‘Hicimos requerimientos contra Romero, Chávez, Yañíquez y Santiesteban’
El Defensor del Pueblo habla del caso Yucumo
La Razón – 27 de noviembre de 2011
Rolando Villena - El Defensor del Pueblo sale al paso de las críticas de sectores de oposición que denuncian que su informe ha librado del caso al Presidente del Estado. Él dice que Evo Morales no tiene que ver con la represión.
El Defensor del Pueblo presentó la semana que termina su informe sobre la represión violenta de Yucumo. Su principal conclusión es que el exministro de Gobierno Sacha Llorenti decidió la intervención policial, por lo que pidió procesarlo penalmente. “Nosotros hemos dicho que una vez que sea de conocimiento del fiscal, que tome en cuenta nuestro aporte como insumos, y que los procesos que él ya ha iniciado, que siga, y si él los ve conveniente, es otro tema; no estamos dándole una orden”.
Esta semana fue la atención pública en relación al informe que presentó sobre la violenta represión de Yucumo, el 25 de septiembre. Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo, pasó de ser la supuesta ficha del Gobierno a la autoridad constitucional que le pone el ojo a la administración de Evo Morales sobre su actuación respecto de los derechos humanos. Ahora apunta a dos ministros, un jefe policial y una autoridad judicial.
En su criterio, los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Gobierno, Wilfredo Chávez, omitieron entregarle información del caso, por lo que anuncia que requirió un proceso judicial contra ellos. Están en la misma situación la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, y el comandante de la Policía, Jorge Santiesteban.
“Vamos a hacer el seguimiento, porque no puede quedar el caso en la impunidad”, dice. Se sustenta en el artículo 233 de la Constitución Política del Estado y el 25 de la Ley 1818, del Defensor del Pueblo. ¿Entonces amerita un proceso por omisión de colaboración contra los cuatro? “Sí, exactamente”. Pero la charla con Animal Político da para más.
— ¿Qué hacía el 25 de septiembre, el día de la represión?
— La madrugada de ese día había llegado de Caracas. Conocía todo lo que había pasado a partir de las 17.00, estuve al tanto de todo lo sucedido y convoqué a una conferencia de prensa.
— ¿Cuál fue su reacción?
— De indignación y de rechazo al uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía. En conferencia de prensa he condenado esas acciones desproporcionadas y he pedido que el Gobierno extreme sus esfuerzos para esclarecer los hechos.
— ¿Qué acciones más concretas?
— Mantenerme en la coherencia de nuestro discurso y nuestra práctica con los derechos humanos.
— ¿Llamó a alguna autoridad del Gobierno?
— Sí, hemos conversado en dos oportunidades con el entonces ministro Sacha Llorenti.
— Le hablo del momento de la represión.
— No, porque ya era muy tarde. Todo lo que sucedió fue entre la tarde y noche del 25.
— Pero pudo hacerse algo si usted hubiera intervenido.
— Según el mandato constitucional, teníamos gente que estaba acompañando la marcha y curiosamente se vio el momento oportuno para intervenir la marcha. Es otro elemento que no se ha dicho hasta el momento.
— ¿Cómo encontró las evidencias del informe?
— Nuestro objetivo era establecer qué derechos humanos se han conculcado el 25 y 26 de septiembre, con todos los antecedentes de la marcha del 15 de agosto y sus orígenes, por qué los pueblos indígenas del TIPNIS lo decidieron y negaron que la carretera continúe. Se habían agotado todas las instancias, a decir de los marchistas y los dirigentes.
Desde ese momento hicimos el acompañamiento, tomando en cuenta todos los antecedentes del accionar de los marchistas y los policías, y también todas las reuniones, por lo menos las dos que sostuve con el ministro Llorenti (16 y 26 de septiembre).
— Él dice que sólo se reunió con usted el 16 de septiembre.
— Si él niega, es su problema.
— ¿Cuánta incidencia podrá tener su informe?
— Como no tenemos un mandato coercitivo y no tienen fuerza de ley nuestras resoluciones, partiendo de la magistratura de la persuasión, habida cuenta del establecimiento de qué derechos humanos individuales y colectivos se vulneraron, y con un Estado que consagra 142 artículos sobre derechos humanos, un Estado garantista de los derechos humanos, esto (el informe) se constituye en un aporte para que el Fiscal pueda ampliar o profundizar las investigaciones.
Nuestro aporte no es una prueba preconstituida que necesariamente debe tomar en cuenta el fiscal. Lo debe tomar —es un mandato constitucional— porque se evidenciaron hechos en contra de los derechos humanos. No estamos tipificando el delito; ese trabajo tiene que hacer la Fiscalía.
— Entonces, ¿no es necesariamente vinculante?
— Así es, exactamente.
— El Gobierno desahució el informe y dice que éste es una sentencia en el que no declararon las autoridades.
— No han leído el informe, como pasó con el de Caranavi, cuando se basaron en opiniones publicadas en la prensa. Si no hay elementos de fondo y argumentos de peso en la posición jurídica y ética basada en los derechos humanos, cómo es posible que el informe sea sesgado y subjetivo. Esos mismos argumentos usaron en el caso Caranavi; se repiten las mismas frases.
Tiene que haber un momento para serenarse, enfriar la cabeza y leer el informe. No estamos usurpando ninguna función, no nos atribuimos la labor de un fiscal y tampoco la de un policía; sólo estamos diciendo qué derechos humanos se han violando. Ése es el aporte, para que contribuya al establecimiento de la verdad y en materia jurídica, la verdad histórica.
— ¿Tendría que haber sido incluido el Presidente como denunciaron algunos medios?
— No, no, porque nosotros no nos basamos en conjeturas y deducciones. El Presidente del Estado delega funciones a los ministros y al hacerlo ante el Ministro de Gobierno encarga temas de seguridad, inteligencia o la gestión de conflictos.
En la anterior Constitución el Presidente también era el comandante de la Policía; ahora delega esta función al Ministerio de Gobierno.
Nosotros no hemos podido tener acceso a ninguna prueba que nos haya mostrado que hubo indicios de que se realizó una reunión de gabinete para la toma de decisión; nosotros no podemos actuar sobre transcendidos.
— Como lo dijo la ministra Nilda Copa: no hubo gabinete para tratar la intervención.
— Es un asunto que tendrán que sostenerlo así cuando el Fiscal los convoque.
— ¿Sacha Llorenti ordenó la represión, instruyó el operativo u ordenó la intervención?
— Llorenti tomó la decisión de intervenir la marcha el 24 de septiembre. Quien ejecuta esa decisión para intervenir la marcha es el general (Óscar) Muñoz; estamos hablando ya del 25. Hay una disposición interna que se establece, y éste es un documento importante que nos hizo llegar el exviceministro Marcos Farfán; nos lo entregó antes de su declaración ante la Fiscalía. Pero lo convoqué para pedirle que se ratifique en sus declaraciones.
— Según declaraciones de Farfán, la instrucción inicial de intervención de Llorenti se suspendió, aunque el operativo se precipitó. ¿Coincide con esto?
— Hay dos elementos que señalar: luego de eso hay otras instrucciones a dos generales que son enviados desde La Paz hasta Yucumo para tomar el mando del operativo en el mismo punto del conflicto. Esto es fundamental.
— En las declaraciones ante el fiscal, Farfán dice que en cuanto se precipitó el operativo pidió un reporte a Muñoz y éste le respondió que la orden es de La Paz. ¿Se pudo establecer de quién fue la orden?
— Ése es un trabajo que debe cumplir la Fiscalía, nosotros no hacemos ese tipo de investigaciones. Pero son indicios de prueba.
— ¿Pudo conocerlo?
Sí, evidentemente. Se trataría, no estoy afirmando. Estamos diciendo acá en cuanto al incumplimiento de obligaciones y responsabilidades atribuibles presuntamente al ministro Sacha Llorenti, porque habría decidido que se intervenga la marcha y habría ordenado la realización de actos preparatorios para su ejecución delegados en Farfán y (Boris) Villegas Farfán, porque habría coordinado y participado del operativo, y organizado el traslado de marchistas detenidos arbitrariamente.
— ¿Qué implicaciones judiciales tendría el hecho de decidir el operativo y ejecutar la represión?
— Eso tiene que hacerlo la autoridad competente, el fiscal, para tipificar el delito con los indicios de prueba, desde la vulneración de los derechos humanos. Nosotros no podemos atribuirnos esa labor, por eso las declaraciones de los ministros (Wilfredo Chávez y Nardi Suxo) están fuera de contexto.
‘Estamos preocupados por otro conflicto’
— ¿Se cumplen o no las leyes a favor de los indígenas en el país?
— Parcialmente; hay avances, pero el trabajo de reconocer el rol político de participación y de construcción ciudadana de los pueblos indígenas es todavía un proceso.
— ¿Está de acuerdo con que no se construya la vía por el TIPNIS?
— Estoy de acuerdo como Defensor del Pueblo en valorar y rescatar las profundas aspiraciones de los pueblos indígenas en el acceso al derecho del desarrollo.
Pero eso no puede verse como algo de oposición a la práctica en teoría y la aplicación del derecho al desarrollo desde una visión más occidental; ambas podrían ser compatibles. No podría haber oposición. No se va poder alentar ningún proyecto, ni hidroeléctrico u otros, que altere la vida y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
— ¿Personalmente cree que esta carretera iba a perforar el Parque?
— Sí, porque he estado en el interior del TIPNIS, he leído y he conversado con las autoridades, a quienes escuché para entender el problema.
— ¿No quieren carretera?
— No se oponen a la carretera; todo es cuestión de negociar políticamente y técnicamente para ver qué alternativas puede haber
— ¿Entonces el Gobierno falló?
— Si el Gobierno hubiera impulsado el derecho a la consulta, que es previa, informada, de buena fe y en algunos casos de carácter vinculante, no hubiésemos tenido todo este problema. Por eso, una de las recomendaciones es que el Ministro de Obras Públicas debe tomar en cuenta el derecho a la consulta previa para que, antes de la elaboración del perfil del proyecto carretero, el derecho a la consulta se hubiera ejecutado. Y como resultado de eso habría resultados desde esta otra visión de los pueblos indígenas.
— Hay comunidades que sí quieren vía. ¿Las ha visitado?
— Pero, claro, lo sé; pero también se debe señalar que el derecho a la consulta debe realizarse respetando todas las estructuras, participativas y democráticas.
— ¿Ha tomado en cuenta el Defensor la posible activación de conflictos, esta vez por quienes quieren la carretera?
— Estamos muy preocupados por esto. He instruido a mis representantes que se haga todo un seguimiento al tema en el Chapare; queremos hablar con ellos. No estamos para polarizar las relaciones, no queremos eso.
Rubén D. Atahuichi López es editor de Animal Político
