Es una evidencia
de que la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder aumentó
considerablemente; sin embargo, las estructuras patriarcales en todos los
niveles dificultan una mayor incidencia y atención de demandas.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont
ANIMAL POLÍTICO / 09 de septiembre de 2012
La
presencia efectiva de la mujer en la política es anterior a la Ley de Cuotas de
1997, que obligaba a los partidos políticos a incluir en sus listas de
candidaturas a diputados y senadores plurinominales en el Congreso
Nacional al menos 30% de mujeres.
Uno
puede remontarse a tiempos previos a la República y recordar las acciones de
Juana Azurduy de Padilla, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza; o a tiempos
del liberalismo y los intentos de Adela Zamudio por incidir en la política
educacional; sin embargo, no se puede negar que ellas eran casos excepcionales.
Tal
vez la presencia de las mujeres en la política, aunque aún no en puestos de
poder, aparece con más fuerza durante la lucha contra las dictaduras a través
de la militancia en partidos y organizaciones de izquierda como el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), el Partido Comunista de Bolivia (PCB) o el Partido
Obrero Revolucionario (POR), entre otros.
Es a
partir de la democracia que obtuvieron una serie de victorias formales que se
iniciaron con la Ley de Cuotas y que se multiplicaron en los últimos años desde
la formulación de la Constitución Política del Estado (CPE). Los avances
legislativos más importantes fueron el establecimiento de la paridad y
alternancia incluidas en la Ley del Régimen Electoral (2010), el hito de la Ley
contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género, y la futura Ley de
Despatriarcalización del Estado, aún en redacción.
La
paridad y alternancia es expresada de la siguiente manera en la Ley del Régimen
Electoral: “Artículo 11. (Equivalencia de
Condiciones). La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de
género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades
electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a los
siguientes criterios básicos: a) Las listas de candidatas y candidatos a
senadoras y senadores, diputadas y diputados, asambleístas
departamentales y regionales, concejalas y concejales municipales, y otras
autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y
alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una
candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un
candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de
manera sucesiva”.
Según
el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Marco Ayala, son las nuevas
disposiciones normativas de la CPE y la Ley de Régimen Electoral las que han
permitido posteriores conquistas como la Ley Contra el Acoso y Violencia
Política y la mayor presencia de mujeres en cargos de gobierno.
Así,
dos de los cuatro órganos del Estado están presididos por mujeres: el
Legislativo, por Gabriela Montaño (Senadores) y Rebeca Delgado (Diputados), y
el Electoral, por Wilma Velasco. No obstante, para Delgado, esos avances
normativos son instrumentos y no fines en sí.
Para
la analista política María Teresa Zegada, tales victorias son innegables. Los
beneficios políticos para las mujeres —argumenta— se multiplicaron a partir de
la nueva CPE, los cuales no significarán más que logros formales si es que no
se acompaña el proceso de manera fáctica. “Por mérito propio se ha logrado, por
ejemplo, que haya mujeres encabezando las cámaras de Diputados y de Senadores,
y el TSE, pues no hay ninguna ley que diga que estos cargos deben ser ocupados
por mujeres”, razona la especialista, para quien, con esa situación, se
está logrando emparejar las victorias formales a un empoderamiento de las
mujeres en ámbitos de decisión.
De
igual modo, Érika Brockmann, exsenadora por el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), destaca los avances “cuantitativos y normativos” que se
han experimentado desde los años 90, los cuales, en su criterio, no pueden ser
explicados sino por la lucha de las mujeres desde esa época.
Ayala
adelanta que para mejorar la inclusión de género, la futura Ley de
Organizaciones Políticas “garantizará” la participación de mujeres en los
cargos públicos, pero como innovación también se quiere incluir la
obligatoriedad de la paridad y alternancia en la democratización de las
agrupaciones y partidos políticos.
Sobre
la incidencia de agrupaciones de mujeres, Zegada nota un aspecto que no hay que
dejar de lado. La académica pone el ejemplo de la Confederación Nacional de
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, cuyos
miembros, mientras eran parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), permanecieron en la “completa”
invisibilización, sin embargo, en cuanto se separaron y crearon su agrupación
paralela, lograron obtener una importante capacidad de incidencia política.
“Hay organizaciones sindicales que tienen una visión patriarcal, que siempre
ponen a las mujeres en cargos menores. El caso de las “Bartolinas” marca un
cambio cualitativo”.
SOMBRAS. Para Cecilia Enríquez,
directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, el hecho de que
existan mujeres en cargos públicos no significa necesariamente que éstas
impulsen una agenda de género. “Aún es difícil para nosotras participar en la
vida pública. El porcentaje de mujeres que se dedica a la política todavía es
menor; pues, en la medida en que no haya condiciones básicas para ejercer un
cargo, se limitará la posibilidad de hacerlo. El tema de la doble y hasta
triple jornada (ejercer un cargo, criar a los hijos y atender el hogar) sigue
siendo una limitante”, apunta.
Otro
obstáculo que existe, y es el subrayado por todos los entrevistados en esta
nota, es la predominancia de una estructura patriarcal presente no sólo en el
nivel del Estado y de las organizaciones políticas, sino en todos los aspectos
de la vida, comenzando incluso por el núcleo de la pareja. Éste es
probablemente el escollo más duro por sortear. Delgado señala a la educación y
a la mentalidad patriarcal como los mayores enemigos de los avances políticos
de la mujer. “No basta con estar en puestos altos; pues, a veces, las conductas
patriarcales provienen de las mismas mujeres. Se tienen que hacer reformas en
el ámbito educativo”.
Brockmann
afirma que otro obstáculo es la falta de una “masa crítica” que impulse las
demandas en los niveles municipal, departamental y nacional para que las normas
no “se queden en el papel”. Los “grandes obstáculos” para una efectiva
presencia política de las mujeres son el caudillismo, el clientelismo y el
prebendalismo, dice.
Un
aspecto concreto de debilidad que Brockmann pone como ejemplo es que han pasado
siete años de la vigencia de una ley para las trabajadoras del hogar y hasta
hoy “ni con el discurso de inclusión del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha
llegado a regularla”, por lo que las mujeres de ese gremio no pueden contar al
momento con un seguro de salud.
“Este
caso evidencia que la cuestión no es sólo de número y de ocupar puestos, sino
de utilizar esos cargos para materializar acciones que mejoren la calidad de
vida de las mujeres”.
Mary
Marca, directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem),
percibe que, a pesar de la mayor presencia de mujeres en altos cargos,
continúan ascendiendo los índices de mortalidad materna, de feminicidio, de
violencia de género, de acoso... “La participación de las mujeres no se está
traduciendo en un beneficio para ellas. Existe una política de igualdad de
oportunidades en diferentes niveles (salud, educación y otros); sin embargo, no
se da presupuesto. En resumen, las normas a nuestro favor no se están
cumpliendo”, reclama.
Ese
problema de no asignación de presupuesto también es apuntado por la diputada
Delgado.
Una
de las declaraciones más críticas la hizo la coordinadora de Proyectos e
Incidencia Política del Cidem, Patricia Bráñez. “Si bien en el nivel central
(Ejecutivo y Legislativo) se tiene una buena representación, creemos que estas
mujeres se han alineado a las decisiones del Gobierno, lo que seguramente
debilita su autonomía al momento de tomar determinaciones, por lo que no están
representando nuestros intereses”.
En
contraste, afirma que en los niveles departamental y municipal las
representantes han tenido una mayor incidencia en las decisiones políticas,
pues “están en contacto directo con la población y tienen que responder a sus
organizaciones”.
Los
avances en cuanto a presencia de mujeres en ámbitos de poder se dispararon
desde la nueva CPE, sin embargo, las enraizadas estructuras patriarcales
presentes en todos los aspectos de la vida desde hace siglos (pues no son
privativas de la cultura occidental, sino que ya estaban presentes desde
tiempos precolombinos) pronostican que se tratará de un proceso cultural lento.
‘La nueva Constitución posibilitó el avance’: Rebeca Delgado,
presidenta de la Cámara de Diputados
La
construcción colectiva de la nueva Constitución Política del Estado es la que
ha permitido muchos avances en el tema de género, tanto en materia
constitucional como legislativa, y no sólo con la presencia paritaria en la
representación, la cual ha sobrepasado las expectativas, sino también en los
espacios de toma de decisión estatales.
‘Disposiciones
jurídicas facilitaron avances’: Marco Ayala es vocal del TSE
Las
nuevas disposiciones jurídicas existentes en Bolivia —desde la Constitución
Política del Estado a la Ley de Régimen Electoral (2010)— son las que han dado
pie a que se realicen otros avances normativos a favor de la presencia política
de la mujer; sin embargo, también existen dificultades como el acoso, la
discriminación y la desconfianza hacia sus capacidades.
‘Paridad y alternancia no se cumplen del todo’: Mary Marca es
directora del Cidem
Se
puede ver que hay 16 mujeres senadoras contra 20 hombres; en el Ejecutivo hay
siete ministras y 13 ministros: vemos que la paridad y alternancia no se cumple
del todo. En un momento sí se dieron, pero ya no. Lo mismo sucede en los
niveles departamental y municipal en referencia a las asambleístas y las
concejalas. También, las demandas de género son planteadas muy débilmente.
‘La participación de mujeres se precipitó’: María Teresa Zegada
es analista política
Se ve
cómo la participación política de las mujeres se precipitó a partir de los 90,
pero fundamentalmente a partir de los mandatos de la nueva Constitución. Antes
no había un espacio diferenciado para la lucha de las mujeres. Las victorias con relación a las normas son varias, pero
mientras no haya políticas efectivas y tangibles para las mujeres, se
quedarán en un plano formal.
‘Hay
más confianza en nuestras capacidades’: Cecilia Enríquez es directora de
Gregoria Apaza
No
puedo hablar por todas las mujeres que están en el ejercicio del poder, pero sí
estoy segura de que algunas representan la agenda de género y otras no. Lo que
es seguro es que la participación de las mujeres en cargos de poder se debe
a un cambio de mentalidad sobre las capacidades de ellas; hay una mayor
confianza en este sentido que ha permitido esas designaciones.
‘Destacamos en innovar y en no cumplir normas’: Érika Brockmann
es ex senadora del MIR
Siempre
nos destacamos en innovar normas de vanguardia, pero también en incumplirlas.
Algo así sucede con varios de los avances formales que favorecen políticamente
a las mujeres. Esa falencia no es sólo de las actoras en ejercicio del poder,
sino también a debilidades de gestión, es decir que hay muy buenos discursos,
pero muy pocas realizaciones en términos efectivos.
