El Gobierno de Chile
lamenta profundamente esta presentación, ya que en ella se desconocen tratados
vigentes”. Se refería a la Declaración sobre Zona Marítima signada por Chile,
Perú y Ecuador en 1952 y al Convenio referente a la Zona Especial Fronteriza de
1954.
Entonces
comenzaron los enredados procedimientos que rigen las controversias admitidas
por ese alto tribunal, cuya secuencia cronológica vale la pena registrar, así
sea como ejercicio didáctico, para comprender las actitudes subjetivas de ambos
gobiernos y el logro de resultados objetivos por una de las partes.
19 de
marzo de 2009: Correspondió a Perú la presentación de la memoria que sustentaba
su reclamación. El papel fue redactado por el equipo peruano asesorado por
juristas internacionales, cooperación externa que, por su parte, también
contrató la Cancillería chilena. Allan Wagner, excanciller, de elevada estatura
y dicción puntual en los idiomas oficiales de la Corte, ese día comentó que “es
un juicio ante el máximo tribunal del mundo”.
La
presidenta Michelle Bachelet respondió: “Estamos preparados porque tenemos la
razón”. 9 de marzo de 2010: Un año tardó Chile para depositar su contramemoria
a través del agente Alberto van Klaveren, que enfatizaba: “No tenemos dudas de
la solidez de nuestros argumentos”.
9 de
noviembre de 2010: Un legajo sietemesino constituyó la denominada réplica
peruana, que rebatía las razones sostenidas por Chile. Cierto aire triunfalista
llevó al ministro de Relaciones Exteriores limeño, José Antonio García
Belaunde, a exclamar: “El costo de desconocer un fallo de la Corte es demasiado
alto”.
Al
día siguiente, Bolivia, que seguía de cerca la controversia, por boca de su
canciller David Choquehuanca dijo: “Podemos solicitar un informe para conocer
la situación, pero no tenemos por qué interferir en temas entre los dos
países”.
También
Ecuador miraba de palco el entuerto.
11 de
julio de 2011: Chile presentó su dúplica, que, según Van Klaveren, contenía
antecedentes nuevos, y el canciller Alfredo Moreno añadió: “Hemos incluido
diversa evidencia empírica (sic)”. Y su homólogo peruano reaccionó: “No hay en
la dúplica nada que no sabíamos antes”.
Como
se ve, la polémica rebalsó los límites de La Haya, con el propósito de nutrir a
la opinión pública interna de los países respectivos, con material
informativo que aliente expectativas patrioteras e incida en los sondeos de
popularidad de sus gobernantes. 22 de marzo de 2012: La CIJ anunció la etapa de
alegatos orales.
3 de
diciembre de 2012: Se inició el turno peruano, y el agente Wagner dijo: “No
existe ningún tratado con el que se establezca una frontera marítima entre Perú
y Chile”. Ésa fue la base para el reclamo peruano, que Alain Pellet, el abogado
francés contratado por Lima, reforzó diciendo: “(El Perú pide) el
reconocimiento de los derechos que el derecho del mar entrega a todos los
Estados costeros”. Otro jurista del equipo, Michael Wood, afirmó
terminantemente: “Ninguno de los dos instrumentos (Declaración de 1952 y
Declaración de Santiago) pretendía buscar frontera, ambos eran instrumentos
provisionales”, con lo cual se desea desbaratar la tozudez chilena apegada a una
ciega intangibilidad de los tratados. 4 de diciembre de 2012: Al cabo del
segundo día del alegato peruano, el nuevo canciller Rafael Roncagliolo
alabó que sus juristas sean “elocuentes y contundentes”.
6 de
diciembre de 2012: En los alegatos orales, fue entonces el turno de Chile. Van
Klaveren insistía en que “la Declaración de Santiago estableció la frontera
marítima en forma completa y exhaustiva”, corroborado por su abogado galo
Pierre Marie Dupuy. A ello se sumó el canciller Alfredo Moreno para martillar
que “Chile y Perú fijaron sus límites en un tratado hace 60 años y que fue
señalizado en 1968”.
El
agente peruano repuso: “Hasta ahora no nos prueban cuándo se firmó el tratado
de delimitación marítima”.
Alegatos.
7 de diciembre de 2012: Era la continuación del alegato chileno, con la
participación del abogado Georgios Petrochilos, quien sostuvo: “Perú ha
descrito todo lo que no hay y niega todo lo que hay”. Un segundo jurista, Luigi
Condorelli, opinó que “la interpretación de la Declaración de Santiago, basta
para demostrar que Chile, Ecuador y Perú efectivamente delimitaron entre ellos
sus zonas marítimas”.
11 de
diciembre de 2012: En el cierre de los alegatos orales, imperturbable el agente
peruano exclamó que “este caso va a ser recordado como el de dos países
serios”. En cambio, Moreno creía que hay que esperar el fallo “con calma,
tranquilidad y confianza”.
14 de
diciembre de 2012: Chile pidió a la CIJ que declare improcedente las
declaraciones del Perú, en su totalidad. Perú retrucó que “Chile no ha logrado
demostrar la existencia de un límite marítimo”. Finalmente, el agente
santiaguino indicó: “La CIJ no necesita establecer un límite marítimo entre Perú
y Chile. Nuestros países ya gozan de un límite operativo, estable, claro y
pacífico”.13 de diciembre de 2013: Después de un año de estudio y
deliberaciones internas ultrasecretas, la CIJ anunció que la lectura del fallo
se hará el 27 de enero de 2014.
Ante
esa noticia, el canciller Moreno declaró: “El fallo es obligatorio para ambos
países y ambos son respetuosos del Derecho Internacional. Una vez que tengamos
el fallo, ambos países lo vamos a aplicar”.
La
secuencia de la presentación de la demanda por parte del Perú, de su memoria,
de la contramemoria chilena, de la réplica peruana, la duplica chilena, los
alegatos orales de ambas partes y el año que se tomaron los 15 jueces de la CIJ
para redactar su fallo y anunciar su lectura para el 27 de enero, fue seguida
con atención y en las últimas semanas con angustia por los gobiernos y la
opinión publica de los dos países.
Mientras
en Lima flotaba un aire de optimismo, en Santiago los rumores de un fallo
negativo proliferaban. Se hablaba que filtraciones provenientes del interior de
la Corte alertaron a las partes en pugna. Sin embargo, se aseguró que nada de
esto aconteció en los 157 casos previos que atendió la CIJ en sus 70 años de
vida. Aunque, como se sabe, cada país litigante nombra un conjuez para
acompañar las deliberaciones de la Corte. Por cuenta de Chile ocupó ese puesto
Francisco Orrego, a quien las malas lenguas atribuyen algún nivel de infidencia
que provocó el pesimismo chileno. Políticos y sectores nacionalistas, civiles y
militares, se pronunciaron abierta y encubiertamente ante la posibilidad de que
el fallo les fuera adverso.
El 20
de enero de 2014, el presidente Sebastián Piñera convocó a una reunión de
urgencia de Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), compuesto por los
presidentes de los tres poderes del Estado, los comandantes militares, de
Carabineros y el Contralor de la República.
Al
término de la reunión, este cuerpo emitió una declaración que en su parte
principal decía: “Chile… conforme a su conducta permanente de respeto al
Derecho Internacional, cumple y exige el cumplimiento del fallo de la CIJ de La
Haya, así como su debida ejecución, resguardando los legítimos intereses del
país”.
La
declaración del Cosena no fue nada más ni nada menos que una capitulación
ante la aparente ventaja del Perú. Fue una estrategia para preparar a la
opinión pública chilena en vista de una inminente derrota. También se trató de
evitar desbordamientos de las Fuerzas Armadas tratando de contener el avance
desordenado de barcos pesqueros peruanos, irrumpiendo ante los nuevos límites
fijados por la CIJ.
Argumentos. Otros estamentos del
Gobierno de Santiago se adelantaron a considerar varios escenarios posibles,
como la invasión de pesqueros peruanos y sus consecuencias en la pesca
principalmente de la anchoveta, destinada a la lucrativa exportación de harina.
Curándose
en salud, fue el propio Canciller que se encargó de minimizar la pérdida que
significaría un fallo adverso, con razones tan baladíes como que “la mejor
anchoveta se encuentra cerca de la costa”, pero admitiendo que Chile perdería
una parte de lo que hasta hoy era su zona económica exclusiva.
Algún
senador desorientado (Jorge Tarud) sugirió convocar a un plebiscito para que el
pueblo decida si acepta o no el fallo de La Haya, pero sensatamente el Cosena
desestimó radicalismos superfluos.
En el
terreno político, el ejemplo de la controversia Nicaragua-Colombia, en la cual
el veredicto contrario a Colombia la privó de 75.000 millas cuadradas,
significó también una considerable pérdida de popularidad para el presidente
Juan Manuel Santos. Igual efecto podría tener el fallo del 27 de enero para la
esmirriada imagen de Piñera, al término de su mandato. Como consuelo, éste
demanda que la ejecución de la sentencia judicial sea gradual, para ajustar la
legislación interna a la nueva realidad internacional. Por el contrario, el
presidente Ollanta Humala fue categórico en proclamar el inmediato cumplimiento
de la sentencia.
El
ambiente de victoria que se vivió en Perú culminó con la llamada al
abanderamiento general pedido por el expresidente Alan García, quien se siente
el verdadero triunfador de la jornada, por ser él que inició el pleito con
Chile sobre este asunto.
Días
después, la Marina de Guerra peruana se desplazaba al triangulo externo
recientemente concedido en el fallo de la CIJ y las escuadras chilenas estaban
atentas ante esos movimientos. Pareciera que Perú piensa que Grau vive y que la
lucha sigue.
Un
fallo sin falla
El
fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha producido, naturalmente,
inquietud acerca de la expectativa de Bolivia con referencia a su propia
demanda interpuesta ante el mismo tribunal requiriendo de la parte de Chile la
obligación de negociar, con buena fe y eficiencia, con el fin de alcanzar un
acuerdo que otorgue un acceso plenamente soberano al océano Pacífico.
Comentarios
y análisis aparecidos en la prensa nacional y, particularmente, chilena,
señalan que el veredicto de La Haya ha puesto un tapón geográfico a la demanda
boliviana y que no queda otro camino que retornar a la mesa de negociaciones
con voluntad política más que con razones jurídicas. Sin embargo, Bolivia no
espera de la CIJ una receta para satisfacer su aspiración, sino únicamente el
reconocimiento de la existencia de una negociación truncada por la mala fe de
una de las partes.
Por
ello, tiene relevancia en el fallo el apartado G, en sus artículos 131, 132 y
133, en los cuales se describe con minucia las negociaciones tripartitas
realizadas en 1975/1976 conocidas popularmente como el “abrazo de Charaña”.
Esas tratativas, inscritas por Chile en su contramemoria, revelan, primero, la
existencia de un problema irresuelto y, segundo, la voluntad que manifestó
Chile en ésa como en otras oportunidades de resolver el diferendo, mediante la
cesión de una franja de terreno con soberanía plena, acceso al mar, plataforma
continental y zona económica exclusiva.
La
CIJ, al haber aceptado considerar la demanda boliviana, solo tendría que
ejercer la influencia de su decisión para que Bolivia y Chile retomen el hilo
de sus conversaciones al respecto, sin las chicanerías que acostumbra usar su
diplomacia.
En
consecuencia, resulta ocioso discurrir cuál sería la mejor avenida para
satisfacer la petición boliviana. Cada cosa a su tiempo.
El 17
de abril de 2014, con la presentación de la memoria boliviana, se iniciará una
larga batalla jurídica, la cual, no impide que —paralelamente— se promueva el
diálogo político en la cumbre, que culmine en un desistimiento voluntario de
Bolivia de su demanda presentada a la CIJ.
En
momentos en que la tradicional arrogancia chilena ha sido aplanada por el veredicto
de la CIJ, es posible que ese país opte por evitar un nuevo fallo adverso en su
enfrentamiento con Bolivia y que ese camino incierto sea evitado por la
adopción de una inteligente solución política.
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Se ha despejado una incógnita
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/
La
implicación del fallo de La Haya en el juicio entre Perú y Chile para el
interés boliviano de una salida soberana al mar, en mi criterio, es que se ha
despejado una incógnita, un factor de incertidumbre, en cuanto a la dirección
en que se proyectaría el frente marítimo de una franja territorial
eventualmente transferida a Bolivia al norte de Arica, como la que se negoció
en 1950 y 1975.
Ahora
sabemos que esa proyección será en dirección del paralelo geográfico hasta las
80 millas náuticas y que luego continuaría hacia el sur hasta las 200 millas.
Eso es, repito, fundamental. De manera que el fallo no afecta a Bolivia, sino,
por el contrario, elimina un factor de incertidumbre que servía de argumento
evasivo a Chile para sostener que no se podía comprometer nada con Bolivia en
ese sector en tanto se había puesto en entredicho la frontera marítima en la
zona como consecuencia de la demanda peruana.
En
cuanto a nuestra posición, el fallo tiene que ser ejecutado, tiene carácter
obligatorio y es inapelable. Lo que ocurra en este terreno pone a prueba la
adhesión de los países involucrados a los principios y mecanismos del
derecho internacional y del respeto a las decisiones que emanan de
organismos creados por la comunidad internacional para fomentar y garantizar la
convivencia pacífica y cooperativa entre los Estados y pueblos. Cabe,
consiguientemente, una aplicación del fallo sin cortapisas ni argucias
dilatorias.
Pero,
y ¿quién gana y quién pierde? Debo decir que, casi nunca, o definitivamente
nunca, las partes que someten una controversia a la decisión de un tercero,
trátese de un tribunal internacional, como es el caso presente, u otra
instancia de arbitraje, quedan plenamente satisfechas con el fallo. Siempre una
de ellas considerará que sus derechos no han sido correctamente respetados. El
caso de Perú y Chile, obviamente, no es la excepción. Lo cierto es que el laudo
de la Corte de La Haya ha definido el trazo de la frontera marítima y eso es
muy importante, porque está despejando así un factor de tensión entre dos
países vecinos: Chile y Perú.
En
definitiva, si hay algún ganador, la victoria corresponde a la posibilidad de
eliminar, por la vía pacífica entre dos países vecinos, un factor de tensión y
un obstáculo para el amplio y cooperativo entendimiento entre dos pueblos
vecinos.
De
todos modos, es Chile el país que se ha considerado perjudicado con el fallo.
Ello se desprende, primero, de las expresiones del presidente Sebastián Piñera,
quien dijo que se trataba de una “lamentable pérdida”. De igual forma, aunque
en un tono más melodramático, la presidenta electa, Michelle Bachelet,
calificaba al resultado de la sentencia emitida por la Corte como de “pérdida
dolorosa”. Creo que ambas expresiones son exageradas, aunque reflejan la alta
sensibilidad que tienen para los países las cuestiones territoriales.
Una
solución al tema marítimo para Bolivia tendrá como posibilidad un corredor al
norte de Arica. Está documentado que Chile se comprometió, en más de una
oportunidad y de manera formal, a transferir a Bolivia un territorio soberano
en el norte de Arica. Y en esos compromisos se funda nuestra demanda.
Solo
para citar dos claros compromisos: en 1950 declaró por escrito que “animado de
un espíritu fraternal hacia Bolivia está llano a entrar formalmente en una
negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a
Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener las
compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten
efectivamente sus intereses”.
Trece
años más tarde, Bolivia y Chile reanudaban sus relaciones diplomáticas. El
artículo cuarto de la declaración suscrita en Charaña determinaba que se abría
el diálogo “para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos
países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que
afecta a Bolivia”.
El 19
de diciembre de 1975, en respuesta al planteamiento boliviano, el Gobierno de
Chile manifestó su disposición para considerar “la cesión a Bolivia de una
costa marítima soberana, unida al territorio boliviano por una franja
territorial igualmente soberana”.
A
continuación se fijaban las delimitaciones desde el norte de Arica hasta la
Línea de la Concordia incluyendo en la superficie el territorio marítimo
comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de la costa que se
cedería (mar territorial zona económica y plataforma continental).
Es
obvio que para concretar cualquier transferencia de territorios en Arica, es
indispensable el consentimiento del Perú. Así lo determina el Protocolo
Adicional al Tratado de 1929. Es por ello que, entre los antecedentes que
revisó la Corte de La Haya, se menciona la respuesta del Perú, emitida en noviembre
de 1976, a la consulta que le hizo Chile dentro de las negociaciones de
Charaña.
Es
también obvio que la responsabilidad de obtener dicho consentimiento
corresponde a Chile y no a Bolivia, que ha sido afectada por las estipulaciones
del citado Protocolo, pero que no es parte del mismo; más allá de que hay que
continuar con el proceso histórico de un permanente acercamiento con el
Gobierno de Lima, en mérito a los profundos y múltiples lazos que unen a los
pueblos de Bolivia y el Perú.
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Perú, el punto débil de nuestra demanda
/
/
El
fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio entre Perú y
Chile deja en claro que Bolivia no puede pretender que el único interlocutor
para lograr un acceso libre, útil y soberano al mar sea Chile. Bolivia tiene
que entender que Perú es un jugador tan importante como Chile, y no se está
haciendo nada en esa dirección...
En
los dos encuentros que sostuvimos los expresidentes con el presidente Evo Morales,
le planteamos que es imprescindible y urgente el establecimiento de un equipo
del más alto nivel —que incluye a la Embajada en las Naciones Unidas, la
Embajada en la Organización de los Estados Americanos, la Embajada en Perú y el
Consulado General en Chile— que acompañe al nombramiento del agente especial de
Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.
Si
Bolivia no trabaja con un equipo coherente e integral, con personas del más
alto nivel profesional y que tengan extraordinarias relaciones en la sociedad
política y económica de Perú y Chile, no se van a lograr resultados. El país
debe trabajar con el Perú mucho más ahora que es evidente que tras el fallo no
hay mucho entusiasmo en Chile ni en Perú por perder su frontera. La lógica
peruana dominante hoy es la siguiente: ya está resuelto el conflicto con Chile,
la frontera bilateral funciona muy bien, ¿por qué querríamos complicarnos con
un tercero en discordia en un límite geográfico bilateral finalmente resuelto?
Por
eso, creo que nuestro punto débil es Perú. Es una cuestión que, considerando
los años que vamos a necesitar para conocer el fallo de La Haya, debemos
encarar con una estrategia clara y articulada con los objetivos básicos del
juicio ante la CIJ.
Al
momento se está trabajando este aspecto con mucha lentitud. Me imaginaba que el
nombramiento de Eduardo Rodríguez Veltzé iría acompañado de un paquete de
nombramientos en todos estos otros ámbitos mencionados, no ocurrió. No
obstante, se está a tiempo. Insisto, no se puede olvidar que, independientemente
de lo que suceda entre Bolivia y Chile, Perú será un actor fundamental para la
recuperación de nuestra soberanía marítima, ya que la única opción boliviana de
corredor está sobre la frontera al norte de Arica (antiguo territorio peruano);
lo otro sería partir en dos el territorio chileno, lo que es inviable.
Bolivia
tiene que lograr dos resultados: ganar en la Corte Internacional para obligar a
Chile a negociar con base en su propia oferta (por ejemplo, la oferta concreta
más reciente e importante hecha por el canciller chileno Patricio Carvajal en
1976). Si se logra vencer ese obstáculo —el fundamental—, vendrá la consulta de
Chile a Perú, que deberá dar una respuesta. Esa respuesta debe ratificar en lo
esencial el eventual acuerdo boliviano chileno y resolver la proyección
marítima de Bolivia, que debe adecuarse a la actual situación: las 80 millas (12
de ellas de mar territorial) en línea paralela para luego seguir la
perpendicular hasta la milla 200, tal como falló La Haya. La proyección marítima
de un corredor soberano para Bolivia tendría que seguir ese trazo.
En
cuanto al fallo sobre la cuestión fronteriza Chile-Perú, creo que no afecta al
juicio encarado por Bolivia. Hay que subrayar un elemento clave: la decisión de
la Corte establece que la línea paralela de continuidad de la frontera, llamada
Línea de la Concordia, se prolonga tal como estaba antes en las primeras 80
millas marítimas. Eso quiere decir que las circunstancias de vínculo, soberanía
y espacios territoriales anteriores a las que definió el fallo no han cambiado.
Los elementos de lo que Bolivia puede plantear como corredor y la proyección
inicial marítima, no se modifican.
Un
aspecto importante del juicio Perú-Chile es que entre sus antecedentes se citó
el proceso de negociación de Charaña. La Corte, si bien dijo que los elementos
de esa negociación no fueron decisivos a la hora de la emisión del fallo, al
mencionarlos reconoce la evidencia de que hay un tercero en discordia. Bolivia,
sin necesidad de haber solicitado su participación en el juicio mediante el
reconocimiento de un tercero —lo que fue muy inteligente—, es reconocida como
una nación concernida en ese preciso escenario geográfico cuyo punto
emblemático es Arica.
Desde
el punto de vista jurídico, la comparación entre ambos juicios no parece
pertinente. El ventilado entre Perú y Chile fue un litigio territorial. El que
plantea Bolivia contra Chile se refiere a las obligaciones jurídicas nacidas
del compromiso unilateral de un Estado con otro Estado. En puridad, el juicio
boliviano no incorpora una demanda territorial que exija una fallo de La Haya
sobre una zona en litigio.
La
jurisprudencia sobre las obligaciones jurídicas que crean los actos
unilaterales de los Estados existe ya, y hay antecedentes muy concretos en que
la Corte ha fallado en favor de los Estados que han hecho demandas con
argumentos similares a los de Bolivia, pero también hay otras sentencias que no
han sido favorables a los Estados demandantes. Lo que sucede es que es un
proceso en desarrollo, con jurisprudencia relativamente reciente que está en
plena construcción. El juicio boliviano es parte de esa construcción.
En
este contexto, es interesante la declaración del presidente Morales en la que
ratificó la voluntad de diálogo bilateral con Chile, esperando que su relación
con la presidenta Michelle Bachelet sea mejor que la que tuvo con Sebastián
Piñera. Deja caer la idea de que podría hacerse una negociación con Chile en el
ínterin del propio desarrollo del juicio. Esto muestra la voluntad inalterable
de Bolivia de no abandonar la posibilidad del diálogo bilateral
independientemente de los otros escenarios. En política, la flexibilidad y las
posibilidades son múltiples. Pero, ojo, esta iniciativa del Presidente debe
tomar en cuenta que después de la presentación de la memoria boliviana ante la
CIJ, queda esperar lo que hará Chile, que podría reconocer o no reconocer la
jurisdicción de la Corte en este caso.
En
cuanto a la lectura del reciente fallo de la CIJ, sin ninguna duda, se puede
hablar de ganadores y perdedores. Me parece inequívoco que el ganador fue Perú.
Objetivamente, Perú ha ganado 22.000 kilómetros cuadrados y, como prolongación,
otros 30.000; Chile los ha perdido... Eso está claro y se evidencia en las
declaraciones oficiales de autoridades chilenas que señalan que cumplirán el
fallo a pesar de estar en completo desacuerdo con él. El efecto político sobre
la opinión pública chilena y sobre la necesidad de una nueva orientación
de su diplomacia puede convertirse en algo positivo para Bolivia.
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