La efectiva protección de los derechos humanos de
las personas refugiadas requiere soluciones integrales y duraderas
20 de junio de 2022
Washington, D.C. – En el Día Mundial del (la)
Refugiado (a), 20 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, llaman a los Estados
a seguir con la adopción de medidas para fortalecer los sistemas nacionales de
asilo y de protección internacional, e incorporar enfoques diferenciados para
responder a los retos a los que se enfrentan los Estados y para atender las
necesidades de los grupos de personas solicitantes de asilo y refugiadas que
enfrentan mayores factores de riesgo.
A finales del 2021, según el informe anual de
Tendencias Globales de ACNUR, el número de personas desplazadas por las
guerras, la violencia, la persecución y las violaciones a los derechos humanos
ascendía a 89,3 millones, es decir, un 8% más en comparación con el año
anterior y más del doble en relación con la cifra de hace diez años. De esta
cifra, la región de las Américas acogió a más de 5,1 millones de personas
desplazadas a través de las fronteras (el 20% de la población global), de las
cuales el 86% eran venezolanas, incluyendo personas refugiadas, solicitantes de
asilo, refugiadas retornadas, desplazadas internas, apátridas, entre otras. De
ellas, 740.143 personas estaban bajo la figura de asilo y protección
internacional, mientras que 2.380.149 esperaban una resolución a sus
solicitudes.
La Comisión y el ACNUR reconocen la complejidad y
el carácter mixto de los movimientos crecientes de personas en la región, los
cuales involucran personas que viajan juntas, generalmente de manera irregular,
por las mismas rutas, utilizando los mismos medios de transporte y enfrentando
los mismos desafíos y riesgos, pero por diferentes motivos. Las personas que
viajan como parte de movimientos mixtos tienen diferentes necesidades y pueden
incluir personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, víctimas de
trata, niñas y niños no acompañados o separados, y migrantes en situación
irregular. Ello, agravado por el contexto de la pandemia por COVID-19, con
impacto desproporcionado respecto de las poblaciones más vulnerables, como las
personas refugiadas.
En este marco, la Comisión enfatiza que el continuo
aumento en los desplazamientos forzados en la región y las dificultades que
enfrentan las personas en el contexto de la movilidad humana requieren de un
abordaje integral por los Estados. Por ello, destaca la importancia de
establecer un marco normativo de protección de este grupo de personas. En
particular, estableciendo procedimientos diferenciados para la atención y
protección de personas refugiadas, así como de aquellas que no buscan
protección internacional, basados en el acceso a derechos y soluciones
duraderas. Ello, con el fin de afrontar los retos que representan los
movimientos mixtos a gran escala en la región.
Cabe recordar que, la protección internacional de
las personas refugiadas y solicitantes de asilo, el establecimiento de visas
humanitarias, el reasentamiento de personas refugiadas, así como la adopción de
mecanismos de protección temporal, protección complementaria, acuerdos de
estancia legal o iniciativas de regularización migratoria que incluyan
salvaguardas de protección, representan respuestas integrales, complementarias
y duraderas para la protección de las personas afectadas y para dar efectivo
cumplimiento a la Declaración y Plan
de Acción de Brasil de 2014 y el Pacto Mundial de Refugiados de 2018, así
como Principios interamericanos
sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas,
apátridas y las víctimas de la trata de personas.
Asimismo, las medidas señaladas deben incorporarse
en la legislación y marcos de protecciones nacionales de los Estados, y no
únicamente como programas temporales, de modo que las personas en situación de
movilidad humana puedan acceder a dichos procedimientos bajo las garantías del
debido proceso para que sean efectivamente sostenibles a largo plazo.
Finalmente, en el marco de la conmemoración del Día
Mundial del Refugiado, la CIDH y el ACNUR reiteran la necesidad de incorporar
enfoques diferenciados de protección para la atención de mujeres y otros grupos
en especial situación de vulnerabilidad, como lo son las víctimas de la trata
de personas; víctimas de delitos; niñas, niños y adolescentes acompañados, no
acompañados o separados; personas con discapacidad; personas indígenas;
personas mayores; personas LGBTI, y personas afrodescendientes.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la
materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos
por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus
países de origen o residencia.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) es el organismo de las Naciones Unidas
encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones,
conflictos, o violencia y promover soluciones duraderas a su situación. Tiene
su sede en Ginebra, Suiza, y está presente en más de 546 localizaciones en 137
países por todo el mundo. En reconocimiento a su labor, ACNUR ha recibido el
Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981, y ha sido galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias en 1991.
No. 139/22
Fuente: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/139.asp
