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domingo, 9 de septiembre de 2012

Luces y sombras de la presencia política de la mujer en Bolivia



Es una evidencia de que la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder aumentó considerablemente; sin embargo, las estructuras patriarcales en todos los niveles dificultan una mayor incidencia y atención de demandas.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont
ANIMAL POLÍTICO / 09 de septiembre de 2012

La presencia efectiva de la mujer en la política es anterior a la Ley de Cuotas de 1997, que obligaba a  los partidos políticos a incluir en sus listas de candidaturas a diputados y  senadores plurinominales en el Congreso Nacional al menos 30% de mujeres.

Uno puede remontarse a tiempos previos a la República y recordar las acciones de Juana Azurduy de Padilla, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza;  o a tiempos del liberalismo y los intentos de Adela Zamudio por incidir en la política educacional; sin embargo, no se puede negar que ellas eran casos excepcionales.

Tal vez la presencia de las mujeres en la política, aunque aún no en puestos de poder, aparece con más fuerza durante la lucha contra las dictaduras a través de la militancia en partidos y organizaciones de izquierda como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Partido Comunista de Bolivia (PCB) o el Partido Obrero Revolucionario (POR), entre otros.

Es a partir de la democracia que obtuvieron una serie de victorias formales que se iniciaron con la Ley de Cuotas y que se multiplicaron en los últimos años desde la formulación de la Constitución Política del Estado (CPE). Los avances legislativos más importantes fueron el establecimiento de la paridad y alternancia incluidas en la Ley del Régimen Electoral (2010), el hito de la Ley contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género, y la futura Ley de Despatriarcalización del Estado, aún en redacción.

La paridad y alternancia es expresada de la siguiente manera en la Ley del Régimen Electoral: “Artículo 11. (Equivalencia de Condiciones). La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos: a) Las listas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores, diputadas  y diputados, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva”.

Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Marco Ayala, son las nuevas disposiciones normativas de la CPEy la Ley de Régimen Electoral las que han permitido posteriores conquistas como la Ley Contra el Acoso y Violencia Política y la mayor presencia de mujeres en cargos de gobierno.

Así, dos de los cuatro órganos del Estado están presididos por mujeres: el Legislativo, por Gabriela Montaño (Senadores) y Rebeca Delgado (Diputados), y el Electoral, por Wilma Velasco. No obstante, para Delgado, esos avances normativos son instrumentos y no fines en sí.

Para la analista política María Teresa Zegada, tales victorias son innegables. Los beneficios políticos para las mujeres —argumenta— se multiplicaron a partir de la nueva CPE, los cuales no significarán más que logros formales si es que no se acompaña el proceso de manera fáctica. “Por mérito propio se ha logrado, por ejemplo, que haya mujeres encabezando las cámaras de Diputados y de Senadores, y el TSE, pues no hay ninguna ley que diga que estos cargos deben ser ocupados por mujeres”, razona la especialista, para quien, con esa  situación, se está logrando emparejar las victorias formales a un empoderamiento de las mujeres en ámbitos de decisión.

De igual modo, Érika Brockmann,  exsenadora por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), destaca los avances “cuantitativos y normativos” que se han experimentado desde los años 90, los cuales, en su criterio, no pueden ser explicados sino por la lucha de las mujeres desde esa época.

Ayala adelanta que para mejorar la inclusión de género, la futura Ley de Organizaciones Políticas “garantizará” la participación de mujeres en los cargos públicos, pero como innovación también se quiere incluir la obligatoriedad de la paridad y alternancia en la democratización de las agrupaciones y partidos políticos.

Sobre la incidencia de agrupaciones de mujeres, Zegada nota un aspecto que no hay que dejar de lado. La académica pone el ejemplo de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, cuyos miembros, mientras eran parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), permanecieron en la “completa” invisibilización, sin embargo, en cuanto se separaron y crearon su agrupación paralela, lograron obtener una importante capacidad de incidencia política. “Hay organizaciones sindicales que tienen una visión patriarcal, que siempre ponen a las mujeres en cargos menores. El caso de las “Bartolinas” marca un cambio cualitativo”.

SOMBRAS.  Para Cecilia Enríquez, directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, el hecho de que existan mujeres en cargos públicos no significa necesariamente que éstas  impulsen una agenda de género. “Aún es difícil para nosotras participar en la vida pública. El porcentaje de mujeres que se dedica a la política todavía es menor; pues, en la medida en que no haya condiciones básicas para ejercer un cargo, se limitará la posibilidad de hacerlo. El tema de la doble y hasta triple jornada (ejercer un cargo, criar a los hijos y atender el hogar) sigue siendo una limitante”, apunta.

Otro obstáculo que existe, y es el subrayado por todos los entrevistados en esta nota, es la predominancia de una estructura patriarcal presente no sólo en el nivel del Estado y de las organizaciones políticas, sino en todos los aspectos de la vida, comenzando incluso por el núcleo de la pareja. Éste es probablemente el escollo más duro por sortear. Delgado señala a la educación y a la mentalidad patriarcal como los mayores enemigos de los avances políticos de la mujer. “No basta con estar en puestos altos; pues, a veces, las conductas patriarcales provienen de las mismas mujeres. Se tienen que hacer reformas en el ámbito educativo”.

Brockmann afirma que otro obstáculo es la falta de una “masa crítica” que impulse las demandas en los niveles municipal, departamental y nacional para que las normas no “se queden en el papel”. Los “grandes obstáculos” para una efectiva presencia política de las mujeres son el caudillismo, el clientelismo y el prebendalismo, dice.

Un aspecto concreto de debilidad que Brockmann pone como ejemplo es que han pasado siete años de la vigencia de una ley para las trabajadoras del hogar y hasta hoy “ni con el discurso de inclusión del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha llegado a regularla”, por lo que las mujeres de ese gremio no pueden contar al momento con un seguro de salud.

“Este caso evidencia que la cuestión no es sólo de número y de ocupar puestos, sino de utilizar esos cargos para materializar acciones que mejoren la calidad de vida de las mujeres”.

Mary Marca, directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), percibe que, a pesar de la mayor presencia de mujeres en altos cargos, continúan ascendiendo los índices de mortalidad materna, de feminicidio, de violencia de género, de acoso... “La participación de las mujeres no se está traduciendo en un beneficio para ellas. Existe una política de igualdad de oportunidades en diferentes niveles (salud, educación y otros); sin embargo, no se da presupuesto. En resumen, las normas a nuestro favor no se están cumpliendo”, reclama.

Ese problema de no asignación de presupuesto también es apuntado por la diputada Delgado.

Una de las declaraciones más críticas la hizo la coordinadora de Proyectos e Incidencia Política del Cidem, Patricia Bráñez. “Si bien en el nivel central (Ejecutivo y Legislativo) se tiene una buena representación, creemos que estas mujeres se han alineado a las decisiones del Gobierno, lo que seguramente debilita su autonomía al momento de tomar determinaciones, por lo que no están representando nuestros intereses”.

En contraste, afirma que en los niveles departamental y municipal las representantes han tenido una mayor incidencia en las decisiones políticas, pues “están en contacto directo con la población y tienen que responder a sus organizaciones”.

Los avances en cuanto a presencia de mujeres en ámbitos de poder se dispararon desde la nueva CPE, sin embargo, las enraizadas estructuras patriarcales presentes en todos los aspectos de la vida desde hace siglos (pues no son privativas de la cultura occidental, sino que ya estaban presentes desde tiempos precolombinos) pronostican que se tratará de un proceso cultural lento.

‘La nueva Constitución posibilitó el avance’: Rebeca Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados

La construcción colectiva de la nueva Constitución Política del Estado es la que ha permitido muchos avances en el tema de género, tanto en materia constitucional como legislativa, y no sólo con la presencia paritaria en la representación, la cual ha sobrepasado las expectativas, sino también en los espacios de toma de decisión estatales.

‘Disposiciones jurídicas facilitaron avances’: Marco Ayala es vocal del TSE

Las nuevas disposiciones jurídicas existentes en Bolivia —desde la Constitución Política del Estado a la Ley de Régimen Electoral (2010)— son las que han dado pie a que se realicen otros avances normativos a favor de la presencia política de la mujer; sin embargo, también existen dificultades como el acoso, la discriminación y la desconfianza hacia sus capacidades.

‘Paridad y alternancia no se cumplen del todo’: Mary Marca es directora  del Cidem

Se puede ver que hay 16 mujeres senadoras contra 20 hombres; en el Ejecutivo hay siete ministras y 13 ministros: vemos que la paridad y alternancia no se cumple del todo. En un momento sí se dieron, pero ya no. Lo mismo sucede en los niveles departamental y municipal en referencia a las asambleístas y las concejalas. También, las demandas de género son planteadas muy débilmente.

‘La participación de mujeres se precipitó’: María Teresa Zegada es analista política

Se ve cómo la participación política de las mujeres se precipitó a partir de los 90, pero fundamentalmente a partir de los mandatos de la nueva Constitución. Antes no había un espacio diferenciado para la lucha de las mujeres.Las victorias con relación a las normas son varias, pero mientras no haya políticas efectivas  y tangibles para las mujeres, se quedarán en un plano formal.

‘Hay más confianza en nuestras capacidades’: Cecilia Enríquez es directora de Gregoria Apaza

No puedo hablar por todas las mujeres que están en el ejercicio del poder, pero sí estoy segura de que algunas representan la agenda de género y otras no. Lo que es seguro es que la participación de las mujeres en cargos de poder se debe a  un cambio de mentalidad sobre las capacidades de ellas; hay una mayor confianza en este sentido que ha permitido esas designaciones.

‘Destacamos en innovar y en no cumplir normas’: Érika Brockmann es ex senadora del MIR

Siempre nos destacamos en innovar normas de vanguardia, pero también en incumplirlas. Algo así sucede con varios de los avances formales que favorecen políticamente a las mujeres. Esa falencia no es sólo de las actoras en ejercicio del poder, sino también a debilidades de gestión, es decir que hay muy buenos discursos, pero muy pocas realizaciones en términos efectivos.



lunes, 23 de abril de 2012

Proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política en Bolivia



Diez años y una muerte para una ley contra acoso y violencia política a mujeres

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

ANIMAL POLÍTICO / 22 de abril de 2012

Hasta 1952, a una mujer no le bastaba saber leer y escribir para acceder a la prerrogativa masculina del sufragio, aunque un hombre con sólo saber firmar podía hacerlo.Sin duda, el primer éxito en el que las mujeres ganaron un privilegio político fue el 21 de julio de ese año, al obtener el derecho al sufragio, cuando se instituyó el voto universal.

En la historia boliviana, tres fueron los hitos en que las mujeres adquirieron sus derechos políticos. El primero ya fue mencionado. Décadas después, el segundo hecho central se dio en dos momentos distintos y se los considera como parte de la misma victoria de los derechos de género por su similitud cualitativa (aunque con una diferencia cuantitativa). El primero fue en 1997, cuando la llamada “Ley de Cuotas” implantó el 30% de participación femenina en las listas de candidaturas a representantes en el Congreso Nacional.

Sin embargo, esto nunca se tradujo en una presencia de mujeres equivalente en las cámaras. En 2004, siete años después (y aún como parte del segundo hito) salió la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que incorporó los criterios de “paridad y alternancia” en la conformación de listas electorales entre hombres y mujeres, y definió el 50% de participación para ambos en las listas electorales, lo que constituyó un gran adelanto en relación a todo el continente en relación a la equidad de género y siguiendo la discriminación positiva.

Por años se pensó que con tales normas era suficiente promover los derechos políticos para las mujeres. No obstante, la sociedad boliviana tiene un pensamiento patriarcal que aún no está ni cerca de ser superado, prueba de ello son las 572 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres que atendió y dio seguimiento la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), aunque sin nunca haber obtenido un solo fallo a favor por parte de la justicia del país hasta hoy. Dichas acusaciones de hostigamiento, en general, señalan la existencia de autoridades que obligan a otras concejalas a renunciar a su cargo para ser ellos los titulares. “Jamás hubo un solo caso sancionado”, cuenta María Eugenia Rojas, directora de Acobol.

La aprobación en detalle de la propuesta coincidió con el reciente asesinato de Juana Quispe (concejala de Ancoraimes, gestora de la futura ley y hoy víctima fatal de las magistraturas consecutivas que ignoraron la norma— quien denunció sin resultados ser objeto de acoso por parte de los concejales y Alcalde de su población), que da la impresión de que si esa ley ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y ha llegado a la de Senadores, y será eventualmente una norma estatal, no bastó con más de diez años, sino que tenía que morir una autoridad mujer.

Por otro lado, este proyecto de normativización, temporalmente, es casi inmediato a las coplas de carácter machista que cantaron en el Carnaval algunas ministras y el presidente Evo Morales, “distraídamente”. Adicionalmente, el timing también se ajustó al escandaloso comportamiento sexual de Percy Fernández, quien tocó en partes impropias precisamente a una concejala y luego a una directora de la Alcaldía de Santa Cruz.

La promulgación del Proyecto de Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, para proteger del acoso y la violencia política a las mujeres candidatas, electas (alcaldesas, concejalas) y designadas (por ejemplo ministras), representará el tercer hito en la lucha de la mujer por sus derechos políticos. Es más, sólo cuando ésta sea aprobada se podrá hablar de una consolidación de las conquistas previas, en un marco en que la idiosincrasia política todavía no se resigna a ceder espacio a ese conjunto poblacional importante en el país, que requiere una representación local, departamental y nacional.

A partir de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) ya se pueden especificar cuáles son los derechos políticos de los bolivianos y bolivianas. El Capítulo III, sección II y subtítulo Derechos Políticos en el artículo 26-I se establece que “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva”. Éstos constituyen tales privilegios de los que no han podido gozar plenamente las mujeres. La eventual ley garantizará el ejercicio de los mismos.

Ley. La propuesta legal, aprobada en su estación en detalle la semana pasada, “crea dos nuevos tipos penales: el acoso y la violencia política contra las mujeres, para la primera falta habrá una pena de dos a cinco años, y para la segunda, de tres a ocho”, explica el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca.

“Acoso político” es definido por el proyecto como: acto(s) de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupo (o a través de terceros) contra mujeres (o sus familias) candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública con el propósito de limitar, acortar, impedir las funciones de su cargo, obligarla a hacer algo contra su voluntad o incurrir en una omisión.

Por su parte, “violencia política” supone acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas y sexuales realizadas por una persona(s) o terceros contra mujeres (o sus familias) candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública con el propósito de limitar, acortar, impedir las funciones de su cargo, obligarla a hacer algo o incurrir en una omisión.  “Se han acuñado estas definiciones que no estaban tipificadas en ningún país de la región; en este sentido, si la norma es confirmada, Bolivia será la pionera”, dice Rojas.

Es por demás llamativo que un proyecto de ley de reivindicaciones de género haya tardado más de una década en ver la posibilidad de formar parte de la legislación (recuérdese que Acobol la presentó por primera vez en 2001). “Este planteamiento de norma fue trabajado hace mucho tiempo y nunca tuvo repercusión, sino ahora”, dice Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

El proyecto de ley, además, especifica tres tipos de faltas gravísimas (como obligar a firmar decisiones que sean contrarias a las suyas), graves (como restringir el uso de la palabra en una sesión) y leves (asignarles tareas ajenas a sus funciones).      

 “Ya no podrán mandarlas a la cocina, como solían hacer”, dice con sorna Rojas. El “candado” para evitar que el acoso y violencia política den como resultado la renuncia de una autoridad, candidata, funcionaria designada o electa es la disposición final del proyecto de ley. En ésta se dice que la autoridad mujer debe renunciar personalmente sólo ante el Órgano Electoral Plurinacional. Después, éste debe investigar si la dimisión es voluntaria o bajo presión. Actualmente, hay denuncias de autoridades femeninas que fueron obligadas a firmar papeles en blanco.

Es de esperar que se promulgue la ley, sin embargo, debido a esa prolongada tardanza de años, los acosadores de la difunta concejala Quispe quedarán libres de culpa, pues, no hay ley que sea retroactiva.

No es nuevo el problema, si lo contara Bartolina

En la historia boliviana, Gregoria Apaza y Bartolina Sisa fueron las primeras mártires mujeres con nombre y apellido de una lucha política; sus predecesoras (seguro que las hubo) han quedado en el anonimato. En 1781, ambas participaron del levantamiento de Túpac Katari, que efectivamente fue violento. Luego, Sisa fue tomada prisionera por los españoles y posteriormente fue ahorcada. Una vez sofocados los remanentes de rebeldes indígenas, los españoles dieron con los cabecillas y los ejecutaron, incluyendo a sus descendientes y ascendientes. Apaza fue condenada al suplicio, fue ahorcada y desmembrada.

Muchos años después, tal vez, el ejemplo de acoso político que más se acerca a la idea que de él tenemos hoy sea el que ejerció el cura Francisco Pierini en contra de la poetisa y pedagoga Adela Zamudio, a principios del siglo XX. La escritora era defensora de la institucionalización de una educación laica, del divorcio, del voto para las mujeres y la separación de la Iglesia y el Estado. En las polémicas en la prensa escrita, Pierini se refería a ella siempre haciendo alusión a una supuesta “masculinidad” de Zamudio, en su afán de descalificar sus argumentaciones al decirse de manera irónica que se trataba de la opinión de una mujer y que no tenía la mayor importancia.

Zamudio hacía política transmitiendo sus ideales feministas en el liceo que dirigía, hasta que fue obligada a renunciar, lo cual suena demasiado familiar más de 100 años después.

El activismo de izquierda de los 60 y 70 devino en el terrorismo de Estado. El ejercicio de la violencia política en contra de mujeres fue sistemático y llegaba de parte del aparato estatal. Por dar un ejemplo, tanto Nila Heredia (ex Ministra de Salud) como Loyola Guzmán (exconstituyente) —ambas del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— fueron perseguidas ese periodo (la especificidad de la propuesta de Ley 0062 excluiría este tipo de violencia política, protegiendo sólo a la mujeres vinculadas a la representatividad del sistema democrático).

Esta historia de luchas políticas de distintas mujeres, cada cual con sus matices y sus convicciones particulares termina en muerte, o más bien continúa en ella. De la horca a que condenaron a Bartolina Sisa parece no mediar distancia alguna con el asesinato por estrangulamiento de Juana Quispe, integrante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de La Paz Bartolina Sisa.

‘La ley garantizará que no haya intimidación’: Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Senadores

-Es una ley de vital importancia. La cantidad de denuncias de acoso y violencia política de candidatas, concejalas electas y autoridades designadas, que han sido encerradas y obligadas con dinamita a firmar su renuncia, es estremecedora. Esta propuesta tiene un largo transcurso y creemos que garantizará que ya no habrá intimidación; así, las mujeres podrán ejercer su función pública adecuadamente. Se ha tardado mucho tiempo, pues, los derechos de las mujeres fueron relegados hasta la llegada de la nueva Constitución.

‘Si una mujer llegaba a un cargo, lo hacía sola’: María Eugenia Rojas Valverde, directora ejecutiva de Acobol

-Esta ley fue propuesta por primera vez en 2001. El acoso y violencia política es sintomático en toda Bolivia. Por la tardanza de una norma, se puede decir que la ley se ha ido perfeccionando cada periodo. Dos veces llegó hasta el Senado y no pasó de esa instancia: en 2004 y en 2006. Esta ley será más importante que la de la cuota electoral del 50% para las mujeres, pues, las mujeres que llegaban a un cargo (en parte gracias a esa cuota) lo hacían solas y una vez ahí estaban a disposición de nuestra sociedad machista.

‘Ojalá se cumpla y no se quede en el papel’: Felipa Quispe, líder de mujeres campesinas de Bolivia

-Las “bartolinas” hemos analizado la ley. Nosotras siempre manejamos la equidad de género: mujer-hombre y hombre-mujer (chacha-warmi, en aymara). (Creemos) que hay serios problemas en los municipios, pero es  la falta de orientación que es culpa de los neoliberales que han planteado las leyes mal para que así se las manipulen políticamente.  De esa manera, creemos que la ley tendrá importancia, pero ojalá que se cumpla y no sólo quede escrito en el papel y luego no sirva para nada.

‘Mi familia y yo fuimos objeto de acoso político’: Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

-Las mujeres que hacemos política hemos sido acosadas permanentemente por la gente que no condice con lo que estamos haciendo. Personalmente, y por la tarea que realizo, que no tiene que ver sólo con el Gobierno, sino con el Estado, tanto mis hijos, mi hermano, gente allegada a mí y yo sufrimos el acoso político desde que era viceministra, y lo seguimos soportando. Incluso, una vez me sacaron una publicidad injuriosa en toda una plana del periódico, luego pidieron disculpas o negaron haber dicho nada.

‘Se crearán dos nuevas figuras penales’: Lucio Marca, presidente de la Comisión de DDHH de Diputados.

-Será una ley que permitirá implementar políticas de prevención y sanción a la persecución que se ejerza contra el uso pleno de los derechos políticos de las mujeres. Se han generado varias conductas como las nuevas figuras penales de “acoso” y “violencia política” especificándose cuáles entran dentro de la categoría. Las concejalas del área rural, sobre todo, han sido víctimas de estos actos, limitándolas o anulándolas su derecho a ejercer sus atribuciones y derechos políticos

FUENTE:


Proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política en razón de Género