domingo, 9 de marzo de 2014

ONU: impunidad en violencia política y sexual contra la mujer en Bolivia






El representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, planteó al sistema judicial emitir la declaratoria de “alerta” para frenar las agresiones a mujeres.

La Razón (Edición Impresa) / Mitsuko Shimose / La Paz
03:25 / 07 de marzo de 2014

De los 154 casos de violencia política contra la mujer denunciados en 2013, ninguno fue resuelto y el 80% de los delitos sexuales están en la impunidad, según datos presentados ayer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres).

A dos días del Día Internacional de la Mujer, la violencia política y sexual contra la mujer en Bolivia y el mundo fueron los temas de debate que planteó ayer la entidad. Además, se comparó la aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que fue promulgada en marzo del año pasado.

Con relación al estado de situación, Celia Taborga, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),  reveló  índices preocupantes de violencia y de impunidad en el país.

En 2013 fueron denunciados 154 casos de violencia política, de los cuales ninguno fue resuelto. El 21 de mayo de 2012 se aprobó la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. La normativa es una herramienta para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres.

En tanto, después de Haití, Bolivia tiene la segunda tasa más alta de la región en violencia sexual, que llega al 15,2%, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Desde 2009, cuatro de cada diez mujeres sufren de violencia sexual. Sobre los casos denunciados existe 80% con impunidad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, solo el 0,04% tiene sentencias ejecutoriadas.

Sobre el feminicidio, de acuerdo con datos del Observatorio Manuela, cada tres días muere una mujer por razón de su sexo, mientras que el año pasado se registraron 125 casos de feminicidio. Un año antes se habían reportado 99 muertes de mujeres. “La violencia sexual conduce al feminicidio”, añadió Taborga.

El 9 de marzo de 2013 fue promulgada la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (hoy se dará un informe en el Ministerio de Justicia). La normativa incorpora al feminicidio como delito en el Código Penal, con una sanción de 30 años de cárcel sin indulto.

Así, se anuló el delito de “homicidio por emoción violenta”, que era una atenuante que anteponían los agresores para reducir el castigo.Además, establece 17 formas de violencias física, sexual, psicológica y económica, que pasan a ser investigadas de oficio por el Ministerio Público.

“La erradicación total de la violencia contra las mujeres es lenta. Solo la equidad de género permitirá erradicarla”, dijo Taborga.  

El 12,7% de agresores de Santa Cruz es imputado

Iván Condori

De un total de 1.093 casos atendidos de violencia contra la mujer en 2013, solo 139 (12,71%) terminaron en una imputación formal, según datos de la Fiscalía de Santa Cruz.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, planteó al sistema judicial emitir la declaratoria de “alerta” para frenar las agresiones a mujeres.

En su criterio, los procesos abiertos en contra de los agresores son morosos, en su mayoría no prosperan y esto demuestra un nivel elevado de impunidad.

La representante de la Casa de la Mujer, Jakeline Cuéllar, informó que solo en los días de Carnaval se recibieron aproximadamente 150 denuncias de maltrato. “Esto es preocupante, presenta cifras alarmantes”.

Cabrera convocó al foro Mujer y Justicia, a realizarse en la Casa de Gobierno, donde se analizarán las fortalezas y debilidades de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Gobierno el 9 de marzo del año pasado.

Inequidad es más visible en mujeres del área rural

Christian Galindo

Las mujeres del área rural tienen cuatro veces más probabilidades de morir en el embarazo y esa situación refleja el grado de inequidad de género en Bolivia, explicó ayer Celia Taborga, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia (UNFPA).

Por ello, una de las principales causas de muerte de mujeres en el país se da por la práctica del parto en domicilio, que es la más recurrente en áreas rurales.

Los datos fueron informados ayer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en torno a la situación de la mujer en Bolivia y el mundo, según ANF.

“Las mujeres indígenas, las mujeres rurales tienen cuatro veces más probabilidades de morir por causas de embarazo, parto y posparto que las mujeres urbanas y las mujeres no indígenas. Este es uno de los datos de inequidad que más salta a la vista cuando hablamos de las inequidades de género”, dijo Taborga.

La representante expresó su preocupación por el hecho que las mujeres en general sufren discriminación; pero esta desigualdad, señaló la agencia ANF, se incrementa en el área rural e indígena de Bolivia, especialmente en la atención sanitaria.

Informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestran que el índice de mortalidad materna es del 64% y que el 78% de los partos en el área rural son atendidos en el hogar.

En tanto, muchas de las mujeres acuden al aborto, el cual representa la tercera causa de muerte materna, de acuerdo con datos del UNFPA, refirió la agencia noticiosa.

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En el Día Internacional de la Mujer, la CIDH manifiesta su profunda preocupación sobre la protección de los derechos de las mujeres en las Américas

8 de marzo de 2014

Washington, D.C. – La celebración del Día Internacional de la Mujer le presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de destacar sus preocupaciones sobre la protección de los derechos de las mujeres en las Américas, que se manifiestan en su trabajo cotidiano y en la ejecución de sus iniciativas regionales. Veinte años después de la adopción de la Convención de Belém do Pará, los problemas existentes recalcan la necesidad de que los Estados desarrollen y apliquen mejor la debida diligencia para responder de manera adecuada a la violencia y a la discriminación contra la mujer.


La Comisión Interamericana está implementando actualmente un proyecto para examinar la situación de los derechos de las mujeres indígenas en las Américas. En el marco de esta iniciativa, la Comisión consistentemente ha recibido información de mujeres indígenas en la que destaca el carácter multidimensional e interseccionial de la discriminación a que se ven sujetas, así como la necesidad de hacer frente a las causas de la discriminación que siguen padeciendo. La Comisión reitera que las mujeres indígenas tienden a sufrir discriminación por múltiples factores, que incluyen su sexo, raza, origen étnico y situación de pobreza. Esta discriminación se relaciona con la persistente violencia contra las mujeres indígenas, no solamente física, psicológica y sexual, sino también espiritual. Esta violencia también está vinculada con amenazas a la plena protección de su derecho a la propiedad de tierras, territorios y recursos naturales, que incluyen conflictos armados, proyectos de desarrollo y la presencia de industrias extractivas.


Las mujeres indígenas también enfrentan enormes obstáculos para ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de acceso a servicios básicos en los ámbitos de la educación, la salud y el empleo. En cuanto al acceso a la justicia, las mujeres indígenas también han informado a la Comisión sobre las dificultades para obtener protección y resarcimiento por actos de violencia y discriminación en los sistemas jurídicos indígenas. En este sentido, la Comisión resalta la importancia de un enfoque holístico en el diseño de las intervenciones gubernamentales para proteger los derechos de las mujeres indígenas, tomando en cuenta su perspectiva, identidad, valores, contribuciones y concepción de los derechos.


La Comisión también está examinando actualmente los principales desafíos que enfrentan las mujeres para tener acceso en forma completa, accesible, confiable y oportuna a la información que maneja el Estado en materia de violencia y discriminación. Esto en el contexto de una iniciativa regional que concluirá con la publicación de un informe que contendrá un conjunto de recomendaciones para los Estados sobre formas de mejorar el cumplimiento de las actuales normas sobre derechos humanos aplicables al tema del acceso a la información, para el cual la Comisión acoge con beneplácito aportes de agentes tanto estatales como no estatales.

Históricamente, la Comisión ha recibido testimonios sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres y sus familiares para recibir información básica sobre el procesamiento de sus casos de violencia en el sistema de justicia, el funcionamiento del proceso legal en general y las formas en que pueden hacer uso de las garantías y protecciones que les otorga la ley. La Comisión también ha observado las deficiencias en las estadísticas disponibles sobre el tema de la violencia contra las mujeres y la necesidad de desglosar las estadísticas que se recogen por raza, origen étnico, edad y otros factores. La Comisión reitera que el acceso a la información está estrechamente vinculado con el disfrute de otros derechos humanos fundamentales de las mujeres, como su derecho a la integridad personal, a la privacía, a la protección de la familia y a vivir libres de violencia y discriminación. Por lo tanto, la falta de respeto y garantía de este derecho para las mujeres puede conducir a la vulneración de una gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.


Finalmente, la Comisión exhorta a los Estados a crear espacios públicos para que todas las mujeres y las organizaciones que las representan tengan una voz en la formulación de las leyes y políticas públicas relacionadas con la violencia, la discriminación y el acceso a la información, como un elemento fundamental para mejorar su eficacia.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 25/14


Datos de contacto
María Isabel Rivero
Directora de Prensa de la CIDH
Tel. (1) 202 370 9001
mrivero@oas.org
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