DEMANDA MARÍTIMA: ¿El Tratado de 1904 es revisable?

 

Bolivia ante el discurso del ‘no’ chileno

EL TRATADO DE 1904 ES REVISABLE; CHILE LO HIZO EN CUATRO OCASIONES

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:04 / 17 de junio de 2012

La historia prueba no sólo que los tratados son revisables —como lo demuestra el de 1903 entre Estados Unidos y Panamá, que en 1977 fue modificado para preparar la devolución del Canal de Panamá— sino que el Tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, que parece haber sido bautizado con deliberado sarcasmo como “de Paz y Amistad”, fue modificado cuatro veces, cada una de ellas (sorpresa) a petición de Chile, país que ahora postula, haciendo gala de su impostura ante toda la prensa mundial, que el Tratado es inamovible.

Más allá del acierto o no de este  planteamiento revisionista de la Cancillería de Bolivia en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Cochabamba —donde la máxima autoridad de la diplomacia boliviana, David Choquehuanca, propuso someter el Tratado de 1904 a una “renegociación”—, lo que queda visiblemente develado es que la posición chilena no es otra cosa que una farsa en el sentido teatral del término; es decir, una pieza teatral de personajes extravagantes que representa situaciones raras, sin embargo, manteniendo  cierta verosimilitud. La comparación puede hacerse incluso con la etimología latina de farsa: farcire, que significa “rellenar”, la diplomacia chilena no hace sino precisamente eso, rellenar, asamblea tras asamblea de la OEA, expresando con argumentos dilatorios una supuesta voluntad de acercamiento hacia un diálogo bilateral, al mismo tiempo que no cumple ni quiere modificar el Tratado de Paz.

En la reciente reunión de la OEA, Chile dijo, a través de su canciller Alfredo Moreno, que el Tratado de 1904 es inamovible; este gesto es también cercano a la farsa, género que gusta de la unión de los opuestos, es decir del grotesco, pues, precisamente fue Chile el que solicitó “mover” el mencionado pacto por cuatro veces en la historia.

Según un boletín del actual Ministerio de Comunicación de Bolivia, el 15 de noviembre de 1904 se firmó el Acta Protocolizada para aclarar el artículo 2 del Tratado de Paz de 1904, con la inclusión de territorios que beneficiaron a Chile en su área fronteriza con Argentina y que anteriormente habían pertenecido a Bolivia. El 16 de abril de 1907, a pedido de Chile, se sustituyó el artículo 12 del Tratado, reemplazando el arbitraje del Emperador de Alemania por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Posteriormente, el 1 de mayo de 1907, una vez más a solicitud de Chile, se efectuó el canje territorial sobre la línea de la frontera entre los trechos del cerro Chipapa y el volcán Olca, y entre el cerro Patalani y el Alto de Panantalla.

Finalmente, el 27 de mayo de 1908, Chile pidió modificar el artículo 3 del Tratado, que versa sobre las garantías crediticias para construcción del ferrocarril.

Por otro lado, es claro que el Tratado tiene un origen viciado por las amenazas chilenas. No hay que olvidar la carta del diplomático chileno Abraham König a Bolivia en 1900, en la que se decía prepotentemente que la armada chilena había aumentado su poderío... En efecto, es cierto que todos los tratados de paz fueron redactados por los vencedores de las guerras y hechos a su gusto, bajo la adrenalina de la victoria; sin embargo, ésa no es una razón para continuar con la apología de la violencia de König, mediando a esta altura tanta distancia temporal del momento bélico.

“El problema es que es un Tratado impuesto por la fuerza, por tanto, el libre consentimiento no existió, eso es cierto. Pero, en oposición a ese argumento, Chile puede decir, ¿por qué entonces lo ratificó el Congreso de Bolivia y se cumplieron todos los pasos posteriores para evitar los vicios que podría tener el Tratado? Ahora todos sabemos que mediaba la violencia y la fuerza, las que llevaron a cumplir todos estos pasos; Bolivia no tenía otro camino. El país se resistió  a firmar, por años, un Tratado leonino como es el de 1904, ése es un contexto que debe ser evaluado”, considera en un análisis con Animal Político el excanciller Javier Murillo de la Rocha.

El precedente de 1977, en referencia al Tratado de 1903 sobre el Canal de Panamá, muestra que los pactos que definen las fronteras son reexaminables. “El antecedente sucedido entre Panamá y Estados Unidos ilustra que las revisiones de tratados limítrofes son posibles. El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter decidió en 1977 devolver el canal a Panamá”, dice el diplomático Andrés Guzmán en coincidencia con el presidente Evo Morales (que se refirió así por última vez el miércoles, a su regreso del exterior), como haciendo notar que el tema de las reexaminación trata de voluntad o de mala voluntad... en el caso chileno.

Según el historiador y diplomático Ramiro Prudencio, Bolivia se esforzó en los años 20 en lograr una revisión del Tratado en la Sociedad de Naciones, sin embargo, —explica— hubo un dictamen de esta institución que decía que tal como estaba planteada la solicitud nacional era inadmisible al ser presentada a una instancia que no tenía competencia para revisar tratados.

Puede colegirse de esta desestimación de la Sociedad de Naciones que las instancias internacionales, cuando se trata de conflictos limítrofes, siempre han preferido obedecer mucho más a argumentos políticos que jurídicos.

Para el ex canciller Armando Loaiza, la búsqueda de la revisión es un anacronismo: “Desde 1895, antes del Tratado, todas las negociaciones (1895, 1975-78 y 1987) —a excepción de 1921, cuando se fue a Ginebra a la Sociedad de Naciones para buscar la revisión y la propuesta boliviana fue desestimada— siempre se han dialogado bajo la hipótesis de un arreglo territorial sobre zonas que no están cubiertas por el Tratado de 1904, vale decir, en las zonas de Tacna, Arica y el norte de Arica. Volver al revisionismo me parece una posición muy añeja que choca con la decisión chilena vista en Cochabamba de no    reexaminar el documento”.

Sea pertinente o no la postura “neorevisionista” de Bolivia frente al tema marítimo, no es fácil aceptar que hubo momentos en que se estuvo cerca de obtener una salida soberana al mar y fue frustrada por los mismos bolivianos, tal es el caso de 1895 que recuerda Loaiza, cuando en la presidencia de Mariano Baptista Chile iba otorgar no solamente un corredor hacia el océano Pacífico, sino toda la zona de Tacna y Arica (alrededor de unos 90 kilómetros precisa el ex canciller), sin embargo, el Congreso boliviano de entonces, de una manera inesperada, se opuso al acuerdo.

Tal vez la derrota boliviana estaba muy fresca (sólo 16 años) y se sentía con más fuerza que se poseía el derecho total del territorio perdido en el conflicto bélico.

A pesar de esto, ésa no es la única manera de resolver el problema, opina Guzmán, pues, puede haber una solución al margen de Tratado. De hecho, las negociaciones más importantes sobre el tema se han realizado con base en posibilidades que no tocan el documento de 1904, porque siempre se habla de territorios al norte de Arica, para lo cual no es   necesario modificar el Tratado.

‘Los tratados se cambian, Chile lo hizo’: Juan Carlos Alurralde, vicecanciller

Los tratados se cambian; Chile lo hizo y nosotros pedimos en la Asamblea de la OEA renegociar respetando el derecho internacional. Si es que ellos no quieren cambiar el Tratado, existe la segunda instancia, que son los espacios internacionales de resolución de controversias por medios pacíficos, y eso también es ser respetuoso  del derecho internacional.

‘El Tratado fue impuesto bajo amenaza’: Evo Morales, presidente de Bolivia

El Tratado de 1904 fue impuesto bajo amenaza de nuevas invasiones; además, es un Tratado incumplido. Los tratados son revisables, Chile ha pedido por cuatro veces la revisión del documento de 1904. Yo no soy jurista, no conozco derechos internacionales, pero puedo entender que este Tratado ya está muerto. [...] No está vigente para mí, porque Chile ha incumplido.

‘Chile pidió cuatro revisiones al Tratado’: Andrés Guzmán, diplomático

Los tratados siempre son revisables, Chile ha pedido por cuatro veces la revisión del documento firmado en 1904. Adicionalmente, ha incumplido los artículos 3, 6 y 8 de este pacto. Sin embargo, para que Chile esté de acuerdo en revisar el Tratado, se tiene que aplicar una política de entendimiento, de otra manera va a ser difícil que la otra parte quiera hablar del tema.

‘Sólo se podría hablar sobre incumplimientos’: Ramiro Prudencio, es historiador y diplomático

El único caso que Bolivia podría llevar como demanda sobre el Tratado de 1904 es sobre ciertos incumplimientos. Se puede argumentar que Chile no cumplió algunos artículos, como con el ferrocarril Arica-La Paz, el cual está parado, o el tema de las aduanas; sin embargo, para qué llevar este tema a una instancia internacional si existe el mecanismo de la agenda de 13 puntos.

‘Sería ideal lograr una revisión del Tratado’: Javier Murillo de la Rocha, excanciller

Sería ideal lograr una revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904; sin embargo, es un camino impracticable, lamentablemente, porque toda reconsideración supone un acuerdo entre las partes involucradas, vale decir, que ninguna revisión puede realizarse unívocamente, cualquiera debe hacerse con el consentimiento de quienes suscribieron el pacto. Ahí existe una dificultad.

‘Demanda de revisión fue rechazada en 1921’: Armando Loaiza, excanciller

Respeto la posición boliviana del neo revisionismo surgido el 23 de marzo del 2011, es una postura que hay que mirar con cuidado porque retrotrae a situaciones como   la de 1921 cuando fue rechazada la demanda boliviana de revisión. Estamos volviendo a épocas del republicano Bautista Saavedra, se está repitiendo a una tesis que hace 90 años ya demostró ser ineficaz.

Un Tratado incumplido excepto en lo territorial

La impostura chilena respecto al Tratado de Paz y Amistad de 1904 raya en la necedad. Chile no quiere mover una coma del pacto y sin embargo tampoco hace nada por cumplir del mismo, sino el artículo 2 que describe el trazado limítrofe que dejó a Bolivia sin acceso al océano Pacífico. Los puntos vulnerados del documento son el 3, 6 y 8.

“El punto 3 es infringido por Chile al no garantizar el libre tránsito del ferrocarril, que en este momento ni siquiera funciona. Adicionalmente, existe una convención de 1905 que obliga a las partes a mantener el libre tráfico de la línea férrea a perpetuidad”, explica el diplomático Andrés Guzmán.

El artículo 6 (que otorga “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial a Bolivia”) también está siendo vulnerado, continúa Guzmán, porque se están produciendo constantes paralizaciones en los servicios de los puertos de Arica y Antofagasta. Este artículo está reglamentado por una convención posterior de 1937,que en su punto 1 ratifica que Chile debe garantizar el libre tránsito de Bolivia.

“El artículo 8 dice que Chile debería dar a Bolivia las mismas facilidades que otorgue a cualquier tercer país. Por ejemplo, hay varias facilidades que Chile ha brindado al Perú, como un malecón en Arica, una oficina para su aduana y una estación de tren; sin embargo, estos beneficios no han sido dados a Bolivia”, afirma Guzmán.

Otro aspecto que viola el Tratado en cuanto al libre tránsito, según el ex canciller Javier Murillo de la Rocha, es el hecho de que se hayan privatizado los puertos que utiliza Bolivia, “es el único caso en la historia que obligaciones pactadas en un Tratado de paz y límites son privatizadas”, sostiene.

El posible destino de Bolivia vs. Chile

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

La Razón / Carlos Antonio Carrasco / La Paz

00:01 / 17 de junio de 2012

La reciente visita del presidente Evo Morales a la sede de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, ha dado lugar a varios comentarios, entre ellos los más confusos acerca de los alcances y los límites que tiene dicha entidad. Por ello, parece pertinente referirse al tema con un propósito informativo y pedagógico.

La Corte, instaurada en 1946, es la sucedánea de la Corte Permanente de Justicia Internacional establecida en 1920, bajo la égida de la entonces Sociedad de las Naciones. Está instalada en el suntuoso Palacio de la Paz, terminado de construir en 1913, gracias a la donación de un millón y medio de dólares de parte del filántropo americano Andrew Carnegie. Es una bella joya arquitectónica neorenacentista rodeada de jardines que trasuntan reposada tranquilidad al espíritu, necesaria para las serias reflexiones acerca de la paz mundial. Sus cómodos salones y gabinetes de trabajo están circundados por obras de arte obsequiadas por los países miembros, entre los que se destaca un enorme jarrón de jade de 3.200 kilos, regalo del último zar ruso.

El mismo palacio también alberga a la Corte Permanente de Arbitraje y a la Academia de Derecho Internacional. La Corte Penal Internacional ocupa otro edificio en la vecindad. Función de la Corte Internacional de Justicia: resolver, de conformidad con el derecho internacional, las controversias jurídicas presentadas por los estados y emitir opiniones consultivas requeridas por órganos del sistema de Naciones Unidas.

Composición de la Corte: 15 magistrados de diferentes países, elegidos por el término de nueve años por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la ratificación del Consejo de Seguridad, con base en el equilibrio geográfico y a méritos personales. Salario anual: 160 mil dólares. Idiomas oficiales: francés e inglés.

El principio de consentimiento de las partes puede ser por acuerdo especial, por cláusula en un tratado o por declaración unilateral. Agente: es el representante respectivo de las partes (puede ser un embajador, asesor jurídico, etc.) para las dos fases escrita y oral. Memoria, contramemoria, réplica y dúplica: son las presentaciones escritas de las partes en los asuntos contenciosos.

Costo de las actuaciones: son cubiertos por la ONU, salvo los honorarios de agentes y abogados. Los estados pobres demandantes (y demandados) pueden acudir al Fondo Fiduciario (establecido en 1989) para financiar los gastos que incurran en la controversia. Procedimientos incidentales:

— Incomparecencia: no impide que la Corte juzgue al Estado demandado. Pero antes debe cerciorarse de que la reivindicación del Estado demandante está bien fundada.

— Tercería: se acepta que un tercer Estado intervenga en las actuaciones.

— Reconvención: el Estado demandado puede ampliar el objeto inicial de la controversia.

— Acumulación de autos, se estila para concentrar distintas actuaciones y posibilitar un solo fallo.

Decisión final: dura entre tres y seis meses después de terminadas las audiencias.

La obligación de cumplir un fallo de la Corte está basada en el artículo 94 de la Carta de la ONU, que dice “cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”. Los fallos son definitivos y no son susceptibles de apelación.

En caso de incumplimiento, la parte perjudicada puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU.112 sentencias, desde 1946, han sido dictadas por la Corte sobre fronteras terrestres, delimitaciones marítimas, soberanía territorial, el no recurso a la fuerza, las violaciones del Derecho Humanitario Internacional, la no injerencia en asuntos internos de los Estados, las relaciones diplomáticas, la toma de rehenes, el derecho de asilo, la nacionalidad, la tutela, el derecho de paso y el derecho económico.

Casos pendientes de decisión: son 13 y enfrentan a los siguientes países: Hungría/Eslovaquia, República de Guinea/República Democrática del Congo, República Democrática del Congo/Uganda, Croacia/Serbia, Nicaragua/Colombia, Perú/Chile, Ecuador/Colombia, Bélgica/Senegal, Australia/Japón, Burkina Faso/República de Níger, Costa Rica/Nicaragua, Camboya/Tailandia y Nicaragua/Costa Rica.

Resolución de 1979 de la OEA, una victoria sólo en papel

Resolución de 1979 de la OEA, una victoria sólo en papel

Chile sin voluntad política desde hace 30 años

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:05 / 03 de junio de 2012

Mientras el pleno aprueba la Resolución 426 con un total de 25 votos a favor y ni uno solo en contra, a modo de repudio, el diplomático chileno y presidente de la delegación de ese país, Pedro Daza Valenzuela, abandona con signos de indignación el salón del viejo hotel Sheraton de La Paz en el que se realiza la sesión de la duodécima plenaria de la IX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es el 31 de octubre de 1979, año en que se recuerdan los 100 años de despojo de la costa nacional por parte de los chilenos y Bolivia es la sede del encuentro.

Esta declaración del organismo internacional es el mayor logro diplomático del país en el tema marítimo, pues, señala que el conflicto sobre el mar entre Bolivia y Chile “es de interés hemisférico”. Además, indica que se inicien negociaciones “encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Por último, plantea la inclusión de una zona portuaria sin que Bolivia tenga que dar una compensación territorial a Chile, país que nunca reconoció esta resolución.

Ya se preparaban celebraciones por la victoria diplomática para el día siguiente; sin embargo, la madrugada del 1 de noviembre, Alberto  Natusch Busch desplegaba sus tropas leales para un golpe de Estado contra el presidente Wálter Guevara Arce. Las delegaciones de los países visitantes debieron ser evacuadas hacia el Perú en un operativo de emergencia.

Por supuesto, el representante de la misión chilena no desaprovechó las circunstancias. “Ya en Lima señaló que ‘eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido’. Se aprueba la resolución y se derriba el proceso democrático, el hecho disminuyó la credibilidad del país”, cuenta el excanciller boliviano Armando Loayza.

Aunque bien podría haberse replicado que no se trataba sino de “un burro hablando de orejas”, pues, en Chile se vivía la antítesis del orden democrático con una de las dictaduras más brutales de Latinoamérica.

Es muy probable que con o sin el inicio del régimen totalitario de Natusch Busch, Chile censurara de igual forma la resolución, sin embargo, nunca se había obtenido un apoyo orgánico de las naciones miembros de la OEA y el éxito quedó degradado.

Según un artículo de Juan Lanchipa, titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), publicado el 15 de abril en Animal Político y titulado La verdad sobre el Tratado de 1904, la firma de dicho pacto, desfavorable para el país, fue realizada por la influencia de un “barón del estaño”, Félix Avelino Aramayo, la complicidad de ciertos políticos bolivianos y capitales extranjeros, quienes estaban más interesados en un ferrocarril que en un puerto para el país.

Tal como ocurriera en 1904, una vez más, serían bolivianos ligados al poder quienes se encargarían de boicotear las aspiraciones nacionales de una salida al mar tras la victoria diplomática. Se dice que quien instigó la acción de facto de Natusch Busch fue Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a causa de que el presidente de ese entonces, Wálter Guevara Arce, manifestó que necesitaba quedarse un año en la presidencia antes de llamar a elecciones, tiempo que Paz Estenssoro no estaba dispuesto a esperar. Sin embargo, no es necesario hacer caso de “rumores” cuando el nombramiento del hombre fuerte del MNR institucional, Guillermo Bedregal, como canciller del dictador, evidencia a “gritos” quién promovió las balaceras.

La inestabilidad política, aprovechada por Chile, sin duda disminuyó irremediablemente el impacto que habría podido tener la Resolución 426, que quedó como la mayor victoria de papel del país respecto de la causa marítima.

“Chile sostiene que las resoluciones de la OEA no tienen el carácter vinculante de un tratado, y ésa es verdad de alguna manera; sin embargo, la Asamblea General es el órgano supremo de la OEA y todas sus manifestaciones tienen un elevado nivel político-diplomático”, dice Loayza.

No obstante, según Lanchipa, negar la obligatoriedad de las resoluciones de este organismo en el caso marítimo boliviano “es sostener, por contraparte, que la Resolución 765 del caso Malvinas es igualmente inexigible e inoperante o que las demás resoluciones de la organización carecen de vigor y son simples mensajes a la conciencia de los gobernantes”.

Lanchipa expresó el martes al diario La Razón que con la Resolución 426 la OEA entendió que el enclaustramiento forzoso de Bolivia no es sólo un problema boliviano ni tampoco únicamente chileno. “El organismo tomó la cuestión como suya y resolvió que su solución “es de interés hemisférico permanente”. Esto no significa otra cosa que la expresión libre, espontánea y categórica de la voluntad de todo el continente para que Bolivia recupere, lo antes posible, un acceso soberano al océano. Postergar esta solución significa una afrenta al pueblo boliviano, una agresión que por conciencia de la OEA, representa un ataque a todo el hemisferio”, asegura.

Según dice, la importancia de las resoluciones radica en “la obligatoriedad jurídica y política de su cumplimiento por los países que las aprobaron y ratificaron (como sucedió con Chile en las resoluciones de 1980, 1981 y 1983)”. Añade que ser miembro de la OEA significa ser titular de un conjunto de derechos y obligaciones, cumplir sus resoluciones es uno de los deberes de quienes forman parte de la institución interamericana.

Para el excanciller Javier Murillo de la Rocha, la Resolución de 1979 es la más importante que se logró, pues Bolivia recibió el apoyo más contundente que haya obtenido sobre la causa marítima. “Lamentablemente se quedó en el papel y no se reflejó en acciones concretas ni de la organización, ni tampoco de los interesados directos, porque Chile siempre ha evadido los compromisos bilaterales y multilaterales que pudieran estar encaminados a resolver el enclaustramiento boliviano, ésa es la razón por la que esta resolución y las otras diez no tuvieron mayor proyección”, analiza.

Coincidente con el embajador, el canciller David Choquehuanca dijo en Animal Político del domingo 27 de mayo que no habrá mejor Resolución de 1979 referida al diferendo. Queda considerar si es pertinente acusar a Chile de incumplir una declaración que nunca aceptó; sin embargo, puede resultar coherente una recriminación moral a Chile por contravenir también la Resolución de 1983, considerando que ese país participó en la redacción y promoción del escrito.

Loayza dice comprender que el Gobierno quiera aprovechar la reunión de Cochabamba y hacer una fuerte crítica a la postura chilena. Este país “no ha querido una negociación desde hace 30 años (negociaciones de Charaña)”. Se puede hablar de las 11 resoluciones que tocan el tema marítimo, pero más allá de los términos de éstas, la voluntad Chilena ha sido nula, critica Murillo. “La actitud del organismo interamericano es muy débil, lo que hace que los esfuerzos sean totalmente infructuosos”.

“El desafío es sacar del papel estos documentos para transferirlos a acciones concretas, cosa que es difícil, porque los organismos son lo que los países que los conforman quieren que sean, si no se le da a la OEA el apoyo político de sus estados miembros, entonces va a tener muy poca eficacia en el manejo de estos problemas. El no cumplimiento de estas resoluciones muestra un debilitamiento de la OEA”, añade Murillo.

Sin embargo, complementa, la debilidad no es culpa de la misma organización, sino de los estados que son parte de ella al no haber querido darle la fortaleza necesaria para que cumpla una función más destacada y decisiva en una serie de conflictos de distinto orden que se han venido produciendo desde que la OEA nació en 1948 con la Carta de Bogotá.

‘No habrá mejor resolución que la del 79’: David Choquehuanca, canciller

No habrá otra mejor resolución que ésta. La resolución dice que nosotros debemos tener acceso soberano y útil al océano Pacífico sin compensación territorial. No es necesario ratificarla, pues está vigente. Nosotros tenemos una Constitución Política del Estado y no es necesario hacer lobby en el Congreso para que se ratifique;  ésta es una resolución de la OEA.

‘Cien años tardó una respuesta de América’: Juan Lanchipa, director de Diremar

Pasaron 100 años para que la respuesta internacional sea categórica y contundente. Se necesitó un siglo para que América, a través de la Resolución de 1979, exprese su preocupación y solidaridad absoluta porque se haga justicia al reclamo boliviano. La resolución hizo que los estados de la OEA entiendan de manera unánime que el problema de la ocupación del Litoral boliviano no se ha resuelto.

‘Se trata de la falta de voluntad chilena’: Javier Murillo de la Rocha, excanciller

El asunto no va por las resoluciones, sino por la falta de voluntad política de Chile, siempre ausente desde hace 133 años. No hay que cifrar esperanzas en éstas, aunque son muy importantes para mantener viva la demanda en la conciencia continental. Las soluciones serán posibles cuando Chile muestre voluntad real para terminar con el enclaustramiento boliviano.

‘Es un patrimonio jurídico diplomático’: Armando Loayza, excanciller

Es un patrimonio jurídico diplomático muy importante, es gravitante, pero, a diferencia de la Resolución 686 de 1983, no es una que sea aceptada por Chile. Diría que todas las resoluciones de la OEA son significativas porque representan la demostración de que la comunidad interamericana ha aceptado esta temática (el conflicto) y le ha dado un gran relieve.

‘Las resoluciones sólo dan obligación moral’: Ramiro Prudencio,  historiador y diplomático

Las resoluciones sólo tienen obligatoriedad moral, no, sin embargo, jurídica; por lo tanto, tienen el valor de promover un movimiento a favor del reconocimiento del problema que tratan, no obligan a ninguna de las partes involucradas; sólo una sentencia de la Corte de La Haya es obligatoria. Lo importante de la Resolución de 1979 es que fue la primera, aunque Chile la rechazó.

Resolución 426 de la Asamblea de la OEA de 1979

La Asamblea General declara:

Que es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil   al Océano Pacífico.

Considerando:

Que es necesario conseguir, con espíritu de fraternidad e integración americana, el objetivo señalado en el punto anterior y consolidar una paz estable, que estimule el progreso económico y social en el área de América directamente afectada por las consecuencias del enclaustramiento de Bolivia.

Resuelve:

1. Recomendar a los Estados a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las Partes involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.

2. Continuar la consideración del tema “informe sobre el problema marítimo de Bolivia” en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General.

(Resolución aprobada en la duodécima sesión plenaria del 31 de octubre de 1979).

La verdad sobre el Tratado de 1904

La verdad sobre el Tratado de 1904

Un análisis histórico documentado sobre la coerción de Chile a Bolivia

La Razón / Juan Lanchipa Ponce

ANIMAL POLÍTICO / 15 de abril de 2012

El 8 de abril, en este mismo espacio de prensa, el historiador chileno Cristian Garay publicó el artículo “Despejando mitos en torno al Tratado de 1904”, en el que el autor muestra una vil actitud mentirosa y desleal con la historia y tiende a generar responsabilidades en los bolivianos y excluir de ella a la oligarquía chilena, quienes elaboraron el documento del injusto Tratado de 1904. Nadie puede imaginarse, conscientemente, que un país atente en su contra y provoque su desgracia. En ese sentido, presento las aclaraciones pertinentes de los discutibles argumentos presentados por dicho autor:

Un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico a los que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen. Los mitos tienen como función primordial convertir el “había una vez” en verdades históricas y colocar una aureola sacrosanta alrededor de la “historia oficial” para buscar, en último término, encubrir vergüenzas históricas y legitimar situaciones presentes.

 

Tal definición es llanamente aplicable a gran parte de la historiografía chilena (salvando notables excepciones), pero en especial al artículo de Garay por el cual intenta reforzar el “mito del consentimiento boliviano al Tratado de 1904”, ficción replicable bajo la siguiente evidencia:

a) 20 años de manipulación, traición y asfixia comercial: Los portavoces del Gobierno chileno reiteran hasta el cansancio que el Tratado de 1904 fue suscrito 20 años luego del cese de las hostilidades, pero evitan hablar de lo que sucedió en este ínterin: 1) Al firmarse el Pacto de Tregua de 1884 entre Bolivia y Chile, nuestros diplomáticos Belisario Boeto y Belisario Salinas dejaron constancia de que “Bolivia no puede resignarse a la carencia absoluta de un punto de comunicación con el Pacífico sin riesgo de condenarse a una perpetua clausura y a una existencia penosa, aún en medio de sus grandes elementos de riqueza. Cree que ésta última perspectiva no consultaría el interés de Chile, que dejaría así sembrados para el porvenir elementos de perturbación y de dislocación política continental”. 2) La voluntad insoslayable que llevó a que Chile buscará otorgar a Bolivia una salida soberana al mar desde 1892 a 1898, a través de la cesión de Tacna y Arica a Bolivia por el Tratado de Transferencia de Territorio de 1895, acuerdo que se dilató manipulando las expectativas del país, para finalmente abandonarlo unilateralmente luego de que se distendiera el clima bélico que reinaba entre Chile y Argentina en este mismo periodo y que concluyó en 1899, momento donde descaradamente Chile archivó estos acuerdos. 3) Apaciguados sus problemas con Argentina en 1900, el Gobierno de Chile concibió dar una “solución final” al reclamo de Bolivia a través de dos frentes: desmembrar a Bolivia engulléndola en un festín geófago con los vecinos, y si ello fallaba, intimidarla militar y económicamente a claudicar sus derechos en contubernio con las oligarquías de Bolivia de dicho periodo.

Para lo primero, Chile acreditó en el Perú al embajador Ángel Custodio Vicuña, quien, en enero de 1900, se reunió con exautoridades peruanas para “proponer al Perú la división de Bolivia en tres zonas que se repartirían entre Chile, Perú y Brasil, excluyéndose a la Argentina de toda participación” (Eyzaguirre, Jaime. Chile durante el gobierno Errázuriz Echaurren. Pág. 176).

La divulgación de este plan llegó a los oídos del presidente peruano López de Romaña, quien el 26 de mayo de 1901 emitió una circular diplomática a todos los gobiernos extranjeros denunciando este plan (Archivo MRE Perú), acto que afortunadamente detuvo oportunamente estas nefastas gestiones. Frustrado el plan, ingresó en escena el embajador chileno en Bolivia, Abraham König, quien de manera explícita dio un ultimátum al Gobierno boliviano para acelerar un tratado de “paz”, mediante la nota diplomática de fecha 13 de agosto de 1900, en la que como portavoz del Gobierno de Chile señaló que de insistir en su salida al mar “Bolivia se presentaría en actitud hostil y no tranquila y pacífica, por el hecho sólo de sustentar tan temeraria pretensión”. Explicando luego lo que ocurriría si Bolivia tuviera puerto nuevamente, señalaba: “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarían del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del Litoral de Bolivia en 1879. Esto no es un vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos 20 años”. Amenaza por la que el informe al Congreso de Bolivia, emitido por la Comisión Mixta de Negocios Extranjeros de Bolivia en 1904, expresó: “El rechazo del tratado importaría declaratoria de guerra por parte de Bolivia: la insensatez del suicidio: la entrega de todo el territorio nacional a Chile (…) rechazada la paz por Bolivia, Chile desahuciaría el pacto de tregua obteniendo inmediatamente la neutralidad de todas las naciones que nos rodean, (…) cuyo resultado sería la ocupación militar que Chile hiciera, con toda facilidad, de nuestras plazas principales: Oruro, La Paz, Cochabamba”.

Se debe sumar a esta amenaza latente el hecho de que Bolivia estaba exhausta al haber soportado por 20 años el yugo impuesto por Chile en el Pacto de Tregua, por el cual Chile inundó el mercado boliviano con sus productos y se apoderó de parte de sus rentas aduaneras. Todo lo que en suma precipitó la suscripción del Tratado de 1904.

b) La oficiosa visita del embajador Aramayo a Santiago: Garay señala que en abril de 1902 fue el ministro plenipotenciario de Bolivia en Londres, Félix Avelino Aramayo, quien presentó las bases a Chile para llegar a un acuerdo de paz, por la que Bolivia estaba “dispuesta a abandonar toda pretensión de un puerto en el Pacífico a cambio de concesiones comerciales”. Si bien es cierto que dicha reunión ocurrió, lo que desconoce el historiador chileno es que la cita nunca fue autorizada por el Gobierno de Bolivia, tal como queda comprobado en la Nota de 3 de mayo de 1902 dirigida por el canciller de Bolivia, Eliodoro Villazón, al encargado de Negocios de Chile en Bolivia, Julio Valdez, en la que refiriéndose a estas conferencias se dice: “que espontáneamente celebró el señor Aramayo”, se hace constar que “no tenía ningún carácter oficial y que el mismo no revestía comisión para este efecto, siendo por consecuencia su intervención oficiosa y debida al hecho causal de su tránsito por la capital de Chile” (Archivo MRE Bolivia 1902 a 1904).

c) Las negociaciones secretas se realizaron en La Paz, pero el Tratado fue concebido y firmado en Santiago: Se señala que las “negociaciones, que duraron más de año y medio, se llevaron a cabo casi exclusivamente en la ciudad de La Paz”; pero de ser cierto, ¿qué prueba aquéllo?, ¿otorgaba esto algún poder sobrenatural a los negociadores bolivianos para resistir un tratado que había sido concebido y redactado en Santiago de Chile? (Emilio Bello Codesido, Anotaciones para la historia de las negociaciones diplomáticas con el Perú y Bolivia 1900–1904. Chile. 1919. p. 194.)

Como lo reconoce el historiador chileno Cástulo Martínez en su artículo “Razones por las cuales Chile debería ceder un puerto soberano a Bolivia”, publicado en el periódico Hora 25 en La Paz, en su edición febrero-marzo de 2012, el Tratado de Paz de 1904 fue indudablemente redactado en la Cancillería chilena. Para demostrar esta afirmación cita a Francisco Antonio Encina, autor del libro Las relaciones entre Chile y Bolivia, 1841-1963 (Chile, 1963. p. 253), en el que señala lo siguiente: “Al hacerse cargo de la Cancillería (Emilio) Bello Codesido, encontró cuatro borradores de tratados: uno de Paz, Amistad y Comercio; otro de Construcción de Ferrocarril; un tercero de Liquidación de Créditos; y un cuarto de Intercambio Comercial, que su antecesor no había alcanzado a firmar por desacuerdo de detalles. Salvadas las pequeñas divergencias, los refundió en un solo tratado, que firmó como ministro dimisionario el 20 de octubre de 1904”.

d) El nexo entre las oligarquías bolivianas y chilenas: Garay afirma que las autoridades de Bolivia consideraban que conectar Bolivia por medio de ferrocarriles y el libre tránsito era más importante que obtener un puerto en el Pacífico. Sin embargo, debe aclararse que sólo fueron ciertos políticos bolivianos los que por intereses económicos facilitaron este nefasto acuerdo en complicidad con capitales extranjeros, priorizando un ferrocarril sobre el Litoral boliviano.

Entre las pocas autoridades que promocionaron el Tratado de 1904 podemos nombrar al aludido “barón del estaño” Félix Avelino Aramayo, quien tenía intereses directos en la construcción de ferrocarriles para unir sus minas con las costas del pacífico.

e) Tacna y Arica, la puerta al mar: La afirmación de que Bolivia tenía interés en llegar a un arreglo con Chile antes de que éste lo hiciera con el Perú respecto a las provincias de Tacna y Arica, sólo confirma la tesis de que Bolivia tenía derechos latentes sobre esas provincias que Chile le reconoció. Cabe recordar que el compromiso boliviano de colaborar con Chile en la adquisición de esas provincias (acta secreta del Tratado de 1904) tenía como objetivo final que ambas negociaran sobre ellas a posterioridad.

f) ¿Quién premió a los gestores del Tratado de 1904?: Garay señala que los artífices bolivianos del Tratado de 1904 fueron premiados por el pueblo al ser elegidos para ocupar la máxima magistratura del país. La pregunta de rigor es ¿quiénes eligieron a Villazón y Montes para la Presidencia de Bolivia? Al respecto, esta ingenua y trillada afirmación desconoce que en las elecciones de 1909 y 1913, en Bolivia, regía el voto calificado, esto significaba que para votar y ser elegible se requería ser hombre, alfabetizado, tener propiedad privada y gozar de rentas superiores a los 1.000 pesos; democracia discriminadora en la que las grandes mayorías del país estaban ausentes. Para graficar aquello, sólo 37.845 ciudadanos eligieron a Villazón, es decir el 2% de los casi 1,8 millones de habitantes que tenía Bolivia. Al margen de lo anterior, debe recordarse que en 1910, el canciller boliviano Sánchez Bustamante, por instrucciones del presidente Villazón, promovió reclamos ante Chile y Perú por una salida soberana al mar para Bolivia mediante el memorándum de 22 de abril de 1910. En la elección de Montes, se aplicó la misma exclusión electoral agravada por el hecho que participaba sólo un partido político.

Conclusión: Por los hechos reseñados y que cuentan con sustento documental primario, se establece que el Tratado de 1904 fue impuesto a Bolivia luego de 20 años de manipulación, traición y asfixia comercial, y que fue promovido por la oligarquía chilena en complicidad con ciertos políticos bolivianos que buscaron sus intereses por sobre los de nuestro país.

El Tratado de 1904 debe ser visto como lo que es: una “negociación” impuesta en contubernio con grupos oligárquicos de principios del siglo XX, y como lo expresara Eduardo Diez de Medina, excanciller boliviano: “En esta forma nació el pacto de 1904, viciado en su origen porque no respondió a un espíritu de justicia ni consultó los derechos de la nación. Fue realmente suscrito 20 años después de la guerra, esto mismo demuestra que el vencedor se obstinó en imponer una paz injusta”.

Fuente: http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/verdad-Tratado_0_1595840449.html

Despejando mitos en torno al Tratado de 1904

Análisis de la historia desde la visión chilena

La Razón / Cristian Garay

ANIMAL POLÍTICO / 08 de abril de 2012

Historiadores ligados a instituciones del Gobierno boliviano, como asimismo algunos académicos de este país, han manifestado en varias oportunidades, que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 fue firmado bajo la coacción y la amenaza militar de Chile. Dicha aseveración, fuera de ser poco rigurosa, carece de fundamentos sólidos y verificables, y suele efectuarse sin haber acudido a fuentes o documentación del periodo que les otorgue el debido respaldo metodológico e historiográfico.

Los hechos históricos, como los factores que conllevan a dichos acontecimientos, suelen ser bastante  complejos de lo que a simple vista parecen y, por lo general, responden a un conjunto de estímulos e intereses soterrados, válidos y vigentes en determinado momento. Las negociaciones que derivaron en la firma   y ratificación del Tratado de 1904 no son una excepción a ello.

Los intereses que estuvieron presentes en las negociaciones del Tratado de 1904 (más allá de los aspectos jurídicos), aún no han sido del todo develados y posiblemente nunca lo sean. Pero a ojos de un investigador acucioso, se podrían desentrañar muchos pasajes y verdades en torno a dicho acuerdo, que no dejarían de sorprender a todo aquel lector que esté dispuesto a indagar más allá de lo que meramente se reseña en los manuales escolares de historia.

A la espera de que surjan dichas investigaciones, podemos aportar brevemente algunos datos indiscutibles que nos pueden ayudar a despejar aspectos y pasajes concernientes a las negociaciones que derivaron en el Tratado de 1904. Entre los antecedentes citables estarían los siguientes:

a) El tiempo trascurrido para su firma: El Tratado de 1904 fue firmado 20 años después del cese de hostilidades entre Chile y Bolivia (y 23 años después del último combate con las fuerzas bolivianas). A lo largo de la historia ha sido una regla que el Estado vencedor imponga sus condiciones al Estado vencido en el momento de la postración total de este último, con el objetivo de que sus demandas sean aceptadas sin resistencia alguna. A nivel mundial existen numerosos ejemplos que confirman lo anterior. Sólo en el caso de Sudamérica podríamos citar los Tratados de Ancón de 1883 y de Petrópolis de 1903. El caso boliviano fue claramente una excepción a la regla.

b) Bolivia fue el país que presentó las bases para el Tratado: En abril de 1902 fue el ministro plenipotenciario de Bolivia en Londres, Félix Avelino Aramayo, quien, por instrucciones del presidente Pando, presentó las bases a Chile para llegar a un acuerdo de paz. Resumidamente, dichas bases señalaban que Bolivia estaba dispuesta a abandonar toda pretensión de un puerto en el Pacífico a cambio de concesiones comerciales y de la construcción, con financiamiento chileno, de ferrocarriles desde el Pacífico hacia el altiplano. Dichos puntos de acuerdo se mantuvieron inamovibles durante el siguiente proceso de negociación y constituyeron finalmente las bases del Tratado de 1904.

¿En cuántas ocasiones el derrotado ha presentado y conseguido imponer las bases de un Tratado de Paz al vencedor?

c) Las negociaciones se llevaron a cabo en La Paz: La gestión de Aramayo provocó la reanudación del diálogo bilateral, cuyas negociaciones se iniciaron en abril de 1902 y se extendieron hasta diciembre de 1903, fecha en la que se firmó un acta preliminar que sentó las bases del Tratado de 1904. Dichas negociaciones, que duraron más de año y medio, se llevaron a cabo casi exclusivamente en la ciudad de La Paz.¿Qué Estado que desea imponer sus términos aceptaría que las negociaciones se llevaran a cabo en un terreno favorable al Estado perdedor?

d) El interés del Gobierno boliviano de dotar al país de una red ferroviaria y facilidades de libre tránsito: A comienzos del siglo XX, al igual que    en la mayor parte de Latinoamérica, predominaban en Bolivia las ideas positivistas que ligaban el desarrollo de una nación con la construcción de líneas férreas. Muchas autoridades en dicha época estimaban que más importante que obtener un puerto en el Pacífico, era el alcanzar una gran conectividad con el interior (los llamados practicistas), y ello, sólo se podía lograr por medio de la construcción de ferrocarriles y el otorgamiento de libre tránsito de mercancías por parte de Chile. Quien resume este pensamiento fue el senador boliviano José Carrasco, que expresó en 1905:

“El fin que se ha propuesto el Tratado es implementar una red ferroviaria que consideramos urgente e indispensable a nuestro progreso y desarrollo. Implementada ella, la aspiración nacional está satisfecha y el espíritu del Tratado quedaría también realizado”. (José Carrasco, Bolivia y Chile. El Tratado de Paz de 20 de octubre de 1904, página 54).

e) La urgencia de Bolivia por alcanzar un acuerdo conveniente con Chile antes de que éste lo alcanzase con el Perú. En Bolivia existía conciencia  en la necesidad de la búsqueda de un acuerdo rápido y satisfactorio  con Chile (ferrocarriles y libre tránsito por Arica y Tarapacá), antes que se resolviera la “Cuestión de Tacna y Arica”. Si eventualmente las citadas provincias volvían a ser parte integrante del Perú, podría volverse al  estado de situación preguerra de 1879, durante el cual los impuestos   y aranceles peruanos asfixiaban al comercio boliviano.

f) La hegemonía del regionalismo por sobre el nacionalismo en Bolivia: El resultado de la Guerra Federal boliviana tuvo una incidencia directa en la reanudación de las negociaciones entre Bolivia y Chile. En dicho conflicto, La Paz se había impuesto política y militarmente a la ciudad de Sucre.

A partir de 1899 a los paceños y los empresarios vinculados con la minería del estaño sólo les faltaba imponerse económica y comercialmente a los políticos y empresarios sureños de La Plata, y ello, sólo se alcanzaría conectando La Paz con su principal salida natural al comercio internacional, es decir, Arica. Por ende, las bases que presentó Aramayo a Chile en 1902 implicaban la construcción de un ferrocarril que ligara a La Paz con el Pacífico, desplazando con ello a las ciudades de Oruro, Potosí y Sucre, cuyo puerto había sido Antofagasta. Para alcanzar tal objetivo, los paceños y los empresarios del estaño no escatimaron ofrecer el antiguo departamento Litoral a cambio de vías férreas que les otorgaran la indiscutida hegemonía comercial en Bolivia. Al respecto podemos citar al historiador boliviano José Luis Roca: “La República no tenía oídos para los argumentos nacionalistas… los mineros del estaño, quienes formaron aquello que apropiadamente se llamó ‘superestado’ o ‘rosca’ tenían ideas muy distintas sobre el desarrollo de Bolivia, y se lanzaron con ímpetu a construir ferrocarriles hacia la costa del Pacífico, no sin antes haber cedido a Chile ‘a perpetuidad’ todo el Litoral boliviano” (José Luis Roca, Fisonomía del regionalismo boliviano, página 135).

g) El Tratado permitía a los liberales bolivianos la consolidación y seguridad fronteriza del país: A comienzos del siglo XX se impuso en el programa político del Partido Liberal boliviano, la idea de que era preciso realizar ciertos sacrificios territoriales con los vecinos (Argentina, Perú, Brasil y Chile), con el objetivo de alcanzar seguridad y un derecho territorial capaz de ser conservado y defendido en toda su extensión. Según el senador José Carrasco, “nada ha sido más perjudicial para Bolivia, que aplazar indefinidamente la solución de las cuestiones de límites. Cuanto más tiempo ha pasado, las dificultades han crecido cual montañas inabordables, y los resultados han sido nefastos”. ( José Carrasco, Bolivia y Chile. El Tratado de Paz de 20 de octubre de 1904, página 99).

h) Los principales responsables bolivianos del Tratado fueron posteriormente reconocidos y electos a los más altos cargos de la nación: Los principales protagonistas bolivianos en las negociaciones que derivaron en el Tratado de 1904, luego fueron elegidos para ocupar la máxima magistratura del país. Eliodoro Villazón, quien fue el canciller y responsable de la firma del Tratado, fue designado democráticamente Presidente de la República el año 1909, ejerciendo el cargo hasta el término constitucional de su mandato en 1913. Asimismo, Ismael Montes, quien encabezó las citadas negociaciones en su calidad de Presidente de la República en 1904, fue democráticamente reelecto para el periodo en 1913-1917. ¿Qué pueblo suele premiar a quienes supuestamente suscriben un tratado desastroso que compromete el de-sarrollo y la soberanía del país? Al respecto, basta recordar, a manera de comparación, la suerte que les tocó correr a los dignatarios alemanes que firmaron el Tratado de Versalles.

i) No hubo operaciones militares fronterizas chilenas de amedrentamiento: A diferencia de 1884, cuando se firmó el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile, en 1903 y 1904 no hubo ejercicios o acciones de amedrentamiento del Ejército chileno en áreas cercanas al territorio boliviano. No  se realizó acción alguna que pudiese implicar presiones indebidas por parte de Chile a las decisiones que el Gobierno boliviano tomase en torno a las negociaciones que derivarían en el Tratado de 1904.

Conclusión: Por los hechos reseñados y expuestos brevemente, no es difícil llegar a la conclusión de que el Tratado de 1904 fue un texto negociado y consensuado entre los gobernantes de Chile y Bolivia, con la participación de los políticos más sobresalientes de su época, el cual en muchos aspectos fue funcional y favorable a determinados intereses bolivianos. Dicha negociación fue voluntaria e informada a la opinión pública de ambos países, y lo principal, estuvo libre de cualquier tipo de coacción política o militar por parte del Estado chileno.

El Tratado de 1904 debe ser visto de acuerdo con la óptica de los intereses y pensamientos de las autoridades de principios del siglo XX, y en dicho contexto debe ser analizado, desglosado y criticado. En una época en la que era políticamente correcto decir que “la victoria otorgaba derechos”, el Tratado de 1904 no fue ni remotamente un instrumento al servicio de dicho axioma.

Cita a un investigador boliviano

Según el historiador, que resume el espíritu y la negociación en torno al Tratado de 1904, es el boliviano Agustín Echalar, quien en abril de 2001, en la revista académica Nueva Crónica, expresó lo siguiente: “En una época en que los vencedores imponían todas las condiciones y los perdedores pagaban todos los perjuicios y daños, logramos un acuerdo que visto con ojos no bolivianos (y no necesariamente chilenos), no fue nada malo.

Las deudas de guerra, incluyendo la indemnización a los ciudadanos chilenos, fueron condonadas, se recibió una determinada suma, 300 mil libras esterlinas, se garantizó el libre tránsito y el vencedor se comprometió a construir un ferrocarril para beneficios del perdedor. Si comparamos la Paz de Versalles de 1919 y lo que le tocó pagar a Alemania perdedora, hasta podríamos ver en el Tratado de 1904 un documento moderado y ecuánime. Con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 nuestros gobernantes de entonces renunciaron permanentemente a una ‘soberanía’ del Litoral que una vez había sido boliviano, pero ganaron un libre tránsito, ante todo para el uso del puerto que nunca fue boliviano (Arica), pero que siempre fue el puerto natural de estas tierras”.

Fuente: http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Despejando-mitos-torno-Tratado_0_1591040943.html