La
justicia boliviana no se salvará solo con más presupuesto
Por: Ramiro Sánchez Morales
La crisis de la justicia en Bolivia no
se resolverá repitiendo, una vez más, la consigna fácil del aumento
presupuestario. El problema es más hondo y más incómodo: sin independencia
judicial real, sin política judicial, sin planificación seria y sin control
institucional efectivo, cualquier incremento de recursos corre el riesgo de
diluirse en el mismo sistema ineficiente que hoy mantiene a la justicia en
estado de precariedad estructural.
El punto de partida está en la propia
Constitución. El artículo 178 de la Constitución Política del Estado dispone
que la potestad de impartir justicia se sustenta, entre otros principios, en la
independencia, la imparcialidad y la seguridad jurídica; además, reconoce
garantías específicas de la independencia judicial. Por tanto, la independencia
judicial no es una consigna decorativa ni una referencia académica de ocasión:
es una exigencia constitucional que obliga a construir condiciones materiales,
normativas e institucionales para que jueces y tribunales actúen sin
sometimiento político, sin temor disciplinario indebido y con verdadera
autonomía.
Sin embargo, el debate público suele
naufragar en la superficie. Se reclama más presupuesto como si ese dato, por sí
solo, pudiera rescatar un sistema colapsado. Esa lectura es incompleta. Un
órgano que exige más recursos, pero que no acompaña esa demanda con una
política judicial clara, con metas verificables, con reforma de gestión y con criterios
serios de priorización, termina confundiendo necesidad presupuestaria con
improvisación institucional.
Aquí aparece una verdad que no puede
seguir siendo eludida: aun siendo bajo, el presupuesto judicial de 2025 no fue
ejecutado en su plenitud. El dato es políticamente incómodo y técnicamente
revelador, porque demuestra que la discusión no puede agotarse en pedir más
dinero cuando ni siquiera se ha logrado ejecutar totalmente lo ya asignado. Eso
no significa negar que el presupuesto judicial sea insuficiente. Significa algo
más serio: la insuficiencia presupuestaria convive con una deficiente
planificación.
Si el órgano judicial no identifica con
precisión sus prioridades, no diseña proyectos sólidos, no ordena su gestión y
no fortalece sus capacidades de ejecución, el reclamo económico pierde fuerza
argumentativa y se vuelve vulnerable frente a cualquier objeción externa. Por
eso, el tema central es la política judicial. Bolivia arrastra desde hace
décadas una alarmante ausencia de visión estratégica sobre la justicia. No
existe una política judicial sostenida que defina con claridad qué modelo de
administración de justicia necesita el país, cómo debe modernizarse la
estructura procesal, qué lugar deben ocupar la carrera judicial, la
transparencia, la oralidad, la digitalización y la rendición de cuentas, y
cuáles son los indicadores reales de desempeño que deben medirse año tras año.
Sin política judicial, el presupuesto
se convierte en una cifra sin dirección. Con política judicial, en cambio, el
presupuesto se vuelve una herramienta al servicio de objetivos concretos. Esa
diferencia es decisiva. Lo primero reproduce inercias; lo segundo permite
transformar instituciones. La justicia boliviana necesita exactamente eso:
dejar de administrar su crisis y empezar a planificar su reconstrucción.
En ese cuadro, el Consejo de la
Magistratura merece una observación especialmente severa. Si se le reconoce el
régimen disciplinario, el control y fiscalización administrativa y financiera,
y la formulación de políticas de gestión del Órgano Judicial, entonces su
ineficiencia no puede relativizarse ni encubrirse con formalismos. La debilidad
del Consejo de la Magistratura es una de las expresiones más visibles del
deterioro judicial, porque allí debía articularse una parte esencial del orden
administrativo, disciplinario y planificador del sistema.
Cuando el Consejo de la Magistratura
falla, no solo fallan expedientes administrativos o procedimientos internos.
Falla el control sobre la carrera judicial, se debilita la disciplina
institucional, se posterga la fiscalización, se deteriora la confianza pública
y se refuerza la percepción de que el sistema carece de conducción seria. Por
eso resulta legítimo afirmar que la ineficiencia del Consejo de la Magistratura
agrava, y no simplemente acompaña, la crisis de la justicia boliviana.
Y esa ineficiencia no es una
abstracción, sino que está marcada por un historial de tolerancia a la
irregularidad. El caso del consejero Marvin Molina es uno de los ejemplos más
oscuros: un audio difundido públicamente lo involucró en conversaciones con un
diputado del MAS sobre el "cuoteo" de cargos judiciales y
designaciones para operadores políticos. La gravedad del caso no radicó
únicamente en el contenido de la grabación, sino en la reacción institucional.
Aunque Molina renunció a la presidencia del Consejo, las denuncias nunca fueron
investigadas a fondo para desmantelar la presunta red de favores. Al contrario,
las acusaciones fueron diluyéndose, cubiertas bajo un manto de impunidad que dejó
intacta la estructura corporativa. En lugar de sanción y limpieza
institucional, lo que se vio fue protección política.
Ese patrón de impunidad institucional
también ha quedado en evidencia frente a otras irregularidades escandalosas,
como las denuncias recurrentes contra vocales de las salas constitucionales del
Beni. En múltiples ocasiones, esas salas se han visto envueltas en fallos
altamente cuestionados, en acusaciones de prevaricato y en maniobras para
paralizar procesos nacionales o interferir en jurisdicciones que no les
corresponden, generando choques incluso con sus pares de Santa Cruz y con
autoridades electorales. Sin embargo, frente a estos excesos jurisdiccionales
evidentes, el sistema disciplinario ha optado por mirar hacia otro lado. Cuando
las denuncias quedan atrapadas entre el silencio y el corporativismo, el
mensaje es demoledor: dentro de la justicia, la rendición de cuentas es una
ficción.
Frente a esta realidad, una reforma
judicial de verdad exige revisar la Constitución en lo relativo a la forma de
elección de magistrados. El sistema vigente ha mostrado límites estructurales y
ha terminado politizando la designación de las altas autoridades, por lo que la
discusión ya no puede evitar una reforma constitucional de fondo que cambie el
mecanismo de selección y fortalezca la legitimidad del poder judicial.
En esa misma línea, el Consejo de la
Magistratura debe ser concebido de otra manera. No basta con mantener un diseño
institucional que en la práctica ha demostrado insuficiencia y complicidad;
hace falta repensarlo como un órgano técnico, profesional y realmente capaz de
sostener la carrera judicial, la disciplina, la fiscalización y la
planificación del sistema. No se trata solo de cambiar nombres o rotular nuevas
estructuras, sino de redefinir su función dentro del modelo de justicia que
Bolivia necesita.
Como he sostenido en mis trabajos
publicados en Cabildeo Digital, la reforma constitucional para la
despolitización y el fortalecimiento de la independencia judicial en Bolivia
debe abordar precisamente esos dos nudos: la elección de magistrados y la
reconfiguración del órgano de gobierno judicial, porque sin ese cambio la
independencia seguirá siendo solo una promesa normativa. La reforma no puede
limitarse a ajustes cosméticos; debe atacar la raíz de la politización, del
deterioro institucional y de la impunidad disciplinaria.
La reforma, entonces, no puede
limitarse a exigir un porcentaje mayor del Tesoro General de la Nación. Tiene
que comenzar por una radiografía honesta del sistema; por reconocer la
subejecución presupuestaria; por asumir que la independencia judicial del
artículo 178 de la Constitución exige garantías reales y no discursos
ocasionales; y por diseñar, de una vez, una política judicial integral,
técnicamente fundada y políticamente defendible.
Bolivia necesita una justicia con
recursos, sí, pero sobre todo una justicia con dirección. Mientras no exista
planificación adecuada, mientras el presupuesto no responda a una política
judicial seria y mientras órganos como el Consejo de la Magistratura no cumplan
con eficacia su función institucional, el país seguirá atrapado en una paradoja
corrosiva: pedir más para hacer, en esencia, lo mismo de siempre.
