Aquel septiembre de octubre de 2003, más allá del gas por Chile
Detrás de las jornadas de septiembre y octubre de 2003 está el cuestionamiento del modelo de administración del Estado regido por el 21060, más allá de los síntomas concretos contra los que se protestaba.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 15 de septiembre de 2013
Pasaron diez años del inicio de los conflictos de la ‘guerra del gas’ (septiembre de 2003) que desencadenó en un levantamiento que no sólo “tumbó” al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sino también socavó los cimientos del sistema político de entonces. Los hechos sucedieron por la reacción de las organizaciones sociales y la ciudadanía ante síntomas de una enfermedad y no por el mal mismo. Así, el cansancio popular en La Paz se tradujo en “bronca”, en rechazo a medidas estatales muy específicas (como el registro impositivo Maya Paya para El Alto o el anuncio de venta del gas a través de Chile), que eran el signo del modelo del Estado que, en el fondo, fue lo que estaba en cuestión.
En esto coinciden los actores principales de las jornadas de septiembre y octubre de 2003; es decir, el rechazo circunstancial se sustentaba en determinadas medidas que fueron sintomáticas y que muchas venían de tiempos anteriores al gobierno de Sánchez de Lozada.
Así, el registro impositivo de formularios Maya Paya, propuesto por el entonces alcalde de El Alto José Luis Paredes (en contra del cual empezó la marcha desde Caracollo el 2 de septiembre y el posterior paro cívico), el Código Tributario de agosto de ese año, la Ley de Seguridad Ciudadana y la exportación del gas por Chile fueron los detonantes de un conflicto que en el fondo cuestionó el modelo del Estado.
Felipe Quispe, conocido como el Mallku, fue uno de los líderes de las jornadas de octubre. Ahora dice que la mayoría de las medidas con las que comenzaron las movilizaciones venían de “antes de Goni”. Menciona algunos de esos motivos circunstanciales: “Nos debía 72 puntos, más el compañero detenido (Edwin Huampo, dirigente de Batallas, había sido encarcelado en el penal de San Pedro por participar en un ajusticiamiento que terminó con la vida de supuestos ladrones de ganado en un linchamiento), los tractores que se debían desde Hugo Banzer, la anulación de la Ley INRA, también de la 1008, las cuales siguen vigentes”.
Además, cita el Decreto Supremo 21060, la madre del modelo económico, al que complementaban todas las demás normas circunstanciales que motivaron las protestas. Waldo Albarracín, en aquel tiempo presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, señala que el fondo de los conflictos estaba relacionado directamente al 21060, “que no sólo era un modelo económico, sino un modelo de Estado que incluso estaba por encima de la propia Constitución Política del Estado vigente”.
Si bien hubo varios “coadyuvantes de los conflictos”, existió un “desenlace histórico” en octubre; es decir, una suerte de “gota que rebalsó el vaso”, pues la democracia participativa distanciaba al Estado de la sociedad civil, analiza.
De 1982 en adelante, ningún gobierno logró “democratizar la democracia”; las decisiones seguían siendo de minorías y para sus intereses. Adicionalmente, “más allá del partido que estuviese en el poder”, estaban los elevados “niveles de corrupción” y la clase política no se comprometía con el desarrollo nacional excluyendo a la sociedad, dice Albarracín.
El 21060 fue el “instrumento político que definió esa manera de administrar el Estado para manipular las cifras en desmedro del ser humano”. “Octubre de 2003 se inscribe en ese contexto, con un pueblo cansado que ya se había expresado en febrero de ese año (el ‘impuestazo’) y la ‘guerra del agua’ (Cochabamba, 2000)”. Todo eso contribuyó a que más allá de los hechos circunstanciales, un “cansancio histórico” se active en el rechazo, dice el que fuera luego Defensor del Pueblo.
Abel Mamani, entonces presidente del Distrito 3 de El Alto (zona que jugó un rol capital en el levantamiento), apunta algo similar a lo que rememoran Quispe y Albarracín, aunque con otro apelativo: “El origen fueron las políticas de la mal llamada capitalización, desde el 21060, que en realidad consistieron en regalar las empresas estratégicas del Estado”.
El modelo de la capitalización “asfixió año tras año a la gente, pues las empresas veían a los servicios básicos como un negocio”. Eso hizo que la gente “concentre bronca que se va desfogando en hechos concretos contra medidas específicas como el primer bloqueo y cerco a La Paz liderados por el Mallku o la ‘guerra del agua’, o el impuesto a los salarios de Goni (febrero de 2003)”.
Sin embargo, en criterio, la “bronca” no termina sino en 2005. En ese lapso se presionó al presidente Carlos Mesa para que cumpla la Agenda de Octubre, llamada así por la conjunción de demandas de la crisis de 2003. “Para mí, el desafío era mostrarle a Bolivia que yo había sido capaz de escuchar octubre y escuchar también lo que se había producido en tiempo previo, sobre todo desde el oriente”, decía Mesa en una entrevista con Animal Político en octubre de 2012.
Filemón Escóbar, en 2003 senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), tiene una conclusión parecida a la de Mamani, aunque le suma una especificidad: “Lo que originó todo fue el 21060 y la relocalización del proletariado minero”.
El 21060 ofrecía una indemnización a los mineros de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), muy por encima de los años trabajados. La mayoría se acogió a la oferta gubernamental, pero se quedó en el desempleo.
Escóbar hace una conexión lógica en su tesis, en sentido de que “el 40% de la ciudad de El Alto es de mineros relocalizados” (por ejemplo todo Senkata). Alude así al papel central que jugaron los habitantes de esa urbe en las jornadas de octubre.
Escóbar y Quispe quieren restar el protagonismo en el levantamiento a Evo Morales, quien estaba de viaje esa vez por Libia, Ginebra y Venezuela. “Sólo llegó seis días antes de que termine todo”, recuerda el exlegislador del MAS.
El actual asambleísta departamental de El Alto Roberto de la Cruz, que en 2003 lideró la marcha de Caracollo en representación de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, coincide también con las consideraciones precedentes, aunque en otros términos. Afirma que la causa fue “un cabreo generalizado contra el imperialismo”. Su declaración coincide con las otras fuentes si se considera que el 21060 fue una medida fondomonetarista impuesta desde el imperio, al igual que la política de capitalización.
“Goni sólo era el administrador de ese poder imperial del neoliberalismo, un simple funcionario”, juzga. “Lo que colmó el vaso” fue querer vender el gas por Chile. “Bolivia es antiimperialista, por lo que ha sido fácil unir las fuerzas populares para hacer frente a su gobierno”.
Recuerda que el primer objetivo era evitar la salida del gas, pero como se quiso “pacificar El Alto a balazos, entonces el pedido fue la renuncia del presidente, hasta que se logró”. Como describen estas voces, el sistema político decantó años antes del levantamiento y tuvo su mayor convulsión entre septiembre y octubre de 2003, cuando los ánimos se exaltaron. Como la clase política de entonces no supo leer que debían dar un paso atrás en el modo de gestión del Estado, terminó por desmoronarse.
Huelga. Quispe, Mamani y De la Cruz relatan cómo a partir de una huelga de hambre se pasó a una marcha y luego a la resistencia que terminó por tumbar a Sánchez de Lozada.Primero fue la marcha de Caracollo a La Paz, iniciada el 2 de septiembre contra la medida de los formularios Maya Paya, el anuncio de la venta del gas y el encarcelamiento de Huampo.
“Iniciamos la marcha junto con Roberto de la Cruz, los militantes del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), los estudiantes de la UPEA (Universidad Pública de El Alto) y los compañeros de las 20 provincias”, recuerda Quispe. De la Cruz dice que hizo alianzas con la UPEA, los beneméritos y el Movimiento Sin Tierra (MST). Así empezó la marcha. Luego otra salió de Huarina y Laja.
Todo el movimiento convergió en la plaza de San Francisco de La Paz. “Ahí declaramos una huelga de hambre en masa. Subimos unos 2.000 al El Alto, con mujeres y niños. Tomamos la radio San Gabriel y allá nos declaramos en huelga de hambre”.
El dirigente campesino Rufo Calle también estaba en ayuno. Mamani cuenta que aquél se comunicó con él, pues era el dirigente cívico vecinal del Distrito 3, y la radio San Gabriel se encuentra en el barrio de Villa Adela, perteneciente a esa jurisdicción. “Nos reunimos cerca del mercado Pacajes Kaluyo y me pidió que la zona dé protección a la huelga contra una posible intervención”.
El 9 de septiembre dos ministros fueron al piquete. “Los secuestramos (a los ministros de Agricultura, Guido Áñez, y de Participación Popular, Mirtha Quevedo). Por miedo firmaron la liberación del compañero Huampo y cumplir los 72 puntos, pero no pasó nada y seguimos en huelga hasta el 20, cuando recibimos el reporte de Warisata”, cuenta Quispe.
Supuestamente habían secuestrado a tres bloqueadores de esa localidad y fueron llevados a Sorata. “Nos informaron que Sánchez Berzaín, ministro de Defensa, estaba por la zona, entonces pensamos que podía salir por el mismo camino, no sabíamos que estaba en helicóptero”.
Sus compañeros lo llamaron para preguntar qué hacer. “Saquen armas, mucho mejor sería matarle a ese criminal”, rememora el Mallku. Una columna se parapetó en una curva de Alto Warisata, para emboscar al ministro. Ése fue el inicio. “Luego, Warisata fue tomada con muertos y también Sorata, todo hasta el 20 de septiembre”.
Los dirigentes se quedaron en la huelga en la radio, coordinaron desde ahí las movilizaciones para la agitación. “Gracias a ese trabajo político la población se fue sumando. Si nos quedábamos sin comandar, no habría pasado nada, como tampoco habría sido igual sin la instalación de la huelga. Fue como la madre de todas las demás movilizaciones”, narra.
Quispe dice que la debilidad de la clase política de entonces fue su desconocimiento de la psicología del aymara: “El aymara es sentimental; cuando el aymara ve la sangre, se enfurece, se rebela. Así, los políticos hijos de Pizarro, como Goni o Jaime Paz Zamora querían definir todo con las armas, pensando que el pueblo se va a callar. No. Eso conocemos”.
La huelga duró entre el 8 de septiembre y el 17 de octubre, día en que Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos y Mesa juró en su lugar. Fue consecuencia histórica de aquel septiembre de octubre de 2003, la crisis que entre ese año y los sucesivos se perdieron 73 vidas, la mayoría alteños y paceños.
‘No pensábamos que se tumbaría a Goni’: Felipe Quispe, otrora dirigente indígena
Alzamos palos, chicotes, con todo, hasta hacerles escupir a los gobernantes de turno, pero, pues, tampoco pensábamos que íbamos a tumbar al Gonzalo Sánchez de Lozada, sino que nuestra lucha era radical con bloqueos y marchas. Hasta que las balas de Warisata perforaron los corazones de piedra de los compañeros que viven en El Alto de La Paz, que se sumaron a la lucha.
‘Hubo un cabreo generalizado’: Roberto de la Cruz, asambleísta de La Paz
Hubo un cabreo generalizado contra el imperialismo que imponía el neoliberalismo. Lo específico era que se quería vender el gas cuando nuestros compañeros estaban ahí cocinando con bosta, con leña. Por eso pedí que la COR se manifieste e hice una alianza solo con sectores para partir en una marcha desde Caracollo; llamé a Evo y al Mallku; Felipe vino y el Evo no, porque ya estaba Quispe.
‘Objetó el modo de administrar el Estado’: Waldo Albarracín, expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos
El modo de administrar el Estado, bajo el modelo no sólo económico sino político del Decreto Supremo 21060, es lo que en el fondo se cuestionó en octubre de 2003. Si bien hubo circunstancias específicas en las movilizaciones, esos hechos concretos sólo fueron como la gota que rebalsó el vaso del distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil.
‘El origen fue la mal llamada capitalización’: Abel Mamani, exdirigente vecinal de El Alto
El origen del levantamiento fue la mal llamada capitalización, el regalo de nuestras empresas estratégicas de servicios públicos y materias primas. Eso asfixió a la población y se fue concentrando una bronca que salió en hechos concretos como los formularios Maya Paya, la venta del gas o mucho antes, en febrero, el impuesto a los salarios que terminó en saqueos.
‘La causa se encuentra en la relocalización’: Filemón Escóbar, exdirigente minero y exsenador del MAS
Primero está el origen del 21060, el cerco de Calamarca, tan nefasto para el proletariado porque lo liquidó. La relocalización, con una indemnización que dejó a los mineros en el desempleo, privando a los trabajadores de salud y educación. Así, si uno ve, el 40% de la ciudad de El Alto son barrios de mineros relocalizados que fueron clave. Evo no participó en nada.
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Agenda de Octubre tiene asignaturas pendientes
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A pesar del referendo por el gas en 2004 durante el gobierno de Carlos Mesa, el desarrollo de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2008, y una suerte de nacionalización de los hidrocarburos, todos puntos centrales de la llamada Agenda de Octubre, existe la sensación de que este pliego social todavía es una asignatura pendiente.
Así lo piensan dos de los dirigentes principales de las movilizaciones de septiembre y octubre de 2003, Felipe Quispe y Roberto de la Cruz, como también los analistas Róger Cortez y María Teresa Zegada, aunque éstos lo afirman con matices respecto de aquéllos.
Primero, no se puede eludir la argumentación de Cortez para afirmar que la Agenda de Octubre es una construcción facilista de los medios de comunicación, que en realidad es parte de otra aún mayor que él llama proceso constituyente. “Nombres como el de ‘Agenda de Octubre’ son construcciones mediáticas que simplifican un proceso más complejo”, señala.
En su criterio, esa lista de demandas sólo es un tramo de un desarrollo mayor: del “proceso constituyente iniciado en 1990 con la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”, en la que se escuchó por primera vez el pedido de Asamblea Constituyente.
El siguiente paso de este desarrollo “fue la ‘guerra del agua’ (2002)” en Cochabamba. En ese segundo momento se añadieron los pedidos de un referendo sobre los recursos naturales y la desmonopolización de la representación política.
Octubre de 2003 —sigue— dio continuidad a las demandas y también especificidad a los reclamos sobre recursos naturales, hablando a partir de ese momento de los hidrocarburos, hasta que después se llega al reclamo por la nacionalización de éstos, sobre todo a propósito del referendo de 2004.
Es ese sentido, este “programa constituyente”, más que la Agenda de Octubre en específico, tiene tres áreas que agrupan a los pedidos de las movilizaciones: “la reforma estatal, la transformación productiva y la reforma moral intelectual”. De todas ellas, hay un “rezago mortal en este momento”, juzga.
La reforma estatal “sólo ha sido enunciada, el Estado Plurinacional está en construcción”. No se va a poder reformarlo si el Estado se muestra “antiautonomista y antiindígena como lo ha hecho hasta ahora”, cuestiona. Sin embargo, en este aspecto el “gran mérito” del Gobierno ha estado en “la enunciación y la aprobación” de la reforma estatal entre 2006 y 2009.
En cuanto al segundo punto, rescata la recuperación de los recursos, aunque la pone literalmente entre comillas, pues ese avance “corre el riesgo de estatalizarse”. Los recursos naturales “no son del Estado, sino de todos los bolivianos y eso se está abandonando, aunque sin duda se ha llegado a una bonanza que en parte se redistribuye”.
Respecto a la reforma intelectual y moral, es decir el tercer punto, “lo más avanzado es haber focalizado la discriminación y el racismo como temas clave de la agenda nacional, no obstante, igual que en los demás temas, sólo se ha llegado a la enunciación”. Sobre el 100%, “estamos en el 25% o el 30% de cumplimiento”.
Zegada apunta hacia lo mismo que Cortez al calificar el avance de la agenda, pues dice que en sus puntos principales ésta se ha cumplido sólo “formalmente”, lo que se asemeja a lo que decía de sólo haberse llegado a la “enunciación”.
La Agenda de Octubre tenía como aspectos estructurales —enumera la politóloga— la demanda de Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. “Formalmente, se habría cumplido con esos puntos. De alguna manera esos temas fueron parte del discurso de Evo Morales”, rememora. El Presidente “estaba obligado” a cumplir esto y vincularlo a la reconfiguración del sistema político.
La Asamblea Constituyente se ha llevado a cabo, “probablemente no en los términos que planteaban las organizaciones sociales en ese momento, pues habían visiones más radicales”. Al mismo tiempo, a través del decreto de nacionalización del 1 de mayo de 2006, “también se atendió la otra demanda formalmente”.
“Digo formalmente porque los alcances que tienen estas dos medidas todavía no están claros en la historia reciente del país, es decir, que tenemos una nueva Constitución pero no se verifica un cambio sustancial cualitativo de la institucionalidad política del país”, explica Zegada.
“Falta mucho” para que se pueda hablar de la “plurinacionalidad o las autonomías”, lo cual no quiere decir que no se esté “apuntando en ese sentido”, sino que son procesos que “toman tiempo”.
Sobre el otro punto, señala que se trata de una nacionalización planteada en “otros términos, no tuvo la radicalidad que se quería en el momento de las movilizaciones, si bien ha traído mayores recursos para el país”.
Más crítico es Felipe Quispe”, dirigente indígena que participó en la huelga de hambre del 8 de septiembre al 17 de octubre de 2003. “Las agendas por las que tanto hemos gritado para que no se venda el gas, Evo Morales es el mejor vendedor y administrador de las trasnacionales. No hay nacionalización ni tampoco industrialización. El 21060 sigue campeando”.
El líder de la marcha de Caracollo que fue capital para las jornadas de octubre, Roberto de la Cruz, es menos crítico. “Se ha dado uno o dos pasos, pero falta mucho para honrar a nuestros muertos. Por ejemplo, seguimos siendo extractivistas y los masacradores siguen impunes. Pedimos a Evo que pueda reconducir el proceso, tengo esperanza en que pueda ser así”.
De 69 muertos en los meses de conflictos hoy ya son 73. Uno de los puntos de la agenda es la extradición y el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada, según la acusación judicial autor intelectual de la masacre, lo cual no ha avanzado un ápice en estos diez años.
