CIDH presenta
Resolución sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos
10 de marzo de 2026
Washington, DC—La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta la Resolución No. 1/26 sobre
Crimen Organizado y Derechos Humanos adoptada con el propósito de proporcionar
a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un
marco referencial actualizado con 50 recomendaciones para abordar este fenómeno
de manera efectiva, colocando en el centro a las víctimas y garantizando la
protección de los derechos humanos en las políticas de seguridad.
La
elaboración de esta Resolución responde a la preocupación de la CIDH por el
crecimiento exponencial del crimen organizado en la región y sus profundas
afectaciones a las democracias, al Estado de derecho y a los derechos humanos.
Frente a la expansión de economías ilícitas, la violencia territorial y la
cooptación de instituciones estatales, la Comisión identificó la urgencia de
actualizar sus estándares para brindar lineamientos a los Estados que puedan
servir de referencia en el diseño de respuestas integrales con enfoque de
derechos humanos.
La
Resolución reconoce la gravedad, complejidad y carácter multidimensional del
flagelo del crimen organizado, así como sus múltiples impactos en la vigencia
de los derechos humanos. Por ello, subraya que una gestión eficaz de la
seguridad pública exige políticas y estrategias integrales y estructurales que
superen enfoques fragmentados, meramente reactivos o excepcionales. Se
promueve, en consecuencia, la prevención social, el fortalecimiento y eficacia
de la administración de justicia, la participación efectiva de las víctimas y
la garantía de la reparación integral.
Solo
mediante un enfoque de derechos humanos será posible enfrentar de manera
efectiva y sostenible el crimen organizado, proteger y garantizar la protección
de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y discriminación estructural
e histórica, y dar pleno cumplimiento a las obligaciones internacionales en la
materia.
Además,
toda acción dirigida a combatir este fenómeno debe ajustarse, en primer lugar,
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a los
principios establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También debe
realizarse de conformidad con el Derecho Internacional, respetando plenamente
la soberanía de los Estados, su integridad territorial, los principios de no
intervención y no agresión, y la prohibición del uso de la fuerza.
La
Resolución es el resultado de un proceso participativo que incluyó consultas
con organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, representantes de
la academia, así como a Estados miembros y con organismos internacionales con
experiencia en la materia. Estos espacios de diálogo permitieron recoger la
diversidad de voces y experiencias de la región, incluyendo audiencias
temáticas en el marco de diversos periodos de sesiones y aportes escritos que
nutrieron el contenido del documento.
La
Resolución parte de reconocer que el crimen organizado constituye una de las
amenazas más graves para la vigencia de los derechos humanos en las Américas,
con afectaciones desproporcionadas sobre poblaciones en situación de
vulnerabilidad y discriminación, tanto histórica como estructural.
La
Resolución No. 1/26 fue presentada por la CIDH en el marco de su 195 Periodo de
Sesiones, en la Ciudad de Guatemala el 10 de marzo en la Ciudad de Guatemala.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato
de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está compuesta
por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA
en su capacidad personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
