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domingo, 31 de mayo de 2020

Nuevo marco normativo para regular del consumo de tabaco en Bolivia



Nuevo marco normativo para regular del consumo de tabaco en Bolivia
Por: Alan E. Vargas Lima
De acuerdo a la información que se encuentra en el Portal web de INFODROGAS (Información y Prevención sobre Drogas) la planta del tabaco pertenece al género Nicotiana, familia botánica de las Solanáceas. Esta planta tiene grandes hojas y hermosas flores, además de una gran altura, igual o mayor que la de una persona adulta; y es la única que sintetiza y luego conserva en sus hojas secas un potente alcaloide que recibe el nombre de nicotina y que da el nombre a su género vegetal.
Existe una gran diversidad de variedades del género Nicotiana (más de 60). Las dos más importantes son la Nicotiana Tabacum, de la que se extrae el tabaco comercial y la Nicotiana Rústica, que no se utiliza tanto por su sabor menos agradable.
Durante años, las hojas de esta planta se consumían aspirada en polvo muy fino (rapé), o se mascaban (tabaco de mascar). También se pueden fumar en forma de puros: cigarro formado en su integridad por tabaco, tanto en su contenido como en su envoltura, en forma de cigarrillos: con el contenido de tabaco, pero el envoltorio de papel, o en las pipas de fumar.
Pero no solamente el tabaco se utiliza para fumar, con sus hojas pueden hacerse cuadernos, hojas, libros, agendas, etc... Es similar al papel y el perjuicio sobre el medio ambiente es menor.
Por otro lado, y entre los riesgos que provoca, existen una serie de enfermedades que se encuentran directamente relacionadas con el tabaquismo, como son: el cáncer de pulmón, la bronquitis, el enfisema pulmonar y los problemas cardiovasculares. Hay otras enfermedades que también suelen aparecer en fumadores, como otras formas de cáncer (labio, boca, laringe, esófago y vejiga) y la úlcera gastroduodenal.
El riesgo de padecer estas enfermedades depende de cuatro factores: 1) Consumo diario de cigarrillos: cuanto mayor es la dosis diaria mayor es el riesgo; 2) Duración del consumo: Cuanto antes se empezó a fumar y más largo es, por tanto, el periodo de su vida durante el cual un sujeto consume tabaco, regularmente, mayor es el riesgo de enfermar; 3) La forma de fumar: aquellas formas que aumentan la exposición del organismo al humo (inhalación profunda y repetida, mantener el cigarrillo entre calada y calada), incrementan el riesgo; 4) Tipo de cigarrillos: los cigarrillos con filtro, y aquellos que tienen un menor contenido de nicotina y alquitrán (a igual consumo), reducen el riesgo de enfermar.
Ante este panorama, es evidente la necesidad de establecer un marco regulatorio que logre señalar las vías adecuadas y mecanismos de prevención idóneos, frente a los serios riesgos que el consumo cotidiano de tabaco provoca en la salud de las personas.
En el caso de Bolivia, de acuerdo a la revisión de la normativa preconstitucional vigente, existen disposiciones legales específicas sobre la materia:
a) la Ley N° 3029 de 22 de abril de 2005, en su Artículo Único aprobó la Ratificación del “CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO”[1], adoptado en Ginebra – Suiza, el 21 de mayo de 2003 y suscrito por Bolivia el 27 de febrero de 2004;
b) el Decreto Supremo N° 29376 de 12 de diciembre de 2007, tiene por objeto reglamentar la Ley N° 3029 del 22 de abril de 2005 "CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO", para controlar y reducir el consumo de todos los productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco, en cualquiera de sus formas, a fin de prevenir de conformidad con los principios de la salud pública, la incidencia de las enfermedades, la discapacidad prematura y la mortalidad, atribuidas al consumo del tabaco y a la exposición al humo del tabaco.
c) la Resolución Multiministerial N° 0003 de 14 de mayo de 2009, aprueba el Reglamento Específico para la administración de la Ley N° 3029 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (REAT).
Por su parte, la Constitución Política del Estado aprobada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 18, establece de manera expresa que: “I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. (…)”. Asimismo, el artículo 35 parágrafo I de la misma Ley Fundamental, prevé que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.
Por otro lado, cabe considerar que por mandato del artículo 297 de la misma Ley Fundamental, las Competencias Exclusivas son “aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas”; y las Competencias Concurrentes son “aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva”. En este sentido, el artículo 298, parágrafo II, numeral 17 de la misma Constitución, establece como una de las competencias exclusivas del nivel central del Estado, las Políticas del Sistema de Educación y Salud; y el artículo 299, parágrafo II, numeral 2, señala la competencia concurrente de “Gestión del sistema de salud y educación”, la cual se ejercerá de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
En consecuencia, se trata de competencias constitucionales sobre las cuales, los Gobiernos Autónomos Municipales no tienen potestad legislativa en su calidad de Entidades Territoriales Autónomas, sino que únicamente les quedará ejercer sus facultades reglamentaria y ejecutiva, establecidas en la misma Constitución.
Bajo ese contexto normativo, es que en fecha 13 de febrero del presente año 2020, se ha informado –a través del matutino Página Siete, y otros– que la actual Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha promulgado una nueva Ley de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco; norma que prohíbe fumar en lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, centros de salud, escuelas, comercios, restaurantes, discotecas, cines y teatros, además de espacios abiertos donde haya acontecimientos deportivos. Asimismo, restringe la venta de tabaco a menores de 18 años y el comercio de cigarrillos sueltos, a la vez que prevé programas gubernamentales para el abandono del hábito de fumar, según se ha informado por el referido medio de prensa.
De acuerdo a esta nueva LeyN°1280 de 13 de febrero de 2020, la finalidad que se persigue consiste en precautelar el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras de las bolivianas y los bolivianos, protegiéndolas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
Por otro lado, se evidencia que esta nueva disposición normativa determina ciertas responsabilidades para los Gobiernos Autónomos Municipales, tales como: Ejecutar la política nacional relativa a la prevención y control al consumo de los productos del tabaco; Establecer y aplicar la planificación municipal para la prevención y control al consumo de los productos de tabaco, en concordancia con los principios y las políticas de la misma Ley, la planificación departamental y nacional; Incluir la prevención y control a los productos del tabaco en la Planificación del Desarrollo Municipal; Elaborar proyectos para la implementación de programas de prevención y control al consumo de los productos del tabaco; Apoyar la ejecución de proyectos de prevención y control al consumo de los productos de tabaco, de forma coordinada con los diferentes niveles de gobierno y el sector productivo; Ejecutar medidas de prevención y prohibición del consumo de tabaco conforme a lo dispuesto en la misma Ley, además de ejecutar el régimen de infracciones y sanciones establecidas en dicha norma, entre otras.
En consecuencia, y bajo este nuevo marco normativo recientemente puesto en vigencia en Bolivia, corresponde a los Gobiernos Autónomos Municipales, dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la nueva Ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a fin de ejercer la competencia concurrente de gestión municipal del sistema de salud y educación; debiendo proceder a su respectiva reglamentación y ejecución, de conformidad al mandato constitucional, y en búsqueda del “vivir bien”.




[1] El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. El CMCT OMS es un tratado basado en pruebas que reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible. El CMCT OMS representa un cambio de paradigma en el desarrollo de una estrategia de reglamentación para abordar las sustancias adictivas; a diferencia de tratados previos sobre control de drogas, el CMCT OMS establece la importancia de las estrategias de reducción de la demanda, además de cuestiones relacionadas con el suministro. El texto íntegro del Convenio, se encuentra disponible en: https://www.who.int/fctc/text_download/es/




PAÍS

Las faltas “graves y gravísimas” en expendio y consumo de tabaco serán multadas con hasta 1000 UFV (Bs 2442)

El Decreto Supremo 4972 establece infracciones y sanciones por faltas leves, graves y gravísimas en el expendio y consumo de tabaco.

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domingo, 7 de julio de 2013

La redistribución de escaños en la Cámara de Diputados: ¿Un falso debate político?






El debate por la redistribución de los escaños en la Cámara de Diputados, sobre la base del último censo, no es un tema de la agenda ciudadana, sino una discusión de políticos. Adicionalmente, la pugna devela una incomprensión del proceso autonómico.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 07 de julio de 2013

La redistribución de escaños en la Cámara de Diputados debe ser un hecho en el corto plazo, con base en los resultados del Censo 2012, tal como lo determina la Constitución Política del Estado (CPE). No obstante, una cuestión meramente técnica es presa del debate político entre organizaciones políticas y comités cívicos. Ninguno de estos actores quiere que su departamento pierda ni gane menos de lo que cree que le corresponde. El conflicto permanece ajeno al ciudadano, aunque el asunto sirve a políticos y cívicos para salir a la palestra como defensores de los intereses regionales.

Es cierto que contar con representación política tiene importancia para cada región, sin embargo, la reasignación no debería ser objeto de debate, pues, a decir de los analistas, se tendría que tratar de un reemplazo de cifras en una fórmula matemática determinada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano que ha hecho saber que tiene prevista una propuesta y que espera la difusión de datos del Censo de Población y Vivienda de 2012.

“Es un debate de políticos, no de ciudadanos”, observa el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre la misma idea, el politólogo Romano Paz considera que aquél “es un debate falso, pues está sujeto a un mandato constitucional que no se puede eludir y que implica una fórmula matemática.

También tiene esa percepción el abogado Reymi Ferreira. “Se trata de una cuestión técnica, por lo que el debate es falso”. No obstante, cree que “la redistribución afectará a la población en la medida en que genere conflictividad, paros o bloqueos”.

Aunque en Santa Cruz hay mucho interés sobre el tema, tomando en cuenta la expectativa sobre los resultados del censo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Castedo, afirma que se trata de un debate que “no debería haber, pues la Constitución deja claro el método con que se debe proceder” con la redistribución. “Lo que nosotros exigimos es sólo que se cumpla la ley”.

El sociólogo Fernando Mayorga rechaza que el conflicto pueda “preocupar a los actores sociales y a la población”. Asegura que el caso sólo interesa a los partidos y a comités cívicos en busca de protagonismo. Los comités “han perdido fuerza”, por lo que salir a defender a sus regiones les da “capacidad de movilización y por tanto protagonismo, con lo que ingresarían a una fase de búsqueda de candidaturas”, argumenta. Al respecto, Paz considera que los cívicos “tienen desconfianza y creen que el tema pueda ser manejado de manera política y no técnica”.

El artículo 146 de la CPE establece  que la Cámara de Diputados debe estar compuesta por 130 miembros. En su parágrafo V especifica: “La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral con base en el número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo con el último Censo Nacional, de acuerdo con la ley”. Luego dicta que, “por equidad”, la norma asignará un número mínimo de escaños a los departamentos con “menor población y menor grado de desarrollo económico”.

La menor representación política demográfica en la Asamblea Legislativa Plurinacional no sólo es subsanada con ese mínimo de curules en consideración a una menor población o desarrollo económico, sino también por la representación territorial de la Cámara de Senadores, en la que cada uno de los nueve departamentos tiene el mismo número de senadores: cuatro.

En este sentido, Ferreira insiste en que el tema “no es para ser debatido”,  por ser un mandato constitucional. “Nadie debe sentirse herido, tenemos otros temas por debatir”. Pero Germán Antelo, senador de Convergencia Nacional (CN) por Santa Cruz, asegura que el eventual conflicto es de “total interés ciudadano”, por incumbir al “derecho de los bolivianos a ser representados poblacionalmente”. Otra cosa es que “se lo utilice políticamente”, observa.

Claro, también cree que no debiera haber razón para posibles diferendos, pues asegura que “no se quita representación”, sino que se la “redistribuye” con el criterio de que los bolivianos que migraron de sus departamentos de origen a cualquier otro “hoy no tienen representación”.

Antelo afirma esto precisamente después de una reunión de “todos los sectores institucionales” de Santa Cruz, en la que se determinó que una comisión trabaje para unificar una posición sobre la redistribución y el pacto fiscal.

La última redistribución fue hecha en 2005, durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Con el pretexto de “defender a sus regiones”, los partidos quisieron parar la reasignación para “en realidad suspender el proceso electoral” por dos semanas, recuerda Arce.

“La actitud decidida del expresidente Rodríguez Veltzé logró evitar mayor problema haciendo la redistribución por decreto”.  Ferreira señala que la fórmula para un cambio “sin dramas” fue hacer una proporción con el Censo  2001, dar equilibrio a los departamentos que perdieron y basarse en un modelo meramente técnico. Auronomías. En medio de esta discusión, urge también evaluar el papel de las asambleas departamentales, que deberían ser la primera representación que resuelva necesidades regionales.

Arce afirma que el debate devela que existe una mala comprensión de los niveles de autonomías. Las asambleas departamentales son las que tienen competencias legislativas para el territorio que rigen, mientras que la Asamblea Legislativa Plurinacional sólo tiene competencias legislativas nacionales.

Bolivia tiene un nuevo ordenamiento territorial. Antes, el Congreso Nacional era el único órgano que podía hacer leyes, sean nacionales o departamentales; hoy no, “pues ha perdido ese privilegio”. Ahora hay una modalidad de legislar de manera “bisegmentada”. “Por tanto, esa lógica antigua de pelear para tener más representantes en el Congreso ya es una lógica absolutamente trasnochada, que no se adecua a la realidad actual”.

Bajo esas consideraciones, las leyes nacionales no priorizan a ninguna región, por lo que perder asambleístas sólo significaría tener menor representación política a nivel nacional y no tendría por qué afectar intereses departamentales. A pesar de esta realidad, hay pugna y aires de tensión. “Las regiones desconfían que se les aumente o pierdan lo justo”, insiste Paz.

El 15 de julio de 2012, el suplemento Animal Político pudo establecer que el retraso del proceso autonómico no sólo era responsabilidad del nivel nacional, sino que había un “imaginario centralista” dominante en la población que podía ser superado. Éste puede ser fácilmente comprobado si se ve que cuando hay un conflicto, cualquiera que fuese, se exige que el Presidente del Estado esté en las negociaciones.

Consultado sobre si este “imaginario” tendría alguna relación con que exista este debate falso, Arce responde: “Efectivamente es así, a nuestros diputados nacionales les siguen reclamando leyes departamentales, esto sucede aún en los sectores más autonomistas. El ideario colectivo aún no está adecuado al nuevo modelo del Estado”.

Mayorga habla de un “tema pendiente”. Al no haber estatutos autonómicos “no se tiene el diseño de los gobiernos departamentales y, por tanto, de la composición de sus asambleas ni reglas para su elección”. Por todo esto, “no hay comprensión de la relación”, pues tampoco existe una idea sobre “qué tipo de articulación tendría que haber” entre los diputados y senadores para trabajar con los asambleístas departamentales.

“Es algo que se está pensando de manera muy primaria”, pues los estatutos se están pensando “de manera muy endógena” y no pensando en una “articulación vertical de representación legislativa”. Como “no hay esta reflexión” y existe en cambio “incomprensión sobre estos temas, aparecen estas posiciones regionalistas de manera descoordinada”.

Ideas. Para tratar de soliviantar la susceptibilidad de los departamentos menos poblados y menos desarrollados económicamente surgen voces que proponen aumentar el número de diputados.

Fue el Movimiento Sin Miedo (MSM) el que planteó esto a través de su diputados Fabián Yaksic, quien propuso que “se abra” una reforma constitucional para incrementar los diputados plurinominales, “sacando a los indígenas de la redistribución” y “dejando posibilidades a que más pueblos indígenas puedan acceder a más representación”.

Sobre esto, queda preguntarse si la propuesta no deriva en lo mismo, pues, si se incrementa el número de curules, ¿no habría una figura proporcionalmente similar? “Tiene que haber una redistribución como manda la Constitución, sobre los 130 diputados establecidos con un criterio técnico con base en los datos del último censo”, aclara Arce con relación al criterio Yaksic.  “No se justifica” que haya más, dice el diputado del MAS.

Si Bolivia tiene 130 representantes poblacionales para 10,3 millones de habitantes, se ve la desproporción, por ejemplo, con relación a Estados Unidos, que tiene 435 para cerca de 300 millones de ciudadanos. El caso es similar con Brasil, que con cerca de 300 millones de pobladores tiene 513 representantes. Argentina tiene 42 millones de habitantes representados por 257 parlamentarios.

Por tanto, 130 diputados para un país de 10,3 millones de habitantes pondría en duda “técnicamente” la practicidad de incrementar el número de escaños, explica Arce. Así, este “debate de políticos” respondería a cálculos con intereses diferentes. Antelo replica tal afirmación al señalar que “no se trata de ningún interés partidario sino regional”, aunque admite que “quien no defienda la representación política de su región va a ser mal visto y será castigado en las urnas”.

Para el senador cruceño, el asunto no es partidario y, en Santa Cruz, varios sectores institucionales se han unido para sistematizar la demanda indiferentemente de sus líneas políticas, por la “reivindicación” departamental.

Mayorga, no obstante, insiste en que pueda existir un cálculo electoralista anacrónico en el sentido de que organizaciones políticas opositoras de Santa Cruz crean que tendrán ventaja sobre el MAS con el incremento de curules para su departamento. “En términos generales, esto no beneficiará ni perjudicará a ninguna organización, pues la influencia de esa oposición está relativizada desde 2008. El MAS ha ganado terreno en ese departamento y la oposición se ha fragmentado”.

Existe un cálculo pensando que una organización “pueda tener mayor influencia electoral” en determinada región y dentro de las organizaciones están “sus dirigentes que también calculan una potencial candidatura”, señala.

El retraso de las conclusiones del último censo despertó las susceptibilidades de las regiones, que esperan ganar escaños, y también temen que no se haga el reacomodo sino después de las elecciones de 2014. Sobre esto, Arce afirma que la ley “manda que la reasignación tiene que ser hecha antes de los comicios”. O sea, mucho antes de diciembre de 2014.

‘Sin duda, es de interés ciudadano’: Germán Antelo es senador de Santa Cruz

La reasignación de escaños es sin duda de interés ciudadano porque atinge al derecho de la gente a ser representada políticamente, de acuerdo con el número de habitantes. Lo que sucede es que se lo quiere usar políticamente. Santa Cruz, como región, va a tener una posición más allá de los partidos políticos con un mensaje unificado al respecto.

‘Se la está planteando de manera equivocada’: Héctor Arce es diputado de La Paz

La reasignación de escaños se está planteando de una manera equivocada. La Asamblea Legislativa Plurinacional ya no tiene el monopolio de legislar, pues los órganos legislativos departamentales deben hacerlo para sus regiones. Esa lógica antigua de pelear por tener más representantes en el parlamento ya está absolutamente trasnochada y no se adecua a la realidad actual.

‘A la población no le preocupa’: Fernando Mayorga   es sociólogo

A la población por supuesto que no le afecta, ni pasa a ser parte de un catálogo de preocupaciones ciudadanas, pero sí, por ejemplo, a los comités cívicos. Primero, porque tienen su impronta de defender a los difusos “intereses regionales” y, segundo, porque les da una demanda que puede movilizar; si logran eso, ganarán protagonismo y posibles candidaturas.

‘No tendría por qué afectar si es técnico’: Romano Paz es politólogo

No tendría por qué afectar a nadie si está hecho bajo un criterio técnico, con un principio de proporcionalidad, en el que todos los bolivianos tengan una igualdad de representación. Esto debería actualizarse para cada elección. No obstante, seguramente derivará en un conflicto político en función de intereses de grupos que no velan por el desarrollo del país ni sus regiones.

‘Es un tema que no está sujeto al debate’: Reymi Ferreira es abogado

El tema está aprobado por la Constitución, la única aprobada por voto. Si se ha hecho un pacto en esa Constitución, entonces hay que cumplirlo. Este tema no está sujeto a debate ni interpretaciones, aunque se ha manchado de otros intereses cuando es una cuestión totalmente técnica, establecida, pero para algunos todo se puede llevar a la confrontación.


lunes, 24 de junio de 2013

Redistribución de escaños en la Cámara de Diputados de Bolivia






Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando reclaman más diputados, las otras regiones advierten que defenderán sus espacios. Según la CPE, el asunto está en manos del TSE.

La Razón / Paulo Cuiza / La Paz
02:46 / 24 de junio de 2013

A una semana del plazo para la entrega oficial de los resultados del Censo 2012, líderes de cuatro departamentos anticiparon que buscarán sumar escaños en la Cámara de Diputados. En los otros cinco la decisión es impedir que se reduzcan sus cupos.  El plazo para la entrega vence este 30 de junio y los resultados del censo serán la base referencial para la redistribución de escaños en esa cámara legislativa.

Los departamentos que están decididos a batallar por elevar su número de representantes son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando, mientras que en Chuquisaca, Tarija, Oruro, Potosí y Beni la decisión es impedir que se toque su actual representación.

Datos. Actualmente existen 130 espacios: 29 escaños están asignados a La Paz, 25 a Santa Cruz, 19 a Cochabamba, 14 a Potosí, 11 a Chuquisaca, 9 a Oruro, 9 a Tarija, 9 a Beni y 5 a Pando.

La Razón entrevistó a líderes cívicos de las regiones para conocer la posición que tomarán frente a la redistribución de escaños y todos anticiparon que este asunto desatará un conflicto nacional en los próximos meses. El último jueves, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió a los legisladores combinar “sentimientos regionales y nacionales” cuando se debata el tema.

En el caso de Santa Cruz, la prioridad es lograr mayor representación, ya que los datos parciales del censo concluyen que este departamento fue uno de los que más creció poblacionalmente. “Vamos a luchar porque se le dé a Santa Cruz lo que le corresponde. Se debe redistribuir los escaños en función a la población”, anunció el presidente del Comité Cívico de esa región, Fernando Castedo.

En esa misma línea están Cochabamba y La Paz. El presidente del Comité Cívico cochabambino, Gunter Paz, afirmó que les corresponde aumentar sus escaños debido a la elevada migración y pidió acatar lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resuelva en este tema.

“Qué tal si 50.000 potosinos viven en Cochabamba, esos 50.000 necesitan tener un representante.  Lo mismo sucede con otros departamentos como Santa Cruz que recibe mucha migración”, afirmó.

El gobernador de La Paz, César Cocarico, dijo en enero que los resultados del censo no obligan al departamento a reducir escaños y, por el contrario, se debería aumentar la cantidad de curules.

Ese criterio fue ratificado el 19 de junio durante la clausura del acto “Pacto por La Paz”, donde el Gobernador planteó una redistribución equilibrada, ya que el departamento “arrastra históricamente una subrepresentación”. El presidente Evo Morales reveló en enero resultados parciales del censo, según los cuales Bolivia tiene 10.389.913 habitantes, 2.115.588 más que en 2001.

En el otro frente anticipan que no permitirán que se toque su representación. “Nosotros rechazamos el censo y más aún cuando nos afectará en nuestra representación política”, anunció David Coca, presidente cívico del Beni. Milton Barón, cívico de Chuquisaca, anticipó: “Vamos a cuidar nuestra representación política, algún acuerdo tendremos que generar sobre los escaños”.

El cívico potosinista Jhonny Llally coincidió: “No vamos a permitir (perder diputados), pero no quiero adelantarme, esperaremos los datos finales del censo”. La presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Alabé, opinó que el censo no es una verdadera radiografía del país y dijo que no permitirán perder escaños. “Vamos a pelear nuestra representación. Queremos una distribución igualitaria”.

Para el cívico tarijeño Wálter Mogro, el censo fue “un show bien montado y oneroso para el país”. Por lo tanto, aseguró que esa región tampoco permitirá la disminución de su representación política en la Asamblea.

Calma. “Lo único que yo pido es tener paciencia, que el Órgano Electoral haga su trabajo técnico y una vez que lo presente debatamos de una manera sana, no exhibicionista”, opinó. Según los datos preliminares del censo, Pando aumentó su población en 108%. En orden descendente, le siguen Santa Cruz (37%), Cochabamba (33%), Tarija (30%), Oruro (25%), Beni y La Paz (17), y Chuquisaca y Potosí (13%).

El 17 de junio, Morales dijo que el Gobierno no se inmiscuirá en el tema y dejó el asunto en manos del TSE, que según el artículo 146 de la Constitución es el responsable de realizar la redistribución de acuerdo con el último censo, equidad y desarrollo económico.

Pando se apoya en su crecimiento

Pando exige mayor representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) amparada en los resultados del último censo, según el cual habría aumentado su población en 108% respecto a 2002. Así lo hizo saber el vicepresidente del Comité Cívico de ese departamento, Silvestre Lozano.

“Pando siempre se ha conformado con nada, pero esta vez tenemos que hablar un solo idioma y hacer de una vez que se le dé lo que verdaderamente le corresponde”, manifestó Lozano desde Pando, vía teléfono.

Esa región cuenta actualmente con cinco representantes en la Cámara de Diputados y cuatro en la Cámara de Senadores; es decir, un total de nueve asambleístas nacionales.Pando tiene la cifra más baja de diputados en la Cámara Baja en relación con los otros ocho departamentos y por ello Lozano advirtió que se hará el esfuerzo por unir a opositores y oficialistas en una misma demanda: la de conseguir para esa región más diputaciones.

Según los datos preliminares del censo, la población de Pando subió de 52.525 (2002) a 109.173 (2012) habitantes, es decir, un 108%. “El Gobierno tiene que respetar lo que nosotros pidamos”, dijo Lozano.

Surgen dos propuestas para la reasignación

Una reforma constitucional para ampliar el número de legisladores en la Cámara de Diputados o la asignación de cuatro diputados fijos por departamento como base para la reasignación de escaños, son las propuestas planteadas por los comités cívicos de Chuquisaca y Cochabamba como fórmulas para evitar que la redistribución de escaños derive en un conflicto nacional.

“La Constitución puede ser objeto de una reforma y se podría subir el número de representantes.  Habrá también que ver otros tipos de criterios (para la redistribución de escaños) como históricos o de solidaridad”, dijo al respecto el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Milton Barón.

Diputados. Otra idea contra los posibles roces regionales por la reactivación de los escaños parlamentarios es la del Comité Cívico de Cochabamba. La misma —según su presidente, Gunter Paz— plantea una designación base de cuatro diputados fijos por departamento, al igual que en el Senado, donde cada región posee un número de cuatro asambleístas.

“Nosotros nos permitimos ensayar algunas fórmulas. Una de ellas, interesante y equilibrada, es que cada región tenga cuatro diputados y el resto (para alcanzar el número de 130 que fija la CPE) que se distribuya estrictamente en función de la población”, explicó.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, aseveró que esa instancia no recibió hasta el momento (jueves) ningún planteamiento de alguna instancia cívica o partido político con respecto a la redistribución de escaños parlamentarios.

 




La resolución del problema en manos del TSE causa dudas. Chuquisaca y Cochabamba plantean salidas salomónicas y el pacto fiscal se abre como otro escenario de conflicto.

La Razón / Paulo Cuiza / La Paz
02:43 / 24 de junio de 2013

Cívicos de al menos cuatro departamentos expresaron su desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los resultados del Censo 2012, ante el inicio del debate sobre la redistribución de escaños. Ante ello, el TSE respondió que se limitará a cumplir el papel que le manda la Constitución Política del Estado (CPE) en este asunto.

“No hay confianza, no hay credibilidad en estos organismos”, opinó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Wálter Mogro. Su similar de Potosí, Jhonny Llally, dijo que la redistribución de escaños no debería ser atribución exclusiva del TSE.

“No puede ser que el Tribunal asuma esta decisión, aquí hay presencia del oficialismo; por el contrario, debería haber un diálogo nacional para resolver el tema de la redistribución”.

Ante las observaciones, el vocal y expresidente del TSE Wilfredo Ovando afirmó que el Órgano Electoral sólo aplicará lo que manda la Constitución al respecto y afirmó que en la redistribución de escaños no aflorará ningún sentimentalismo de los vocales hacia sus departamentos.

Susceptibilidad. “Entiendo que el tema genere susceptibilidades, pero la población debe estar segura de que nosotros vamos a actuar correctamente”, dijo Ovando. El Censo 2012 y sus resultados, aún no oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron también observados por los cívicos, que tildaron al proceso como ilegítimo y desorganizado. “No refleja el crecimiento demográfico real de Tarija”, dijo Mogro. “Para nosotros los datos finales del censo pueden ser oficiales, pero no legítimos. Muchas personas que viven en Santa Cruz no fueron registradas”, aseveró el cívico cruceño Fernando Castedo.

“Tenemos declaraciones de ciudadanos que dijeron que nunca pasaron por su casa”, reclamó a su turno el cívico beniano David Coca y recordó que pidieron a su Brigada Parlamentaria un pronunciamiento oficial rechazando los datos del censo.

Al contrario, Gunter Paz, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca,  afirmó que lo que dictamine el TSE debe ser acatado. El último miércoles el INE confirmó que los resultados finales serán presentados a fin de junio, aunque ya se revelaron datos preliminares.

Diálogo y consenso nacional

La apertura de un debate y diálogo nacional que incluya a políticos, organizaciones e instituciones, como la mejor ruta para resolver el tema de la redistribución de escaños, cuenta con el apoyo de casi la totalidad de los cívicos.

Pacto fiscal, el otro escenario de conflicto

Otro escenario con posibilidades de conflicto tras conocerse los resultados del censo es el del pacto fiscal, es decir la reasignación de recursos económicos, según coincidieron los cívicos entrevistados por La Razón. El tema fue abierto tras la promulgación de la Ley Marco de Autonomías en 2010. En enero, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que el Gobierno esperará los resultados del censo para analizar y debatir la nueva redistribución de los recursos por coparticipación tributaria.

Según el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Gunter Paz, el pacto fiscal es un “tema pendiente” que debe ser abordado por una serie de sectores. “Hoy, hay una distribución tremendamente asimétrica de los recursos económicos”, dijo.

“Necesitamos reglas claras, Tarija no puede continuar entregando sus recursos”, alertó por su parte el cívico tarijeño Wálter Mogro. “Es una pelea que va a tener que comenzar una vez que se conozcan los resultados finales del censo”, complementó David Coca, presidente del Comité Cívico de Beni.

La Ley autonómica, en su disposición transitoria décima sexta, señala que el Servicio Estatal de Autonomía (SEA) y el Ministerio de Economía elaborarán una propuesta técnica de diálogo de pacto fiscal, y que ésta deberá ser presentada en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados del censo.

Al respecto, la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Alabe, dijo que el tema debería ser abordado antes de la redistribución de escaños. Silvestre Lozano, vicepresidente cívico de Pando, afirmó que el tema debería ser tratado a través de un diálogo nacional para evitar “enfrentarnos entre bolivianos”. Arce advirtió en enero que el tema del pacto fiscal se está politizando.