La intención es reducir los
litigios civiles con el actual sistema procesal.
La
Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz
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29 de junio de 2014
La carga procesal en materia civil en el país,
87.000 juicios a enero de este año, es una preocupación para el Consejo de la
Magistratura, institución que busca reducir en al menos 35.000 (41,1%) procesos
esa mora hasta el 7 de agosto, fecha en la que se implementará el nuevo Código
Procesal Civil.
Para conseguir ese objetivo, se emitió una
circular a través de los nueve tribunales departamentales de justicia para
liquidar juicios que fueron abandonados. “Procesos que no han tenido
movimientos por más de seis meses deben ser extinguidos. Calculamos que entre
enero y parte de julio cerca de 35.000 procesos van a ser sometidos a la
extinción de la causa”, declaró a La Razón Juan Michel, director de Políticas
de Gestión del Consejo de la Magistratura.
“Una vez que fue sometido (un juicio) a la
extinción, no podrá ser reactivado (posteriormente) porque va a constituirse en
cosa juzgada”, advirtió Michel.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz,
Raúl Jiménez, sostuvo que esa disposición no es nueva, ya que está establecido
en el Código Procesal Civil que está en vigencia.
“Cuando en primera instancia el demandante
abandonare su acción durante seis meses, el juez de oficio o a petición de
parte, y sin más trámite declarará la perención de la instancia, con costas”,
ordena el artículo 309 del actual Código Procesal Civil.
A diferencia de Michel, Jiménez indicó que este
tipo de procesos que no tuvieron movimiento por seis meses, pueden ser
reactivados en el plazo de un año. Sostuvo que en ningún caso la extinción
puede ser tomada en cuenta como cosa juzgada, ya que el litigante pudo haber
viajado o haber estado enfermo para no haber seguido con su proceso.
En todo caso, Michel señaló que hasta fin de año
se espera poder reducir la carga procesal en 70%, ya que a la medida de
extinción de juicios abandonados se instruyó a los jueces en materia civil
acelerar los litigios que tienen a su cargo.
Estas dos medidas tienen el objetivo de que el
actual juez de Instrucción o Partido en lo Civil, al convertirse en Juez
Público desde agosto, atienda la menos cantidad de juicios con el antiguo
sistema y se dedique con más tiempo al nuevo, que es oral.
Michel prevé que con la aplicación del nuevo
Código Procesal Civil, un juicio no debe durar más de seis meses, si es que se
cumplen los plazos establecidos.
Según las proyecciones del Consejo de la
Magistratura, hasta el segundo semestre de 2015 ya no deberían haber juicios
civiles con el actual sistema procesal, ya que todos éstos deben estar
concluidos con una sentencia.
Abogados piden postergar vigencia
Juan José Cusicanqui
El Colegio de Abogados de Bolivia pidió al
Tribunal Supremo de Justicia la postergación de la aplicación del nuevo Código
Procesal Civil por un año, hasta el 7 de agosto de 2015, debido a que hay
observaciones que deben ser subsanadas, según informó el presidente del Colegio
de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez.
Entre las observaciones, de acuerdo con el
representante de los abogados, está la falta de preparación de los operadores
de justicia respecto a esta nueva norma y la ausencia de dotación de los
instrumentos técnicos al sistema judicial, como por ejemplo la capacidad para
notificar vía correo electrónico.
Agregó que aún falta aumentar el presupuesto
judicial del 1% al 3 o 5% del presupuesto General del Estado.
- El nuevo Código Procesal Civil
El nuevo Código Procesal Civil es la tercera
norma de esa línea. El primero fue aprobado en 1830 en el gobierno de Andrés de
Santa Cruz; el segundo, en 1970, con Hugo Banzer.
1. Nacional
Un trabajo boliviano.
El año pasado, el entonces diputado Héctor Arce,
actual procurador general del Estado, afirmó que esta normativa civil es 100%
boliviana.
2. Elaboración
Análisis de los procesos
Héctor Arce indicó que el nuevo Código Procesal
Civil fue elaborado a partir de un análisis y una investigación muy seria que
estuvo a cargo de profesionales bolivianos.
3. Norma
El segundo código
En noviembre de 2013, el presidente Evo Morales
promulgó el nuevo Código Procesal Civil, la segunda de la nueva era de
codificación, luego del Código Procesal Constitucional.
4. Carta Magna
Principio de oralidad
El artículo 184 de la Constitución Política del
Estado ordena que la jurisdicción ordinaria se basa en los principios de
gratuidad, oralidad y celeridad, entre otros.
5. Observación
Falta una normativa
El Procurador General el Estado advirtió que la
aplicación del nuevo Código Procesal Civil tendría vacíos jurídicos por falta
de la reglamentación de la Ley del Notariado.
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Cristina Mamani: ‘Los jueces civiles van a ser insuficientes’
/
Advierte
que falta recursos económicos para poner en marcha la nueva normativa. Indicó
que en el país trabajarán 358 jueces, la mayoría en las provincias. Los 153
conciliadores a ser seleccionados deben ser profesionales del área social y
hablar un idioma nativo. Ellos podrán evitar que un conflicto acabe en juicio
—
¿Está lista la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPC) desde el 7
de agosto?
—
El Consejo de la Magistratura trabajó para la implementación del Código
Procesal Civil dentro de los plazos. Se difundió los planes de presentación y
se los publicó oportunamente.
—
¿Qué ventajas tiene el CPC?
—
Se pasará de un sistema judicial escrito a uno oral. El CPC implementa las
notificaciones electrónicas, a la par de otros países. Se trabaja para que una
notificación pueda ir a un correo electrónico, vía mensaje al celular, fax o
llamada telefónica. Esto ayuda a luchar contra la corrupción y el trabajo
recargado de los oficiales de diligencia.
Otro
tema es la implementación de 153 conciliadores, claro que la ley determina qué
procesos irán a este sistema. Los que concilian no pagarán nada porque será
gratuito.
Desde
el 7 de agosto desaparecerán los jueces de Instrucción y de Partido en lo
Civil, éstos se convierten en jueces públicos en materia civil y comercial.
—
¿Cuántos jueces habrá?
—
Serán 358 jueces públicos en el país: 161 trabajarán en las nueve capitales y
197 en provincias. Los conciliadores serán 153, la Ley 025
establece que se debe contar con uno por juzgado, pero no es posible por la
falta de recursos.
—
¿Serán suficientes?
—
Quizá no es el momento de hablar si son suficientes o insuficientes, haremos la
evaluación respectiva hasta el próximo año. Sé que va a ser insuficiente, pero
esto no impide que implementemos el CPC. Lo propio para los conciliadores,
ellos tienen que cubrir cuatro a cinco juzgados y en las provincias el trabajo
va a ser tedioso, porque deben ir de un asiento judicial a otro. Van a ser
conciliadores itinerantes.
—
¿Se reducirá la duración de los juicios y la carga procesal?
—
Los procesos en materia civil duran años, hay procesos de cuatro hasta siete
años, por las chicanas constantes que existen. Vemos que en un año los procesos
estarían concluidos. En el tema de conciliación es más rápido; en una o dos
audiencia se resuelve. La carga procesal está en fase de sistematización y se
verá cuánto más bajará el número de juicios.
—
¿Hay sanciones para jueces que dilaten los procesos?
—
No habría lugar para dilaciones porque son juicios orales. La Dirección de
Control y Fiscalización hará un seguimiento a los juicios.
— ¿Se capacitó a los jueces?
—
Eso está a cargo de la escuela de jueces, hasta el 2 de agosto estarán
totalmente capacitados.
—
¿Hay ambientes adecuados para los juicios orales?
—
Vamos a readecuarlos, no en todos los distritos tenemos ambientes; en algunos
distritos sí tenemos, como en Sucre, tenemos espacio incluso para los
conciliadores. En La Paz tenemos algunas dificultades. Veremos dónde habilitar
espacio hasta el 15 de julio.
—
¿Cómo debe ser el ambiente?
—
Nos gustaría contar con el sistema de Canadá, con pantallas grandes en las que
el demandado ofrece sus pruebas y se los puede leer en los monitores, pero por
la limitación vemos que habrá un ambiente para el juez, para el demandado,
demandante y para la gente. Nos gustaría tener salas como las de materia penal,
sería excelente, pero no contamos con estos ambientes, quizá vamos a ir
adecuando las salas.
—
¿Se capacitó a abogados?
—
En la mayoría de los colegios de abogados se abrió diplomados sobre esta
temática, pero es un tema independiente.
—
¿Cuánto se invirtió?
—
Alrededor de Bs 10 millones con recursos propios, además de cooperaciones
de Dinamarca y Cosude. El Tesoro General de la Nación no nos dio recursos
económicos adicionales.
—
¿Qué características deben tener los conciliadores?
—
Deben ser profesionales en ciencias sociales, pueden ser trabajadores sociales,
comunicadores, psicólogos o también egresados de las normales. Ingresarán
por examen de competencia y serán designados por el Consejo de la Magistratura.
Recibirán un curso intenso de capacitación, de un mes, en habilidades,
destrezas y en la capacidad de convencimiento que deben poseer. Es una oportunidad
para profesionales del área rural porque la Ley 025 establece que debe hablar
el idioma originario, para entrar en confianza con las partes y después
resolver el conflicto que tienen.
—
¿Qué procesos podrán atender los conciliadores?
—
Temas que ya están previstos en la ley, pero no aquellas causas de
interés superior, como del menor, por ejemplo. Más van a atender los procesos
de familia, como la asistencia familiar. No se lo debe entender que, por
ejemplo, se pedirá a la pareja volver a convivir, sino que se hablará del monto
de asistencia, las deudas o los pagos pendientes, que de repente no podían
arreglar.
Defensora del derecho
indígena
Nombre: Cristina
Mamani Aguilar
Nació: 14-09-1.965
Profesión: Abogada
Cargo:
Presidenta del Consejo de la Magistratura
Defensora del derecho
indígena
Licenciada de Derecho de la
Universidad Mayor de San Andrés. Diplomados en Derecho Civil, Proceso Civil
Oral y Educación Superior.
Escribió las cartillas Violencia
intrafamiliar-doméstica, Vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y
No a la violencia. Sí a la familia. Fue oficial de diligencias del Juzgado de
Instrucción de Familia El Alto y del Juzgado Agrario de Sorata y responsable de
Área de Asesoría y Consultoría de CDIMA. Estuvo en la Formación y Capacitación
de Mujeres Líderes aymaras y quechuas en temas de Desarrollo y otros. Fue
secretaria de Hacienda de la Asociación de Maquinarias Agrícolas de Guaqui y
Secretaria de Actas del Comité de Saneamiento de Tierras de Kassa Santa Rosa,
Guaqui.
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‘Cada juez debe atender más de 2.000 causas’
/
– ¿Qué
acciones se toman frente a casos de corrupción y retardación de justicia?
– Lo que hace a
este Tribunal, de manera coordinada con la Delegación Distrital del Consejo de
la Magistratura, es desarrollar controles en la actividad de los funcionarios
judiciales. Existen instancias técnicas relacionadas con la transparencia y el
régimen disciplinario, es decir, que una vez determinada la responsabilidad de
algún servidor judicial, en asuntos de corrupción, éstos son sometidos a
procesos internos o, si amerita, a una serie de acciones legales en el
Ministerio Público.
– ¿A qué se
atribuye la dilación en la administración de justicia?
– Es necesario que la
opinión pública y, sobre todo, los críticos que focalizan el problema en una
sola instancia, conozcan que la carga procesal creció de manera
sobredimensionada en los últimos años. En 2013, los 180 juzgados, cerca de 200
jueces y los 20 vocales hemos hecho frente a cerca de 220.000 procesos, es
decir, casi 1.100 causas por juez promedio. No obstante de ello, existen casos
muy preocupantes en el área penal donde un juez tiene más de 2.000 causas que
atender.
La realidad es
compleja y le hacemos frente día a día. Y para comenzar a buscar soluciones
estructurales, necesitamos al menos unos 100 jueces más para atender a un
departamento con 2,7 millones de habitantes.
– ¿Con
esto, cree que existen las condiciones para trabajar?
– Las condiciones
laborales en los juzgados son inadecuadas. Si bien se crearon algunos juzgados,
éstos no cuentan con la infraestructura ni los materiales mínimamente
necesarios; hay juzgados sin estantes, hay montañas de expedientes apilados en
los suelos por la falta de estantes; ni siquiera tienen el personal de apoyo
jurisdiccional para el desarrollo de sus funciones.
En los
últimos meses, el Consejo de la Magistratura creó juzgados sin asignar
los ítems para el personal de apoyo administrativo y jurisdiccional. En algún
momento, se llegó a extremos de que los jueces designados no tenían dónde
cumplir sus funciones.
– ¿Ante las
críticas constantes del Gobierno a la Justicia, qué posición asume?
– Más allá de esas
observaciones o acusaciones genéricas, es necesario reconocer que existen
problemas de carácter estructural, esto lo reconocemos de manera autocrítica.
Nos encontramos en un periodo de transición, y como todo proceso de esta
naturaleza tiene sus propias contradicciones, hay que salvarlas adoptando
medidas para mejorar la justicia.
– El
Gobierno pidió la renuncia de todos los vocales del país, ¿esto se puede dar?
– Para ser
específicos, por efecto del Art. 6.I de la Ley de Transición para el Tribunal
Supremo de Justicia, todas y todos los vocales que ejercemos funciones en la
actualidad somos servidores judiciales en situación de transición, hasta que el
antiguo régimen jurídico quede sin efecto, una vez aprobados y aplicados todos
los nuevos códigos procesales.
– ¿Es
considerada como presión las críticas del Gobierno?
– El trabajo del
Tribunal Departamental de Justicia se desarrolla en el marco de la
independencia y coordinación establecidas en la Constitución, de modo tal que
las opiniones vertidas por integrantes de cualquier órgano del Estado son
recepcionadas de manera reflexiva en la medida que no afecte los principios de
independencia.
– ¿Hay
acefalías de jueces y vocales, cómo se las cubre?
– El tribunal
actualmente no tiene acefalías, es decir, todas las salas se encuentran
completas. Lo que sí existe es, de acuerdo con la Ley 025, la creación de
cuatro nuevas vocalías que deben ser provistas en la medida en que el periodo
de transición concluya.
Al momento
funcionan 20 vocalías y hacen falta designar cuatro más por parte del Consejo
de la Magistratura. Ya se citó anteriormente que los tribunales departamentales
de justicia no seleccionan ni designan jueces ni vocales.
– ¿Continúa
la mora judicial en el Tribunal y qué se hace?
– Los jueces
trabajan de manera ardua en la resolución de los casos, pero hay un fenómeno
multifactorial que impide los avances. Por ejemplo, de acuerdo con los últimos
datos, en los tribunales de sentencia de El Alto, del 100% de audiencias
determinadas por el juez, el 35% son suspendidas, de esa cifra el índice más
alto es por la ausencia del fiscal 29%; el 19% por la inasistencia de los
jueces ciudadanos; el 12% por la inasistencia de las partes; el 3% debido a la
falta de transporte o escolta de régimen penitenciario para trasladar detenidos
a audiencias; el 3% por motivos de presión o manifestaciones sociales y el 1%
debido a la ausencia del juez.
– ¿Existe
recarga procesal?
– En este último
semestre se duplicó los esfuerzos que imprimen a su trabajo cada uno de los
jueces, sobre todo, los del área penal que en promedio dictan hasta 15
resoluciones cada día para cuyo resultado debe trabajar más de diez horas e
incluso los fines de semana. No obstante, las causas nuevas siguen en
incremento. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2014 las demandas nuevas
recibidas por este Tribunal llegaron a las 18.521, en ese mismo período de 2013
este indicador era de 18.488 lo que significa que la tendencia de la carga
procesal se mantiene en aumento.
– ¿Existen
fallas en la implementación de los nuevos códigos?
– En el caso del
nuevo Código Procesal Civil, necesitamos afianzar nuestros esfuerzos en tres
rubros importantes. Capacitación, infraestructura y recursos humanos. Por
ejemplo, hasta el momento no se inició un proceso integral y sistemático de
preparación para los jueces, no obstante que estamos a un mes de la vigencia.
– ¿Este
Tribunal está preparado para implementar el nuevo Código Procesal Civil?
– (Las)
Experiencias nos hicieron advertir el grado de extrema complejidad que
representa la implementación de ese nuevo sistema de transformación de la
justicia civil que, entre otros aspectos, contempla desafíos de carácter
estratégico de modo que se asuma el tema con una visión de integralidad.
