Juan C. Alurralde - Estados Unidos, Canadá, Chile y Costa Rica observaron la iniciativa boliviana de Seguridad Alimentaria con Soberanía. Alurralde explica que son países conservadores.
Perfil
Nombre: Juan Carlos Alurralde
Nació: 27-09-1964
Profesión: Ingeniero Agrónomo
Cargo: Vicecanciller del Estado
Datos
Desde que el canciller David Choquehuanca asumió su cargo en 2006, Juan Carlos Alurralde lo acompañó como su asesor. Es experto en la temática de recursos hídricos, por lo que fue negociador en el tema del Silala. Desde marzo de 2011 es vicecanciller.
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Critica aquellas versiones que desprestigian la campaña que realizó el Gobierno respecto del tema marítimo. Explica que Bolivia logró un triunfo durante la exposición de su informe en la Asamblea de la OEA, que se desarrolló en Cochabamba. Justifica su posición al leer la conclusión del foro continental, que establece que el tema marítimo debe ser resuelto bajo el ámbito de la OEA; es decir, que continúa siendo una problemática de interés permanente y del hemisferio.
No duda en expresar que Bolivia logró una victoria en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto del mar. En su argumento, dice que el foro continental consideró que el problema es permanente y de interés del hemisferio. Así, Chile fracasó en su intento de evitar que el diferendo marítimo sea abordado en Cochabamba.
Recibe a Animal Político en su despacho. Califica de exitosa la realización de la Asamblea, a la que asistieron 19 cancilleres y jefes de delegación. Ahí, entre risas, dice que el Gobierno recibió felicitaciones por la organización. Además, asegura que esta cita no tuvo similitud con las anteriores por la característica en la temática: Seguridad Alimentaria con Soberanía, que tuvo observación de cuatro países, aunque su concepto ya es parate del debate regional.
— ¿Qué balance tiene el Gobierno de la 42 Asamblea de la OEA que se desarrolló en Tiquipaya?
— El balance es positivo desde diversas perspectivas. Nos sentimos satisfechos, contentos; todo el esfuerzo empeñado desde hace meses de trabajo fue fructificado en una Asamblea exitosa, y no sólo desde una perspectiva logística, escénica, de hospitalidad y de servicios, sino desde la perspectiva temática. En ambos casos ésta fue una asamblea que dejó muy buena impresión a nuestros huéspedes.
— La temática de la Asamblea de la OEA fue compleja. ¿Cómo se logró consensos?
— En el ámbito temático, la agenda era complicada. Era una Asamblea que tenía temas muy complejos, no era una Asamblea en la que había criterios unánimes sobre puntos sensibles, como en el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todo eso lo hemos heredado, ya que un grupo especial trabajó en las reformas del sistema, y el informe fue evacuado para que sea tratado en la Asamblea, que ya tenía este peso, que, obviamente, fue traslucido en la preocupación de diferentes organizaciones no gubernamentales.
—Al final, ¿el tema central que propuso Bolivia logró consenso?
— El tema central fue Seguridad Alimentaria con Soberanía; hubiera sido fácil si sólo hubiésemos puesto “seguridad alimentaria” y no hubiera habido ningún problema; pero, al introducir el concepto de soberanía alimentaria, se generó un debate y se llegó a Cochabamba con una declaración que no estaba cerrada, justamente por el concepto de soberanía. Sobre soberanía logramos llegar a un consenso; obviamente, no logramos un consenso absoluto. Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Chile pusieron pie de página. En el caso de Chile, son pie de página que no tienen nada que ver con el tema; pero en el caso de Canadá y Estados Unidos, son pies de página que demuestran que no quieren avanzar en conceptos nuevos, dicen que “el concepto no está desarrollado en el sistema internacional, no es un lenguaje acordado, por lo tanto, no podemos acompañar el concepto de soberanía”. Lo cierto es que los países más conservadores del continente están en contra del concepto y eso hace que sea difícil empujar nuevos temas, nuevos desafíos, porque tenemos ese peso gravitante del norte.
— ¿Estos pies de página son observaciones a la declaración?
— Son una reserva. Estados Unidos dice que se reserva a no aceptar el término de soberanía alimentaria; esto les sirve más de carácter interno. En el caso de Chile, dice que se reserva porque explica que el concepto puede afectar a sus tratados de libre comercio; lo que es absolutamente falso. Es un boomerang para ellos, porque refleja un grado de sometimiento en el que se encuentra un país porque al hablar de soberanía podría impactar a sus negocios; entonces, significa que sus tratados afectan a su soberanía.
— ¿Qué implica el término de soberanía alimentaria?
— Es decidir cómo, cuándo y qué queremos comer los pueblos. Eso no puede ser impuesto por compañías o acuerdos internacionales; esto es parte del derecho a la alimentación que está vinculado al derecho a la vida. Estamos contentos porque el término de soberanía alimentaria se introdujo; no está como queríamos, pero sí está el término en el título en la declaración de una Asamblea.
— Pareciera que estos temas quedan en papeles. ¿Cómo lograr una verdadera aplicación?
— Muchas de estas decisiones que se toman pasan al Consejo Permanente de la OEA, para que las impulsen y para su operativización, y muchas otras pasan al ordenamiento interno de los países. En el caso nuestro, la soberanía alimentaria está en nuestra norma interna, está en nuestra legislación; para nosotros no debería haber más que profundizar. Ecuador, lo propio; Venezuela, lo propio, y Nicaragua, también. En realidad, un experto de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) nos dijo que la definición de seguridad alimentaria está en diez legislaciones y en Colombia se está discutiendo un proyecto de ley.
— ¿Qué sabor le deja al Gobierno el debate del tema marítimo en la Asamblea de la OEA?
— Parecía que el conflicto era lograr que Chile pelee por la bilateralidad y nosotros por la multilateralidad; pero eso es un mito. Lo que a nosotros nos interesa es resolver el problema de nuestra salida al océano Pacífico, no nos interesa saber cuántos países han dicho esto o lo otro. En este sentido, la Resolución de 1979 (426) dice que el tema es de permanente interés del hemisferio; ésa es una resolución que no caduca, y si a Chile no le gusta lo que tiene que hacer es presentar otra resolución para abrogar la de 1979 y decir que el tema es de interés bilateral. A nosotros se nos criticó por no haber presentado otra resolución; se debería haber criticado a Chile, porque si quería haber sacado el tema multilateral tenía que haber presentado un documento.
— ¿Cree que hubo temor en Chile por no presentar otra resolución?
— No lo hubieran logrado, quizás muchos lo hubieran considerado, pero no lo hubiera logrado, y por eso no lo intentó, porque habría significado un fracaso de su política exterior.
— ¿Quién fracasó en el tema marítimo durante el foro?
— Fracasó Chile, porque el tema sigue inscrito en el ámbito multilateral, sigue dentro de las resoluciones de la OEA, pero las conclusiones del presidente de la Asamblea General dice que es un tema que tiene que ser resuelto bajo la OEA y respondiendo a las resoluciones. En el tema marítimo, la victoria ha sido nuestra; 21 países intervinieron en el tema, me parecía que le decían a Chile que tiene que dialogar, que tiene que lograr soluciones. El triunfo ha sido de Bolivia, el triunfo ha sido absolutamente boliviano, porque la Resolución sigue vigente, el tema sigue siendo multilateral. Las conclusiones de la presidencia dicen que este tema debe seguir bajo el ámbito de la OEA y dicen que Chile debe cumplir las resoluciones.
— ¿Cómo vio la reacción de Chile?
— Vimos el espíritu de Chile cuando el canciller le dijo a Alfredo Moreno “quisiera una respuesta más clara” y éste le responde que Chile no cambiará. Es muy bueno saber eso para no perder el tiempo en innumerables charlas; respetamos todo eso, pero que nos digan de frente “no vamos a darles una salida soberana”, y que no busquen distracción.
— ¿Qué frutos puede traer a Bolivia el pedir la renegociación del Tratado de 1904 en la Asamblea?
— Lo hicimos en la OEA porque es importante que, frente a la comunidad internacional, frente a más de 60 países observadores y los 34 de la OEA, Bolivia pida que se renegocie el Tratado de 1904. Hubo virtudes, como echar por la borda el argumento de Chile, que dice que Bolivia no respeta el derecho internacional, que es un irreverente; por eso la propuesta, porque un tratado se revisa o se cambia por acuerdo de partes, y eso se lo hizo. Se está respetando el derecho internacional; entonces, el argumento de Chile cae en saco roto. Los tratados se cambian; Chile lo hizo y nosotros pedimos en la OEA renegociar respetando el derecho internacional. Y si es que ellos no quieren cambiar el Tratado, existe la segunda instancia, que son los espacios internacionales de resolución de controversias por medios pacíficos, y eso también es ser respetuoso del derecho internacional.
Continúan las críticas a la CIDH, y lanza propuestas
— ¿Qué propuesta hizo Bolivia a la Asamblea para hacer reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
— Un sistema interamericano de derechos humanos tiene que tener un carácter universal; no puede ser que sea para unos y no para otros. Esto genera un debilitamiento del sistema; los derechos humanos son universales, no puede ser que la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solamente actúe con algunos países porque otros no ratificaron la convención. Existe malestar y la necesidad de ampliar el sistema interamericano; esto más que una pelea o una reflexión con la OEA fue con los países que no ratificaron la convención, con Estados Unidos y Canadá; el remezón fue para estos países.
— ¿Por qué?
— Porque si ellos no se adhieren a la CIDH, si es que ellos siguen sin profundizar o frenando la progresiva de una renovación de la OEA, ésta va a languidecer; irá perdiendo fuerza, nadie querrá ser juzgado si no hay universalidad. Este sistema es de confrontación y no es conciliador. Esto no lo dice Bolivia, sino el informe que hizo la comisión sobre las recomendaciones a reformas del sistema de derechos humanos.
— ¿Denunciar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es un llamado de atención de Bolivia para reformar la OEA?
— El TIAR es un mecanismo de defensa; perdió su peso y nunca fue cumplido. Es por eso que los países del ALBA (Alianza Boliviariana para los Pueblos de nuestra América) decidimos hacer un entierro simbólico de este tratado, porque no se cumple y discursivo, porque en la práctica no sirvió para los propósitos por los que fue creado. Ahora, existen temas más importantes como el Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
— ¿Cómo vio la aprobación de la Carta Social en Cochabamba?
— La Carta Social fue un primer reflejo tímido de la transformación de la OEA, que deja sus temas centrales, que siempre fueron democracia y derechos humanos, para avanzar en tema de alivio a la pobreza. La Carta Social busca aliviar la pobreza, el desarrollo, la conciliación y el fortalecimiento de los derechos económico-sociales y culturales; es un avance tímido en la lectura desde Bolivia, ya que nosotros hemos avanzado mucho más lejos, pero igual es importante para el hemisferio.
En la OEA, Bolivia equivocó el camino al mar
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El Gobierno nacional ha errado el camino al mar en la última reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevada a cabo en Cochabamba. Creyó ingenuamente que la organización tenía facultades para presionar a Chile a que aceptara negociar una salida al mar con soberanía. Pero los 19 países que comentaron las palabras de los dos cancilleres, Choquehuanca y Moreno, manifestaron enfáticamente que el problema es bilateral y que sólo mediante una negociación amistosa se podría llegar a soluciones constructivas.
Lamentablemente, hubo personeros del Gobierno que con un espíritu triunfalista excesivo llegaron a manifestar que si Chile no cumplía con los “mandatos” de la OEA, debería retirarse del organismo. Además, la base de la posición nacional se refería a la resolución de 1979, la cual no fue aceptada por Chile porque en ella se incluían absurdos condicionamientos, como el que no haya compensación territorial.
Hubiese sido mejor recordar la resolución de 1983, la cual fue redactada por los cancilleres de ambos países, conjuntamente con el de Colombia, y fue aprobada por unanimidad.
Dicha resolución señalaba textualmente: “Exhortar a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento y de reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalidad de sus relaciones tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de todas las partes involucradas”.
En base a esta resolución se llegó a la negociación denominada del “enfoque fresco”, que se efectuó en los años 1986 y 1987. Pero lastimosamente poco antes de que se reunieran los cancilleres de ambos países en Montevideo para concretar la negociación, el boliviano declaró a la prensa que nunca Bolivia aceptaría una compensación territorial. Con ello, todo se derrumbó.
Se debe destacar algo fundamental: las resoluciones sólo son exhortativas, no son vinculantes. Pero como Chile aceptó la resolución de 1983, ésta lo obligaba por lo menos moralmente y, además, ella daba pautas efectivas para un nuevo entendimiento entre los dos países para superar el enclaustramiento geográfico nacional.
Otro gran error fue insistir en la revisión del Tratado de Paz de 1904. Al respecto, y como recordó el canciller chileno Moreno, Bolivia llevó una solicitud de revisión a la Sociedad de Naciones en los años 20 del siglo pasado. En efecto, en 1920 y 1921 se presentó la demanda ante ese organismo.
El Secretario General de la Asamblea de la Sociedad de Naciones determinó constituir una comisión conformada por tres juristas —uno de Costa Rica, otro de Italia y el tercero de los Países Bajos— para que estudiaran el caso y definieran si la demanda boliviana podía ser aceptada por la organización.
El dictamen de los tres juristas se dio el 24 de septiembre de 1921. Éste decía en su parte medular “que tal como ha sido presentada, la demanda de Bolivia es inadmisible, pues, la Asamblea de la Sociedad de Naciones no puede modificar por sí misma ningún tratado; la modificación de los tratados es de la sola competencia de los estados contratantes”.
Como nuestro país es muy testarudo, continuó con su política de revisión de tratados hasta la Guerra del Chaco. Luego, con la derrota, Bolivia decidió cambiar su política frente al mar. Ya no se insistiría en la revisión del Tratado de Paz, sino que se buscaría una solución al margen del mismo.
Esta nueva política quedó plasmada en un memorándum fechado el 15 de septiembre de 1943 que nuestro embajador en Estados Unidos, Luis Fernando Guachalla, hizo entrega al secretario de Estado, Cordel Hull, con el fin de que éste hiciese conocer al canciller chileno que se encontraba en la capital norteamericana, Joaquín Fernández.
El memorándum se basaba en la desvinculación del problema marítimo del Tratado de Paz y expresaba lo siguiente: “1. Bolivia, fiel a su tradición de respeto a los pactos internacionales, no desconoce la legalidad del dominio territorial que Chile ejerce sobre la costa del Pacífico, de conformidad con los tratados que tiene suscritos. 2. Bolivia mantiene sus legítimas aspiraciones a una salida soberana al océano Pacífico. 3. Bolivia propicia un entendimiento directo con Chile sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los altos intereses de los dos países, sin propósito alguno de perturbar la armonía continental”.
Fruto de esta nueva política nacional, que dejaba al margen al Tratado de Paz, fueron las tres negociaciones principales que se realizaron en el siglo XX: la de 1950, la de 1975, es decir la Negociación de Charaña, y la de 1987, llamada del “enfoque fresco”. Por lo tanto, ¿por qué se insiste ahora en la revisión del mismo? ¿Qué se piensa ganar con ello?Además, como reacción a lo sucedido en la OEA, personeros del gobierno nacional ya han comenzado a declarar que nuestro país podría llevar el asunto marítimo a uno de los dos tribunales de justicia de La Haya.
Al respecto, hay que tener presente que Bolivia no tiene derechos jurídicos para reintegrarse al océano Pacífico, pero sí tiene derechos históricos y morales. Los históricos provienen de que Bolivia nació siendo un país litoral con una costa que Chile reconocía cercana a los 300 kilómetros. Los derechos morales derivan de la comunidad internacional, principalmente la OEA, y del propio Chile, que muchas veces reconocieron la existencia del problema marítimo nacional.
Pero estos derechos históricos y morales no son tratados en las cortes internacionales de justicia. En consecuencia, la insistencia en llevar la cuestión marítima a aquéllas no puede conducir a nada positivo. Por el contrario, bien puede suceder que por castigar a Chile seamos nosotros, los bolivianos, los castigados, ya que el mar puede alejarse mucho más de nuestro territorio.
Nuevo fracaso de Chile en la OEA
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El resultado de la discusión sobre el tema marítimo boliviano en la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Cochabamba, fue considerado como un triunfo diplomático de Chile por algunos entendidos en la materia, tanto bolivianos como chilenos. Sin embargo, las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro, los antecedentes del tema y el cuestionable y pobre discurso del representante de La Moneda demuestran que, más que una victoria, fue un fracaso bien disimulado.
Primero, es preciso considerar que todos los países que tomaron la palabra —incluido Chile— reconocieron que el tema marítimo boliviano es un problema pendiente que hay que resolver, lo cual es un importante avance para nuestros intereses, porque ya no se cuestiona su naturaleza de problema; eso es innegable, y si bien ya no estamos en aquellos tiempos en los que Bolivia le daba capote a Chile en la OEA, debemos destacar el unánime reconocimiento continental a nuestro problema que, como tal, debe ser resuelto.
En segundo lugar, el hecho de que los delegados de los otros países exhorten a las partes a resolver el asunto de forma bilateral, tampoco señala un triunfo chileno, porque es obvio que si estamos hablando de una transferencia de territorios, los únicos que pueden negociar su ejecución son los países que van a modificar sus fronteras. No debemos confundir una cosa con la otra; la solución del problema es bilateral, pero el interés por alcanzarla es multilateral. Todos los miembros de la OEA que trataron este tema en 1979, excepto Chile, reconocieron que se trata de “un asunto de interés hemisférico permanente” (Resolución 426) y luego la mayor parte de ellos aprobó otras diez resoluciones en apoyo a la causa marítima boliviana (1980–1990) de las cuales tres fueron aceptadas por La Moneda (1980, 1981 y 1983).
La única forma de que otro país intervenga en la solución de este asunto es que el arreglo contemple territorios situados en Arica; sólo en ese caso sería necesaria la aceptación del Perú conforme al Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, pero, aún así, la solución sería de carácter trilateral y no multilateral.
De todas formas, el hecho de que la solución deba alcanzarse bilateral o trilateralmente no impide que Bolivia pueda acudir ante cualquier instancia internacional para recuperar su acceso soberano al mar, lo cual, por tratarse de un medio pacífico de controversia, no debería generar la zozobra de las autoridades chilenas.
En tercer lugar, las palabras del canciller de Chile, Alfredo Moreno, develaron una vez más que no existe coherencia entre lo que dice y hace su gobierno. Al ser consultado sobre las afirmaciones del presidente Evo Morales acerca de que las guerras e invasiones no otorgan derechos, atinó a replicar “lo que genera derechos son los tratados”. Pero lo importante en este caso no son los derechos que otorgan los tratados, sino las obligaciones que emergen de éstos, y las autoridades chilenas evitan comentarlas porque Chile no cumple varias disposiciones derivadas del Tratado de 1904:
1. Las constantes interrupciones de los servicios portuarios en Arica y Antofagasta son una clara transgresión a la Convención de 1937, que obliga a Chile a “garantizar el libre tránsito de Bolivia en todo tiempo y circunstancia” (artículo 1); 2. El cobro por el almacenaje de mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año es una indiscutiblemente contravención de Chile a la Convención de 1912 (art. 12); y 3. La paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno, por ya casi una década, no es menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905, que dicta la obligación de “mantener el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (artículo 12).
A pesar de que el canciller Moreno conoce perfectamente estos hechos y sabe que las convenciones citadas complementan y reglamentan el Tratado de 1904, cuando le tocó intervenir en el pleno de la Asamblea, no tuvo reparos en afirmar “el respeto al derecho internacional y en particular a los tratados; entrega valores a los estados, garantiza la paz y, además, promueve relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos” y luego dijo: “La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consagra el principio universal Pacta sunt servanda: ‘lo pactado obliga’”.
Como era previsible, resaltó la supuesta voluntad de diálogo de su gobierno, que a estas alturas ya parece infinita, y llegó a decir que “Chile siempre se encuentra disponible”, sin reconocer que la decisión de congelar la Agenda de 13 puntos fue suya.
Después afirmó correctamente que “Bolivia ha interrumpido las relaciones con Chile en dos ocasiones en los últimos 50 años”, pero olvidó aclarar los motivos. No dijo que en 1962 Chile desvió las aguas del río Lauca, que ocasionó un enorme perjuicio a Bolivia, y que en 1978 su gobierno decidió interrumpir las negociaciones que se habían iniciado en Charaña con el propósito de resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano. Según Moreno, las acciones que ha tomado su gobierno en relación a Bolivia “van más allá del derecho de libre tránsito fijado por el Tratado de Paz y Amistad de 1904” y de la “Convención de Naciones Unidas sobre el Comercio de los estados sin litoral”, lo cual es completamente cierto, pero no por las razones que él arguye, sino porque Chile ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha delegado su obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta a empresas privadas que dificultan el paso del comercio boliviano, y recientemente ha permitido el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.
Todos estos hechos demuestran que el enviado chileno vino a exponer una postura basada en falsedades y omisiones deliberadas que intentan demostrar un supuesto apego de su gobierno al derecho internacional y una auténtica voluntad de diálogo, lo cual, por contrariar la verdad, evidencia que su actuación fue todo un fracaso.
