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miércoles, 5 de noviembre de 2014

Bolivia ingresa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU





Elección. Con 144 votos a favor en la Asamblea General, es uno de los 47 miembros

La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz
03:08 / 22 de octubre de 2014


La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó ayer a Bolivia miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), con 144 votos, junto a El Salvador y Paraguay, en reemplazo de Chile, Costa Rica y Perú, que ya cumplieron su mandato de tres años.

Los tres nuevos integrantes citados ocupan los espacios que corresponden a los estados de América Latina y el Caribe en el CDH. Ayer se renovó a 15 de sus 47 miembros. Se prevé que la primera reunión de este consejo será en enero de 2015 en su sede, en Ginebra (Suiza). La elección de los componentes se lo realiza en función de sus antecedentes y compromisos en derechos humanos.

“Nos sentimos honrados por el apoyo de la membresía, más de dos tercios de los miembros de nuestra organización han brindado su apoyo a la candidatura de Bolivia”, dijo el representante permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, a la AFP.

Apoyo. En La Paz, la Cancillería, a través de un comunicado, señaló que en “una jornada histórica” Bolivia fue designada como integrante del CDH. “Esto significa que más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas apoyaron a Bolivia”, agrega en la nota oficial, según un reporte de la agencia estatal ABI.

“(La elección del país) significa un reconocimiento internacional del compromiso del país con los derechos humanos a partir de la constitucionalización de los mismos y el trabajo activo para incluirlos en todos los ámbitos internacionales y regionales”, complementa el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su comunicado.

Marcelo Elío, presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que éste es un paso importante para Bolivia. “Es un Consejo de Seguridad donde hay varios países miembros que tienen la finalidad de garantizar los derechos humanos en los Estados”, indicó.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), destacó este nombramiento en la ONU, debido a que —dijo— se reconoce la labor de respeto y de despliegue de Bolivia en esta materia.

“En Bolivia se respeta los derechos humanos, pese a que la oposición siempre ha tratado de desacreditar la gestión de gobierno, pero se dan cuenta de que existiendo mayor democracia hay mayor respeto a los derechos humanos, lo que se demostró con los resultados de las últimas elecciones”, declaró Calle.

En contraposición, la senadora Centa Rek (CN) cuestionó este nombramiento de Bolivia, ya que —manifestó— el Gobierno tiene denuncias pendientes de vulneración de derechos, como los casos Terrorismo (por intento de separatismo) y Porvenir (matanza de al menos 13 campesinos en Pando). En este caso la ONU “nos da una de arena y una de cal” porque, al parecer, no tomó en cuenta esos aspectos negativos, señaló la asambleísta opositora. “Lo veo bastante controvertido (el nombramiento). En varias cosas la ONU anda un poco errática”, complementó la senadora cruceña.

En concordancia con el asambleísta Calle, la Cancillería destacó que la elección de Bolivia significa un reconocimiento al trabajo en CDH de las Naciones Unidas durante el periodo 2007-2010, destacado por varios países, según la nota informativa de la agencia ABI. “Bolivia se compromete a jerarquizar la temática de los Derechos Humanos”, añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de su comunicado.

Calle también anunció que está en marcha la conformación de una comisión integrada por representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al mando del Ministerio de Justicia, para elaborar propuestas nacionales e internacionales, a través de la Cancillería, en el marco del respeto a los derechos humanos.

Los plazos que rigen

Gestión
Cada miembro del consejo es elegido por tres años. No puede ser reelecto después de haberlo integrado durante dos mandatos consecutivos, es decir durante seis años.

El objetivo es proteger los DDHH
Carlos Corz

El Consejo de Derechos Humanos es una instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, y hacer frente a situaciones de violación de éstos y formular recomendaciones para enfrentarlos. Bolivia fue elegida como parte de sus 47 miembros por sus antecedentes y compromisos en esta materia.

El Consejo está integrado por cinco representantes de estados de África; cinco de Asia; dos de Europa oriental; tres de América Latina y el Caribe; y tres de Europa occidental y otros, según se especifica en el documento Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos.

Fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el fin principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto, según el portal digital de la instancia internacional.

Los miembros sostienen reuniones periódicas durante el año en Ginebra y celebran como mínimo tres periodos de sesiones anuales, incluido un periodo de sesiones principal, que tiene una duración total no inferior a diez semanas. Baudelaire Ndong Ella (Bagon) preside la instancia internacional. Bolivia será parte del Consejo luego de recibir, en una sesión de la ONU, apoyo de 144 países, al igual que otras naciones como El Salvador y Paraguay.

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Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU


Alan E. Vargas Lima
00:00 / 04 de noviembre de 2014

Recientemente se ha difundido la noticia de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu) ha elegido a Bolivia (con 144 votos) para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, junto a El Salvador y Paraguay y en reemplazo de Chile, Costa Rica y Perú, que ya cumplieron su mandato de tres años.

En su oportunidad, la Cancillería del Estado Plurinacional, a través de un comunicado, señaló que en “una jornada histórica” Bolivia fue designada integrante del Consejo, lo que significaría que más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas apoyaron a Bolivia.

La elección de Bolivia “significa un reconocimiento internacional del compromiso del país con los derechos humanos a partir de la constitucionalización de los mismos y el trabajo activo para incluirlos en todos los ámbitos internacionales y regionales”, según señala el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.

Claro que esto pareciera magnificar en demasía esta elección, cuando en el país todavía existen muchos casos de violaciones de derechos humanos pendientes de resolver, principalmente por la falta de colaboración en las investigaciones por parte de quienes, en ese momento, se encontraban en situación de autoridad. Sin embargo, me parece importante indagar un poco acerca de la naturaleza de esta instancia internacional.

Se debe considerar que el Consejo de Derechos Humanos (1) de la Organización de las Naciones Unidas es un organismo creado el 15 de marzo de 2006, en votación de la Asamblea General con voto en contra de Estados Unidos, Israel, Palaos y las Islas Marshall y la abstención de Bielorrusia, Irán y Venezuela.

Este organismo sustituye a la Comisión de Derechos Humanos, “ya que éste, muy a menudo, fue criticado por incluir miembros que ni siquiera podían defender a sus propios pueblos contra violaciones de los derechos humanos de sus propios gobiernos” (2).

En otras palabras, el Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano de las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos fundamentales. La Asamblea General lo creó en esa fecha para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos, establecida 60 años antes, y continuar su labor.

El Consejo, básicamente, proporciona orientación sobre políticas, examina los problemas que surgen en el ámbito de los derechos humanos, elabora nuevas normas internacionales y vela por su cumplimiento en todo el mundo. Asimismo, puede evaluar la situación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y estudiar los datos presentados por los Estados, las ong y otras fuentes.

Los Estados elegidos deben aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar plenamente con el Consejo, debiendo, además, someterse al procedimiento de Examen Periódico Universal  (epu) (3) durante su mandato, lo que garantiza que ellos mismos respetan las normas que deben hacer cumplir.

En consecuencia, la Asamblea, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, puede suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

El Consejo puede ser convocado en todo momento para examinar las crisis relacionadas con los derechos humanos, celebrando como mínimo tres periodos de sesiones al año con duración de al menos diez semanas y, asimismo, celebrar una sesión extraordinaria en cualquier momento, si lo solicita uno de sus miembro con el apoyo de un tercio de ellos mismos).

El Consejo asume varios mandatos de la antigua Comisión, en especial las funciones y atribuciones del régimen de procedimientos especiales y de los grupos de trabajo temáticos, de la Subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y el mecanismo formal de denuncia.

Los Estados y las ong exponen al Consejo sus puntos de vista sobre las situaciones que consideran preocupantes y los gobiernos correspondientes ejercen, a menudo, su derecho de respuesta. El Consejo puede designar a grupos de investigación o a expertos, organizar visitas sobre el terreno, ponerse en contacto con los gobiernos correspondientes, proponer su colaboración y condenar las violaciones.

Si considera que la gravedad de la situación lo justifica, el Consejo puede ordenar que se inicie una investigación de la cual se encargaría un grupo de expertos independientes (grupo de trabajo) o un especialista (relator especial). El Consejo se basa en las conclusiones de los expertos y se dirige al gobierno correspondiente para instarle a realizar cambios (4).

Entonces, definitivamente es muy seria la responsabilidad asumida por el país en el Consejo de Derechos Humanos, como una de las instancias internacionales más reconocidas para la promoción y vigencia de los derechos humanos en el mundo, lo que obliga a cada uno de sus miembros, y en especial a Bolivia, a asumir acciones concretas y efectivas para dar ejemplo de su vocación de respeto a los derechos, no con discursos, sino con acciones inmediatas encaminadas a superar definitivamente la situación de impunidad en que se encuentran los casos de violaciones de derechos humanos, a través de su reparación efectiva.



Notas
1. El Consejo está formado por 47 Estados elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea General. Los asientos se distribuyen entre los grupos regionales de las Naciones Unidas como sigue: 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, 7 por Europa occidental y otros grupos y 6 por Europa oriental. Permanecen en sus funciones por tres años, pudiendo ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos. Estos podrán ser suspendidos, una vez electos, si cometen abusos sistemáticos a los derechos humanos. El Consejo se reunirá periódicamente durante todo el año.

Esta deficiencia no parece haberse superado dado que en Bolivia -a pesar de que forma parte del Consejo-, ciertamente existen muchos casos de violaciones de derechos humanos que hasta ahora se mantienen en la impunidad, comenzando por la represión a miembros de pueblos indígenas del Tipnis, en la localidad de Chaparina, cuyas investigaciones aún no han identificado a los directos responsables de ordenar dicha represión ilegítima frente a una marcha pacífica; además de los casos Terrorismo (por intento de separatismo) y El Porvenir (matanza de al menos 13 campesinos en Pando).

3. El Examen Periódico Universal (EPU), creado mediante la resolución 60/251 de la Asamblea General de Naciones Unidas, es un proceso único que incluye un examen de los récords de derechos humanos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, una vez cada cuatro años. Es un proceso dirigido por los Estados, con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que brinda la oportunidad a cada país de declarar qué acciones han tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países, así como cumplir con sus obligaciones en esta materia. El EPU está diseñado para asegurar un tratamiento igualitario a cada nación para evaluar la situación de los derechos humanos. Fuente: http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/bq-el-consejo-sera-responsable/


El autor es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com



domingo, 13 de enero de 2013

Bolivia logra legalizar el acullico y vuelve a la Convención de Viena...

 Portada Edición Impresa




El Secretario General de la ONU aceptó la solicitud de readmisión de Bolivia al tratado sobre estupefacientes con la reserva de legitimar el masticado de la coca

La Razón / Juan José Cusicanqui / La Paz
03:05 / 12 de enero de 2013

Bolivia retornó ayer a la Convención de las Naciones Unidas de 1961 con la reserva de despenalizar el acullico (masticado de coca), uso tradicional de la hoja que estaba prohibido por ese tratado. Sólo 15 de 183 países objetaron la posición, lo que no alcanzó un tercio para vetar al país.

“La secretaría general ha aceptado la solicitud hoy, 11 de enero de 2012, del instrumento de admisión de Bolivia con su reserva”, señaló un comunicado enviado a la AFP en Nueva York, por un portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Centro de Información de Naciones Unidas-Bolivia (CINU), en un comunicado remitido en la tarde de ayer, explica que la objeción a la posición boliviana hubiese sido posible si 61 países expresaban su rechazo. En la Cancillería boliviana sólo se indicó que aún no les llegó una información oficial de la ONU, pero se anunció para hoy una conferencia de prensa que será ofrecida por el presidente Evo Morales, en la que se hará conocer la posición del Gobierno.

“De los 183 Estados que han ratificado o firmado (sic) la convención, 15 objetaron la reserva de Bolivia (Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Italia, Canadá, Francia, Alemania, Rusia, Holanda, Israel, Finlandia, Portugal, Irlanda, Japón y México)”, agrega el texto enviado a la agencia AFP. En el comunicado del CINU-Bolivia se especifica que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, firmada en Viena (Austria), entrará en vigencia para el país el 10 de febrero.

Bolivia denunció al tratado de la ONU en junio de 2011, debido a que rechazaba la disposición que prohibía el masticado de coca, en un plazo de 25 años luego de que entre en vigencia esta normativa, inscrita en el inciso e), numeral 2 del artículo 41. Naciones Unidas rechazó el consumo de la hoja por verificar que contiene alcaloides. En diciembre del mismo año, el presidente Evo Morales solicitó al organismo multilateral la readmisión de Bolivia, con el veto a la penalización del acullico.

El 10 de enero de 2012, la Organización de Naciones Unidas comunicó a los países miembros la posición boliviana, para que en un plazo de 12 meses —según las normas— se pronuncien a favor o en contra de ésta. Si un tercio de las naciones (62) lo rechazaba, Bolivia quedaba fuera del acuerdo, pero solamente fueron 15 los que asumieron esa decisión.

Reacciones. Tras conocer la decisión de la ONU, en La Paz, el viceministro de la Coca, Dionicio Núñez, señaló que la readmisión a la Convención de Viena corrige un error histórico al incluir a la hoja de coca, en su estado natural, como estupefaciente o droga, según un reporte de ABI.

“La hoja de coca ha acompañado a los pueblos indígena originarios desde hace 6.000 años antes, entonces nunca la hoja de coca fue utilizada para hacer daño a la gente, siempre fue utilizada como medicina”, manifestó.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, recibió con “mucha satisfacción” la información. “Lo que nosotros necesitamos es despenalizar el tema del acullico de la hoja de coca y felicitamos al Canciller, al Ministro de Relaciones Exteriores (David Choquehuanca), por el trabajo que ha realizado”, afirmó. El diputado Luis Alfaro (MAS), instó a que la despenalización del acullico no solamente esté dirigida a organismos internacionales, sino también a “potencias del mundo”, según ABI.

El tratado y la carta magna

Convención

El artículo 41, numeral 2, inciso e) de la Convención de 1961 ordena que: “La masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”.

CPE-Bolivia

El artículo 384 estipula: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

Francia aclara que no se opuso al regreso de Bolivia

Francia no se opuso a que Bolivia se reintegre a la Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aunque sí hizo conocer su objeción a la reserva que planteó para el masticado de la hoja de coca, aclaró ayer el embajador de ese país en Bolivia, Michel Pinard.

“Bolivia formuló el deseo de adherirse nuevamente a la Convención de 1961 con una reserva y es esta reserva la que Francia objeta, solamente esta reserva, lo cual significa que Francia no se opone a que Bolivia se reintegre a la Convención de 1961 (firmada en Viena)”, declaró a La Razón Digital.

El diplomático afirmó que esta posición se hizo conocer oficialmente a la Secretaría General de las Naciones Unidas el 3 de enero de este año en Nueva York. “Se debe distinguir claramente la objeción a la reserva boliviana, que es una cosa, y la reintegración de Bolivia a la Convención sobre este tema particular. Francia no se opone a la reintegración de Bolivia a la Convención”, insistió.

Pinar hizo esta aclaración en respuesta a versiones periodísticas imprecisas, como la que este jueves publicó este diario en base a un despacho de la agencia de noticias EFE desde Naciones Unidas, de acuerdo con la cual un total de 13 países, entre ellos Francia, objetaron “la petición de Bolivia de retornar a la Convención Antidrogas de la ONU”.

“Ése no es el caso”, declaró el representante diplomático, quien además destacó que “Francia es consciente del apego de Bolivia a la preservación de sus tradiciones y prácticas ancestrales”.Pinard reiteró que su nación, ante la ONU, únicamente emitió una objeción sobre la reserva y ahora “no la tomará en cuenta”.

La decisión preocupa a Gran Bretaña

El retorno de Bolivia a la Convención de 1961 con la reserva de legalización del acullico preocupa a Gran Bretaña, debido a que con esa decisión pueden aumentar los cultivos ilegales de la hoja, afirmó ayer el embajador de ese país en Bolivia, Ross Denni. “También ahora hay el riesgo de que esto dé un incentivo a la producción de coca excedentaria en el país”, afirmó el representante diplomático a periodistas en La Paz.

Gran Bretaña es uno de los 15 países que se opusieron al retorno de Bolivia a la Convención de Viena con la reserva de vetar la prohibición del masticado de coca. Denni, no obstante, destacó las tareas de lucha contra las drogas y la erradicación de cultivos ilegales de coca desarrolladas en 2012.

Precedente. “Lo que entiendo: es la primera vez que un país ha hecho eso (denunciar a una Convención) y otros (Estados) pueden pensar (hacer lo mismo) ya que eso fue exitoso para Bolivia y (por lo tanto) podemos salir de una convención internacional y poder reingresar bajo otras condiciones. Eso, al final, puede debilitar las convenciones internacionales, esa es nuestra preocupación”, manifestó el diplomático. En ese sentido, reiteró que la objeción de su nación al pedido de Bolivia se basó en que implicaría mayores cultivos de coca.


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Portada Edición Impresa 

Acullico. Evo manifestó su satisfacción por el retorno a la Convención de Viena

La Razón / Luis Mealla - La Paz
00:00 / 13 de enero de 2013

El presidente Evo Morales dijo que con la readmisión de Bolivia en la Convención de Viena con la reserva de despenalización del masticado de coca, se logró que se revise la legislación internacional al respecto. Y esto  “no fue fácil”, remarcó el Mandatario.

A tiempo de manifestar su satisfacción, Morales dijo que es la primera vez que un Estado logra hacer revisar una convención y agradeció a los 169 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que no se opusieron al pedido boliviano.

“Es la primera vez que un Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia, hace revisar una convención (...) no es sencillo hacer revisar, hacer cambiar la legislación internacional y esta es la primera vez que Bolivia lo logra; no es porque Evo es presidente, sino es la conciencia y el apoyo del pueblo, y es un trabajo conjunto para defender nuestra identidad y nuestra cultura”, señaló el Jefe del Estado.

Morales informó que “este triunfo” entrará en vigor a partir del 10 de febrero de 2013; asimismo, manifestó su “respeto y admiración” a los productores de coca de La Paz y Cochabamba, y el apoyo de la comunidad internacional, por el logro alcanzado.

“Cuando uno expresa con razones, defendiendo nuestra identidad y nuestra cultura, es posible hacer cambiar normas internacionales”, reiteró el Presidente.  Campaña. La autoridad también destacó la campaña realizada desde el Gobierno, la Cancillería, los técnicos y los movimientos sociales para lograr el reconocimiento al consumo legal de coca.

“La (Universidad) Harvard de Estados Unidos ha recomendado no sólo masticar, sino comer la hoja con fines medicinales”, dijo.Morales reveló que desde que llegó a la presidencia planificó una estrategia para hacer reconocer el acullico en la legislación internacional. Hay que reconocer, dijo, “que entre 2011 y 2012 hemos perdido una batalla, que en la enmienda a la convención de Naciones Unidas 18 países nos objetaron; era uno de los procedimientos para hacer reconocer el acullico”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en un comunicado oficial, dijo que la despenalización del acullico “representa un triunfo histórico de la revolución cultural y democrática que lidera el presidente Evo Morales” y que la coca es “un factor decisivo que ha reconfigurado la composición del poder político incorporando a los indígenas en los estamentos de decisión”.

A su vez, el senador Eugenio Rojas anunció que la despenalización en 2013 impulsará el debate  de dos leyes para sustituir la 1008: de Sustancias Controladas y el Régimen de la Coca, que en el marco de la Constitución reconocen a la hoja como un recurso fundamental y patrimonio del Estado.

La oposición prevé un incremento de cultivos

Williams Farfán

Asambleístas de la oposición política critican la despenalización y aseguran que con ello los cocaleros pedirán incrementar las plantaciones de la hoja de coca.

El riesgo para el Gobierno, señaló el senador de Convergencia Nacional Germán Antelo, “es que los cocaleros interpreten la situación a su favor y pidan que se siembre más coca”. Con la aceptación de Bolivia en la Convención de Viena con la reserva de respeto al acullico, se puede generar una “sensación” diferente con respecto a la producción excedentaria del Chapare, que “en el 80 o 90% termina siendo materia prima de la cocaína”.

Antelo agregó que los productores de la hoja milenaria podrían pedir hasta 20 mil hectáreas de plantación de coca.

Entretanto, la diputada Norma Piérola (CN) sostuvo que los productores de coca ya están malinterpretando la determinación de la ONU y el Gobierno se los permitirá.

“Es un abierto encubrimiento y una autorización libre para que los productores de coca sigan haciendo crecer la hoja; (habrá) una abierta permisividad para que se legalice la droga en Bolivia. Con esto (el reingreso de Bolivia a la Convención) pedirán plantar más coca e incluso querrán utilizar las tierras del TIPNIS”, dijo.

El alcance es sólo para el país

Bolivia. El excanciller Armando Loayza aseguró que la determinación de la ONU sobre la despenalización del masticado de coca es “solamente un tema para Bolivia, ya que otros países siguen aceptando la norma; no se tiene efectos en otros países”.ProcesoEl excanciller también aseguró que otros países de la región no podrían seguir el mismo camino de Bolivia, porque tendrían que plantear otro proceso igual al boliviano, “pero yo lo dudo” porque el procedimiento que eligió Bolivia es muy delicado.



 

jueves, 29 de marzo de 2012

La Administración de Justicia en Bolivia según la ONU



Nuestro país, en la actualidad, se encuentra caracterizado por una dosis considerable de perplejidad respecto a la administración de justicia, esto se corrobora con el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda
00:00 / 27 de marzo de 2012

A manera de contextualización, debemos establecer cuál es el rol principal de esta oficina, así mencionamos que la ONU es una organización internacional constituida en 1945 (para suceder a la Sociedad de Naciones, creada por el Tratado de Versalles en 1919) por los Estados que aceptaron cumplir las obligaciones previstas por la Carta de las Naciones Unidas (firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945), producto de la segunda guerra mundial, a fin de salvaguardar la paz y la seguridad internacional y de instituir entre las naciones una cooperación económica, social y cultural. La ONU empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945.

Dentro de la estructura de la organización se encuentra la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con su sigla OACDH, misma que forma parte de la Secretaria de las Naciones Unidas que representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana.

El Alto Comisionado encabeza la OACDH y dirige los esfuerzos de la Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, es decir, esta oficina se encarga de promover, proteger y dirigir los esfuerzos globales en materia de Derechos Humanos para todos.

Actúa objetivamente ante los casos de violaciones de Derechos Humanos en el mundo, también constituye un foro para identificar, resaltar y elaborar respuestas a los problemas actuales de Derechos Humanos y opera como el principal centro de coordinación para la investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de los Derechos Humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

Toda vez que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta asistencia a estos gobiernos, a través del aporte de conocimientos especializados y capacitación técnica en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral, todo ello para facilitar la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos en la práctica, así también apoya a otras entidades encargadas de proteger estos derechos para que puedan cumplir con sus obligaciones y a particulares para que puedan ejercer sus derechos.

Cambios en la organización

La OACDH promociona y estimula el respeto por los Derechos Humanos de todos sin distinción de raza, sexo, lengua o religión, tal como se estipula en la Carta de las Naciones Unidas, esta labor es crucial en un momento en que las Naciones Unidas es objeto de su más profunda reforma.

En la medida en que se hace frente a los constantes desafíos que se plantean en el nuevo milenio, la comunidad internacional coloca de manera inequívoca los Derechos Humanos en primer plano en sus esfuerzos por abordar diversas cuestiones apremiantes en todo el mundo; así, nuestro país reconoce aquello en el sentido de que la propia Constitución Política del Estado (CPE) señala que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario… (Artículo 410, párrafo II).

La OACDH también presta asistencia, recibe, examina las denuncias directas de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y hace llamamientos a los gobiernos en nombre de las víctimas; asimismo, apoya a las dimensiones normativas y de supervisión mediante los comités de expertos independientes que tienen el mandato de supervisar que los Estados parte cumplan con las obligaciones de los tratados, para ello se reúnen periódicamente para examinar los informes presentados por los Estados parte y formular sus recomendaciones al respecto.

Condiciones de la labor

Algunas de estas respuestas incluyen la supervisión de las situaciones de Derechos Humanos sobre el terreno y la puesta en marcha de proyectos, como la capacitación técnica y el apoyo en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa, la ratificación y la educación de los tratados en materia de Derechos Humanos, elaborados en cooperación con los Estados miembros.

Esta Oficina también procura garantizar la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos a través de una mayor implicación en los países para tratar de establecer contacto con quienes más lo necesitan, ya que desempeñan un papel primordial en la labor de identificar, trazar y elaborar respuestas a los problemas de Derechos Humanos en estrecha colaboración con los gobiernos del mundo, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los miembros de la sociedad civil.

En tanto que, la sociedad civil juega un papel preponderante porque actúa como asesor dentro de la OACDH en lo relativo a políticas y estrategias que permitan incrementar y fortalecer las alianzas y cooperaciones para una promoción y protección efectiva de los Derechos Humanos, de convertir estos derechos en realidad.

Sobre el país

En consecuencia, la OACDH realizó un informe anual sobre los Derechos Humanos en nuestro país y entre las principales conclusiones del documento se encuentra lo relativo a la administración de justicia, el racismo y toda forma de discriminación, la consulta a los pueblos indígenas y la violencia contra las mujeres, entre otras.

Para el análisis del informe simplemente nos centraremos en lo relacionado a la administración de justicia, toda vez que para la OACDH existe un deterioro, estancamiento, crisis del sistema judicial y se menciona que “la crisis de la administración de justicia de Bolivia se agravó durante el último año y se caracterizó por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la polémica elección popular de jueces y los altos niveles de violencia contra las mujeres”.

El informe de referencia es puntual y acertado porque refleja de manera fidedigna la situación de los Derechos Humanos y la justicia en nuestro país; es evidente una concentración de poder, por tanto obvia la inexistencia de la independencia deseada, ya que todos los órganos de poder del Estado están concentrados en manos de un solo partido en función de gobierno, toda vez que se tiene injerencia abierta en las decisiones que toma el Órgano Judicial. Por ello, en el informe se pide que los esfuerzos de las autoridades nacionales contribuyan a la consolidación de la independencia judicial y se coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de justicia.

Como decíamos, el informe se aproxima a la realidad sobre la crisis existente en la administración de justicia, ya que debemos considerar que el problema de la justicia en nuestro Estado es estructural y adolece de muchas fallas, entre ellas procesos lentos y que no es completamente gratuita, ya se dijo que el problema no está en eliminar los timbres de ley, sino en ejercer un control estricto en los administradores de justicia, porque es a ese nivel donde encuentra su falla el principio de gratuidad, toda vez que estos funcionarios son susceptibles de ingresar en la corrupción.



viernes, 6 de mayo de 2011

ELECCIONES JUDICIALES: OACNUDH-BOLIVIA observa Reglamento de Preselección de postulantes...


Oficina de la ONU en Bolivia observa reglamento para elegir autoridades
05/05/2011 - 13:51:45

La Paz.- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh-Bolivia) hace algunas observaciones que podrían ser consideradas en el Reglamento de preselección de postulantes a las principales magistraturas judiciales.

La oficina valora positivamente que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya decidido abrir un espacio de trabajo para discutir más a fondo las observaciones al Reglamento formuladas por las distintas bancadas parlamentarias y otros sectores de la población, dice un comunicado enviado a Hoybolivia.com

Sin embargo, en el marco de su mandato de asistencia técnica al Estado boliviano, Oacnudh-Bolivia ha observado algunos aspectos contenidos en la versión inicial del proyecto de Reglamento con el afán de asegurar que estos sean conformes con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES DE OACNUDH

En particular, es oportuno que el reglamento fije criterios objetivos y claros para calificar los méritos y competencia profesional de los candidatos, por ejemplo estableciendo un sistema de puntuación en el que se pondere apropiadamente la demostración de la competencia de cada aspirante, dice la nota.

Asimismo, al fin de asegurar una mayor transparencia y participación en el proceso de preselección de las candidaturas se recomienda adoptar mecanismos que permitan a la sociedad civil presentar sus observaciones, como la celebración de audiencias públicas para ese fin, y también convocar a una instancia de asesoramiento técnico, integrada por académicos del Derecho y otras personalidades, para que coadyuve al Órgano Legislativo en la etapa de preselección.

CONTRA LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Por otra parte, se estima que las disposiciones que impedirían a los abogados que patrocinaron cierto tipo de causas a postular a las más altas magistraturas judiciales, podrían estar en contradicción con lo dispuesto en el artículo 14.3 (d) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.

En este sentido, la Oficina alienta todas las autoridades concernidas a continuar el debate legislativo actualmente en curso a fin de que el resultado final sea la adopción de una norma que en el marco del derecho internacional, garantice la preselección de los mejores candidatos y candidatas, incluyendo a representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas como lo estipula el artículo 3 de la Constitución, que se encargarán de conducir la administración de justicia tanto ordinaria como indígena en el Estado Plurinacional de Bolivia.



COMUNICADO

OACNUDH-Bolivia
Saluda la iniciativa legislativa para elaborar el Reglamento de preselección de postulantes a altos cargos judiciales

La Paz, 5 de mayo de 2011.- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) saluda la iniciativa legislativa de elaborar un Reglamento de preselección de postulantes a las principales magistraturas judiciales, por tratarse de una etapa de fundamental importancia previa a la votación popular, que tendrá lugar en los próximos meses.

También valora positivamente que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya decidido abrir un espacio de trabajo para discutir más a fondo las observaciones al Reglamento formuladas por las distintas bancadas parlamentarias y otros sectores de la población.

En el marco de su mandato de asistencia técnica al Estado boliviano, OACNUDH-Bolivia ha observado algunos aspectos contenidos en la versión inicial del proyecto de Reglamento con el afán de asegurar que estos sean conformes con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

En particular, es oportuno que el reglamento fije criterios objetivos y claros para calificar los méritos y competencia profesional de los candidatos, por ejemplo estableciendo un sistema de puntuación en el que se pondere apropiadamente la demostración de la competencia de cada aspirante.

Asimismo, al fin de asegurar una mayor transparencia y participación en el proceso de preselección de las candidaturas se recomienda adoptar mecanismos que permitan a la sociedad civil presentar sus observaciones, como la celebración de audiencias públicas para ese fin, y también convocar a una instancia de asesoramiento técnico, integrada por académicos del Derecho y otras personalidades, para que coadyuve al Órgano Legislativo en la etapa de preselección.

Por otra parte, se estima que las disposiciones que impedirían a los abogados que patrocinaron cierto tipo de causas a postular a las más altas magistraturas judiciales, podrían estar en contradicción con lo dispuesto en el artículo 14.3 (d) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.

En este sentido, la Oficina alienta todas las autoridades concernidas a continuar el debate legislativo actualmente en curso a fin de que el resultado final sea la adopción de una norma que en el marco del derecho internacional, garantice la preselección de los mejores candidatos y candidatas, incluyendo a representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas como lo estipula el artículo 3 de la Constitución , que se encargarán de conducir la administración de justicia tanto ordinaria como indígena en el Estado Plurinacional de Bolivia.

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