Por:
Alan E. Vargas Lima
Resulta necesario comenzar señalando que la Constitución Política del
Estado, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional,
augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo
con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la
sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien),
ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y
qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no
seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de
restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada
hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo
enraizado en las naciones y pueblos que, sin embargo, de manera permanente se
confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras
instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento
transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción (Cfr. Sentencia
Constitucional Plurinacional Nº0971/2016-S1, de 19 de octubre).
Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123
de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en
materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos
cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el
resto de los casos señalados por la Constitución.
En ese contexto, y comenzando el mes de la primavera, se ha puesto en
vigencia la nueva Ley Nº974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, de fecha 4 de septiembre de 2017, que tiene por objeto regular el
funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en
el Estado Plurinacional de Bolivia, y su coordinación con el Ministerio de
Justicia y Transparencia institucional.
Es importante poner de relieve, que esta nueva ley define a la
Transparencia como “Administración de los
recursos del Estado visible y limpia (sic), por parte de las servidoras y los
servidores públicos, personas naturales y jurídicas, nacionales ya extranjeras,
que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Así como la honestidad
e idoneidad en los actos públicos y el acceso a la información en forma veraz,
oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa”;
y establece como competencia concurrente, la gestión de la transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción en el marco del Parágrafo II del
artículo 297 constitucional, y el artículo 72 de la Ley Marco de Autonomías.
En otras palabras, esta nueva Ley impulsa la creación de un
sistema articulado de unidades de transparencia que abarque a todas las
entidades estatales, como un paso muy importante en la lucha contra la
corrupción; a cuyo efecto, tiene como ámbito de aplicación todas las entidades
y empresas públicas, así como toda entidad en la cual el Estado tenga
participación accionaria. Ello implica que las Entidades Territoriales
Autónomas no se hallan bajo el ámbito de aplicación de esta Ley, salvo por la
responsabilidad que impone esta Ley a las Entidades Territoriales Autónomas
Departamentales, Regionales y Municipales, entidades descentralizadas y
empresas públicas departamentales, regionales y municipales, de contar con
instancias de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, bajo la denominación
y estructura que ellas determinen.
Ello implica también que deberán
impulsar una investigación eficiente y oportuna de las irregularidades en la
administración, pero sin transformarse en un esquema burocrático y/o arbitrario
de control, que llegue a afectar la gestión pública. Por otra parte, lleva
mucha razón la editorial de La Razón de fecha 9 de septiembre del presente año,
cuando plantea que, ciertamente hay que ser realistas: “las denuncias de corrupción son hoy en día el instrumento favorito
para la lucha política; afectar la reputación del adversario o del funcionario
suele ser un medio efectivo para obtener réditos políticos”.
Por tanto, si bien todos estamos de
acuerdo en que el Estado debe ser riguroso en la lucha contra este flagelo que
significa la corrupción, eso no debería afectar o menoscabar el libre ejercicio
del derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso, de quienes se
vean involucrados en este tipo de casos.
De ahí que la “Lucha contra la
Corrupción” definida en esta nueva norma, no solamente debería significar las
políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos y acciones destinadas a
realizar el seguimiento, monitoreo y gestión de denuncias por actos de
corrupción y consecuente recuperación del daño económico causado al Estado
(como señala textualmente la Ley), sino que todo ello debiera enmarcarse en las
garantías constitucionales mínimas de los servidores públicos involucrados en
estos actos.
En este sentido, conviene recordar que
la presunción de inocencia, al igual que el debido
proceso tiene una triple dimensión: principio, derecho y garantía.
a) Principio, porque
está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el
trámite procesal, ello supone que se convierte en una directriz de la
administración de justicia que debe ser observada por todas las autoridades y
servidores públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado,
tanto en el ámbito punitivo como en todo el sistema administrativo sancionador.
b) Derecho,porque es predicable respecto de todas las personas,
vincula a todos los órganos de poder y se encuentra reconocido como un derecho
humano por los instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa
Rica (art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.
14.2), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 11.1), la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 26) como en los Instrumentos
Internacionales se encuentra reconocido como un derecho humano.
c) Garantía,de carácter normativo constitucional, que se
constituye en un mecanismo protector dentro de los procesos judiciales o
administrativos a través del cual se proscribe la presunción de culpabilidad.
Es
así que, en el ordenamiento jurídico
boliviano, la presunción de inocencia con su triple valor, se encuentra
reconocida por la norma suprema, al señalar en su art. 116.I que: “Se garantiza la presunción de inocencia”,
cuyo contenido ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional
contenida en la Sentencia
Constitucional Plurinacional Nº2055/2012, de 16 de octubre.
Así
también, en el ámbito normativo, el
debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se
encuentra reconocido como un derecho
en el art. 115.II de la CPE, así como por instrumentos internacionales en
materia de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme
al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; por
otra, como garantía jurisdiccional,
configuración jurídica contemplada ya por el art. 16 de la CPEabrogada, que se
ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE vigente que dispone: "Ninguna persona puede ser condenada
sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso";
finalmente, el debido proceso también se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de
legalidad en su vertiente procesal, que está expresamente previsto -como
principio procesal de la jurisdicción ordinaria- por el art. 180.I de la CPE;
empero, al derivar de otro principio cual es el de legalidad en su vertiente
procesal como ya se ha referido, no sólo debe ser observado en instancias jurisdiccionales,
sino también en sede administrativa (Cfr. Sentencia Constitucional
Nº0136/2003-R de 6 de febrero).
En consecuencia,
estos son los lineamientos constitucionales mínimos e indispensables, dentro de
los cuales deben llevarse adelante todas las investigaciones que pretendan
asegurar la transparencia institucional, y hacer efectiva la lucha contra la
corrupción en Bolivia.
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Comunicado
de Prensa
CIDH publica
resolución sobre derechos humanos, impunidad y corrupción
12 de
septiembre de 2017
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Datos de contacto
Oficina de Prensa y Comunicación de la
CIDH
Tel: +1 (202) 370-9000
Tel: +1 (202) 370-9000
Washington, D.C. - La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy la Resolución 1/17 Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la
Corrupción.
La Comisión decidió emitir la resolución
con base en la relevancia de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que
guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos
humanos, y en atención a la situación que se vive en Guatemala tras la decisión
del Presidente de la República Jimmy Morales de declarar persona non grata
a Iván Velázquez, Comisionado titular de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenar su expulsión del país.
La Comisión reitera su disposición a que
su Relator de país y su Relator sobre Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos visiten Guatemala con la finalidad dar seguimiento a
la visita in loco realizada entre el 31 de julio y de agosto
de 2017 y recibir información actualizada sobre la situación de derechos
humanos en preparación del informe de país correspondiente; tal y como fue
anunciado durante la audiencia “Denuncias sobre amenazas a la independencia
judicial en Guatemala”, celebrada en el marco del 164 Período de
Sesiones de la CIDH en México, a solicitud de la sociedad civil.
La CIDH es un órgano principal y autónomo
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la
Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan
sus países de origen o residencia.
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