Mostrando entradas con la etiqueta ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Mostrar todas las entradas

lunes, 18 de abril de 2016

LIBRO: Estudios de Jurisprudencia Constitucional en Bolivia 2016





En un nuevo libro editado por el Grupo Editorial Kipus, el abogado Alan Vargas Lima analiza varios temas de la Jurisprudencia Constitucional del país. Asimismo, el autor señala a La Gaceta Jurídica que el único propósito del volumen es coadyuvar al conocimiento y comprensión de este ámbito del Derecho en esferas académicas, sociales y en el ejercicio de la abogacía.

La Razón (Edición Impresa) / La Gaceta Jurídica
00:00 / 17 de abril de 2016


¿Qué es la Jurisprudencia Constitucional y cuál su importancia en el mundo?

Se entiende por Jurisprudencia Constitucional a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la Constitución y las leyes –desde y conforme a la Constitución– cuando resuelve un caso concreto, creando subreglas o normas adscritas a partir de la extracción de normas implícitas o, en su defecto, de la integración o interrelación de las normas constitucionales.

Desde otra perspectiva –siguiendo las ideas del profesor José Antonio Rivera– se puede señalar que la jurisprudencia constitucional es la parte de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la que se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, donde se explicita qué es lo que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas.

La importancia del estudio de la Jurisprudencia Constitucional se ha amplificado a nivel nacional e internacional, como consecuencia del Diálogo Jurisprudencial que sostienen muchos tribunales constitucionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por la marcada influencia que tiene el control de convencionalidad en las actividades jurisdiccionales de los órganos encargados del control de constitucionalidad en cada país. En muchos casos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha seguido esa línea, por ello es indispensable el estudio de la Jurisprudencia Constitucional generada en nuestro país.

¿Hasta qué punto se puede evaluar el desarrollo de la Jurisprudencia Constitucional en Bolivia?
Es decir, ¿tiene un buen nivel en comparación a la media mundial y regional?

Para una adecuada evaluación del desarrollo de la Jurisprudencia Constitucional en Bolivia, es necesario examinar la evolución del Tribunal Constitucional desde sus inicios hasta el presente (desde su primera época, pasando por la de transición, hasta la plurinacional).

Con ello quiero decir que en la primera época del Tribunal Constitucional (1999-2007) existió intensa elaboración jurisprudencial –tal vez incipiente, pero muy novedosa–, lo que llamó la atención de muchos juristas en el exterior y que sirvió para que los abogados bolivianos nos involucremos en la nueva dinámica del control de constitucionalidad que se había implementado.

Sin embargo, la crisis institucional del Tribunal Constitucional afectó su desenvolvimiento y la producción jurisprudencial del órgano contralor de constitucionalidad disminuyó; existió, inclusive, un lapso en que este tribunal no tenía miembros, por ende, la justicia constitucional prácticamente había desaparecido.

Cuando se decidió reanudar las actividades de esta institución se inauguró un periodo de transición (2010-2011) que, si bien restableció la administración de justicia constitucional, se basó en las líneas jurisprudenciales y precedentes obligatorios establecidos años antes por la enorme utilidad e importancia de las sentencias, aunque ello no impidió que se produjeran algunas reconducciones o reformulaciones (mutaciones) de la jurisprudencia constitucional para efectivizar la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.

Actualmente, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 y a partir de la posesión de los magistrados constitucionales elegidos por voto popular, nos encontramos en la época del “Tribunal Constitucional Plurinacional” (2012), lo que implicó la responsabilidad de interpretar y desarrollar las normas (axiológicas, dogmáticas y orgánicas) de la nueva Constitución.

En esa tarea se ha generado jurisprudencia muy interesante que, en muchos casos, ha servido para comprender el nuevo texto constitucional, aunque en otros se advirtió falencias y desaciertos evidentes en algunas resoluciones.

No obstante, el nivel de la Jurisprudencia Constitucional boliviana no tiene nada que envidiar a la extranjera o a la interamericana, porque muchos de esos fallos y casos constituyen su fuente y fundamento esencial.

¿Qué son los estudios de Jurisprudencia Constitucional en Bolivia?, ¿constituyen una disciplina de investigación en Derecho, son una iniciativa personal, una preocupación de los órganos del Estado como veta para el desarrollo del sistema jurídico nacional?

El estudio de la Jurisprudencia Constitucional corresponde concretamente al ámbito del Derecho Jurisprudencial, que en el caso de Bolivia se acrecentó a partir de la vigencia de la CPE, dado que esta norma fundamental reconoce el carácter vinculante y el cumplimiento obligatorio de las sentencias constitucionales (con calidad de cosa juzgada constitucional), que en conjunto constituyen la jurisprudencia constitucional vigente, cuya selección de temas en los ámbitos del Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Administrativo conforman el contenido de este nuevo libro, Estudios de Jurisprudencia Constitucional en Bolivia.

Se debe puntualizar que el Derecho Jurisprudencial, desde la perspectiva de la Jurisprudencia Constitucional, es una nueva disciplina que requiere profundo análisis para mayor desarrollo a nivel académico, para que las autoridades que dirigen los órganos del Estado sean conscientes de la enorme trascendencia y efectos que tienen las sentencias constitucionales en el ordenamiento jurídico, en el marco del sistema plural de control de constitucionalidad.

¿Por qué –como autor de varios libros– Alan Vargas ha visto necesario abordar la temática de la Jurisprudencia Constitucional en este nuevo volumen?

Para la elaboración de este nuevo trabajo –y como se explica en la introducción– se ha realizado un diagnóstico de la jurisprudencia y una revisión bibliográfica sobre su estudio y no se encontró más estudios de análisis objetivo sobre la Jurisprudencia Constitucional generada en Bolivia, salvo por las “recopilaciones” jurisprudenciales que hasta ahora se han publicado y que, lamentablemente, carecen del rigor académico requerido para identificar la parte o las partes vinculantes de las sentencias constitucionales.

Tampoco ayudan a conocer, analizar y comprender la evolución y desarrollo jurisprudencial de determinadas temáticas o institutos jurídicos cuyo análisis fue abordado por el Tribunal Constitucional desde sus inicios hasta la época plurinacional.

Ante este panorama, considerando la CPE en su séptimo año de vigencia (2009-2016) y siguiendo el sendero señalado por insignes constitucionalistas bolivianos, quienes han dedicado parte importante de sus obras al análisis de las sentencias constitucionales del órgano guardián de la Constitución, surge la necesidad de realizar nuevos estudios acerca de la evolución y desarrollo jurisprudencial de determinadas materias e institutos jurídicos en el ámbito de la jurisdicción constitucional, vale decir, desde la perspectiva del control, defensa e interpretación de la Constitución, que ahora desarrolla el TCP en cada uno de sus pronunciamientos.

¿Cuáles son los principales ejes de este trabajo de literatura judicial especializada y del Derecho en Bolivia?

Este libro recoge ensayos escritos durante el Programa de Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), versión 2013-2014, que fueron presentados en eventos académicos nacionales e internacionales y publicados en revistas jurídicas especializadas; esto imponía la necesidad de corregir y ampliar dichos trabajos para presentar una edición boliviana actualizada.

Los estudios jurisprudenciales reunidos en este libro abarcan temas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Administrativo (este último muy poco desarrollado en el ámbito académico boliviano); ello con el propósito esencial de contribuir a la difusión y comprensión de la Jurisprudencia Constitucional más relevante, establecida por el TCP en el último tiempo, sin descuidar el análisis de los precedentes establecidos por este órgano guardián de la Constitución.

El contenido de este trabajo está, en especial, dedicado a evaluar los siete años de la Constitución, esta vez desde las vicisitudes emergentes de su aplicación práctica en la realidad boliviana, reflejada en el conjunto de sentencias que conforman la Jurisprudencia Constitucional; ello como muestra del trabajo del TCP, que, a través de distintos fallos, ha intentado desentrañar la voluntad del constituyente a partir de la literalidad de las cláusulas normativas de la Ley Fundamental.

¿Cuál es el resumen del contenido de este volumen?

Este trabajo abarca los principios ético-morales de la sociedad plural y el bloque de constitucionalidad en Bolivia, explicados a través de su intenso desarrollo jurisprudencial bajo el paradigma del “vivir bien”, que ahora constituye una pauta específica de interpretación intercultural de los derechos fundamentales, como lo ha señalado la Jurisprudencia Constitucional.

Otro de los temas es el de la reelección presidencial en la Jurisprudencia del TCP, con especial referencia a la ilegítima mutación que ha sufrido la Constitución como consecuencia de una sui generis “Ley de Aplicación Normativa”, que tanta polémica y discusión ha suscitado en la Asamblea Legislativa y en varias partes del país; considerando que, en su oportunidad, el TCP, como órgano encargado del control de constitucionalidad, convalidó la mutación constitucional efectuada por la Asamblea Legislativa mediante una ley interpretativa, apartándose de la voluntad del constituyente y actuando en inobservancia del tenor del texto.

Uno de los temas novedosos es el referido al derecho a la propiedad privada y la expropiación. Se examina su naturaleza jurídica, su configuración constitucional, sus alcances en la legislación comparada y su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, sin descuidar los criterios emitidos por la jurisprudencia de la CoIDH, cuyos pronunciamientos forman parte indispensable de nuestro bloque de constitucionalidad, debiendo considerarse que, en mérito del principio de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales mediante la interpretación integradora, el tc ha integrado al bloque de constitucionalidad las declaraciones, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos a los que se ha adherido, suscrito y ratificado el Estado.

Otro tema es el análisis del nuevo régimen codificado de los procesos constitucionales en Bolivia, como consecuencia de la aprobación del Código Procesal Constitucional que hace tres años rige la sustanciación y resolución de los procesos constitucionales que pueden tramitarse ante los jueces y tribunales de garantías constitucionales. La aprobación de esta normativa es consonante con el fenómeno de codificación del Derecho Procesal Constitucional que se produce a nivel latinoamericano.

En el marco de esta disciplina del Derecho, se examina la naturaleza jurídica y la configuración actual del Hábeas Corpus como “Acción de Libertad” en la Constitución boliviana, analizando sus características principales (informalismo e inmediación) y haciendo énfasis en la posibilidad de la presentación oral de esta acción tutelar por mandato de la jurisprudencia vinculante, reseñando la clasificación doctrinal del hábeas corpus, aplicable a esta acción tutelar y los distintos ámbitos de protección determinados por la norma constitucional para la Acción de Libertad, todo de acuerdo al desarrollo jurisprudencial y las modulaciones que ha tenido este instituto jurídico desde su puesta en vigencia con la Constitución de 2009.

Finalmente, se realiza una recopilación jurisprudencial de los hitos más importantes de la jurisprudencia emitida por el TCP y que han coadyuvado al mejor conocimiento de los alcances de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, a fin de comprender la aplicación práctica del derecho a la petición, el debido proceso y el derecho a la defensa en el ámbito de la Administración Pública, a la luz de los Principios Generales de la Actividad Administrativa, haciendo especial referencia a su relevancia en el ámbito administrativo municipal.

¿Qué recomendaciones quedan para las instancias que se ocupan de la Jurisprudencia Constitucional?

La Jurisprudencia Constitucional debe interesar a todas las autoridades públicas y privadas, mucho más si se trata de sentencias constitucionales que tienen importancia en materia de protección de derechos humanos, pues, a partir de esa jurisprudencia, las autoridades públicas deben dar aplicación práctica y real a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

También ayuda a que los ciudadanos y ciudadanas conozcan y comprendan el alcance y límites de sus derechos fundamentales reconocidos constitucional- mente. Se debe tener presente que el constituyente ha incorporado a la Constitución normas expresas que integran dichos instrumentos internacionales al bloque de constitucionalidad (art. 410), definiendo que sus normas son parámetros de interpretación de la Constitución y la legislación interna (art. 13.IV) y para los casos en que los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos sean más favorables que las normas previstas por la Constitución, los primeros tendrán primacía (art. 256.I).

_____________________________

Amigos(as):
Los ejes temáticos de mi nuevo libro sobre Jurisprudencia Constitucional en Bolivia, están referidos al Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Administrativo.
Recuerden que los ejemplares de este nuevo Libro se están distribuyendo en la Librería Jurídica TEMIS de la ciudad de La Paz (Bolivia), ubicada en la calle Ballivian (una cuadra antes de llegar a la Plaza Murillo).
También tengo disponibles varios ejemplares del libro en la ciudad de La Paz (Bolivia), y quienes estén interesados en adquirir un ejemplar, pueden contactarse conmigo (vía inbox o whatsapp al 72564989) para enviárselos personalmente.
Saludos cordiales!!
Atentamente,

Alan E. Vargas Lima




miércoles, 28 de enero de 2015

Comentarios al Código Procesal Constitucional de Bolivia







…la discusión y el debate jurídico constructivo para aportar a la profundización teórica y el desarrollo legislativo adecuado del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, requiere de la sistematización de criterios jurídicos tendientes a optimizar las normas que contiene el nuevo Código…

La Razón (Edición Impresa) / Alan Vargas Lima*
00:00 / 27 de enero de 2015

Han transcurrido dos años y un poco más desde la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional de Bolivia, por lo que resulta importante destacar la importancia del reciente aporte académico de la flamante Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional (ABDPC), plasmado en la publicación del libro colectivo “Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” (editado por esta y publicado en Cochabamba, Bolivia, Editorial Kipus, 2014).

Ciertamente, el Derecho Procesal Constitucional constituye una disciplina jurídica relativamente nueva (al menos en Bolivia), aunque hace algunas décadas ya circula con bastante aceptación en los demás países de Latinoamérica, encontrándose estrechamente vinculada al estudio de los procesos constitucionales y los mecanismos de defensa de la Constitución.

En el caso de Bolivia fue la adopción del sistema de control concentrado de constitucionalidad (modelo europeo-kelseniano, adoptado en la reforma constitucional de 1994) y la consiguiente implementación del Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución lo que dio lugar al surgimiento de esta nueva disciplina jurídica, denominada Derecho Procesal Constitucional.

Básicamente está definida como aquella disciplina especializada del derecho público que estudia los diversos sistemas y modelos de control de constitucionalidad como mecanismos de defensa de la Constitución, así como el conjunto de normas que regulan la estructura, la organización y el funcionamiento de los órganos encargados de ejercer el control de constitucionalidad, además de los procesos constitucionales a través de los cuales se resuelven las controversias constitucionales de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos para su tramitación (1).

Sobre el desarrollo de la legislación procesal constitucional en Latinoamérica, se puede señalar la aparición de nuevos cuerpos normativos de Derecho Procesal Constitucional a través de la aprobación de diversos Códigos sobre la materia, como son, por ejemplo: a) la Ley Nº 7.135 de 11 de octubre de 1989 de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica; b) la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de Guatemala de 14 de enero de 1986 (Decreto N° 1-86 de la Asamblea Constituyente); c) la Ley N° 8.369 de Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos; d) el Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán (Ley Nº 6944 de 1995 que se encuentra vigente desde el 7 de mayo de 1999 en Argentina), y e) el Código Procesal Constitucional de Perú (Ley N° 28.237 de 2004), mismos que constituyen algunas de las principales normativas sistemáticas elaboradas hasta el presente en Latinoamérica.

En armonía con esta incesante ola de experiencias codificadoras en la región, se ha puesto en vigencia la Ley N°254 de 5 de julio de 2012, que aprueba el Código Procesal Constitucional de Bolivia (CPCo); disposición legal que básicamente prevé normas adjetivas para regular los procesos constitucionales a ser resueltos en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los órganos del poder público en nuestro país (sean Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, Decretos y todo género de Resoluciones) por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La aprobación del Código Procesal Constitucional en Bolivia, ciertamente, contribuye a la consolidación definitiva del sistema de control concentrado y plural de constitucionalidad instaurado en nuestro país por mandato constitucional (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0300/2012); por lo que, la discusión y el debate jurídico constructivo para aportar a la profundización teórica y el desarrollo legislativo adecuado del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, requiere de la sistematización de criterios jurídicos tendientes a optimizar las normas que contiene el nuevo Código a la luz de la doctrina constitucional contemporánea, la legislación comparada y la jurisprudencia constitucional.

En esa perspectiva, resulta muy loable la brillante iniciativa que ha tenido la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional (ABDPC), bajo la Presidencia del doctor José Antonio Rivera Santiváñez de publicar un libro colectivo de comentarios al Código Procesal Constitucional de Bolivia, como aporte al desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, considerando, además, que en el segundo año de vigencia del nuevo Código se justifica la necesidad de su análisis y estudio integral, a fin de comprender el marco normativo procesal que delinea las nuevas reglas de juego para la sustanciación de las Acciones de Defensa y los Procesos Constitucionales, cuya importancia radica en que están dirigidos al resguardo de la supremacía constitucional y la protección de nuestros derechos y garantías constitucionales.

De ahí que la obra coordinada inicialmente por el doctor Richard Cardozo Daza(†) y luego por el doctor William Herrera Áñez, está destinada a proporcionar a los investigadores, abogados litigantes, docentes y alumnos universitarios, un material que les permita una fácil comprensión y adecuado manejo del Código Procesal Constitucional; a cuyo efecto reúne los comentarios de los miembros fundadores de la ABDPC y de distinguidos constitucionalistas bolivianos que se han sumado a esta iniciativa académica, con la única finalidad de desentrañar el sentido y alcances de todas y cada una de las disposiciones contenidas en el Código, describiendo algunas novedades que propone este nuevo cuerpo legal, esclareciendo probables deficiencias normativas que pudieran afectar su aplicación, e identificando futuros escenarios de conflicto que podrían derivar de la interpretación de sus normas, pero, sobre todo, proponiendo posibles soluciones, sea por vía de interpretación o modificación legislativa, para su efectiva aplicación, todo ello en el marco de los avances de la legislación y la jurisprudencia comparadas, así como de los entendimientos jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta el presente.

Esta obra colectiva (que ya se encuentra disponible en Librería Editorial GISBERT, y en Librería MULTILIBRO) se adecúa a la sistemática del Código Procesal Constitucional de Bolivia, adecuadamente organizado en siete títulos que contienen Disposiciones Generales, Facultades Especiales del Tribunal Constitucional Plurinacional, Resoluciones, Efectos y Ejecución; Acciones de Defensa; Acciones de Inconstitucionalidad; Conflictos de Competencia; Control Previo de Constitucionalidad y Consultas de Autoridades Indígena Originaria Campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto; Recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; y la Constitucionalidad del Procedimiento de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, además de cinco disposiciones finales y tres disposiciones transitorias para efectivizar en alguna medida su aplicación.


Nota
1. Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial KIPUS, 2007, pág. 19.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com