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martes, 21 de mayo de 2019

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA JUSTICIA EN BOLIVIA 2018

Texto disponible en: 

Informe sobre estado de la Justicia concluye que no existe independencia judicial en Bolivia


El Gobierno otorga el 0,49% del Presupuesto General de la Nación a todo el sistema judicial, Fundación Construir considera que no existe voluntad política para impulsar las reformas.

La Paz, 21 de mayo (ANF).- El Informe sobre el estado de situación de la Justicia elaborado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos concluyó que no existe independencia en el Órgano Judicial de Bolivia, y advierte que el Gobierno asigna un 0,49% de presupuesto para todo el sistema judicial.

La Plataforma aborda en el informe cinco temáticas: El estado actual de la administración de justicia, la administración de justicia penal, el acceso a la justicia de mujeres que sufren violencia, la situación de la independencia de justicia y la transparencia y acceso a la información pública, para cerrar con recomendaciones de la sociedad civil.

Uno de los temas fundamentales es si existe o no independencia judicial en Bolivia, la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, dijo a ANF que “No. La independencia está plasmada en la norma, en el informe hacemos un análisis de los estándares y se está incumpliendo, no existen garantías prácticas que faciliten esta independencia”, sostuvo.




miércoles, 2 de enero de 2013

Bolivia ingresa al año 2013 con al menos tres desafíos clave


Malasia. Fuegos artificiales frente a las torres Petronas dan la bienvenida al nuevo año en Kuala Lampur. 




Actores de distintos sectores entrevistados por La Razón identificaron las metas: reforma en la administración de justicia y lucha contra la corrupción y la pobreza

La Razón / B.Montero, C.Corz / La Paz
00:05 / 01 de enero de 2013

Ajustes en el sistema judicial y la administración de justicia, lucha contra la corrupción y disminución de los índices de pobreza, son los tres principales retos que identificaron actores políticos, sociales y económicos para la gestión 2013, que comienza hoy.

Este es el resultado de un sondeo quehizo La Razón con una treintena de personalidades de distintas áreas, a las que se pidió identificar el principal desafío gubernamental para la gestión que comienza hoy. A todos se les hizo la misma pregunta: “¿Cuál es el principal reto del Gobierno para el próximo año y cómo lograrlo?”.

Las respuestas, de las cuales desplegamos 21 en estas dos páginas, fueron variadas.En algunos casos se identificaron objetivos sectoriales y en otros objetivos nacionales, aunque la mayor coincidencia entre los encuestados fue la necesidad de que se encare con más efectividad la lucha contra la corrupción y se realicen ajustes en el sistema judicial.

El vicepresidente Álvaro García Linera, por ejemplo, identificó como el principal reto la reforma del sistema judicial tanto en la parte humana como en la normativa. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, apuntó también a la justicia, aunque subrayó que lo esencial es que ésta recobre su independencia.

Otros actores también se pronunciaron sobre ese reto, entre ellos el fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce, y el ex defensor del Pueblo, WaldoAlbarracín. El segundo gran desafío, vinculado de alguna manera al primero, es la lucha contra la corrupción y el tercero la lucha contra la pobreza, que depende también del desarrollo económico del país.

Para el director de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Ariel Rojas, este es el principal reto, aunque admite que no es de corto plazo y que más bien se encuentra vinculado a las metas de largo plazo del Plan de DesarrolloNacional.

Para los actores del oficialismo,  este es uno de los retos principales de la agenda del bicentenario, y para los de la oposición una meta país que además requiere de ajustes en el accionar del Gobierno. En este contexto, el jefe del Movimiento AlSocialismo,JuandelGranado, identificó cinco fracturas que debe sanar elEjecutivo, como el principal reto para 2013. Algunos entrevistados señalaron objetivos diferentes y otros metas más sectoriales que consideran deben concretarse este año.

Sondeo de La Razón

Álvaro García: Vicepresidente de Bolivia  

Un reto constante es la reforma al sistema judicial. En la Asamblea Legislativa debemos trabajar en modificar los códigos de justicia, pero también un gran cambio es modificar el comportamiento de los hombres y mujeres de justicia. Hemos heredado y seguimos con un comportamiento burocrático, de dilación  de los juicios; a veces muchos juicios se negocian por plata y por favores, pero no sólo en la justicia se debe cambiar ese comportamiento, sino también en los cuatro poderes del Estado. Se requieren servidores públicos que tengan valores éticos fundamentales: el valor de servicio a la población, de servir a todos y no con intereses individuales. Ese cambio durará una o dos generaciones, pero estamos en eso. Seguiremos trabajando para que este ciclo de expansión económica alcance el décimo año, que sea la década de oro; no sólo tenemos un segundo Presidente con más años de gestión continua, sino siete años de crecimiento sostenido, ojalá sean dos o tres décadas. El año que viene vamos a comenzar a cosechar inversiones en procesos de industrialización con mayor distribución de la riqueza; así como producimos más, hay que distribuir más; esa es la consigna. En lo económico los retos son más industrialización, más infraestructura, mayor iniciativa y audacia del empresario boliviana; el Estado gastará el siguiente año 5.500 millones de dólares en inversión pública, es mucho dinero para carreteras, escuelas, salud. Ojalá ese dinero sea gastado por empresas bolivianas. En lo social, tenemos que llegar al año 2020 con cero de pobreza extrema.

Juan del Granado: Jefe del Movimiento Sin Miedo

El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo profundo para, por lo menos, reparar en parte cinco fracturas que sufrió el proceso por la acción gubernamental; la fractura política, con el autoritarismo; la ética, con la corrupción y extorsión; la indígena, con la represión en Chaparina y la consulta fraudulenta en el TIPNIS; la institucional, con el sometimiento de poderes y la manipulación de fiscales; y la fractura económica, con el despilfarro de más de 54 mil millones de dólares que no benefició al país ni dio mejores condiciones de vida. ¿Cómo lo logrará? Será difícil porque además el Gobierno está alejado absolutamente de la realidad, parece que los gobernantes, como Alicia, viven en otro país.

Óscar Calle: Presidente de la Cámara Nacional de Comercio

El reto conjunto del sector gubernamental y privado es mantener la estabilidad macroeconómica lograda en los últimos cinco años para la planificación de la microeconomía. Una tarea pendiente es la atracción de inversiones extranjeras y hacer que nuestro país sea viable para inversores extranjeros y con esto generar mayor multiplicador económico. Es necesario contar con una ley de inversión, invertir más en educación, recursos humanos, infraestructura productiva, carreteras, aeropuertos, gas, energía eléctrica y generar un ambiente de confianza para el inversor, menos bloqueos, menos huelgas.

Waldo Albarracín: Ex Defensor del Pueblo

Es necesario consolidar la independencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Si bien ésta no es una tarea del Ejecutivo, pero dado el grado de invasión política de tribunales y Fiscalía que ha realizado el Gobierno, no sólo el actual, sino también los anteriores, ocasionando una inseguridad jurídica y una dependencia política de estas instituciones hacia el órgano político, uno de los retos importantes es sacar sus manos del Órgano Judicial y permitir que esas instituciones desarrollen y consoliden su propia independencia, y se saneen institucionalmente porque no sólo tienen problemas de falta de independencia política, sino también de corrupción y retardación.

César Cocarico: Gobernador de La Paz

Debemos apuntalar la diversificación productiva y avanzar en la industrialización. Hay que  instalar muchos centros de industrialización y de diversificación de nuestros productos, somos muy capaces de trabajar en La Paz. Por ejemplo, hay que trabajar en el tema de mango, frutas y quinua, en la parte productiva e industrialización. Por otro lado, también hay que ver cómo podemos mejorar los ingresos del país y del departamento, y para ello hay que trabajar en la exploración del pozo Lliquimuni en La Paz; si esto no se hace, vamos a tener conflictos en el futuro; las necesidades del pueblo son crecientes.

Dionisio Núñez: Viceministro de la Coca y Desarrollo Integral

El reto debe ser seguir con el proceso de transformaciones que vive el país para profundizar el proceso de cambio y seguir en la meta de fortalecer el país económicamente para distribuir la riqueza entre los sectores que más necesitan, invertir en salud, educación y carreteras fundamentalmente, de tal manera que el país se encamine por el sendero del crecimiento económico, elimine la pobreza, como es la meta hacia 2025, y a futuro deje el denominativo de país del tercer mundo. Para lograr ese objetivo, entre otras tareas, debe atenderse la demanda de los sectores mayoritariamente postergados. Otro  desafío es encarar una lucha frontal contra la corrupción.

Ariel Rojas: Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM)

En el cotidiano accionar del Gobierno vemos que su principal meta es erradicar la pobreza. Por supuesto que no es un proceso que se haga en uno o dos años. Entiendo que esa es su principal meta y creemos que el Plan de Desarrollo Nacional está orientado en ese sentido, de modo que los gobiernos municipales tienen más recursos económicos. Ahora hay mayor cantidad de recursos económicos, asignaciones y transferencias a los gobiernos municipales para que éstos puedan afrontar este reto con obras y proyectos, es decir en el área rural, por ejemplo, en lo que viene a ser  la producción agropecuaria.

Germán Antelo: Senador por Convergencia Nacional (CN)

El reto que tiene el Ejecutivo es recuperar la imagen de un gobierno popular y de defensa del bolsillo de la ciudadanía; de defensor de los pueblos indígenas, que tiró por la borda con el chaparinazo; y de defensor de los derechos humanos. Se presumía como medioambientalista, pero con la insistencia de construir una carretera por el medio del TIPNIS, ha perdido la imagen a nivel nacional e internacional. Debe haber una lucha contra la corrupción, contrabando y el narcotráfico que genera una economía mafiosa, informal, generadora de cocaína y depredadora de nuestros parques. Habría que hacer una especie de amnistía política y dejar de ver al adversario como enemigo.

Juan Carlos Calvimontes: Ministro de Salud

Nuestro reto es construir hospitales de tercer nivel en el país, equiparlos y dotar de recursos humanos en especialidades y subespecialidades, para evitar que los centros de salud colapsen por falta de personal, además que estén preparados para el Sistema Único de Salud. A nivel del Gobierno tenemos que trabajar para cumplir con la Agenda Patriótica hacia 2025 y en esa línea estamos trabajando todos los ministerios de Estado con el objetivo de llegar a erradicar la extrema pobreza. En esa línea, uno de los pasos que encara este despacho es la universalización de la salud para todos.

Luis Revilla: Alcalde de La Paz

El principal reto del Gobierno sería dejar a la justicia trabajar independientemente y no pretender utilizarla como lo ha hecho hasta el momento. De tal manera que esa justicia independiente nos genere seguridad y que a partir de ello se pueda generar un escenario de legalidad y de cumplimiento de la ley. Ese debería ser un reto central  incluso para lograr los objetivos que debe tener el Gobierno en tema de atracción de inversiones y para hacer cumplir las leyes. Eso debe estar acompañado de implementar políticas de lucha contra la corrupción que no queden solamente en el discurso. Lo importante es que el Gobierno deje de utilizar a la justicia para sus fines políticos.

Roberto Aguilar: Ministro de Educación  

El principal reto es consolidar en el aula el currículo educativo que  regirá desde 2013 en los niveles Primero de Primaria y Segundo de Secundaria. De primero a sexto mantendrán sus particularidades de los años anteriores, con el mismo modelo y reglamentación. Ese proceso de transformación en la educación será acompañado con información y orientación para que los padres no se sientan presionados o que no sepan por dónde va el cambio. Los cambios importantes del nuevo currículo serán los referidos también a  la metodología y el enfoque, para que la actividad teórica esté ligada a la práctica.

Julio Alvarado: Analista económico 

El Gobierno debe frenar el acelerado endeudamiento en el ámbito interno y externo que alcanza los $us 11 mil millones y utilizar la bonanza económica que está viviendo el país en inversión productiva, principalmente en alimentos y energía.  Debe utilizarse los recursos que tenemos en Reservas Internacionales, el dinero en caja y bancos que no está utilizando el Gobierno central ni las gobernaciones, municipios y universidades, entonces ese dinero se puede utilizar. La inversión productiva es el destinar mayor cantidad de presupuesto a la inversión productiva y no tanto al gasto corriente; lo que está sucediendo es que la mayor parte está yendo al gasto corriente.

Daniel Sánchez: Presidente de la Confederación de Empresarios Privados

El desafío es tratar de generar un gran encuentro en el que podamos definir las posibilidades del sector privado para insertarnos en el modelo de crecimiento que el Gobierno pretende hacer. Tenemos un año muy electoral en el que de pronto la economía va a estar siendo dejada por los temas políticos y lo que queremos es fortalecer la base productiva. Debe cumplirse con los mandatos de la Cumbre de Cochabamba, terminar las leyes de Inversión, la Ley de Hidrocarburos y de Minería. Se debe reforzar la lucha contra la corrupción, evitar avasallamientos de tierras, apoyar a los exportadores y crecer a través del mercado interno.

José Antonio Ponce: Fiscal de Distrito de La Paz

El principal reto debe estar enfocado al área de justicia. Respecto a la actividad que cumple el Ministerio Público, el principal desafío que debe asumir el Gobierno —ligado a los temas que se han presentado recientemente— es el de la independencia de poderes. Tanto en el Ministerio Público como en el Órgano  Judicial existe una sobrecarga de trabajo e insuficiencia de recursos humanos y materiales, y el Gobierno debe procurar dotar a ambos de los medios requeridos para que la administración de justicia no sea relegada. La meta debe ser que se aplique una justicia pronta y oportuna. Hay críticas al respecto en el ámbito internacional y debemos corregir ese aspecto.

Iván Campero: Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz

Desde el ámbito judicial, que nos compete, pediríamos mayor fortaleza del Órgano Judicial, el tercer órgano del Estado Plurinacional. Creo que ese debe ser el reto para este 2013, que implicará, entre otros aspectos fortalecer y garantizar la carrera judicial, aspecto central para mejorar la justicia en Bolivia. Se debe trabajar también en la modificación de las leyes, partiendo de la modulación de la propia Constitución Política del Estado  y de la Ley del Órgano Judicial, por ejemplo, que tiene muchas imprecisiones. Es importante modificar y resolver esas imprecisiones para garantizar la carrera judicial.

Édgar Patana: Alcalde de ElAlto

El principal reto para el Gobierno es conseguir más presupuesto para encarar obras de desarrollo para las ciudades de Bolivia, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Es necesario fortalecer las obras en educación y salud. La unión entre las fuerzas del Gobierno, gobernaciones, municipios y de la población permitirán avanzar.

Amparo Miranda: Premio a la Gestión Cultural Gunnar Mendoza

Hablo como mujer y potosina: hemos tenido muchas dificultades por cómo ha sido tratada la ciudad de Potosí en 2010; creo que la ciudad, los habitantes que vivimos en Potosí hemos sido muy lastimados con la respuesta del Gobierno. Más allá de las provincias, el Gobierno tiene que acercarse a la ciudad de Potosí con una actitud sincera.

Pablo Groux: Ministro de Culturas 

Hay dos metas muy claras que nos planteamos y que es infraestructura cultural y el hecho de que el ministerio tenga oficinas en los nueve departamentos. Tenemos que romper ese centralismo que ha marcado la historia del Estado en materia de cultura, para realmente posicionarnos en todo el territorio no sólo con gestión pública sino con infraestructura. 

Remigio Condori: Dirigente de la Central Obrera Regional de ElAlto 

Creemos que es importante encarar las obras macro, las grandes obras. Estamos hablando de la conclusión de obras a nivel nacional, como la planta de litio, de abonos y fertilizantes. Queremos que se encare la industrialización de nuestros recursos, pero además prevenir y cuidar la tierra. La única forma de lograrlo es con inversión.

Reymi Ferreira: Analista y exrector de la Universidad Gabriel René Moreno 

El desafío es erradicar la corrupción de los organismos judiciales, de la Fiscalía y de todos los organismos que de una u otra forma tienen que ver con la administración de justicia. Creo que es un punto débil. Esta lucha debe ser resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transparencia y la Fiscalía.

Javier Ajno: Presidente de las Juntas Vecinales de ElAlto 

El desafío del Presidente, del Gobierno y de los ministerios es bajar los índices de la corrupción, aclarar los actos que empañan al proceso de cambio y si hay involucrados dentro, así fueran de su confianza, deberán ser sancionados como corresponde y ser sometidos a la justicia. Debe primar la convicción de mano dura para sentar precedente.


 

jueves, 29 de marzo de 2012

La Administración de Justicia en Bolivia según la ONU



Nuestro país, en la actualidad, se encuentra caracterizado por una dosis considerable de perplejidad respecto a la administración de justicia, esto se corrobora con el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda
00:00 / 27 de marzo de 2012

A manera de contextualización, debemos establecer cuál es el rol principal de esta oficina, así mencionamos que la ONU es una organización internacional constituida en 1945 (para suceder a la Sociedad de Naciones, creada por el Tratado de Versalles en 1919) por los Estados que aceptaron cumplir las obligaciones previstas por la Carta de las Naciones Unidas (firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945), producto de la segunda guerra mundial, a fin de salvaguardar la paz y la seguridad internacional y de instituir entre las naciones una cooperación económica, social y cultural. La ONU empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945.

Dentro de la estructura de la organización se encuentra la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con su sigla OACDH, misma que forma parte de la Secretaria de las Naciones Unidas que representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana.

El Alto Comisionado encabeza la OACDH y dirige los esfuerzos de la Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, es decir, esta oficina se encarga de promover, proteger y dirigir los esfuerzos globales en materia de Derechos Humanos para todos.

Actúa objetivamente ante los casos de violaciones de Derechos Humanos en el mundo, también constituye un foro para identificar, resaltar y elaborar respuestas a los problemas actuales de Derechos Humanos y opera como el principal centro de coordinación para la investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de los Derechos Humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

Toda vez que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta asistencia a estos gobiernos, a través del aporte de conocimientos especializados y capacitación técnica en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral, todo ello para facilitar la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos en la práctica, así también apoya a otras entidades encargadas de proteger estos derechos para que puedan cumplir con sus obligaciones y a particulares para que puedan ejercer sus derechos.

Cambios en la organización

La OACDH promociona y estimula el respeto por los Derechos Humanos de todos sin distinción de raza, sexo, lengua o religión, tal como se estipula en la Carta de las Naciones Unidas, esta labor es crucial en un momento en que las Naciones Unidas es objeto de su más profunda reforma.

En la medida en que se hace frente a los constantes desafíos que se plantean en el nuevo milenio, la comunidad internacional coloca de manera inequívoca los Derechos Humanos en primer plano en sus esfuerzos por abordar diversas cuestiones apremiantes en todo el mundo; así, nuestro país reconoce aquello en el sentido de que la propia Constitución Política del Estado (CPE) señala que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario… (Artículo 410, párrafo II).

La OACDH también presta asistencia, recibe, examina las denuncias directas de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y hace llamamientos a los gobiernos en nombre de las víctimas; asimismo, apoya a las dimensiones normativas y de supervisión mediante los comités de expertos independientes que tienen el mandato de supervisar que los Estados parte cumplan con las obligaciones de los tratados, para ello se reúnen periódicamente para examinar los informes presentados por los Estados parte y formular sus recomendaciones al respecto.

Condiciones de la labor

Algunas de estas respuestas incluyen la supervisión de las situaciones de Derechos Humanos sobre el terreno y la puesta en marcha de proyectos, como la capacitación técnica y el apoyo en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa, la ratificación y la educación de los tratados en materia de Derechos Humanos, elaborados en cooperación con los Estados miembros.

Esta Oficina también procura garantizar la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos a través de una mayor implicación en los países para tratar de establecer contacto con quienes más lo necesitan, ya que desempeñan un papel primordial en la labor de identificar, trazar y elaborar respuestas a los problemas de Derechos Humanos en estrecha colaboración con los gobiernos del mundo, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los miembros de la sociedad civil.

En tanto que, la sociedad civil juega un papel preponderante porque actúa como asesor dentro de la OACDH en lo relativo a políticas y estrategias que permitan incrementar y fortalecer las alianzas y cooperaciones para una promoción y protección efectiva de los Derechos Humanos, de convertir estos derechos en realidad.

Sobre el país

En consecuencia, la OACDH realizó un informe anual sobre los Derechos Humanos en nuestro país y entre las principales conclusiones del documento se encuentra lo relativo a la administración de justicia, el racismo y toda forma de discriminación, la consulta a los pueblos indígenas y la violencia contra las mujeres, entre otras.

Para el análisis del informe simplemente nos centraremos en lo relacionado a la administración de justicia, toda vez que para la OACDH existe un deterioro, estancamiento, crisis del sistema judicial y se menciona que “la crisis de la administración de justicia de Bolivia se agravó durante el último año y se caracterizó por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la polémica elección popular de jueces y los altos niveles de violencia contra las mujeres”.

El informe de referencia es puntual y acertado porque refleja de manera fidedigna la situación de los Derechos Humanos y la justicia en nuestro país; es evidente una concentración de poder, por tanto obvia la inexistencia de la independencia deseada, ya que todos los órganos de poder del Estado están concentrados en manos de un solo partido en función de gobierno, toda vez que se tiene injerencia abierta en las decisiones que toma el Órgano Judicial. Por ello, en el informe se pide que los esfuerzos de las autoridades nacionales contribuyan a la consolidación de la independencia judicial y se coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de justicia.

Como decíamos, el informe se aproxima a la realidad sobre la crisis existente en la administración de justicia, ya que debemos considerar que el problema de la justicia en nuestro Estado es estructural y adolece de muchas fallas, entre ellas procesos lentos y que no es completamente gratuita, ya se dijo que el problema no está en eliminar los timbres de ley, sino en ejercer un control estricto en los administradores de justicia, porque es a ese nivel donde encuentra su falla el principio de gratuidad, toda vez que estos funcionarios son susceptibles de ingresar en la corrupción.



miércoles, 14 de marzo de 2012

¿Justicia en Bolivia? ¡EN LA COCA SALE!



¿Justicia en Bolivia? ¡EN LA COCA SALE!


Debo admitir que resulta interesante e inédito en Bolivia, que –según se informó en Los Tiempos de Cochabambacientos de cocaleros se hubieran movilizado en la jornada nacional del “akulliku” que se realizó en Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija y Oruro, principalmente, habiéndose expuesto además, productos derivados de la coca, como panetones, licor, pastelitos, dulces, mate, chisitos, mermelada, ungüento, pasta dental y champú de coca, lo cual me parece una iniciativa digna de resaltarse en el Estado Plurinacional, ello claro está, dejando de lado algunas actitudes adversas que surgieron en Santa Cruz. También es por todos conocido, que esta jornada se realizó precisamente en apoyo al presidente Morales, quien en Viena defendió el “akulliku”, pidiendo a la ONU despenalizar el masticado de coca para reparar un “error histórico”, habiendo convocado además a una lucha conjunta contra el narcotráfico.


Es absolutamente comprensible, destacable y loable en alguna medida, que como parte de la estrategia nacional para la despenalización de la hoja de coca, Bolivia haya denunciado con reserva la Convención de Viena, en pos de ser readmitida con la condición de que se respete el akulliku de la hoja de coca, dado que de ésta forma se pretende concientizar a la comunidad internacional sobre la necesidad de realizar un nuevo análisis del tema.


Ahora bien, más allá de que en aproximadamente seis ciudades de Bolivia se hubieran reunido para acullicar (argumentando que al igual que la uva mientras no está procesada no es vino, la coca mientras no es procesada no es cocaína, lo que es absolutamente lógico), o de que autoridades de distintas entidades estatales (considerando que son parte del mentado “proceso de cambio”) apoyen la iniciativa del Presidente, de tomar acciones en protesta para despenalizar la hoja de coca, resulta increíble (por no decir espeluznante) que ahora uno de los Magistrados Pitufos en Bolivia (calificativo diseñado por @gamalserhan en razón del color de su investidura y el reducido tamaño de su legitimidad electoral), y nada menos representante del Tribunal Constitucional Plurinacional (que se supone es el Defensor de la Constitución), se hubiera atrevido a declarar que en la Hoja de coca de puede ver el fallo positivo o negativo de una causa: "En momentos de sueño, cuando tenemos que revisar los expedientes, pijchamos la coca y, en momentos complejos, yo consulto a la coca. En un caso de un amparo constitucional, por ejemplo, están las opciones A o B, y se consulta a la coca para ver si vamos a fallar en sentido positivo o negativo. ¡En la coca sale!" (según dijo el Magistrado en declaraciones a la red Gigavisión el día de ayer 13 de marzo).


Al respecto, no existe ningún problema mayor en el hecho de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se hubiera sumado a la jornada en pro de la despenalización del consumo tradicional de la hoja de coca (ello además con una inédita ceremonia realizada en la sede de ese órgano de justicia, la cual estuvo presidida por un amauta especialmente llegado de la ciudad de La Paz), dado que, inclinándonos por lo bueno, posiblemente pretenda ponerse de relieve que la hoja de coca, además de sus propiedades nutricionales y médicas, tiene un rol importante en las culturas andinas, porque se constituye en el principal instrumento de chamanes o "yatiris" para predecir el futuro; PERO, ello no puede ser un justificativo suficiente para afirmar que la justeza de una decisión judicial en sede jurisdiccional, constitucional o inclusive administrativa, pueda determinarse por el lado en que caiga una hoja de coca, a menos que, esa sea precisamente una de las innovaciones de la “justicia plurinacional” en Bolivia, lo que tampoco es convincente.


Quisiera pensar que las declaraciones de este “magistrado”, solamente se tratan de un “lapsus lingüis” (si vale el término), por encontrarse arraigado de tradiciones y prácticas ancestrales, que posiblemente lo hubieran acompañado en el desarrollo de toda su vida (dado que hasta el presente aún mantiene el uso del poncho y algunos símbolos de la “justicia comunitaria”, pendiendo en el cuello), pero eso no significa que éste “Magistrado” (elegido por un mínimo voto popular) pretenda asumir y ejercer las atribuciones señaladas por Ley, en razón de su cargo, basándose en lo que le pueda “decir” la hoja sagrada (si es que eso realmente sucede, porque creo que más se trata de la interpretación que cada “yatiri” le brinde a la hoja), puesto que si bien en las áreas rurales, muchas veces “consultan” a la hoja de coca para “conocer el futuro” o “indagar el pasado” de las personas (lo cual, particularmente no comparto), ello no significa que pueda ser considerada como instrumento “útil” o “indispensable” en la administración de justicia en Bolivia, mucho más si se trata de la Justicia Constitucional, en donde la vida, la libertad, los derechos fundamentales y garantías constitucionales en su conjunto, deben ser protegidos mediante una decisión judicial concreta expresada en una Sentencia Constitucional, que por cierto tiene ciertos principios y reglas a las que debe sujetarse para ser emitida.


Esperemos que este tipo de declaraciones o tendencias de los Magistrados Pitufos en Bolivia no sean recurrentes, porque la protección a los derechos y garantías constitucionales de las personas, no puede realizarse de esa forma, y ni mucho menos se puede otorgar justicia a la ciudadanía, dependiendo de lo que la hoja de coca “diga”.


Reitero que, personalmente, no tengo nada, absolutamente nada, en contra de la hoja de coca o su “akulliku”, pero si pretenden que ella sea un parámetro suficiente para decidir sobre la vida, la libertad, y los derechos de las personas, entonces los nuevos Magistrados Pitufos tienen que repensar el sentido de sus funciones, y la relevancia de sus decisiones.

jueves, 13 de octubre de 2011

13 DE OCTUBRE: DÍA DEL ABOGADO EN BOLIVIA


En este día tan especial, en que se recuerda el Día del Abogado en Bolivia, quiero enviar un mensaje cordial y de sincera felicitación, a tod@s mis colegas bolivianos, y a tod@s aquell@s profesionales de la Abogacía que día a día, se dedican a defender una tras otra, todas las causas y conflictos que se les pone a su conocimiento, con la esperanza de que (sea como héroes o villanos) promuevan la lucha por la Justicia, con base en el Derecho, defendiendo principalmente los derechos más elementales de la persona humana.

A pesar de los malos conceptos, la ingratitud y el desprestigio de que alguna vez  (o talvez siempre) somos víctimas, es importante recordarle a la sociedad -y por qué no: a nosotros mismos-, que nuestra función tiene un carácter eminentemente social, dado que como parte de la sociedad en que vivimos -ubi societas ibi jus- siempre nos hallamos invocados para defender tanto intereses públicos como privados, y en esta noble tarea, muchas veces, o casi siempre, nos olvidamos de discriminar si una persona (sea hombre o mujer) es o no el más avezado de los delincuentes, si participó o no en algún régimen dictatorial o democrático de nuestro pasado histórico, si fue por propia voluntad o determinado por las circunstancias, o si en su caso, es tan inocente que no entiende de policías y juzgados, dado que jamás los necesitó en toda su vida (aunque siempre exista una primera vez).

Sin embargo, esta función social que cumple el(la) Abogado(a), es objeto de incomprensión e injustificada ignorancia, cuando las mismas autoridades públicas encargadas de diseñar las leyes en nuestro país, tratan de seleccionar y excluir a aquellos profesionales del Derecho, que en el ejercicio legítimo de sus funciones, hayan defendido causas relacionadas a determinadas circunstancias (oprobiosas para el régimen que ahora nos gobierna), quedando inhabilitados de facto a poder postularse en sitiales de enorme responsabilidad en los más Altos Tribunales de Justicia en el país.


En otras palabras, esta actitud ofensiva y discriminatoria en contra de los(as) profesionales Abogados(as), se ha puesto en clara evidencia al momento de reglamentar la preselección de candidatos para las máximas instancias judiciales en Bolivia (elecciones judiciales 2011), ello en claro atentado al ejercicio libre de la profesión; y así lo ha puesto en evidencia la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-BOLIVIA), al momento de denunciar la incompatibilidad de este tipo de disposiciones normativas, con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los(las) Abogados(as)que fueron formulados principalmente para ayudar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los Abogad@s en el mundo, debiendo ser tenidos en cuenta y respetados por los Gobiernos en el marco de su legislación nacional.

Entonces, siendo ésta la situación reciente en que se ha visto inmerso el ejercicio de la profesión de Abogad@ en Bolivia, es urgente demandar la atención del Gobierno Nacional, pero sobre todo de las y los Legisladores, para que se repare ésta injusticia, y comprendan que los Abogad@s no podemos ser vetados o excluidos (léase discriminados negativamente) de un proceso de preselección de candidatos, sólo por haber ejercido fielmente nuestra profesión, en busca de la Justicia, porque es precisamente el(la) Abogad@, la persona que ejerce la profesión más noble, puesta al servicio de la sociedad entera, y guiado por un Decálogo que ilumina sus pasos:

DECÁLOGO DEL ABOGADO
Por Angel Ossorio y Gallardo

I. No pases por encima de un estado de tu conciencia.
II. No aceptes una convicción que no tengas.
III. No te rindas ante la popularidad ni adules la tiranía.
IV. Piensa siempre que tú eres para el cliente, y no el cliente para tí.
V. No procures nunca en los Tribunales, ser más que los Magistrados, pero tampoco consientas ser menos.
VI. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece.
VII. Pon la moral por encima de las leyes.
VIII. Aprecia como el mejor de los textos, el sentido común.
IX. Procura la paz, como el mayor de los triunfos.
X. Busca siempre la Justicia, por el camino de la sinceridad, y sin otras armas que las de tu saber.



1. ESTUDIA.- El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

2. PIENSA.- El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

3. TRABAJA.- La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.

4. LUCHA.- Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.

5. SÉ LEAL.- Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas.

6. TOLERA.- Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.

7. TEN PACIENCIA.- El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.

8. TEN FE.- Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.

9. OLVIDA.- La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

10. AMA A TU PROFESIÓN.- Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.


lunes, 30 de mayo de 2011

El derecho de acceso a la justicia en Bolivia

José Antonio Rivera S.
El derecho de acceso a la justicia

2011-05-29 - 23:11:09
Un derecho humano importante es el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Consiste en la potestad y capacidad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce sus derechos. Así, una persona víctima de un robo, tiene el derecho de acudir al Estado, para que a través del Ministerio Público se descubra al autor, y a través del Juez o Tribunal competente se lo procese y sancione, asimismo se ordene que éste repare los daños y perjuicios ocasionados con sus actos.
El derecho de acceso a la justicia está consagrado por el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Constitución, en su art. 115.I, por un error conceptual lo ha consagrado en el capítulo de las garantías jurisdiccionales.
Este derecho tiene los siguientes elementos esenciales: a) derecho a acceder ante la autoridad judicial para iniciar y sustanciar un proceso judicial; b) derecho a presentar las pruebas, y objetar las presentadas por la parte contraria; c) derecho a obtener una resolución fundada en Derecho; d) derecho a acceder a los recursos ordinarios o extraordinarios para impugnar las decisiones judiciales ilegales; e) derecho a que el proceso concluya en un plazo razonable; y f) derecho a que la sentencia ejecutoriada sea ejecutada.
Este es uno de los derechos humanos más importantes para lograr la convivencia pacífica en la sociedad; sin embargo, en Bolivia es uno de los derechos que sistemáticamente se viola desde la esfera estatal; así lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe OEA/Ser. L/V/II. Doc. 34, de 28 de junio de 2007.
La sistemática violación de este derecho se produce, entre otras, por las siguientes acciones u omisiones estatales: 
1º Por la omisión del Estado, al no proveer juzgados y tribunales a todos los municipios.
Según el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los más de 327 municipios de Bolivia tan sólo 180, es decir el 55%, cuenta con algún juez; tan sólo 76, es decir el 23%, cuenta con algún Fiscal; y tan sólo 11, es decir el 3%, cuenta con algún defensor público. La situación se agrava porque en las zonas en las que existe alguna autoridad, hay una falta de información casi generalizada de la ciudadanía en cuanto a los servicios que se ofrecen. Las cifras son alarmantes, y reflejan la falta de cobertura de la administración de justicia, lo que genera la exclusión de ciertos sectores de la sociedad de toda posibilidad de acceder a la justicia, especialmente en zonas rurales en situación de extrema pobreza, habitadas en su mayoría por pueblos indígenas y comunidades campesinas. Este es un problema que se viene arrastrando desde décadas atrás.
2º Por la acción estatal, que se traduce en la imposición del pago de tasas, formularios y timbres para hacer ingresar una demanda, para la presentación de memoriales y para la tramitación de los recursos ordinarios de apelación en el efecto devolutivo; ello genera que el servicio judicial sea excesivamente o­neroso; por lo tanto, inaccesible para determinados sectores sociales de bajos recursos económicos; de manera que un elevado número de bolivianos y bolivianas es víctima de la restricción de su derecho de acceso a la justicia, ya que no pude acceder a los juzgados y tribunales de justicia para hacer valer sus derechos, por falta de recursos económicos.
3º Por la acción estatal, que se materializa en una legislación procesal excesivamente formalista y ritualista, que impone un conjunto de requisitos y condiciones formales de admisión; lo que da lugar a que las demandas, querellas o acciones tutelares sean rechazadas sin trámite inicial alguno por los jueces y tribunales, en algunos casos incluso cuando se han cumplido con los requisitos.
De otro lado, debido al excesivo formalismo y ritualismo procedimental, los procesos judiciales tienen una duración extremadamente larga; ya que las normas procesales dan lugar a acciones dilatorias de las partes, que no son frenadas adecuadamente por los jueces, como directores del proceso; al contrario también las autoridades judiciales incumplen los plazos procesales.
4º Por omisión estatal, que se manifiesta en la no designación oportuna de los jueces o miembros de los tribunales de apelación o de casación, para cubrir las acefalias que se han producido por jubilaciones, cumplimiento del período de funciones, o por renuncias presentadas al cargo.
Como se podrá advertir el Estado tiene responsabilidad por la sistemática violación del derecho de acceso a la justicia, y tiene la obligación de reparar esta situación adoptando políticas públicas orientadas a superar los problemas identificados, mismos que no serán superados con la sola elección por voto popular a los magistrados de los altos Tribunales de Justicia.