El proceso de cambio del que hablamos...
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Otra línea argumental del libro de (Álvaro) García es atribuirnos lo que no decimos. Como es tan común en los polemistas de pobres razones, García quiere que seamos y digamos lo que él escasamente puede rebatir. Así es que nos atribuye haber dicho que en el país “nada ha cambiado” (op. cit.: 12, El ‘oenegismo’, enfermedad infantil del derechismo). Ésta es otra mentira.
Lo que afirmamos en nuestro Manifiesto (Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo) es que hoy, a casi seis años de gobierno de Evo Morales, la gran mayoría del pueblo se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre, y que pareciera que a los que mejor les ha ido, es a los que siempre les fue bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes. Nos ratificamos plenamente en ello, y lo que tendría que hacer García, si su intención fuera debatir con honestidad, sería aceptarlo o negarlo, y no endilgarnos otra afirmación para eludir su posición frente a lo que realmente hemos dicho.
Mal podríamos afirmar que en el país “nada cambió”, si desde el mismo título de nuestro Manifiesto reconocemos la histórica apertura de un proceso de cambio y llamamos a recuperarlo desde la iniciativa y la movilización social. Sin embargo, nuestra comprensión de dicho proceso es profundamente distinta a la de García y del Gobierno. Para ellos, el proceso de cambio es, lisa y llanamente, lo mismo que el Gobierno de Evo Morales; para ellos, proceso y Gobierno de Morales son sinónimos perfectos.
Así de simplista y propagandística es su visión del proceso histórico del país. Para nosotros, en cambio, el proceso es la proyección y expresión estatal de la emergencia indígena, campesina y popular producida en las últimas décadas, contra las viejas estructuras de la dominación colonial y las recientes del modelo neoliberal. Esta expresión estatal, si bien ha quedado restringida al ámbito de la formalidad jurídica en los casos de mayor relevancia global, tiene la extraordinaria significación histórica de definir, desde el propio seno de la institucionalidad estatal, el carácter de un nuevo Estado y una nueva sociedad. Éste es particularmente el sentido de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que, recogiendo las aspiraciones, demandas y proyectos de las mayorías nacionales, ha proclamado el carácter plurinacional, comunitario y autonómico del Estado boliviano y ha definido el modelo social-comunitario como principal orientación en organización económica de la sociedad boliviana.
En todo caso, y ya prevenidos de la repentina y notable devoción jurídica de García, ésa que le hace creer que porque un decreto supremo dice que los hidrocarburos son de propiedad del Estado efectivamente lo son, cabe añadir que, como ha sido propio de la escisión entre la ley y la realidad a lo largo de toda nuestra historia, no porque la CPE preceptúe el carácter plurinacional del Estado, éste lo habrá adquirido en la realidad concreta. Para que esto último ocurra, son necesarios los resueltos impulsos transformadores de las estructuras estatales a los que el Gobierno ha renunciado.
Y siempre en el ánimo de prevenir las audaces distorsiones con las que García pretende servirse de la realidad, esta vez las de simple carácter propagandístico, es necesario destacar que las realizaciones estatales en las que el proceso de cambio tiene su expresión y, a la vez, la apertura de su perspectiva transformadora del conjunto de las estructuras sociales y políticas, no son, en lo principal, obra del gobierno de Evo Morales o del MAS (Movimiento Al Socialismo). Son más bien el resultado directo de la ofensiva social y política del emergente movimiento indígena y campesino que, articulado a la movilización de los otros sectores populares, fue capaz, primero, de resistir y derrotar el modelo neoliberal derrocando y expulsando a sus exponentes, instalar democráticamente en el Gobierno —con un claro mandato de transformación revolucionaria— a quienes creyó sus representantes y, por último, concebir un nuevo Estado y una nueva sociedad y establecerlos como razón y carácter del Estado boliviano.
Algunas de estas realizaciones, en los momentos de mayor vigor en la incidencia autónoma de las organizaciones populares emergentes sobre el poder político, se produjeron con la participación, generalmente débil y vacilante, del Gobierno de Evo Morales. Pero varias otras se produjeron sin esa participación y aun contra ella. Éste último es el caso de varios contenidos de la nueva CPE, fundamentales para definir el sentido de los cambios en el país, como el carácter comunitario de la distribución y redistribución de la tierra, o la representación política directa de los pueblos indígenas en las estructuras de los poderes públicos. Tan evidente fue la adversidad gubernamental a varias demandas e iniciativas de las organizaciones sociales-populares en el proceso constituyente que, cuando pudieron, aprovechando el desenlace crítico del mismo, las desplazaron del texto constitucional en acuerdo con la derecha parlamentaria.
Y en el caso de las que no pudieron eliminar en Oruro, en el edificio de la Lotería Nacional o en el Senado en La Paz, por mucho que quisieran y la derecha empresarial se los pidiera, han optado por el viejísimo y simple recurso del poder político oligárquico: violar la Constitución e ignorarlas en los hechos, como viene ocurriendo con buena parte de los derechos constitucionales indígenas.
Para entender la pulseta
Aunque todavía son un misterio las reales motivaciones de la salida del Gobierno de algunos funcionarios, como Alejandro Almaraz (Viceministro de Tierras) o Gustavo Guzmán (Embajador en Estados Unidos), la disidencia emergió a la luz pública con el Manifiesto por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo firmado por un grupo de intelectuales y líderes sociales afines al MAS.
Álvaro García Linera salió al paso con un ensayo (El ‘oenegismo’, enfermedad infantil del derechismo, o cómo la ‘reconducción’ del proceso de cambio es la restauración neoliberal) que generó una de las polémicas más gravitantes de la política en 2011.
En este documento, el Vicepresidente del Estado reivindicó varias de las acciones del gobierno de Evo Morales y, además, llamó “un grupo de resentidos políticos” a los firmantes del manifiesto (Almaraz, Raúl Prada, Guzmán, entre otros). En una entrevista con Animal Político de La Razón (14 de agosto de 2011), García Linera consideró a aquéllos como “adherentes superficiales”.
Las divergencias se han convertido en un debate de ida y vuelta. Ahora, en un libro que salió de imprenta el viernes (Mascarada del poder) y con una introducción de Guzmán, Almaraz, Omar Fernández, Óscar Olivera, Roberto Fernández, Jorge Komadina, Pablo Mamani, Pablo Regalsky y Gustavo Soto le plantean una réplica a García Linera. (Rubén Atahuichi, editor Animal Político)
