La democracia al filo
Durante este largo periodo democrático, éste sufrió una serie de altibajos, en la mayoría de los casos por divergencias políticas que pusieron al país al filo del abismo. Después de todo, la salida siempre fue favorable, a pesar de la oposición de los contrarios o el riesgo mayor.
La Razón / La Paz
00:05 / 13 de octubre de 2013
El país acaba de cumplir 31 años de democracia ininterrumpida. Desde aquel 10 de agosto de 1982 cuando Hernán Siles Zuazo recibió los símbolos del poder político de parte del general Guido Vildoso Calderón, hubo ocho presidentes en siete periodos gubernamentales, y similar número de elecciones generales.
Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa Gisbert, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales Ayma, entre luces y sombras, mantuvieron la estabilidad política con creces, con el respaldo del pueblo creyente de un sistema de gobierno ajeno al experimentado antes de octubre de aquel año.
Durante este largo periodo democrático, éste sufrió una serie de altibajos, en la mayoría de los casos por divergencias políticas que pusieron al país al filo del abismo. Después de todo, la salida siempre fue favorable, a pesar de la oposición de los contrarios o el riesgo mayor.
Sin embargo, no hubo fenómeno político más grave que el sufrido en 2003, cuando los movimientos sociales de El Alto, La Paz y varias regiones del país, en protesta por el intento gubernamental de exportar gas natural a través de Chile y otras demandas relacionadas con la reforma del Estado, obligaron a la renuncia y huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos de sus colaboradores más cercanos. En contradicción a esos hechos, en la lista de los avances, son visibles la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, la Participación Popular de 1994, el referéndum por el gas de 2004, la instauración de la Asamblea Constituyente de 2006, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado de 2009, el establecimiento de las autonomías y el ejercicio político de los pueblos indígenas.
Seguro, falta mucho por mejorar la democracia y ampliarla; lo saludable es la convicción de que aquélla es el sistema de gobierno para la convivencia y el desarrollo del Estado.
El editor
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31 años después, una democracia con altibajos
Se cumplieron 31 años de democracia ininterrumpida en Bolivia, sin embargo, su calidad tiene vaivenes, tiene altibajos tanto a lo largo de las tres décadas como en los últimos tiempos.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 13 de octubre de 2013
El 10 de octubre, Bolivia cumplió 31 años de democracia ininterrumpida. Al ser una democracia en constante construcción y nunca estática, las más de tres décadas bajo este sistema de gobierno no estuvieron exentas de puntos altos y bajos. Estos vaivenes que resumen este periodo de la historia también pueden observarse en la calidad de la democracia actual, es decir, que tiene tanto avances como retrocesos.
Antes de aquella fecha, en la que Hernán Siles Zuazo juró a la presidente de la República, hubo una seguidilla de golpes de Estado y gobiernos de facto encabezados por miembros de las Fuerzas Armadas. Ese periodo fue de 1964 a 1982, desde René Barrientos hasta Guido Vildoso Calderón.
Hubo avances en democracia participativa, el fin del monopolio de los partidos políticos, la apertura a otro tipo de organizaciones para la participación de elecciones, las autonomías, la inclusión de sectores antes excluidos y otros. También retrocesos, como la debilidad institucional de los partidos políticos (uno de los pilares de toda democracia), la tergiversación de la participación de organizaciones sociales corporativas o las crisis políticas de 2003 (la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada) y 2008 (los conflictos en la Asamblea Constituyente y la toma de instituciones en capitales de la “media luna” en contra del gobierno de Evo Morales).
“(La democracia) se trata de un proceso que en ningún momento ha sido lineal, sino con continuos y permanentes altibajos que dan lugar a avances y retrocesos”, analiza el director de la fundación UNIR, Antonio Aramayo.
Entre los momentos flacos menciona la crisis de 2003 (“guerra del gas”) o de 2008 (la toma de instituciones en Santa Cruz). Fue “cuando se puso en cuestión si la democracia se mantenía o no”, pero en esas circunstancias, se vio que “lo que ha prevalecido es permanecer dentro del proceso democrático con sus avances y contradicciones”.
En cuanto a progresos se puede mencionar la constitucionalización —y luego la puesta en práctica mediante referendos— de la democracia directa. También es constitucional, desde 2009, la todavía poco precisa democracia comunitaria, que para el economista Horst Grebe, presidente del Instituto Prisma, incluso es antitética como noción, “aunque legítima”.
Aramayo cita como otro logro la Ley de Participación Popular, que democratizó la distribución de recursos a los municipios del país (1994). “Nos ha permitido que el Estado pueda llegar a todo el territorio, cosa que luego se profundizó en la nueva Constitución con los gobiernos autonómicos en sus diferentes niveles”. Esto ha permitido que la ciudadanía “se sienta más cercana al Estado”. Dentro de las contradicciones, dice que “queda mucho por hacer para que la ciudadanía pueda integrarse al proceso actual”.
En esta afirmación es importante notar que se desea que la ciudadanía participe más. Ésta es entonces una falencia actual en el sentido de que “en este último periodo (de 2005 a la fecha) se ha representado a instituciones corporativas”.
El último tiempo “ha existido más una participación corporativa que una ciudadana”. La participación política activa de estas organizaciones corporativas tiene “su importancia” —destaca— y no deja de ser “interesante para el fortalecimiento democrático”, pero a veces se “tergiversa” en la medida en que este corporativismo se encierra en “intereses muy particulares”, sin cuidar del bien general.
Cuando sucede esta “tergiversación” se llega a momentos en que se cae en el “abismo del prebendalismo” y, si antes se veía el defecto de que la participación corporativa pecaba de limitarse a intereses sectoriales, con la prebenda, “la dirigencia entonces lucha por sus intereses personales, dañando la democracia”.
Grebe también rescata avances y resalta flaquezas de la democracia actual. Entre los primeros “se han logrado varias transformaciones importantes. El momento constitucional ha dado lugar a otras características como la plurinacionalidad, lo que no es un cambio menor”. En este marco “hay un proceso inclusivo de sectores antes excluidos del ejercicio de la política y la participación”.
Participación. Otro logro es la incorporación de mecanismos no representativos, sino participativos. “Hay un avance que es acumulativo, no solamente del último tiempo”, dice en alusión al primer referendo, realizado en 2004, en el gobierno de Carlos Mesa.
Las debilidades, para Grebe, tienen que ver con lo económico. En su argumento, es necesario recordar que la actual administración ha emprendido una política redistributiva del excedente en un intento de democratizar la economía.
Afirma que en la democracia hubo un periodo breve de capitalismo de Estado (el Gobierno de la Unidad Democrática y Popular, UDP), seguido de 20 años de neoliberalismo y ahora un modelo “mixto que no logra cuajar”.
El contexto internacional —prosigue— ha favorecido al país, lo que “ha dado un colchón económico a las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS)”. En ese sentido, Grebe se pregunta si el modelo de redistribución de excedentes fiscales (mediante el que se quiere democratizar la economía) se podría mantener si cambian las condiciones internacionales.
El coordinador del programa para Bolivia de Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Iván Velásquez, ve un punto alto y el resto un bajón. Juzga que el punto más alto de la democracia fue 1982, después de las dictaduras. En el último periodo relacionado al MAS observa una “mala calidad de la democracia y muchos retrocesos”.
Así, señala que desde 2006 hubo eventos que hicieron que “la salud de la democracia no sea el más deseable”. Para sostener esta visión apela a estudios y rankings internacionales. The Economist (Inglaterra) realiza varios estudios sobre el estado de la democracia en el mundo bajo cuatro categorías: democracia plena, imperfecta, régimen híbrido y régimen autoritario.
“Bolivia fue incluido como un régimen híbrido, es decir, como una democracia no consolidada por problemas con los derechos humanos, temas relacionados a la libertad de expresión, no respeto a la institucionalidad, etc.”.
Cita luego el estudio de Konrad Adenauer Stiftung que determina el índice de desarrollo democrático en Latinoamérica, en el que se cataloga al país como uno de “desarrollo democrático mínimo, por los mismos problemas que se mencionaban”.
Velásquez continúa con este argumento y trae a colación el Latinobarómetro, que investiga el desarrollo de la democracia y ubica al país entre los seis peores con una nota de 12 sobre 100. Por último, la Democracy Ranking Association establece que el sistema boliviano ocupa el puesto 64 entre 100 países examinados “diciendo que su calidad democrática es media”.
“Estos cuatro estudios tienen serios cuestionamientos al desarrollo democrático”, observa. Entre estas idas y venidas que se mencionan, no faltan las voces opositoras para las que un régimen totalitario y el llamado proceso de cambio actual son tan iguales como dos gotas de agua...
Grebe dice al respecto que “en Bolivia se tiende a exagerar”. Considera que en el país hay un “componente autoritario en la sociedad, lo que está muy lejos es que esto signifique un sistema autoritario”.
En un sentido similar, respecto a un supuesto totalitarismo, Aramayo vuelve a mencionar que se vive un proceso democrático con altibajos: “en esas contradicciones se han resentido algunos principios de la democracia (...), el peligro es que esa manera de actuar, con matices autoritarios, se convierta en el fin de la propuesta gubernamental, pero se ha visto que estas tendencias hegemónicas no son definitivas”.
Los partidos políticos son otro de los pilares de todo sistema democrático. Tras la nueva Constitución (2009) y la Ley del Régimen Electoral se extiende la participación política, para todo tipo de elecciones, a las organizaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas, lo que es un avance. Sin embargo, es visible que los partidos políticos se han debilitado desde 2000, con la “guerra del agua”. En 2003 terminaron por “suicidarse” (según Grebe) en la crisis de 2003, cuando la población alteña y paceña se movilizó contra Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras él recibía apoyo de partidos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR).
Aramayo percibe esto al apuntar que los partidos se deslegitimaron desde el periodo neoliberal y cedieron el paso a otro tipo de organizaciones. Ese debilitamiento “daña la democracia”, pues a diferencia de las organizaciones —que se pueden quedar “en lo reivindicativo”— los partidos deben ver el largo plazo. “Lo pro-gramático es imposible con un sistema de partidos en reconfiguración e institucionalidad débil”, analiza.
Velásquez interpreta de un modo distinto la flacidez de los partidos. En su criterio, el problema se debe a las estructuras caudillistas que se pueden encontrar desde 1952. “Un partido político, en Bolivia, sólo dura la vida de su caudillo; como no tienen estructura, éstos desaparecen rápido. Es el caso del Movimiento Sin Miedo (MSM), Unidad Nacional (UN) o el MAS”.
El logro, entonces, no sólo es la continuidad de 31 años de democracia, sino también su apertura a otros modos de democracia y la inclusión; los desafíos son seguir construyendo este modelo y aminorar (aunque sería deseable suprimir) esas contradicciones o altibajos mencionados con el fortalecimiento de los partidos o una mayor participación ciudadana fuera de organizaciones corporativas.
‘No se trata de un proceso lineal’: Antonio Aramayo, director de la Fundación UNIR
En estos 31 años se puede observar que se trata de un proceso que nunca es lineal, sino que existen avances y retrocesos. Lo importante es que en situaciones de crisis, y a pesar de las dificultades, ha prevalecido la democracia con todas sus contradicciones, avances, y vaivenes. Destaco las autonomías como elemento que acercó a la ciudadanía al proceso democrático.
‘Un ciclo tan largo es un gran logro’: Horst Grebe, director del Instituto Prisma
Es un gran logro para Bolivia un ciclo tan largo de vigencia democrática, aunque no es una constante a lo largo de cada etapa de los pasados 31 años, pero es de destacar: la ausencia del golpismo. Sin embargo, la continuidad también responde a un contexto regional, no se trata sólo de Bolivia, sino de Latinoamérica, salvo algunos sucesos excepcionales.
‘Han habido ciertos retrocesos’: Iván Velásquez, de la Fundación KAS
Lo importante es ver cuál es la calidad de la democracia estos 31 años. En general —salvo por 1982, que fue el mejor momento—las categorías como el Estado de Derecho, la rendición de cuentas en todo nivel, la participación política, etc., han sufrido ciertos retrocesos. Esto se puede apreciar en dos momentos: de 2006 para atrás y adelante hubo retrocesos.
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Tres momentos de la democracia boliviana
En estos 31 años se vivieron cambios en el modo de ser de la democracia dentro de tres periodos según el modelo económico: el capitalismo de Estado (UDP), la era neoliberal (MNR, MIR, ADN y otros) y un modelo mixto de los anteriores (MAS).
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 13 de octubre de 2013
El jueves fue el 31 aniversario de la instauración de la democracia moderna en Bolivia. Pueden identificarse tres momentos desde el criterio del modelo económico: el de un capitalismo de Estado, con la Unidad Democrática y Popular (UDP); el inicio de la privatización con el Decreto Supremo 21060 que inaugura la etapa neoliberal, que dura 20 años (hasta 2005); y la etapa plurinacional de la democracia con un modelo mixto de los anteriores. En estas tres décadas y estos tres momentos, entre avances y retrocesos, hay una evolución que va de la democracia representativa hacia una participativa, como se notaba en este suplemento el 7 de octubre de 2012, cuando se decía que nada puede permanecer idéntico a sí mismo todo el tiempo y, por tanto, tampoco la democracia.
Así, la democracia es distinta entre sí en diferentes momentos del tiempo, incluso en periodos contemporáneos. De este modo, es posible decir que, en los últimos 30 años, no fue estática dentro de cada una de las tres etapas mencionadas arriba y propuesta por Horst Grebe (economista y director del Instituto Prisma) y también —aunque con algún matiz y otra nomenclatura— Antonio Aramayo (director de la Fundación Unir) y Omar Velásquez (coordinador de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, KAS).
Con el MNR del 52 rige una democracia muy distinta a la actual: la democracia popular (caracterizada por la participación y acción de las masas en las calles), la que incorporó como sujetos políticos a analfabetos y mujeres con el voto universal. La UDP (1982) fue el último reducto de este tipo de democracia. Este momento es caracterizado por Grebe como el de un capitalismo de Estado. Para Velásquez, fue el momento “más alto y deseable” de los principios democráticos. Su fracaso final, por la hiperinflación, obliga a que la primera experiencia de la democracia moderna se interrumpa y se adelante las elecciones un año antes del término del mandato constitucional.
Sorprendentemente, las elecciones de julio de 1985 son ganadas por el exdictador Hugo Banzer con el 32,8% de los votos. Sin embargo, en esos tiempos de la democracia pactada, para ser presidente no bastaba con ganar los comicios con mayoría relativa. De tal modo que en el Congreso se hace todo lo posible por impedir que el autor intelectual de desapariciones sistemáticas, torturas y diversos crímenes de lesa humanidad sea el primer mandatario, entonces se elige a Víctor Paz Estenssoro, que obtiene el 30,2% de los sufragios.
El capitalismo de Estado finaliza con el Decreto 21060 —promulgado a menos de dos meses de las elecciones— y comienza la era neoliberal, que en cuanto a democracia se caracterizará por un progresivo alejamiento del Estado y la ciudadanía.
Luego, en 1989, son las siguientes elecciones. Es elegido por pactos en el Congreso Nacional Jaime Paz Zamora, quien había obtenido el tercer lugar. Con el eufemismo del “triple empate”, la democracia pactada hace realidad la máxima que dice “los últimos serán los primeros”, quedando una mancha en la democracia.
En 1990 se da un paso hacia la inclusión democrática de los pueblos indígenas de tierras bajas. La Marcha por el Territorio y la Dignidad, ejercida por indígenas del Beni, presiona a Paz Zamora, quien no tiene otra opción que comenzar la democratización de la tierra —proceso que aún no termina— con la declaración de los territorios indígenas.
Posteriormente, viene el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el que da un avance hacia el proceso de la descentralización que luego desembocará en las autonomías constitucionalizadas en 2009. El aporte de aquél fue la Ley de Participación Popular.
“La Ley de Participación Popular nos ha permitido que el Estado pueda llegar al territorio nacional, cosa que luego fue profundizada con los gobiernos autonómicos en diferente niveles, esto ha permitido acercar a la ciudadanía al Estado”, rescata Aramayo.
El 1 de junio de 1997 se realiza la cuarta elección de la democracia moderna con un hecho para el olvido, pues en el Congreso se elige como presidente a Banzer, gracias a los votos del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
El desmoronamiento del sistema de partidos vigente comenzaría a colapsar en esa gestión. Entre otros episodios relacionados a la debacle está la “guerra del agua” en Cochabamba, que fue el inicio de la democratización de los servicios públicos.
Después de las elecciones del 30 de junio de 2002, el Congreso elige como presidente a Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo notable de esos comicios fue la irrupción del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Congreso como segunda fuerza política del país, como nunca se veían en el hemiciclo, indígenas pijchando coca, algo hoy cotidiano.2003 es el inicio del ocaso del anterior sistema de partidos. Primero, fue “febrero negro” (el anuncio del impuestazo), y luego, en octubre, la “guerra del gas”. Sánchez de Lozada renuncia y le sucede Carlos Mesa. Se enarbola una serie de consignas que se agrupan en la Agenda de Octubre, una de ellas pide una Asamblea Constituyente, precisamente, para democratizar el sistema político. En este contexto crecen sectores sociales corporativos de capacidad efectiva de movilización, mientras que los partidos políticos se debilitan y deslegitiman gradualmente.
El 18 de julio de 2004 se realiza el referendo por el gas, siendo éste el primer ejercicio de democracia participativa de la era democrática moderna.
En 2005, Evo Morales gana las elecciones por mayoría absoluta rescatando en su propuesta —con buen olfato político— la Agenda de Octubre. También se elige por primera vez a los prefectos de los nueve departamentos, anteriormente esto era prerrogativa del presidente. Se inicia el tercer periodo que en cuanto al modelo económico, Grebe califica como una mezcla de los anteriores.
El 6 de agosto de 2006, se instala la Asamblea Constituyente, cuyo producto es aprobado en 2008 en Oruro después de una convulsión social en Sucre, sede original del proceso constituyente. Este texto luego es modificado en el Congreso Nacional y aprobado por otro acto de democracia directa, el referendo constitucional de 2009. Un año antes, en agosto de 2008, tiene lugar la segunda votación del tiempo de la democracia participativa con el referendo revocatorio.
La nueva Constitución amplía a la democracia representativa con la participativa y la comunitaria. Asimismo, los partidos políticos cada vez aún siguen débiles, en una reconfiguración que da un rol importante a las organizaciones sociales y a las agrupaciones ciudadanas.
