CIDH:
Erradicar la violencia contra las mujeres requiere marcos normativos e
institucionales de prevención, sanción y reparación
25 de noviembre de
2024
Washington, D.C. - En el marco del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) subraya la alarmante realidad de que el 25% de las mujeres en las
Américas ha sufrido violencia física y/o sexual de parte de
sus parejas, mientras que varios países informan un aumento en los casos de
feminicidio. La CIDH insta a los Estados a continuar fortaleciendo los marcos
legales e institucionales para prevenir, proteger y sancionar la violencia
contra las mujeres, cumpliendo la Convención de Belém do Pará.
Según estimaciones de la OMS, el 15% de las
mujeres en América del Norte y el 11% en América Latina y el Caribe han sufrido
violencia sexual, a lo largo de su vida, por parte de una persona distinta a su
pareja íntima. De acuerdo con ONU Mujeres, en América
Latina y el Caribe, solo el 37% de las mujeres se sienten seguras al caminar
solas por las calles de sus barrios durante la noche. Por su parte, las crisis
de institucionalidad democrática, migratorias y relacionadas con el crimen
organizado tienen un impacto diferenciado en las mujeres, exponiéndolas al
riesgo de distintas manifestaciones de violencias.
Durante 2024, varios países de la región han experimentado retrocesos
significativos en las políticas públicas para combatir la violencia de género,
incluyendo la eliminación de ministerios y programas especializados, recortes
presupuestarios y el desmantelamiento de enfoques de género en el sector
público y judicial. Estos retrocesos incluyen intentos de limitar la
credibilidad de los testimonios de víctimas, reducir los plazos para denunciar
violencia y decisiones judiciales que relativizan la protección contra la
violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Además, persisten discursos
oficiales que estigmatizan la defensa de los derechos de las mujeres y niegan
la violencia estructural de género.
A su vez, la región ha experimentado avances, como políticas de
despatriarcalización, promoción del liderazgo femenino en la construcción de
paz, servicios especializados para mujeres en situación de violencia y
programas de gestión de riesgos. En justicia, destacan protocolos de
investigación con perspectiva de género, fallos judiciales que priorizan la
atención a las mujeres y leyes que garantizan reparación integral a familiares
de víctimas de feminicidio, fortaleciendo la respuesta estatal frente a la
violencia de género.
La CIDH sigue preocupada por la necesidad de avanzar en la
implementación de leyes y políticas. La especificidad de la violencia basada en
género, sus causas y consecuencias, debe ser reconocida para lograr un progreso
sostenido en la implementación efectiva de leyes y políticas, y para evitar
retrocesos. La implementación requiere instituciones enfocadas en la violencia
contra mujeres y niñas y en la igualdad de género, con presupuestos adecuados y
encargadas de monitorear los avances para garantizar la rendición de cuentas.
La CIDH considera que la violencia contra las mujeres es un fenómeno
multifacético, estructural y sistémico, que requiere transformaciones profundas
en las representaciones culturales basadas en estereotipos de género. En este
sentido, la Comisión destaca la importancia de que los Estados fortalezcan
políticas públicas orientadas a la prevención, la protección de mujeres en
situación de riesgo y la sanción efectiva de la violencia, con un enfoque
normativo, institucional y cultural. Este esfuerzo debe incorporar de manera
transversal la perspectiva de género en el diseño, implementación y seguimiento
de políticas públicas en todos los órganos estatales, en cumplimiento de las
obligaciones específicas de la Convención de Belém do Pará, adoptando además un enfoque interseccional y
diferenciado para garantizar una respuesta integral a este
fenómeno.
En particular, se necesitan enfoques urgentes para proteger a las niñas
y adolescentes del abuso sexual y sus consecuencias, lo que incluye la debida
diligencia en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción, así como el
acceso no discriminatorio y no estigmatizante a servicios integrales.
Finalmente, se destaca que la construcción y seguimiento de las
políticas públicas para la protección de las mujeres debe contar con la
debida participación social y
liderazgo de las mujeres, con mecanismos eficientes de denuncia, así como la
producción y el acceso a la información y la rendición de cuentas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene
el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
