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lunes, 7 de abril de 2025

PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA BOLIVIANA DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 2025


 

PRONUNCIAMIENTO

La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, emitió un comunicado el 30 de diciembre de 2022, manifestando su preocupación por la instrumentalización del sistema judicial para efectuar persecuciones, detenciones y procesamiento por razones políticas de cientos de personas, con relación al supuesto “golpe de Estado” del 2019.

En esa oportunidad se advirtió que se ponía en grave riesgo el Estado Constitucional de Derecho, generándose un deterioro institucional y una situación de desamparo de los ciudadanos en el resguardo, protección y garantía de sus derechos fundamentales, que infringía las normas de la Constitución, así como de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos; lo cual naturalmente acarrearía más temprano que tarde, responsabilidades de aquellas autoridades y del propio Estado.

En relación a este tema esencial, el 2023 Amnistía Internacional expresó su preocupación por la falta de independencia judicial y la inacción de las autoridades para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En marzo del 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, resultado de su visita in loco a Bolivia,  en el que señaló los desafíos históricos del sistema de justicia, que han resultado en que la población boliviana desconfíe profundamente del Órgano Judicial, especialmente del sistema penal –percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos de turno–, y observó que la consolidación de los avances registrados en materia de derechos humanos se encuentra en riesgo, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios desafíos que enfrenta.

Es necesario recordar también que el GIEI, en su informe titulado: “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos”, advirtió la persistente falta de independencia de la administración de justicia, las graves presiones e injerencias externas en el ejercicio de las funciones de las autoridades judiciales y fiscales, en particular de sectores políticos, aspecto que había sido observado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH); empero, a pesar de los años y las recomendaciones de esos organismos internacionales, no ha sido corregida la alta injerencia política en la administración de justicia que ha debilitado al extremo la independencia judicial, sino que por el contrario ha ido empeorando gravemente.

En marzo del presente año 2025, en el período 101º de sesiones de las Naciones Unidas, se aprobó la Opinión N° 50/2024 del Grupo de Trabajo, el cual concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia y su gobierno han violado la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por la arbitraria detención y privación de libertad de la autoridad electa: el Gobernador del departamento de Santa Cruz, Dr. Luis Fernando Camacho; y expresa especial preocupación por el operativo policial, el uso desproporcionado de la fuerza, la violación del juez natural y otros derechos y garantías constitucionales.

El informe concluye que la decisión jurisdiccional de detención de la referida autoridad es arbitraria, y alarma al Grupo de Trabajo que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya indicado la ausencia laboral de esta autoridad, como fundamento para habilitar al suplente, cuando es público, notorio y evidente que aquél está detenido arbitrariamente, situación que el grupo considera vulnera la separación de poderes y afecta los cimientos del sistema democrático.

En definitiva, los pronunciamientos de organismos internacionales de Derechos Humanos, confirman lo expresado oportunamente por la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, en relación a la existencia de persecuciones, detenciones y procesamiento por razones políticas y, por todo ello, exige a las autoridades competentes:

(i)              dar cumplimiento inmediato a la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su Opinión N° 50/2024;

(ii)           cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la ONU para la Independencia Judicial, sobre la necesidad de realizar las reformas necesarias al sistema judicial del Estado, en el marco de los estándares internacionales, para restablecer la independencia judicial y la del Ministerio Público; y,

(iii)         adoptar todas las medidas necesarias para restablecer a la brevedad los derechos fundamentales de todas las personas ilegalmente perseguidas, detenidas y procesadas, restituyendo así los derechos fundamentales de las mismas, y evitando con ello mayores responsabilidades internacionales de los funcionarios y del propio Estado Plurinacional de Bolivia.

                                                                                           Bolivia, 7 de abril del 2025.

 

EL DIRECTORIO

jueves, 28 de noviembre de 2024

CIDH condena la aprobación de la reforma constitucional en Nicaragua

 




Nicaragua: CIDH condena la aprobación de la reforma constitucional que elimina los contrapesos democráticos

27 de noviembre de 2024

 

Washington, D.C.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que modifica más de cien artículos. Esta reforma, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre de 2024 consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos.

Entre los cambios más preocupantes, la reforma establece un modelo de "democracia directa" que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta con mandatos de seis años. Este modelo elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo. Además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los "principios fundamentales" de la Constitución reformada.

Adicionalmente, mediante la reforma se refuerza el control del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas y policiales, asegurando un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación. En particular, se facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la "estabilidad de la República" para reprimir a la oposición. Asimismo, se oficializa la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde las protestas iniciadas en 2018. Estas medidas consolidan un entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para sofocar cualquier disidencia.

Otros aspectos preocupantes de la reforma incluyen la reducción en la composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, profundizándose su falta de independencia. Así como modificaciones que amplían las potestades del Ejecutivo para despojar arbitrariamente de la nacionalidad a personas nicaragüenses y, a la vez. confiscar sus bienes. Práctica que se ha venido usado como una herramienta de persecución política.

La CIDH advierte que estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana. La reforma formaliza la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Proceso ampliamente documentado por la CIDH en su informe "Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua", que identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de todas las instituciones públicas desde la crisis de derechos humanos de 2018.

La CIDH recuerda que la relación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia está plasmada en la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". La democracia representativa es la base del Estado de derecho y constituye un elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las naciones de la región.

En este contexto, la CIDH hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que redoble esfuerzos encaminados a promover la restauración de la democracia en Nicaragua. Asimismo, exhorta a adoptar medidas coordinadas y efectivas para proteger los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y salvaguardar los principios democráticos en la región.

La CIDH reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos humanos y seguirá monitoreando de cerca la situación en el país, al tiempo que mantiene su solidaridad con cada persona nicaragüense dentro y fuera del territorio nacional.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 295/24

 

 

CIDH publica informe sobre Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua

28 de octubre de 2021

 

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe "Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua" que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y de un profundo deterioro en materia de derechos humanos, de cara a las próximas elecciones generales a celebrarse el 7 de noviembre.

La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo.

Este año, la CIDH constató la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ese sentido, durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.

Asimismo, observó la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural.

La Comisión analiza cómo esta situación se ha venido gestando desde hace más de dos décadas, con el llamado pacto "Alemán-Ortega" de 1999 mediante el cual se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente. El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el Presidente de la República, Daniel Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018.

Estas acciones pudieron materializarse mediante el concurso de diferentes instituciones estatales, la Asamblea Nacional, las instituciones del Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, así también por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Además, se realizaron una serie de reformas en materia electoral, sucesivas hasta el 2021, las cuales, en conjunto, incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos.

Es así que, pese a existir una prohibición constitucional sobre la reelección, en 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que el Presidente Daniel Ortega se presentara como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2011. Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida. En la reciente Opinión Consultiva OC-28-21 "La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", la Corte IDH estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Tal como lo ha reiterado en numerosos informes y comunicados de prensa, para la CIDH, el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e imparcialidad, debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y reformas legales que desde 2010 permitieron procesos de designación y permanencia contrarios al principio de independencia judicial. A estos factores, se sumó una carrera judicial sin garantías de imparcialidad. Asimismo, la designación de personas de afiliación partidista y cercanas al Ejecutivo en el Ministerio Público ha significado la progresiva pérdida de su independencia y autonomía mediante su instrumentalización a los intereses del gobierno, conforme se observa claramente en los hechos ocurridos este año.

Toda esta situación no habría sido posible sin el control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Todo ello quedó en evidencia en la represión estatal a las protestas sociales iniciadas en 2018 y conforme lo ha reiterado la CIDH en sus diversos informes y comunicados de prensa en los últimos años.

El informe de la Comisión da cuenta del rol de todas las instituciones mencionadas tanto en el proceso de concentración del poder político, como en las diferentes modalidades de represión, en particular, sobre las diferentes etapas y modalidades y cómo esta terminaron en el completo quebrantamiento del principio de separación de poderes y en la instalación de un Estado de excepción de facto, que fue corroborado en el informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 del GIEI-Nicaragua, publicado el 20 de diciembre de 2018.

La Comisión ha identificado, entre otros, hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al Gobierno, el uso arbitrario de la fuerza letal y no letal que derivó en violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Todo ello, perpetrado por grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo.

En el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país, las elecciones generales de noviembre de 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas.

El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el reestablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes. Para ello se debe garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana. En este contexto, en el informe, la Comisión realiza una serie de recomendaciones al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 284/21

 


viernes, 15 de marzo de 2024

CIDH publica Informe sobre situación de derechos humanos en Bolivia


 

CIDH publica Informe sobre situación de derechos humanos en Bolivia

14 de marzo de 2024

 

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia" que analiza la situación de derechos humanos en el país, con base en lo observado durante la visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023; los desafíos estructurales, así como los principales avances y retos pendientes desde la anterior visita, realizada en 2006.

Desde aquella fecha, Bolivia ha experimentado una serie de importantes transformaciones sociales basadas en reclamos históricos. Estas fueron recogidas en la Constitución Política del Estado, de 2009, que introdujo un amplio catálogo de reconocimiento de los derechos humanos con perspectiva de descolonización, despatriarcalización y garantía de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Con el nuevo marco constitucional, se han producido significativos avances en la disminución de la desigualdad en grupos humanos tradicionalmente excluidos de la atención estatal. Sin embargo, la implementación de esta nueva visión de Estado ha encontrado desafíos que impiden la garantía plena de los derechos reconocidos constitucionalmente.

Entre los desafíos pendientes identificados por la Comisión se destacan medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo la jurisdicción indígena originario campesina, así como los derechos del pueblo afroboliviano. Además, se notan los retos para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias y de género diverso e intersex. Por otro lado, se nota la necesidad de atención estatal a los impactos ambientales derivados de actividades extractivas; garantías para el acceso al agua, la salud, el trabajo y la educación, entre otros.

El documento, también, da cuenta de la continuidad de la debilidad institucional histórica, afectada por la polarización política profundizada y analiza cómo este fenómeno social agrava la conflictividad, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos en el país. Además de afectar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la libertad de expresión.

El informe analiza los desafíos históricos del sistema de justicia, que han resultado en que la población boliviana, en toda su diversidad, desconfíe profundamente del órgano judicial; especialmente, del sistema penal, percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos de turno, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre en el ejercicio del poder. La CIDH observa que la consolidación de los avances registrados en materia de derechos humanos se encuentra en riesgo, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios desafíos que enfrenta.

El informe contiene observaciones y recomendaciones para atender los desafíos pendientes en derechos humanos y pone a disposición del Estado su mandato de cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones para el acompañamiento a las medidas que sean adoptadas para ese fin. La CIDH reconoce la apertura del Estado Plurinacional de Bolivia al escrutinio internacional, agradece la invitación para realizar la visita, que se llevó a cabo en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre, así como las facilidades logísticas y el respeto a su mandato. Finalmente, extiende su agradecimiento a la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, personas privadas de libertad, y víctimas que presentaron sus informes, relatos y testimonios.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en la materia. La CIDH está formada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 053/24

11:45 AM

 



miércoles, 31 de enero de 2024

CORTE IDH: INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL INTERAMERICANO 2024


 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CELEBRÓ LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL INTERAMERICANO 2024

 

San José, Costa Rica, 31 de enero de 2024.- El lunes 29 de enero se desarrolló la Ceremonia de Inauguración del Año Judicial Interamericano 2024, además tomo posesión simbólica de la nueva Directiva de la Corte IDH conformada por la Presidenta, Jueza Nancy Hernández López, de Costa Rica, y el Vicepresidente, Juez Rodrigo Mudrovitsch, de Brasil, para el período 2024-2025.

La Presidenta del Tribunal, expresó su profundo agradecimiento a sus colegas, Jueces y Juezas por la confianza depositada al ser elegida para presidir la Corte: “Asumo este honor con compromiso y responsabilidad”.

Durante su discurso, la Presidenta se mencionó los impactos significativos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana a lo largo de su historia, recordando que desde sus primeros años, el Tribunal “contribuyó significativamente a la transición de dictaduras a democracias”. También, la Corte ha visibilizado y protegido a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, “estableciendo estándares para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, pueblos indígenas y tribales, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas LGTBI, privadas de la libertad, desplazadas forzadas, periodistas y personas en situación de pobreza”.

La Presidenta Hernández López se refirió a diversos mitos que rodean la labor de la Corte Interamericana y los derechos humanos. El primero de ellos fue la afirmación de que existe una dicotomía entre seguridad y libertad, la Presidenta asegura que “es totalmente legítimo que los Estados hagan frente de manera directa y oportuna a quienes actúan fuera de la ley. No obstante, las medidas restrictivas de derechos deben ser proporcionales y no violentar derechos humanos. Solo la superioridad moral del Estado de Derecho puede hacer frente a estos casos. El Estado no puede ensuciarse las manos, ni actuar como un criminal común”.

Entre otros mitos, la Presidenta también combatió el enunciado “los derechos humanos son para otros, no nos conciernen a todos”, debido a que provee “una perspectiva errónea y peligrosa que socava los principios fundamentales de la dignidad humana y la igualdad inherentes a la idea de derechos humanos”.

Sobre los desafíos institucionales que enfrenta el Tribunal, la Presidenta Hernández López declaró la necesidad de reducir los plazos y la duración de los casos: “El tiempo que pasan [los casos] oscila entre 10 a 12 años. Este plazo afecta a las víctimas, a los Estados y en definitiva al acceso a la justicia”.

También, se refirió al presupuesto de la Corte afirmando que “de los tres Tribunales Regionales en derechos humanos que existen en el mundo, este es el Tribunal con menos presupuesto a pesar del gran impacto que tienen sus decisiones”, solidificando la necesidad de dotar a la Corte de un presupuesto que permita hacer un trabajo de manera “previsible y de acuerdo con las necesidades de la región”.

Además, subrayó el imperativo de contar con Jueces y Juezas de dedicación exclusiva en los próximos años, la implementación de un Sistema Informatizado de Expediente Digital y el fortalecimiento del relacionamiento con jueces y operadores judiciales. Sobre este último dijo: “Esperamos poder empezar este 2024 con una importante iniciativa de relacionamiento que permita, compartir experiencias y herramientas y aprender uno de los otros y buscar soluciones conjuntas a los problemas de la región”.

Puede ver el discurso completo de la Presidenta Hernández López aquí.

La Ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República de Costa Rica, Sr. Rodrigo Chaves Robles; el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Arnoldo André Tinoco; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sr. Rodrigo Arias, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Orlando Aguirre, la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Sra. Eugenia Zamora, así como con los Presidentes de las cuatro Salas, Magistrados y Magistradas del Poder Judicial de Costa Rica; altas autoridades de instituciones de Costa Rica y representantes del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales acreditados en el país.

Al evento también asistió una delegación de autoridades de Brasil que incluyeron al Presidente del Supremo Tribunal Federal, Sr. Luís Roberto Barroso; el Procurador General, Sr. Paulo Gonet Branco, la Ministra Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Marita Thereza de Assis Moura; el Abogado General de la Unión, Sr. Jorge Messias, y el Ministro del Tribunal Superior Electoral, Sr. André Ramos Tavares.

De México estuvo presente la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sra. Norma Piña Hernández.

El Presidente de la República de Costa Rica, señor Rodrigo Chaves Robles, felicitó a la nueva Directiva y afirmó que “desde su fundación, esta organización ha contado -y seguirá haciéndolo- con el apoyo incólume de Costa Rica”.

Puede ver el discurso completo del Presidente de la República de Costa Rica aquí.

El Ministro y Presidente del Supremo Tribunal Federal de la República Federativa de Brasil, Luís Roberto Barroso, ofreció la charla magistral sobre la “Revolución Tecnológica, Plataformas Digitales e Inteligencia Artificial”.

Vea charla magistral del Ministro Presidente Luís Roberto Barroso aquí.

***

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr o envíe o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Gabriela Sancho prensa@corteidh.or.cr

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las actividades de la Corte en FacebookTwitter (@CorteIDH para la cuenta en español y @IACourtHR para la cuenta en inglés), FlickrInstagram, Vimeo, Youtube Linkedin y Soundcloud.

 



lunes, 10 de octubre de 2022

CUATRO DÉCADAS DE DEMOCRACIA EN BOLIVIA

 


CUATRO DÉCADAS DE DEMOCRACIA  

                                                                               William Herrera Áñez(*)

El pueblo boliviano celebra este 10 de octubre cuatro décadas de la reconquista del sistema democrático y las libertades fundamentales. La democracia representativa ha convertido al pueblo —titular de la soberanía— en el protagonista de la conformación del poder público y sus múltiples instituciones. La Constitución establece que la “soberanía reside en el pueblo, se ejerce de forma directa y delegada, y de ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible (art. 7).

Las reglas democráticas constituyen un método para tomar decisiones con unas características muy particulares. El pueblo tiene el legítimo derecho de aceptar o rechazar a las personas que han de gobernarles. En principio, se funda en la hipótesis de que todos pueden opinar y decidir sobre todo, y cada ciudadano es el mejor juez de sus propios intereses, ya que se supone que una persona madura, mayor de edad, sabe muy bien lo que le conviene y adopta sus decisiones responsablemente.

El pluralismo, la democracia política, la crítica, entre otros atributos, resultan imprescindibles para construir cualquier otra forma de democracia como la social, la económica, la cultural, etc. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no es perforándola ni poniéndoles palos a la rueda. Los países en los que se han alcanzado mejores niveles de vida, libertad, igualdad, bienestar y prosperidad, son países democráticos.

            En democracia decide la mayoría, siempre y cuando esa mayoría haya respetado las formas y los límites constitucionales. Entre esos límites figura la separación de poderes, el control social, la fiscalización, la transparencia de la cosa pública, la alternabilidad en el ejercicio del poder, el período presidencial de 5 años y una sola relección. El respeto a las minorías, la tolerancia política, el consenso, el diálogo, el debate democrático, la libertad de expresión, son imprescindibles para una verdadera convivencia democrática. Y como el juez tiene que garantizar los derechos fundamentales y los valores democráticos, sin independencia judicial no existe Estado Constitucional de Derecho, ni es posible la verdadera democracia.

En general, las movilizaciones ciudadanas (como el cabildo) tienen que ser una llamada de atención, y constituyen un síntoma de que algo no está funcionando bien y los gobernantes deben tomar muy en cuenta, reflexionar y comenzar a buscar una respuesta satisfactoria. Pero no sólo deben poner atención al reclamo ciudadano, sino fundamentalmente tienen que saber escuchar a esa mayoría silenciosa, que se queda en su centro de confort pero que tiene el poder de hacerse sentir con el voto en las urnas.

El consentimiento de los gobernados es la fuente última de legitimación del poder y ese consentimiento o respaldo no se presume, sino que es verificable fehacientemente, mediante elecciones limpias, fiables y competitivas. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo parece decidido a torpedear los valores democráticos e imponer el pensamiento único con la finalidad de eternizarse en el poder.

Con el propósito de cambiar este clima autoritario y polarizado, el gobierno tiene que allanarse a una reforma judicial, transparentar la administración pública, mejorar la gestión gubernamental, combatir la corrupción y generar confianza ciudadana. La transparencia es “el mejor desinfectante” contra la corrupción. Que la mayoría de los ex mandatarios de Latinoamérica, se encuentren sometidos a la justicia por actos de corrupción evidencia, por un lado, que este “monstruo” ha trepado alto y, por otro, la voluntad política de luchar contra este flagelo, que amenaza la institucionalidad democrática.

La democracia en Bolivia se encuentra herida de muerte y sistemáticamente amenazada por el poder político, la cultura de la intolerancia, la censura a los medios de comunicación social, el hiperpresidencialismo, la instrumentación de la justicia, la persecución a los opositores, entre otros factores. Los gobernantes siempre deben tener presente que en democracia las formas, los modos, los procedimientos, los ritos, los gestos, son tan importantes como los contenidos. En fin, la historia de la democracia está llena de pequeñas miserias humanas, de imperfecciones, de frustraciones, pero la historia del fascismo, del comunismo, de los totalitarismos, es sencillamente un horror.

 

 



(*) Jurista y autor de varios libros.


lunes, 29 de febrero de 2016

REFERÉNDUM EN BOLIVIA: Ganó el No porque en el MAS el aparato estatal desplazó al orgánico






El MAS perdió el referéndum. Su explicación de la derrota (traición de la clase media y guerra sucia en redes) parece insuficiente, por lo que se barajan otras interpretaciones, entre ellas que en el MAS el aparato estatal sustituyó al orgánico.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar
00:22 / 28 de febrero de 2016


Diez años de continuas y aplastantes victorias electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS) han sido una anomalía en la historia política boliviana.

Naturalmente, el MAS presume de ello, y con mucha razón. No obstante, esa inédita buena racha sostenida por una década sufrió un trastorno el 21 de febrero, cuando en el referéndum que consultaba si se debía modificar la Constitución para posibilitar dos reelecciones consecutivas para los cargos de Presidente y Vicepresidente salió perdedora la opción que propugnaba Evo Morales. Se decidió por voto ciudadano que la Constitución se mantenga invariable.

Descontando las derrotas en la elección judicial (2011, cuando ganó el voto blanco y nulo), el referéndum estatutario (2015) y alguna pérdida de espacios a raíz de los comicios subnacionales (2015), se puede decir que las opciones que promovió el MAS en las diferentes campañas no fueron fracasos que afecten el invicto de Evo Morales sino muy indirectamente. Hoy el panorama es otro, pues la imbatibilidad electoral de la cabeza del proceso de cambio fue quebrantada por primera vez. Se afirma esto porque la misma campaña del MAS dio el cariz concreto de que se estaba votando a favor o en contra de su líder, más que por una modificación en abstracto de la Constitución.

Al respecto, Salvador Schavelzon, doctor en Antropología Social, señala que en realidad el MAS ha descendido 18 puntos en relación al último referéndum en el que también estaban directamente involucrados el Presidente y el vicepresidente Álvaro García Linera; es decir, el referéndum revocatorio de 2008, cuando el binomio obtuvo 67,4%. En el referéndum del domingo fue favorable con Morales y García el 48,67%, la diferencia es de 18,73 puntos porcentuales.

Hay que profundizar, sin embargo, en las razones por las que el MAS perdió, ya que de éstas derivarán los retos que deberá asumir este conglomerado de actores que forma un partido poco tradicional.

Separación. Precisamente es en una disociación dentro del Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos donde se encuentra uno de los factores por los que ganó el No.

Dicho sin anestesia: “En lugar de un partido de bases movilizadas, el MAS se transformó en un partido de hombres de Estado y electores”, apunta Schavelzon.

La politóloga Helena Argirakis refuerza la hipótesis: “¿Por qué el descenso (de votos)? En lo interno: (porque) el aparato estatal reemplazó al aparato orgánico del instrumento, hubo mucha presencia del aparato estatal y eso fue un boomerang”.

De hecho, dirigentes de movimientos sociales dan indicios de que la disociación existe (esto sin olvidar la complejidad de que la mayoría de los dirigentes de movimientos sociales son a un tiempo hombres y mujeres de Gobierno): “Ha habido alguna soberbia de algunos ministros que apoyan a nuestro Presidente, tal vez pueda ser esa duda y desconfianza que se ha creado”, dijo Concepción Ortiz, vicepresidenta del MAS sobre la derrota del Sí.

Aún más: “en la evaluación nacional vemos que las organizaciones sociales nos hemos sentido relegadas, por el rol que teníamos (que) jugar (en la campaña) y en ese momento se formó las comisiones especiales encabezadas por ministros y senadores y eso ha dificultado el trabajo”, declaró a ANF Juan Alfaro, secretario de Tierra y Territorio de los Interculturales.

Pero no es todo: “Quizás a nivel del MAS, (con) las autoridades políticas no se ha trabajado con humildad ni de manera orgánica; quizás algunos temas internos o ambiciones de grupo o la mezquindad, eso ha perjudicado al interior de la administración política”, dijo Rodolfo Machaca, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) al mismo medio.

Todo esto, sin embargo, requeriría de un mayor análisis, porque, como se dijo, la problemática está atravesada por la complejidad de que la línea que diferencia a dirigentes de movimientos sociales de hombres y mujeres de Gobierno y Estado suele ser delgada.

Algo que se viene repitiendo desde hace mucho y que resulta consistente con la observación de Argirakis y Schavelzon de que se hayan sustituido a la base movilizada o al aparato orgánico por “hombres de Estado” y “aparato estatal”, es una costumbre de la partidocracia que confunde a funcionarios de Estado con militantes del partido de Gobierno. El MAS niega que sus funcionarios hagan campaña obligados, pero es sabido que lo hacen. Esto posiblemente sea una muestra, en pequeño, de la sustitución de la que hablan los académicos mencionados. Una vez más está la complejidad, ya que la línea entre funcionario del Estado durante una gestión de gobierno y la militancia en el partido de turno suele ser muy delgada, aunque sin duda existe en el acarreo de servidores públicos durante las campañas un uso proselitista de los recursos humanos del Estado, que causa resistencia en estos mismos trabajadores del sector público, según testimonios de funcionarios no militantes que deben ser guardados en reserva. El resultado es: “hago campaña (por el Sí) pero voto No”.

De la observación de la disociación, entonces, deriva uno de los retos del MAS que en última instancia intuye esa misma disfunción entre aparato estatal y bases movilizadas. El sociólogo Jorge Komadina dice que el oficialismo debería crear un espacio para la proyección de otro tipo de líderes, “que no provengan de la administración gubernamental, sino de la sociedad”. La recomendación presiente el mismo problema que notaban sus colegas académicos.

CAMPAÑA. Las quejas de los dirigentes de movimientos sociales, por muy concretas que parezcan al referirse específicamente a los errores en la campaña, son síntoma de que la disociación puede darse en diferentes campos de la gestión política.

Se tiene entonces un desgaste: “en lo orgánico, la conversión del aparato en una especie de agencia de empleos y de tráfico de influencias deriva en que se desterritorializa la gestión política a causa de la lógica prebendal”, explica Argirakis.

El diputado por el MAS Manuel Canelas nota que, a la vista de los resultados, puede tener sentido el análisis que plantea consecuencias distintas por la presencia de uno u otro de los aparatos, orgánico o estatal: “En los lugares donde ha habido más presencia orgánica y no tanto estatal el resultado de la votación ha sido bueno. En cambio, donde hubo un intento de desembarco estatal muy fuerte como en el oriente, sin acompañamiento de presencia orgánica tan fuerte, se ha perdido”.

La administración del MAS realizó fuertes inversiones en el oriente, sin embargo en Santa Cruz el No ganó con mayor volumen.

Canelas señala que habría que estudiar caso por caso, aunque subraya una coincidencia a favor de la hipótesis: La Paz y Cochabamba, donde el MAS tiene una estructura orgánica de lejos más establecida que en otros departamentos, ganó el Sí. Al contrario, “donde más hay presencia estatal que suple a la orgánica es en Santa Cruz, Beni y Pando”. En los tres el No ganó. Chuquisaca es un contraste, ya que existe una estructura orgánica incluso “más vieja” que la de La Paz y sin embargo “no funcionó”.

“Muy tentativamente es probable que tenga sentido”, concluye.

Ahora, en muchos casos hubo presencia estatal (siguiendo el libreto de campaña de entrega de obras) sumada a un aparato orgánico fuerte, como en La Paz y Cochabamba. “Ha funcionado mejor en los lugares en donde has tenido las dos cosas: presencia estatal con entrega de obras y liderazgo de ministros, es decir campaña desde la administración, pero con un correlato orgánico. Si solo tienes presencia estatal, no termina de funcionar; si tienes solo estructura orgánica, tampoco”.

En todo caso, Komadina se pregunta: “¿Podrá el MAS cambiar su estilo de gestión partidaria y de toma de decisiones que vienen del sindicalismo campesino, que es centralista, cuando son prácticas muy arraigadas y por tanto difíciles de cambiar?”. Ése es otro desafío.

Por supuesto que la disociación mencionada no sería la única razón de la derrota del Sí. Existen otras explicaciones plausibles.

REDES. El MAS, sin embargo, razonó de otra forma. El Presidente habló de tres causas, que alternan un factor externo y uno interno. Al saberse que el No había ganado, Morales dijo que un elemento fue la guerra sucia en redes; otro, que la mala gestión en algunas alcaldías de su partido perjudicó; y, que existen masistas “que están por pegas”. En esto último realizó una alusión a los miembros de la clase media del MAS y citó a Sergio Almaraz: “La clase media es clase a medias”. Es decir, que cuestionó la alianza del MAS con alguna parte de la clase media. “Supuestos militantes del MAS quienes son clase a medias, hay muchos muy comprometidos”, matizó.

Si bien siempre hubo elementos de la clase media provenientes de la izquierda en el MAS desde su primera participación en elecciones nacionales en 2002; es a partir de 2010 cuando se busca consolidar la hegemonía territorial, y hay un giro y llamado directo del partido de gobierno para incluir a profesionales y “empresarios patriotas”, llegándose incluso a invitaciones directas a elementos ligados con el pasado ‘neoliberal’.

Es sobre este aspecto que la politóloga Helena Argirakis encuentra otros problemas y retos tras el referéndum, al señalar que es necesario un “análisis y sinceramiento” del MAS: “¿hasta qué medida sirvió una alianza con Percy en cuanto a sumar votos?, ¿las concesiones hechas al empresariado cruceño, le han sumado votos? A mí me entra la duda. Entonces las decisiones no han sido las más convenientes”.

Otro aspecto que da razón de la derrota lo explica Schavelzon: “Lejos de horizontes de cambio, de un Partido-Movimiento que representaba a los de abajo y de una crítica a los problemas más profundos de Bolivia, la comunicación política apuntó a un votante individual, desvinculado de las luchas del pasado y que debería votar al MAS por su capacidad de gestión y sus resultados económicos de un capitalismo periférico”.

Cuando se trata de gestión, y no de política y transformación, “es fácil que el voto comience a ser fluctuante, porque quizás para muchos no sea más Evo Morales o el MAS quien mejor vaya a administrar un Estado y un modelo económico que en su esencia no fue modificado y que tiene a sus antiguos representantes ansiosos por regresar”.

Argirakis habla de lo mismo: “La premisa de que la línea de campaña por el Sí era la entrega de obras, lo que no funcionaba por la constitución política ideológica del referéndum”.

CONEXIÓN. El “hallazgo” del MAS de que la guerra sucia en redes fue determinante es desbaratado con facilidad por Schavelzon:Lo que veo es que el problema del MAS no son las campañas sucias sino el problema de conexión con lo que le dio origen (las luchas sociales por la transformación del Estado), y ése es el desafío del MAS para encontrar fuerzas de horizonte transformador, antes que de gestión”.

Un factor externo al partido de gobierno que menciona Argirakis es que hayan podido unirse bajo la misma consigna política las oposiciones. Sin embargo, ese 51,3% alcanzado se fragmenta entre el proyecto de los disidentes, del centro, de la derecha reaccionaria (“que ha vuelto a resurgir con planes de desestabilización”) e incluso los jóvenes antisistémicos que no se identifican con ninguno de estos bandos. Al contrario, el 48,6% que votó Sí es administrado únicamente por la sigla del MAS; “por tanto, no está en duda de que siga siendo la primera fuerza política del país”.

Más explicaciones. Para Komadina la derrota del MAS no se debe a las “peripecias propias de la campaña”, sino que se origina en una “estrategia fallida que es el referéndum mismo”, es decir, una estrategia de reproducción del poder. Tal vez, al no tener líderes intermedios, apunta, “al MAS no le quedaba otra opción”.

Esta “estrategia fallida” generó un “rechazo espontáneo” sobre todo de clases medias urbanas “que tienen gran capacidad de influencia en la opinión pública”.

Otro aspecto que menciona este académico es el de la corrupción como la del Fondo Indígena, o el caso de Gabriela Zapata, los cuales “atacaron el capital simbólico del Presidente, que no había sido antes interpelado nunca. Ahora la gente presume que pudo haber tráfico de influencias”.

Entonces, concluye que no hubo una “revitalización de la oposición, sino las propias trampas que el MAS se ha puesto”.

Los desafíos internos que recomienda es la democratización e institucionalización de su organización, “que es muy frágil, mal aplicada y evocéntrica. No puedes defender un proceso de cambio histórico con una organización tan débil que depende de una persona”.

Siguiendo el razonamiento de Komadina, es entonces posible decir que el MAS deberá explicar de manera más satisfactoria el caso del tráfico de influencias, pues no basta en absoluto decir que éste no existió, solo para despejar las dudas.