El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que la Ley 254 del Código Procesal Constitucional (CPC) permitirá acelerar la justicia y eliminar los formalismos de Derecho para una justicia cercana al ciudadano. “En el Código se ha sintetizado los procedimientos, se ha puesto de manifiesto elementos centrales sobre la celeridad en la justicia y objetividad en los procedimientos”.
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El legislador agregó que
“se han eliminado todos los formalismos
que eran una característica sostenida de nuestro Derecho y la finalidad es
reducir los procedimientos, evitar que los procesos duren demasiado, buscar una
justicia pronta, una justicia cercana al ciudadano”.
Arce dijo que el CPC
permite al ciudadano acceder de manera directa a la justicia cuando se violan
sus derechos constitucionales, entre ellos una detención indebida; además, se
pagará de forma inmediata al afectado los daños y perjuicios ocasionados, sin
necesidad de un proceso.
“El juez puede ir a donde está la persona retenida indebidamente
e inmediatamente ordena su libertad en el recinto policial, incluso se puede
calificar daños y perjuicios y ordena el resarcimiento inmediato sin hacer otro
proceso. Ahora la justicia es de los bolivianos, uno no necesita patrocinio de
abogados, la justicia es directa”, explicó.
Consenso
Arce recordó que se
trata de la primera norma en su género que se aprobó en el país con el consenso
de todos los sectores, oficialistas y opositores, además del concurso de los
movimientos sociales. Dijo que uno de los aportes más importantes de las
organizaciones sociales fue el que impulsó para que la justicia sea más
cercana al pueblo, sin formalismos.
“Es una norma que en el futuro nos va a permitir proteger los
derechos, vivir respetando la Constitución y el ordenamiento boliviano”, aseguró.
Explicó que la norma regula los procedimientos que hacen a la defensa de los
ciudadanos y ciudadanas, teniendo una relación directa con aquellos que se
encuentran con la violación de sus derechos, contrariamente al ordenamiento
jurídico.
Mencionó que las
anteriores codificaciones en el país se basaron en copias y transcripciones de
códigos de otros países y otras realidades y que fueron asesorados por abogados
extranjeros que cobraban millones de dólares por su elaboración.
“Éste es el primer Código hecho por bolivianos, el primero que
se aprueba en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Su trabajo comenzó
hace aproximadamente dos años y esto no le ha costado ni un solo centavo al
Estado boliviano”, remarcó.
Vigencia
El Diputado dijo que la
norma comenzará a aplicarse desde el 6 de agosto próximo y se constituirá en el
instrumento de trabajo de los jueces que protegen los derechos y garantías de
los ciudadanos y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Asimismo, sostuvo que se
trata de un instrumento de trabajo para el Tribunal Constitucional para que
cumpla las cuatro grandes funciones que le fueron encomendadas: velar por el
respeto a las libertades de las personas, velar por la supremacía de la
Constitución Política del Estado (CPE), solucionar los conflictos de
competencia de las unidades autónomas, además de regular y armonizar la
vigencia de la justicia indígena, originaria, campesina.
Promulgación
La norma fue promulgada
en la sede del Órgano Judicial Plurinacional, la ciudad de Sucre, el 5 de julio
por el presidente Evo Morales, donde se destacó que, además, regula la labor de
interpretación constitucional del Tribunal Constitucional. También establece
los principios procesales de justicia constitucional y la presunción de
constitucionalidad. El código regula el procedimiento para la revisión de las
acciones de defensa ante el TCP en los casos de Acción de Libertad, Amparo Constitucional,
Protección de Privacidad, Acción de Cumplimiento y Acción Popular.
También determina el
procedimiento que se aplicará para la tramitación de los recursos ante el mismo
TCP, tales como recursos contra tributaciones, resoluciones del Órgano Legislativo
y Recurso Directo de Nulidad. Regula, asimismo, el procedimiento para la
consulta sobre constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la
cpe. Por otra parte, tiene entre sus competencias crear la Academia
Plurinacional de Estudios Constitucionales, dependiente del Tribunal
Constitucional.
Según las intervenciones
durante el acto, éste es el primer Código hecho por bolivianos y es la primera
de unos ocho nuevos códigos para el nuevo esquema estatal. Al respecto, la
ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dijo que es una norma pionera en lo que
hace al desmontaje de la justicia colonial.
“Este Código de Procedimiento Penal ha sido trabajado
inmediatamente después de que fuera promulgada la Ley del tcp. El trabajo de
este Código no ha sido sencillo, han participado muchas personalidades, ha
tenido participación muy activa del Tribunal Constitucional, de los miembros
del Tribunal Supremo de Justicia, varias universidades y facultades de Derecho.
Es importante mencionar la participación del Defensor del Pueblo y de muchas
organizaciones sociales”, manifestó.
Proceso
De acuerdo con el
reporte del Ministerio de Justicia, el CPC fue elaborado en dos años de trabajo
y socializado en todo el Estado con la intención de recibir aportes en materia
constitucional y procesal constitucional y sobre todo recabar el valioso aporte
de la población, es decir, de organizaciones sociales, convirtiéndose en el
primero de esta nueva era de codificación en Bolivia.
La titular de Justicia
recordó que toda la normativa boliviana fue heredada del sistema republicano
colonial, por lo que en este tiempo se trabajó con el objetivo de desmontar el
andamiaje construido en más de 187 años de vida republicana.
“Hemos iniciado nuestra vida como estado boliviano con los
Códigos Santa Cruz, códigos que han sido implantados en una sociedad tan
diversa como la nuestra, estos códigos han tenido duración importante y larga
dentro de nuestra historia hasta llegar a la codificación Banzer. Esa
reforma de la codificación Banzer ha sido estructurada en gobiernos
dictatoriales, no ha resuelto el problema de las injusticias en Bolivia”, dijo.
Competencias
El CPE también permitirá
a los miembros del TCP marcar una ruta clara al momento de definir competencias
cuando se susciten conflictos entre la justicia indígena originario campesina y
la justicia ordinaria.
“Ahora corresponde empezar a cambiar la norma, empezar a
nacionalizar el derecho y ¿cómo vamos hacer esto?, primero
cambiando nuestra mentalidad, mirando la realidad fáctica, mirando a nuestro
alrededor y viendo que la normativa actual no es la normativa adecuada para
solucionar los problemas de los habitantes de nuestro estado”, recalcó Ayllón.
Otros aspectos
La norma, compuesta por
411 artículos, será seguida por otros ocho nuevos códigos que se elaborarán a
partir de este año y que tienen previsto ser concluidos para 2014, trabajo que
será encabezado por el diputado Héctor Arce.
“Es importante reconocer que este es un código made in Bolivia”, dijo Arce al
insistir que la Ley 254 no costó ni un centavo al país, situación diferente al
proceso de elaboración del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, aprobada en
1999, en la que recordó se gastó alrededor de 30 millones de dólares.
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