Estudios recientes sobre la crisis judicial en Bolivia - La Razón
Por: Alan E. Vargas Lima
El polémico
tema de la crisis judicial en Bolivia, ha motivado en los últimos años, la
realización de varios estudios y análisis de diversos expertos, en búsqueda de
las principales causas y las soluciones factibles para contrarrestar los
efectos perniciosos que conlleva, y que genera descontento en la población
boliviana.
Una muestra
de ello, fue el libro denominado: “El
Estado de la Justicia Boliviana. Del Estado Republicano al Estado Plurinacional”
(2013), del Dr. William Herrera Áñez, quien brindó sorprendentes resultados de
encuestas realizadas sobre la justicia en Bolivia.
Así por
ejemplo, a la pregunta de si consideraban que nuestros tribunales respetan la
garantía del debido proceso, el 82,74% respondió que no y sólo el 17,26% que
sí. Consultados sobre si la elección de las autoridades judiciales mejoró la
administración de justicia, el 80,14% dijo que no y sólo el 19,86, que sí. Para
el 75,2% de los encuestados no existe respeto al principio de igualdad
jurídica, ya que la justicia discrimina a las personas por razones económicas,
relaciones de poder o presiones políticas. Preguntados sobre el grado de
representación de las autoridades judiciales electas por voto, después de casi
dos años de ejercicio de sus cargos, el 0,8% de los encuestados respondió que
se sintieron muy representados, el 10% representado, el 45,06% poco
representado y nada representado el 44,12%. Indagados sobre las causas por
las que no acuden a la administración de justicia, el 30,3% dijo que por
factores económicos, el 13,62% por desconocimiento de procedimientos, el 21,24%
por desconfianza en el sistema judicial, el 6,64% por discriminación, el 24,42%
por retardación y el 3,76% por temor a represalias.
¿Existe
corrupción en el sistema? Sí dijo el 95,88% y no el 4,12%. ¿Tiene confianza en
el Órgano Judicial? Sí dijo el 22,16% y no el 77,84%. ¿Existe respeto de la
independencia judicial? Para el 30,5% sí y no para el 69,5% (el peor grado de
confianza 77,9% está en la sede del órgano: Sucre). Una buena noticia, fue que
el 64,06% cree que la justicia boliviana mejorará en el futuro, aunque de los análisis
y cifras que presenta el mismo libro, se evidencia que la asignación
presupuestaria destinada a la justicia, en vez de mejorar, rebajó sistemáticamente
entre 2002 y 2012, dado que por cada 100 bolivianos proyectados en el PGE se
destinaron 1,7 bolivianos a la justicia.
Asimismo, el autor en su
estudio, se muestra crítico al actual sistema de justicia, porque en su
criterio existe “mucho Gobierno y poco Estado”, lo que no permite la
consolidación de un Órgano Judicial, independiente, imparcial, creíble y
fortalecido, debiendo considerarse que la condición esencial de un Estado de
Derecho, es precisamente que no exista ninguna forma de sumisión al poder
político.
Por otro lado, el analista
Henry Oporto, el pasado año nos mostraba una radiografía del sistema judicial boliviano
colapsado, en su artículo denominado: “La
Justicia se nos muere” (2014), mediante el cual, advertía el fracaso de la
política judicial, así como los efectos deplorables de la elección popular de
magistrados, lo que ha derivado en el desmoronamiento del sistema judicial, y
el inevitable colapso de la administración de justicia.
En este sentido, el autor hizo
notar el crecimiento de la moral judicial, dado que según datos oficiales, las
causas resueltas en todas las materias, apenas alcanzaban al 31% de las causa
ingresadas, mientras que las causas pendientes llegaban al 69%. Por otro lado,
y en cuanto a la sobrecarga procesal en los juzgados, hizo notar la brecha
existente entre el aumento de las causas y el reducido número de juzgados. Así,
advertía que el promedio nacional en materia de medidas cautelares, era de
aproximadamente 2.470 casos por Juez de Instrucción Penal, y que además, en las
ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, este promedio llegaba incluso a una
cantidad de 3.000 casos por Juez, en un solo año.
Sin embargo, no debe perderse
de vista que –según el autor– la acumulación de la carga judicial, es también
efecto de la persecución judicial contra opositores políticos y funcionarios de
anteriores gobiernos (calificados de “neoliberales”), siendo causas que llevan
años de trámite, tanto para mantener la presión sobre ellos, como también por
el temor de los jueces, de cerrar o archivar esos casos.
Asimismo, también se
evidenció la existencia de jueces y fiscales saturados, siendo que el drama de
falta de jueces, también se reproducía en el Ministerio Público; y es que,
entre los años 2008 y 2011, el número de fiscales en todo el país creció en
apenas 2%, un incremento insuficiente frente al crecimiento de las causas que
en ese mismo período aumentaron a cerca de un 13%. Así, entre los años 2008 y
2012, el número de causas por fiscal (como promedio nacional) en las nueve
capitales de departamentos, había aumentado de 165 a 179 causas.
Otro de los problemas
advertidos en aquel estudio, fue el de los presos sin sentencia, dado que
haciendo una comparación con los datos de la gestión 2010, las imputaciones
formales presentadas durante ese año, alcanzaron a más de 20.000 en todo el
país; en cambio, las sentencias dictadas por los tribunales fueron apenas 874,
y esa cifra, representaba un escaso 4% del número de imputaciones, lo que
evidencia la falta de justicia para miles de personas y familias involucradas.
Finalmente, cabe señalar que el
problema del hacinamiento en las cárceles, tiene como causa la falta de
sentencia de los tribunales, lo que aumenta la cantidad de presos sin una
sentencia ejecutoriada. Ello, considerando que la población carcelaria en
Bolivia, hasta el año 2011, alcanzaba a más de 13.000, de los cuales, la
mayoría eran detenidos sin una sentencia en su contra, lo que constituye una
violación de los derechos humanos. Entonces, la enorme cantidad de privados de
libertad, sin sentencia ejecutoriada, y que no deberían estar en las cárceles,
es –según ese estudio– una de las causas principales de la sobrepoblación
carcelaria.
En este último tiempo, se ha
publicado un nuevo y minucioso análisis sobre la crisis judicial en Bolivia. Se
trata de la obra de Pamela Delgadillo y Rogelio Mayta, denominada: “laberinto.bo Notas para un diagnóstico de
la justicia y algunas propuestas” (2015), y se
trata de un trabajo que básicamente parte de una realidad innegable: Bolivia nunca pudo consolidar una
administración de justicia creíble, independiente, eficiente y democráticamente
justa; sin embargo, es aceptada todavía tal como nos fuera legada por la
colonia, con una estructura jerárquica, pesada, ritualista y discriminadora.
La importancia de este
trabajo, radica en su intención de aportar al análisis, mostrando una
perspectiva general del problema, pero además, planteando posibles soluciones,
a cuyo efecto, sistematiza los principales problemas de la administración de
justicia y su complejidad, como base para repensar algunas alternativas de
soluciones propuestas por los autores, cuyo meritorio esfuerzo debe reconocerse.
Es así, que los principales
problemas que atraviesa la administración de justicia, y que se identifican en este
estudio, se agrupan en cuatro ejes:
a) la inexistencia de una
reflexión (seria y objetiva) sobre la justicia, a cuyo efecto repasan las
experiencias de las reformas judiciales de los años 90’s, que según los
autores, no consideraron las características socioculturales del país, lo que
no permitió “trascender los limites de un ajuste que no cambia nada”. Asimismo,
hacen referencia al “fetichismo legal” que hasta ahora padecemos, y que nos
hace creer que todos los problemas de la sociedad, y los de la administración
de justicia, se pueden resolver básicamente con leyes.
b) la ineficiencia del
sistema judicial, para lo cual, los autores revisan la sobrecarga procesal
existente en varios juzgados y tribunales, considerando que el año 2012 los
tribunales penales emitieron sentencia sólo en el 0.4% de los casos atendidos,
mientras que los juzgados laborales resolvieron cerca del 43% de los casos que
conocieron. Asimismo, muestran también la carga de trabajo en el Ministerio
Público, como complemento indispensable para el desenvolvimiento del sistema de
justicia penal. Sin embargo, también se pone en evidencia la débil gestión
institucional que ha sido incapaz de diseñar un plan de acción para resolver
los problemas existentes.
c) las limitaciones reales y
aparentes de independencia e imparcialidad, para lo cual, debiera comenzarse
por la despartidización en la elección de las altas autoridades judiciales, ante
la evidencia de sus limitaciones y fracasos. Pero no sólo aquello, sino que
también está presente el problema endémico de la corrupción judicial, ante el
cual, las soluciones legales han resultado ineficaces, siendo evidente la
necesidad de cambiar la perspectiva, para abordar de mejor manera ese problema,
dado que no se trata de la falta de leyes, sino de falta de voluntad en los
operadores de justicia para cambiar sus actitudes.
d) las barreras del acceso a
la justicia, que básicamente se tratan de barreras económicas de las personas
que por falta de recursos económicos suficientes, no pueden acceder libremente
al sistema judicial, o al menos permanecer allí hasta encontrar una solución
efectiva; barreras originadas por la discriminación, que a pesar de las
políticas nacionales impulsadas para erradicarla, aún perviven en la conducta
de muchos servidores judiciales; y las barreras originadas por la insuficiencia
de juzgados y tribunales, que tiene que ver con la baja asignación
presupuestaria que le corresponde al Órgano Judicial en su conjunto.
Esto último, no hace más que
poner en evidencia una vez más, que la justicia en nuestro país, sigue siendo
excluyente y privilegiada, dado que está claramente reservada sólo para quienes
tienen las posibilidades económicas para lograr un resultado favorable en
estrados judiciales, en tanto que los demás, impedidos por sus limitaciones
económicas, muchas veces deben conformarse con no ver materializados sus
anhelos de justicia, lo que genera esa desconfianza ciudadana en la justicia
boliviana.
Finalmente, lo interesante
del estudio, son las propuestas de los autores, tanto para superar la falta de
reflexión sobre la justicia, para mejorar la eficiencia del sistema judicial,
para superar las limitaciones de independencia y corrupción, así como para
lograr un mayor acceso a la justicia; a cuyo efecto, señalan una diversidad de
objetivos, factibles de traducirse en acciones concretas, y que debieran ser
parte de una política judicial de reestructuración integral e institucionalización
de todas las dependencias del Órgano Judicial.
Con este trabajo, que
básicamente se trata de una propuesta integral de acciones concretas para
mejorar y optimizar el sistema de justicia en el país, los autores demuestran
claramente que como sociedad boliviana, merecemos que se nos brinde una mejor
administración de justicia, y en ese propósito, el libro no se agota en la
reflexión sobre la justicia y sus estadísticas, sino que da un paso más allá,
al proponer alternativas de solución, que es precisamente lo que debe llamar la
atención de las autoridades gubernamentales en general, y de las autoridades
judiciales en particular, dado que ellos tienen la responsabilidad de
implementar mejoras e innovaciones en el sistema judicial, a la mayor brevedad
posible.
En definitiva, se trata de
una obra encomiable, y de consulta indispensable para repensar nuevas formas de
lograr una organización adecuada y funcionamiento efectivo del Órgano Judicial
en su conjunto, con propuestas razonables de solución, acordes a la magnitud
del problema.
