PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA 2019

FRENTE A LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA 2019

Han transcurrido 10 años desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (2009), y hoy Bolivia enfrenta una profunda crisis política y social que ha puesto en alerta a los países de la región, debido a serias denuncias de fraude e irregularidades en los recientes comicios electorales desarrollados el pasado domingo 20 de octubre del presente año, proceso electoral del cual aún no se conocen los resultados oficiales reales y fehacientes, pese al tiempo transcurrido.

Estos problemas se remontan a la primera gestión del binomio presidencial –posesionado en enero de 2006- y a la Asamblea Constituyente (2007-2008), que aprobó un texto constitucional que de manera expresa prevé en su artículo 168 lo siguiente: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.”

Luego de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en febrero del año 2009, los actuales mandatarios, adelantaron las elecciones para diciembre de ese mismo año, bajo el argumento que con la nueva Constitución debía iniciar un nuevo periodo presidencial; de ahí la explicación del tiempo que permanecen gobernando, y que sea considerado como su primer mandato el de 2009 a 2014 y el segundo de 2014 a 2019.

Años más tarde, la Asamblea Legislativa Plurinacional (de mayoría oficialista), aprobó la Ley N° 757 de 5 de noviembre de 2015, de convocatoria a referendo constitucional aprobatorio, “para que el pueblo boliviano mediante democracia directa y participativa y en ejercicio de su poder soberano, apruebe o rechace la reforma del art. 168” de la CPE.

El 21 de febrero de 2016, se convocó a un referéndum constitucional, en el cual, el 51.3% de la población, decidió que NO se debía cambiar el tenor del artículo 168 de la CPE, es decir, se ratificaba la disposición de prohibir la reelección de manera continua de Presidente y Vicepresidente, decisión popular que el primer mandatario prometió respetar. Sin embargo en la gestión 2017, mediante la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, asambleístas oficialistas solicitaron, entre otros puntos, la inaplicabilidad de los arts.156, 168, 285.11 y 288 de la CPE, respecto a la limitación de la reelección por una sola vez de manera continua.

En respuesta a dicha acción, seis Magistrados que conformaban Sala Plena del TCP, emitieron la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 de 28 de noviembre, en la cual, ejerciendo un supuesto control de convencionalidad, determinaron la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por considerarla más favorable en relación a los derechos políticos, sobre varios artículos entre los que se encuentra el 168, específicamente en la frase “POR UNA SOLA VEZ DE MANERA CONTÍNUA”.  

Con base en dicha resolución constitucional, el Tribunal Supremo Electoral viabilizó la participación del binomio oficialista, incluyéndolos en las elecciones primarias –realizadas por primera vez en el país–; pese a  que para cada fuerza política no había más que un solo candidato, hecho que se consideró como una manera de legitimar esa candidatura y un gasto insulso de los recursos del Estado.

Mediante Resolución del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral convocó a la Elección de Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, y de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia, para el domingo 20 de octubre de 2019.

La campaña electoral, se vio empañada por la utilización del aparato estatal y recursos públicos para realizar campaña a nivel nacional a favor del binomio oficialista, a quienes el TSE no les prohibió la participación en actos de entregas de obras, pese al silencio electoral  y la imposibilidad por ley de hacer campaña 3 días antes de las elecciones.

Con dichos antecedentes, la población asistió masivamente a los centros electorales para ejercer su derecho al voto en el horario establecido de 08:00 a.m. a 16:00 p.m., momento a partir del cual se esperó el pronunciamiento del Órgano Electoral con miras a conocer los resultados finales; inexplicablemente la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que empezó a horas 19:40 pm., se paralizó a las 20:10 pm. del mismo día, sin que medie razón alguna ni explicación clara del TSE.

Las cifras que se dieron la noche del 20 de octubre sobre el 80 % de las actas escrutadas, mantenían a los candidatos del MAS-IPSP y Comunidad Ciudadana en porcentajes similares, siendo previsible la segunda vuelta electoral; sin embargo, 24 horas después de mantener en suspenso la difusión de resultados, el TSE presentó datos que hacían evidente un rotundo cambio en la tendencia del voto, aspecto que alarmó a la población, en especial por la reserva con la que se manejó la difusión de datos.

La población movilizada detectó varias irregularidades el mismo día y los posteriores al 20 de octubre  que fueron divulgadas por medios de comunicación y redes sociales, tales como descubrir material electoral en domicilios particulares, personas ajenas al Órgano Electoral con gran cantidad de boletas marcadas a favor de un partido o con las carpetas electorales, manipulación y reemplazo de material y actas oficiales, entre otros hechos ilícitos.

Las denuncias desarrolladas en torno al proceso electoral en Bolivia provocaron un paro cívico y protestas permanentes en todo el país, situación que ameritó la creación de la Coordinadora de la Defensa de la Democracia, que tiene el objetivo principal de que se cumpla la voluntad del pueblo expresada en las urnas, vale decir, que se trata de una instancia creada para "lograr que se cumpla la voluntad popular de definir la elección presidencial en una segunda vuelta".

Frente a esto, los candidatos oficialistas se proclamaron ganadores en primera vuelta, llamando a movilizarse a sectores afines a su gobierno, pese a la probabilidad de enfrentamientos que se puede generar entre la población civil, además de descalificar el movimiento ciudadano en defensa del voto.

Ante este escenario crítico, la Asociación Euroamericana expresa su profunda preocupación, siendo evidente la necesidad de que el derecho de participación política de los(las) bolivianos(as) en las urnas, sea garantizada por el Estado, dado que se encuentra en riesgo el régimen democrático de ese Estado; en consecuencia, las instituciones competentes deben actuar con transparencia en el proceso eleccionario, debiendo primar el respeto a la soberanía popular, por lo que, nos unimos al reclamo de que las autoridades bolivianas depongan actitudes arbitrarias e intolerantes, y actúen de acuerdo a lo previsto en la Constitución Boliviana.

CONSEJO DIRECTIVO