CIDH presenta Informe Mujeres privadas de libertad en las Américas
Washington, D.C. - La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el Informe Mujeres Privadas de Libertad en las Américas, en
el cual se analiza la situación que enfrentan las mujeres encarceladas en la
región, junto a los factores que dan lugar a su detención, los obstáculos en el
acceso a medidas alternativas, y los desafíos que enfrentan para reinsertarse
en la sociedad; con un enfoque particular en países del Norte de Centroamérica.
Este
informe constituye el primer estudio regional de la CIDH sobre encarcelamiento
femenino, y representa una primera aproximación al tema. Así, propone una
conversación interamericana sobre la base de sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones con la idea de que le sirvan de referencia a los Estados de la
región al momento de adoptar o revisar medidas de política criminal y
penitenciaria que afecten los derechos de las mujeres, en particular, aquellos
grupos en especial riesgo.
Como
un hallazgo central, el informe da cuenta de un incremento sin precedentes de
los índices de privación de libertad de mujeres en la región. Las mujeres
encarceladas representan el 8% en las Américas, cifra que se duplicó en los
últimos 22 años, en un 56.1%, mientras que la población carcelaria general se
incrementó en un 24.5%.
Las
causas de la mencionada tendencia se enmarcan en la implementación de políticas
de mano dura en materia de drogas, caracterizadas por un enfoque
prohibicionista y represivo focalizado en la erradicación del mercado de drogas
ilícitas mediante la priorización del encarcelamiento frente a alternativas a
la prisión. Por su parte, en los países del Norte de Centroamérica, las
políticas de combate contra la criminalidad organizada se presentan como la
causa del aumento del encarcelamiento femenino, pues proponen mayores niveles
de encarcelamiento como solución a los problemas de inseguridad ciudadana.
El
informe también señala que las mujeres privadas de libertad se enfrentan a la
falta de políticas penitenciarias respetuosas de la perspectiva de género y
medidas diligentes que consideren sus necesidades especiales, lo que impacta en
sus vidas de forma desproporcionada y, en consecuencia, se incrementa el riesgo
de ser víctimas de actos de violencia y discriminación. Esto principalmente
afecta a mujeres en especial situación de vulnerabilidad como las embarazadas,
en período de posparto, lactantes, trans; y en las niñas y los niños que
conviven con sus madres en prisión.
El
informe resalta que, sin perjuicio de los esfuerzos de algunos Estados por
incorporar la perspectiva de género en la regulación y aplicación de medidas
alternativas, el encarcelamiento sigue presentándose como la respuesta
prioritaria frente a determinados delitos. Además, las regulaciones que
contemplan alternativas con perspectiva de género no incorporarían este enfoque
de manera comprehensiva, dejando fuera algunas de las necesidades específicas
que se derivan del género, impidiendo que ciertas mujeres sean beneficiarias.
Por
otra parte, frente a la escasez de políticas de reinserción social respetuosas
de un enfoque de género, una vez ser puestas en libertad, las mujeres se enfrentan
a mayores desafíos para su reinserción en la comunidad en comparación con los
hombres, por la profundizada falta de redes de apoyo y discriminación en
perjuicio, lo que deriva en desafíos tales como escasez de oportunidades
laborales y falta de vivienda. Lo anterior, perpetúa la discriminación
estructural tras volver a colocar a las mujeres en una situación de desventaja
social y económica.
El
Informe se estructura en seis capítulos que incluyen un análisis del
encarcelamiento femenino y sus causas, sobre la situación especial de riesgo y
afectaciones desproporcionadas de la detención, los desafíos en la aplicación
de las medidas alternativas a la prisión, los obstáculos que enfrentan las
mujeres para reinsertarse a la sociedad y las conclusiones del informe, con
recomendaciones para garantizar los derechos de las mujeres en los sistemas de
justicia penal.
Entre
las recomendaciones emitidas, se destacan: 1) adoptar medidas para incorporar
una perspectiva de género en el juzgamiento de mujeres; 2) implementar
políticas penitenciarias con perspectiva de género y respetuosa de los enfoques
interseccionales e interculturales que consideren la discriminación, los
estereotipos, el riesgo y la vulneración de derechos en detención; 3)
incorporar la perspectiva de género y enfoques de interculturalidad e
interseccionalidad en la creación de medidas alternativas a la prisión, y en el
diseño e implementación de políticas de reinserción social.
La
Comisión seguirá realizando un estricto y constante seguimiento acerca de la
situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en las Américas,
prestando especial atención en las medidas que adopten los Estados de la región
para hacer efectivas las recomendaciones señaladas en este primer estudio sobre
la temática. En este sentido, destacan y reiteran su entera disposición de
cooperar con los Estados en la implementación de dichas recomendaciones.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato
de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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