lunes, 31 de agosto de 2015

Estatuto Departamental de La Paz ¿frena o acelera la autonomía?








El Estatuto Departamental de La Paz es el objeto de una discusión en un gobierno departamental dividido entre los que administran sus poderes: el Ejecutivo (Sol.bo) y el Legislativo (MAS).

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 30 de agosto de 2015

El mayor problema del referendo para los estatutos departamentales y las cartas autonómicas municipales que se llevará a cabo el 20 de septiembre en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca es, sin duda, la limitada socialización de los contenidos de estos documentos hasta el presente. Restan poco más de 20 días y los electores, en su gran mayoría, ignoran las cartas y estatutos. Por esto, y en específico para el caso del estatuto del departamento de La Paz, en el aspecto concreto de si frenan o aceleran el régimen autonómico, se pone sobre la mesa la discusión que tiene lugar sobre este documento a ser votado.

El debate ha tenido por protagonistas al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a Soberanía y Libertad (Sol.bo). Mientras Sol.bo (que domina el Ejecutivo departamental) ha sido crítico y desea que se hagan ajustes al texto, el MAS (que tiene la mayoría en la Asamblea Departamental) defiende y quiere que se apruebe el documento tal cual está.

Hay que recordar que desde la aprobación de la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez (julio de 2010), el proceso de implementación ha caminado posiblemente más lento de lo deseable por diferentes razones. Mientras la oposición culpa al Gobierno central de la marcha tarda del régimen autonómico, el Ejecutivo nacional responsabilizó a las asambleas departamentales y a los concejos municipales por la tardanza en la redacción de sus documentos autonómicos, por su falta de capacidad de lograr consensos políticos.

En todo caso, en un evidente apremio, se quiso llegar a las subnacionales de febrero con los estatutos y cartas. No se pudo. Luego, a causa de la crisis del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el proceso se prorrogó hasta el 20 de septiembre.DIVERGENCIA. En el caso de La Paz, la primera fuerza política departamental, Sol.bo, dice que el estatuto se hizo con desprolijidad a causa de una premura “que no se explica”, por lo que está lleno de errores técnicos, según  Fabián Yaksic, director del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la Gobernación paceña. Su contraparte, el MAS, en voz de su asambleísta departamental Gustavo Torrico, asegura que hacer cambios al estatuto devendrá en postergar las autonomías por una década. Para el Gobierno, dice el político de Sol.bo, “parecer” autonomista es útil para “su penetración electoral en oriente”; para ello, debe hacer “simulacros” de autonomismo en occidente.

Para el exasambleísta nacional del desaparecido Movimiento Sin Miedo (MSM), la sincronía de los referendos en cinco departamentos es una prueba de que al Gobierno no le interesa que se tengan los mejores estatutos y cartas posibles, sino que se apruebe la “simulación” de autonomismo de la que habla al promoverse, en el caso paceño, un documento lleno de errores. “Cada autonomía tiene sus propios ritmos y dinámicas. No es posible que los cinco departamentos coincidamos. Cada estatuto tiene que haber sido tratado en forma distinta”, asegura Yaksic.Entonces, viene la pregunta de rigor: ¿qué aportan los estatutos departamentales de La Paz al desarrollo de su autonomía? De acuerdo con Yaksic, el origen del retraso y falta de avance está en la Ley Marco de Autonomías, a causa de la que “persisten frenos al ejercicio pleno del régimen autonómico, especialmente en los aspectos competenciales y el régimen económico financiero”.

Respecto a las autonomías, no hay un “valor agregado en lo autonómico” que no sea una reproducción de esa Ley Marco y la Constitución. “Es decir, que si se aprueba o no, sería irrelevante, ya que las autonomías seguirán con los mismos límites que esas dos normas le ponen. No vamos a ser ni más ni menos autonómicos con este estatuto. Incluso se le devuelve competencias al nivel central”. Yaksic concluye en que la orientación es “centralista”. Esto es refutado por Gustavo Torrico, asambleísta departamental por el MAS. “Hay una ley marco. Si la autonomía le da un número de competencias, no puedes darle 12 a partir de ahí”.

ECONOMÍA. En cuanto al régimen económico, para el miembro del Ejecutivo paceño queda claro que construir un Gobierno Autónomo Departamental dependerá de la “base material”, es decir, de los recursos económicos y financieros que se requieren para el ejercicio de la autonomía.

“(En los estatutos) no hay un régimen financiero que se ajuste a las autonomías, este vacío de la ley marco se reitera ahora y se da más control al nivel central que cuando no habían autonomías”. Los estatutos son contradictorios al respecto porque el capítulo tercero referido a la Administración Fiscal Departamental establece “candados” a la posibilidad de que sea un pacto fiscal el que resuelva la actual estructura “inequitativa” de distribución, generación y administración de recursos fiscales.

Si bien en el artículo 58 (“Se establecerá la Administración Fiscal-Financiera, que se constituye en el órgano rector económico departamental, con capacidad para gestionar todos sus recursos financieros en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Esta capacidad incluye la autonomía presupuestaria y de gasto en la utilización de sus recursos, así como de las transferencias no condicionadas que perciban procedentes de otras instancias del Estado”. Sic) se habla de “autonomía presupuestaria y de gasto en la utilización de sus recursos”, en el artículo 59 se establece que se “constituirá e implementará el Tesoro Departamental en sujeción a los principios, normas y procedimientos emitidos por el Órgano Rector del Nivel Central del Estado”. “Esto va en franca contradicción con el artículo 58 como con la Disposición Transitoria Cuarta referida al pacto fiscal (“El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz promoverá un nuevo pacto fiscal de acuerdo con los resultados del censo para una redistribución equitativa de los recursos”).

“Para no agravar la ya concentración excesiva de aspectos presupuestarios en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, parece innecesario que sea el Estatuto el que defina autolimitaciones que además ya están establecidas en normas nacionales”, sostiene Yaksic. Torrico le contradice. El líder de los Satucos expresa que se establece un manejo autonómico de los ingresos de manera independiente.

“Se promueve la creación de las empresas departamentales con lo que se puede lograr su propio régimen tributario”, afirma. El estatuto, en efecto, pone como una de las competencias del Ejecutivo la creación de empresas departamentales. Se promueve el empleo mediante la actividad agrícola, piscícola, el turismo y el apoyo financiero a los emprendimientos, apunta Torrico.

Existe un pacto por La Paz con un plan de desarrollo para el departamento con miras a 2020, “los estatutos van a dar el ordenamiento jurídico a ese norte”. No obstante, Yaksic precisamente critica que los estatutos, tal como están, parecen un mero plan de desarrollo, lo cual no es propio de un documento de esta naturaleza y es algo que se puede realizar sin necesidad de unos estatutos.

SUJETOPLURINACIONAL. La Constitución de 2009 tiene como uno de sus mayores avances, en el tema de la inclusión, al reconocimiento de un nuevo sujeto de derecho del todo novedoso: el indígena originario campesino, que es una abstracción de un solo sujeto de derecho.

Los estatutos de La Paz desagregan a este sujeto al referiste al “indígena originario y campesino”, como si fueran dos distintos. Además de desintegrarse el sujeto de derecho, critica Yaksic, los estatutos se refieren a los sujetos desagregados de tres maneras que no son uniformes (a veces se dice “naciones y pueblos indígena originarios y campesinos”).

¿Es preocupante esta desuniformidad? Según Sol.bo esto puede traer serias complicaciones por el artículo 5: “El Departamento de La Paz está organizado territorialmente en provincias, municipios, territorios indígena originarios y campesinos y regiones cuando éstas sean creadas”.  Esto significaría que los interculturales (campesinos) podrían exigir sus territorios, así como existen los territorios indígenas.

Torrico niega que esto sea una complicación: “Desde luego que no, porque el Mallku de un Estado es la  Constitución. Hay una ‘y’ que será un error de transcripción, pero no es para decir que a partir de eso los campesinos van a tener territorios y representaciones propias en la Asamblea. Esa objeción es hilar muy fino”.

El referendo, no obstante, parece que llegará de manera irrevocable con los estatutos tal como están ahora. Yaksic concluye que si bien hay contenidos importantes (“como el Título VI. Planificación del Departamento, sobre los que se puede trabajar para generar condiciones de desarrollo departamental”), “lo evidente es que de aprobarse en referendo con las contradicciones, deficiencias y vacíos, será muy difícil hacia adelante corregir los mismos, pues para ello se requerirá otro largo proceso y un nuevo referendo”. En cambio, Torrico señala que no hay ninguna dificultad en hacer las correcciones después de la votación del 20 de septiembre y que siempre es posible mejorar un texto.

Yaksic indica que hacer los cambios para tener un mejor estatuto antes de un referendo no significaría mayor inconveniente más allá de una prórroga de la votación; no obstante, Torrico asevera que si se pospone el acto, hacer cambios retrasaría el proceso una década.

El masista asegura que los cambios se pueden efectuar sin mayor dificultad después del referendo; para Yaksic, en cambio, si se lo modifica antes de votar, no se empezaría de cero, pues el actual documento serviría de base... Posiciones tan contrapuestas obligan a los votantes a consultar por sí mismos el documento estatutario en la página del Tribunal Supremo Electoral: http://tse.oep.org.bo

Un combo autonómico tutelado por el Gobierno: Fabián II Yaksic,  director de Fortalecimiento  Municipal del  departamento.

Son cinco departamentos que hemos estado jalados de la nariz por el Gobierno. Es una suerte de combo autonómico tutelado que nos quieren imponer. En 2009, al Gobierno le convenía mostrarse autonomista, entonces auspicia haciendo aprobar el sí en estos departamentos. Ahora nos hacen votar por los cinco estatutos que tienen una base uniforme en su redacción: la tutela del Gobierno.

Si gana el ‘no’, la autonomía se posterga: Gustavo Torrico, asambleísta departamental de La Paz por el MAS.

Si hipotéticamente gana el “no”, diez años nos vamos a quedar sin autonomía. No es que después del “no” nos vamos a poner de acuerdo para otro estatuto. Somos políticos, tenemos posiciones y visiones; por tanto, esta asamblea no va a poder construir otro estatuto. Si logran hacer otros en cinco años, luego aparecerán otros partidos y se volverá a cuestionar y se repetirá ese ciclo.

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Estatutos privilegian la representación territorial

 

Una breve descripción de la forma de organización de los gobiernos autónomos departamentales, según sus proyectos de estatutos, muestra la tendencia de privilegiar la representación de asambleístas por territorio, en desmedro de los por población.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont
00:06 / 30 de agosto de 2015

En las formas de organización de los gobiernos que figuran en los cinco estatutos a ser puestos en consideración el 20 de septiembre, destacan dos aspectos: uno común y otro disímil. El rasgo que se repite es el de priorizar la representación territorial por encima de la poblacional en sus modos de distribución de asambleístas. Lo disímil es que solo tres de ellos incluyen la figura de vicegobernador.

Todo lo que se dice a continuación será realidad en el hipotético caso de que estos estatutos sean aprobados. Todos ponen énfasis en las tres formas de democracia que reconoce la Constitución Política del Estado (CPE), es decir las democracias directa y participativa, representativa, y comunitaria.

Asimismo, una constante es la mención de la separación de dos poderes: Ejecutivo y Legislativo, aunque varía el orden y la forma (para unos casos primero se habla de las democracias y en otros aparece antes el tema de la independencia de los poderes).

La separación de los dos poderes nunca excluye la coordinación entre ambos. Esto, que corresponde a una organización republicana, es común a los cinco estatutos que serán sometidos al voto el 20 de septiembre y están en correspondencia con la CPE. En distintos órdenes, los documentos especifican las funciones de sus Ejecutivos y Legislativos.

Las principales funciones de las cinco asambleas departamentales son esencialmente tres: deliberar, fiscalizar y, naturalmente, legislar. En este aspecto, hay una coincidencia exacta; también es idéntica la obligación de la alteridad y alternancia de género para la composición de sus miembros; las diferencias se encuentran en lo cuantitativo.

ASAMBLEÍSTAS. La Asamblea de Potosí será compuesta por 16 asambleístas, uno por cada provincia y 16 por población, más uno por “pueblos y naciones indígena originario campesinos”. Entonces, se tiene que se privilegia la representación por territorio, a pesar de que —como sucede en todo el territorio nacional— el volumen de la densidad poblacional se concentra en las áreas urbanas y no rurales.

Lo mismo sucede con La Paz, que tendrá 20 asambleístas por territorio, otros 20 por población y cinco para los pueblos y naciones indígenas. El Estatuto de Oruro repite la decisión de privilegiar la representación territorial por sobre la poblacional, pues si bien el número de representantes por territorio (uno por cada provincia, 16) es idéntico al de los asambleístas por población, es sabido que existe mayor población en las ciudades que en el área rural.

El patrón se repite en cada caso. Así, en Cochabamba se tiene que son 16 uninominales (territorio) y 16 plurinominales (población), más dos representaciones por minoría para los pueblos originarios indígena campesinos. Por último, Chuquisaca no escapa a esta manera de ver la representatividad territorial favorecida frente a la poblacional. Este departamento tendrá 25 asambleístas, tres de ellos para los pueblos originario indígena campesinos, 11 por población y 11 por territorio.

Con la fecha de los referendos a la vuelta de la esquina, no se podrá elaborar un sistema que dé como fruto asambleas acordes con la disimetría poblacional entre el área rural y las ciudades capitales, pero no puede dejar de subrayarse que el área rural tendrá más representantes en los legislativos departamentales que los centros urbanos. Posiblemente esto vulnere el principio de la democracia representativa de “un ciudadano un voto”, pero, por otra parte, esto también puede ser entendido como la inclusión de sectores históricamente excluidos por la democracia boliviana. Ambas visiones son posibles.

No tendría objeto transcribir las atribuciones específicas enumeradas en cada documento. Basta decir que —aparte de las tres atribuciones generales ya señaladas (deliberar, legislar y fiscalizar)— las competencias específicas oscilan entre 25 y 30, a excepción de Cochabamba que no escatimó en detallar 41 atribuciones.

EJECUTIVOS. Los ejecutivos también tienen ciertos matices y además hay patrones. La mayor diferencia está en aquellos estatutos que incluyen la figura del vicegobernador y los que no. Algunos de estos cinco departamentos optaron por añadir esta autoridad, antes inexistente en el ordenamiento departamental, para evitar lo que sucedió en Tarija, Pando y Beni, donde mediante una cláusula, hoy inconstitucional, se destituyó a sus autoridades electas y se posesionó a otras que no pertenecían al partido del gobernador destituido.

De aprobarse sus estatutos, ése no será el caso de La Paz, pues no existirá un vicegobernador. Su ejecutivo estará compuesto por el gobernador electo y secretarios departamentales. En caso de destitución o algún imprevisto, será el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental el que asuma el cargo. Esto trae complicaciones en la gestión actual porque el Legislativo es del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Ejecutivo de Soberanía y Libertad (Sol.bo).

En Potosí tampoco existirá vicegobernador. La composición del Ejecutivo es mucho más detallada que en La Paz. Se compondrá de Gobernador, secretarios, delegados provinciales, autoridades de instituciones descentralizadas, y otras que puedan crearse por ley departamental.

Los estatutos de Chuquisaca sí adoptan la figura del vicegobernador, y, además, la de subgobernadores. El vicegobernador puede reemplazar temporal o permanentemente al gobernador. El subgobernador, en cambio, se dedica a la gestión de las regiones departamentales y es elegido por el gobernador. Por último, están los secretarios departamentales.

En Cochabamba, el Ejecutivo se conforma por gobernador, vicegobernador, secretarios y subgobernadores. La constante se repite: el vicegobernador puede suplir temporal o permanentemente a la primera autoridad electa. Oruro, según sus estatutos, se compondrá de gobernador, vicegobernador, secretarios y subgobernadores. Otra vez, el segundo a cargo puede sustituir al gobernador electo.

Se tiene entonces que tres de los cinco estatutos optan por incluir esta nuevo personaje a la administración política departamental. ¿Porqué La Paz y Potosí no incluyeron esta opción?, es una interrogante que queda pendiente. Ésta es, a grandes rasgos, una descripción general de las formas de gobierno que plantean los cinco estatutos puestos a votación. Por supuesto, lo más óptimo es consultar los textos en extenso, los que se encuentran en formato PDF en la página del Tribunal Supremo Electoral:http://tse.oep.org.bo


lunes, 17 de agosto de 2015

ONG en la mira: en riesgo el pluralismo en la investigación








Mentiroso, en realidad, es quien acostumbra mentir. Llamando de este modo a cuatro ONG, el Vicepresidente en los hechos ha abierto el debate sobre el pluralismo de la investigación en el Estado Plurinacional.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz
00:07 / 16 de agosto de 2015

Desde el sábado 8, el vicepresidente Álvaro García Linera ha puesto abiertamente en el debate público la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a lo que se puede llamar ‘producción de conocimiento’. Su protesta se orientó hacia cuatro: las fundaciones Milenio y Tierra, el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) y el Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia).

Al margen de las acusaciones, digamos, de imagen de tales instituciones (que Milenio depende de Gonzalo Sánchez de Lozada; que Tierra es dirigida por un exministro de Goni; o que tanto el CEDLA como el Cedib están bajo la dirección de “trotskistas verdes”), el Mandatario reclamó el hecho —dijo— de que estas instituciones no dicen la verdad y llevan adelante una actuación política encubierta: “¿Cuál es el problema? El problema es que mienten, que tergiversan, que hacen política partidaria”, señaló García Linera en un acto de entrega de títulos de propiedad en el municipio cruceño de Cotoca.

Para los directores de tres de las entidades aludidas, la acusación del Vicepresidente, aparte de injusta, pone en tela de juicio la actividad investigativa ‘no gubernamental’, independiente del Estado, socavando de este modo el pluralismo en la producción de información y conocimiento. 

Para el Vicepresidente, dichas ONG defienden un “discurso imperial” vigente desde hace por lo menos 50 años, de control de la natalidad en los 70 y de “supuesta protección de la naturaleza” hoy día; en la lógica, esto último, de convertir a los países del sur en “guardabosques” para beneficio de los del norte. Para García Linera, es este discurso lo que en el fondo defienden dichas ONG, pero lo hacen con “mentiras, con datos erróneos, haciendo política partidaria”. De aquí que, entonces, remarca: “usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos de nuestro país; si se entromete, se va afuera”. 

En una nueva conferencia de prensa el jueves 13, el Mandatario ciertamente dio un giro: aclaró que su reclamo específicamente se refería a ONG y gobiernos extranjeros que intervengan en el país con fines políticos; que no se va contra las ONG nacionales, “eso se respeta y garantiza; lo que no vamos a permitir es que ONG extranjeras, instituciones extranjeras, gobiernos extranjeros, financien actividad política partidaria en nuestro país”. 

Todo esto, precisó luego, “por el principio de soberanía”, recordando como ejemplos del proceder estatal la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en septiembre de 2008, y la salida de la ONG IBIS, en diciembre de 2013.

Con respecto a las “ONG bolivianas”, el Mandatario afirmó “todo el respeto, toda la protección”. Aunque, nuevamente señaló que aquí el problema es la mentira: “en el caso de esas cuatro ONG, que yo las he criticado, y mantengo mi crítica, porque son mentirosas”. A tiempo de reconocer que se trata de instituciones de “mucha antigüedad”, introdujo el criterio más bien político-generacional: “lamentablemente la gente que convirtió a esas ONG en instituciones respetables, no están ya en esas ONG; eran izquierdistas que ya no están en esas ONG, han quedado puro derechistas y la mayor parte mentirosos; pero, son bolivianos, y tienen todo el derecho de hacer su actividad y tienen el derecho también para mentir, y respetamos su derecho para mentir”.

En lo relativo al rol o incidencia política de las ONG, especialmente las dedicadas a la producción de conocimiento, el director ejecutivo del CEDLA, Javier Gómez, apela al ineludible nexo entre la investigación y su efecto político: uno al investigar y hacer públicos sus resultados, naturalmente que puede influir en la percepción de los hechos públicos a que se refiere. Investigar y publicar “es una actividad del conocimiento que lógicamente es política, porque somos actores de la sociedad”. 

Para el director de Tierra, Gonzalo Colque, “lo político”, que no lo político-partidario, se establece desde el momento en que el objeto de estudio es un hecho social: “si toca el interés público, tiene contenido político”; en general, afirma, es imposible “no hacer política”, o desentenderse del hecho de que “toda actividad humana es relación de poder, inducir, tener objetivos; imposible trabajar de manera apolítica; otra cosa es partidaria, de luchar por el poder”. 

Recordando que Tierra nació hace 25 años, en el contexto del debate sobre la Ley de Tierras de 1996, bajo el contexto de la investigación para debate coyuntural, ahora la labor se orienta más, asegura, hacia las políticas de Estado (ya no solo de gobierno), es decir, investigaciones de largo aliento, “más cercanas a los cambios estructurales”. Por esto, el investigador no se hace problema en manifestar que, en general, la intención de su institución es incidir en dichas políticas públicas, como es derecho, por lo demás, de cualquier ciudadano: “Claro que nos interesa influir en programas de desarrollo, en políticas públicas; proponer dónde deben ir los recursos públicos, mostrar cuáles son las áreas más débiles, entre otras cosas”.

Por su parte, el director del Cedib, Marco Gandarilla, introduce el criterio de la “utilidad social” de toda investigación. “Descubrir, por ejemplo, que se están vertiendo 35 toneladas de mercurio en los ríos amazónicos, tiene que llevar a un gran debate público en Bolivia; no discutir eso públicamente (que es lo que nos está diciendo el Vicepresidente: ‘ustedes señores no hablen de asuntos comunes’) no es correcto, porque la política son los asuntos comunes, lo que nos importa a todos; ese no es un asunto privativo de los políticos, ese es un derecho de todos”. 

En lo relativo al debate propuesto por García Linera acerca de la mentira en el trabajo de las cuatro ONG objeto de su crítica, el primero en reclamar lo injusto y hasta ilógico de la acusación vicepresidencial es Gandarillas, del Cedib: 

“Extraña que nos llamen mentirosos, cuando el propio Estado y Gobierno están usando el servicio del Cedib. Concretamente, la comisión del Senado que estudió la capitalización tuvo que recurrir a nosotros, para fundamentar su informe; segundo, la Procuraduría del Estado, que tiene una demanda de la transnacional Sout American Silver, que tenía el yacimiento en Mallku Kota, nos ha pedido igual nuestra información, nuestros estudios, porque son vitales para la defensa que tiene que hacer ante esta transnacional”. 

En 2014, relata Gandarillas, cuando se debatió la ley minera, el propio Estado tuvo que reconocer que los estudios del Cedib sobre cooperativas y empresas transnacionales eran “clave” para identificar el interés de cada sector con respecto a dicha norma. En la investigación social, se sabe, el primer problema es de enfoque, del punto de vista que construye el investigador; a esto parece apuntar el Vicepresidente cuando expresa su desconfianza de las cuatro ONG con su convicción de que se trataría de estudiosos “de derecha”. 

Para Colque, de Fundación Tierra, si bien es innegable que en el diseño de la investigación existen diferentes enfoques para llevarla a cabo, lo que de alguna manera incidirá en los resultados que se obtengan, esto no da para reducir todo a mentiras sí, mentiras no, o que uno expresamente investigue para mentir.
“En los temas económicos y sociales, no existen ni mentiras ni verdades, no hay una realidad absoluta; lo que hay son distintas interpretaciones, metodologías y enfoques que se aplican para llegar a una determinada conclusión. Lo válido en este trabajo es la argumentación, las evidencias que presentas para respaldar una conclusión, y cuanto mejor metodología de investigación utilices, mejor la calidad de la conclusión”.

Desde el punto de vista del efecto que tienen las investigaciones que llevan adelante las ONG, el director del CEDLA, Javier Gómez, advierte de cómo la sola descalificación del contrincante en el debate público a lo único que conduce es a desmejorar la democracia. El ritual de descalificar al rival antes que debatir con él, lo que hace es “oscurecer” el debate público; con ello, señala Gómez, “se reducen los espacios democráticos; nosotros pretendemos aumentar la capacidad de deliberación, para que haya más democracia”. En rigor, en la investigación, en la seria, a lo sumo lo que puede haber es equívocos, errores, mala interpretación, a lo que necesariamente debe corresponder la rectificación. 

“Nosotros criticamos la política pública, y ahí tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos la obligación de pedir disculpas públicas si nos equivocamos. Pero nadie nos responde de parte del Gobierno sobre nuestras investigaciones; no discuten el gasolinazo, la industrialización; solo nos responden con adjetivos”, lamenta Gómez.

¿Pero a qué mentira puede referirse el Vicepresidente? En el discurso de García Linera el sábado 8 en Cotoca, al dar cifras de la distribución de la tierra en los nueve años del “proceso de cambio”, el Mandatario afirma que prácticamente se ha dado la vuelta a la tortilla; si antes la relación era: grandes hacendados, 39 millones de hectáreas, contra 13 millones “la gente humilde”; hoy es: indígenas e interculturales, 42 millones de hectáreas frente a 6 millones los grandes hacendados. Ante ello, afirma García Linera, las ONG “ocultan estos datos, engañan a la gente, dicen que el gobierno del presidente Evo no está cambiando la estructura agraria”. Al respecto, solo como una aproximación a este complejo tema, el director de Tierra, Gonzalo Colque, señala que otra entrada también legítima para analizar el tema es ver dónde está la superficie cultivada en el país, o sea, la tierra efectivamente útil. “Más o menos son tres millones de hectáreas; dos millones están en Santa Cruz, y un millón en el resto, en ocho departamentos del país; y el 80% de los campesinos, de la población rural está fuera de Santa Cruz”.

García Linera en el mismo discurso de Cotoca advirtió: “llamo la atención a que mis hermanos estén muy atentos con esas dos ONG (Tierra y Cedib)”. Para Javier Gómez, aquí hay una actitud “despectiva” del Vicepresidente hacia la gente: “porque cree que nosotros (las ONG) les podemos engatusar, engañar. Respetemos la madurez de la sociedad boliviana para saber qué es verdad y qué no es, a partir de la realidad que vive”. Por lo mismo, Marco Gandarillas deplora este “acto de incitación de la sociedad hacia nosotros, llamando a sectores sociales contra nosotros; cuando el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de todos”. 

Intelectuales: García tiene un gesto de intolerancia

En el sitio web de la Agencia de Noticias Fides, el jueves 13, se informa que intelectuales del mundo calificaron los dichos del vicepresidente Álvaro García Linera sobre las ONG  como “un gesto de intolerancia”. Se trata de una carta que 28 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa enviaron al Vicepresidente del país. En la misiva, describe ANF, los firmantes expresan su preocupación “por las acusaciones y amenazas de expulsión” lanzadas por García  Linera contra Milenio, Tierra, el CEDLA y el Cedib. “Dichas acusaciones y amenazas constituyen un gesto de autoritarismo e intolerancia de su parte”, afirma la carta. 

Aparte del expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta, destacan como firmantes de la carta el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos y la matemática mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar, quien fuera compañera del vicepresidente García Linera en la década de los ‘90, cuando ambos militaban en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).

“Como bien sabe el Vicepresidente, la disidencia o la crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e intelectual; esto es, con más democracia”, advierten los 28 intelectuales, según ANF. 

“Lamentamos, además, que quien levanta estas acusaciones y amenazas sea un prestigioso intelectual y sociólogo, autor de tantos e importantes trabajos e investigaciones sobre Bolivia, con proyección latinoamericana. En virtud de ello, en nombre del pensamiento crítico que usted mismo dice representar, quisiéramos hacer un llamado a la reflexión”, firman dichos intelectuales.

Además de los citados, entre los firmantes de la carta abogando por las ONG, están: Pierre Salama (Universidad de París), Eduardo Gudynas (investigador ambiental, Uruguay), Raúl Zibechi (ensayista, Uruguay), Maristella Svampa (socióloga, Argentina), Pablo Ospina (Ecuador). 

Es cuestión de defensa de la soberanía: Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia

Se trata de un tema de defensa de nuestra soberanía; las ONG bolivianas y el personal boliviano tienen todo el derecho de hacer su actividad como vean conveniente y el Estado les protege; es más, hay muchas ONG que colaboran al país, hacen una gran actividad social; pero ninguna persona jurídica (ni gobierno ni ONG) puede financiar actividad política en Bolivia. 

Hay poca información sobre el saneamiento: Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra

En los últimos años, seis o siete, no hay un informe oficial anual sobre el estado del saneamiento y titulación de la propiedad agraria; lo que hay a veces es pequeños pawerpoints, que no tienen firma institucional. Tampoco existe información desagregada. El censo agropecuario ha sido en 2013; hasta hoy, 2015, aún no se han presentado sus resultados.

Se atenta contra la libertad de expresión: Javier Gómez, director del CEDLA

Las declaraciones del Vicepresidente no se dirigen solo contra las ONG; en muchos casos se han dirigido a organizaciones sociales que en cierto momento se han opuesto a alguna acción o política gubernamental. El contexto es la reducción del derecho de la libre asociación y de la libre expresión. Esto lo ha denunciado el propio Defensor del Pueblo.

El Estado es uno de nuestros usuarios: Marco Gandarillas, director del Cedib

En el Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib) hay varias líneas de estudio; nuestra experiencia en recursos naturales es al menos 20 años. El Estado es uno de nuestros principales usuarios, de nuestro fondo documental, pero también de nuestras investigaciones. Y hablamos a nivel de municipios, de gobernaciones, el propio Gobierno, el Parlamento.


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Aún está por definirse la constitucionalidad de la norma

 

El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la demanda de inconstitucionalidad de la norma de registro de las ONG, por violar, se dice, la libre asociación.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz
00:06 / 16 de agosto de 2015

En noviembre de 2014, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dos aspectos específicos de ambas normas (la Ley 351 y su Reglamento). El registro legal de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en más de un departamento está normado por la Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas del 19 de marzo de 2013 y por el Decreto Supremo 1597, Reglamento parcial de la Ley 351, de junio de 2013.
La ley y el reglamento parcial disponen que todas las organizaciones e instituciones sin fines de lucro que ya estaban registradas, ahora deben “reinscribirse”: “en un plazo de hasta cinco meses (...) las personas colectivas que desarrollan sus actividades en más de un departamento y que obtuvieron su personalidad jurídica con anterioridad a la publicación de la Ley 351, deberán adecuarse a lo dispuesto en la normativa vigente”.
El Defensor pide declarar inconstitucionales: el parágrafo segundo, numeral 1 del artículo 7 de la Ley 351 del 19 de marzo de 2013; y el inciso g del artículo 19 del Decreto 1596. En el primer caso, se trata del artículo referido a los estatutos de la ONG: “II. Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones deberán mencionar en su contenido: 1. La contribución al desarrollo económico social”.
En el segundo aspecto, el artículo 19 del Reglamento se refiere a las causas por las que se podrá proceder a la revocatoria de la personalidad jurídica de la ONG; una de éstas, precisamente el inciso g, dice: “g) Por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales, previo informe del ministerio del área”. 
La demanda fue admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la fecha se encuentra en poder de un Magistrado Relator de esta entidad judicial.  Ambos fragmentos no significan otra cosa que la sujeción de las organizaciones no gubernamentales a los planes de desarrollo estatales, destaca el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas:
“Nos piden que hagamos modificaciones inadmisibles en los estatutos, de alineamiento al Gobierno, que digamos de qué manera vamos a implementar políticas sectoriales con las que estamos en contra. Que asumamos el plan de desarrollo, la agenda patriótica”.
Y es que para el investigador se trata de un contrasentido: siendo organizaciones de la sociedad civil (“no gubernamentales”), la nueva norma en rigor dispone que dejen de ser tales. “Nos piden que nosotros seamos un brazo más del Estado, organizaciones para-gubernamentales o pro-gubernamentales. Eso va contra nuestra naturaleza”.
Obligadas a asumir estas nuevas condiciones, el Director del Cedib cuenta cómo muchas organizaciones optaron por cerrar sus puertas antes que someterse a este control.  Hay que recordar que la relativamente nueva norma de personalidad jurídica de ONG ya fue impugnada por una instancia especial de la Organización de Naciones Unidas.
En mayo de 2015, como informa la prensa de la época, el relator especial Maina Kiai en un informe específico sobre el tema señaló que la legislación boliviana que regula el funcionamiento de las ONG “vulnera y restringe el derecho internacional de asociación”; el documento se complementa con el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor contra dos artículos de la nueva norma sobre las ONG.
El 15 de diciembre de 2014, la organización no gubernamental internacional dedicada a los derechos humanos Human Rights Watch envió una carta al presidente Evo Morales, “con el propósito de instarlo respetuosamente a que promueva la reforma de diversas leyes que restringen derechos humanos protegidos por tratados internacionales ratificados por Bolivia”; firma la misiva José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.
Dos de esas disposiciones son la Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas, y su decreto reglamentario 1597. Vivanco afirma que “En conjunto, estas disposiciones otorgan a las autoridades facultades excesivamente amplias para regular las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, socavando el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de los defensores de derechos humanos”.
El decreto supremo, continúa Vivanco: a) autoriza a funcionarios a disolver organizaciones de la sociedad civil por causas que podrían ser arbitrarias; b) permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías la revocatoria de la personalidad jurídica de una organización si considera que ésta actúa fuera de lo previsto en su estatuto; c) la Asamblea Plurinacional también podría solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”; y d) el decreto prevé que los estatutos de las organizaciones deben indicar en qué medida sus actividades “toman en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.
  En lo cotidiano, entonces, aquí está por ahora el “drama” de las ONG, en adecuar su estatuto a la nueva norma. En algunos casos, una y otra vez es devuelto el documento, a veces por una palabra, “observaciones semánticas”, según un testimonio.
Del lado del Ministerio de Autonomías, encargado del control y seguimiento del registro de las ONG, su titular, el ministro Hugo Siles, esta semana adelantó que se fiscalizará el trabajo de estas instituciones. Le acompañarán en esto legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores dedicados al control social. “Hay que hacer una fiscalización sobre el objeto de esas entidades y si hay diferencias en el objeto que registran pueden ser susceptibles de la anulación”, dijo el miércoles el dignatario de Estado.