lunes, 14 de abril de 2014

Demanda Marítima de Bolivia y la idea de los "actos unilaterales"...







El proceso de redacción de la demanda marítima requirió un trabajo minucioso que desemboca en la entrega de la memoria esta semana. A continuación se narran detalles de cómo se elaboró la ‘Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia’.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 13 de abril de 2014

La Haya (Holanda). Los miembros del Consejo de Reivindicación Marítima están en el Palacio de la Paz, el edificio neorenacentista que alberga a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde 1946. El objeto de la visita de la delegación boliviana es presentar el documento “Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia” en referencia al enclaustramiento marítimo del país. Son tres años de trabajo y análisis de este texto, más conocido como la Demanda marítima, que desembocan en el 24 de abril de 2013.

Los delegados se sientan en una mesa de grandes dimensiones frente al secretario de la Corte, el belga Philippe Couvreur, quien está flanqueado por dos asesores a cada lado. Los bolivianos entregan el documento de la Solicitud al Secretario de la CIJ. Este escrito, si se permite una licencia analógica, es a la Memoria (a ser presentada este 17 de abril) lo que un resumen de tesis a una tesis concluida.

Después de que los representantes bolivianos entregan al Secretario lo que a simple vista son solo tres decenas de hojas, siguen cuarenta interminables minutos que para los delegados que trabajaron desde el anuncio de la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), el 23 de marzo de 2011, son de mucha tensión y nerviosismo, según la reconstrucción que se puede hacer en base a diversas fuentes.

La más mínima llamada de atención de la Secretaría sobre un error formal en el planteamiento del documento sería lapidaria para el país, aún cuando pudiera ser corregida luego, pues no solo sería dar pábulo al gobierno de Sebastián Piñera para mofarse de las pretensiones bolivianas en la CIJ, sino, y sobre todo, significaría empezar el proceso judicial con el pie izquierdo, con una mácula en su origen.

El secretario y sus cuatro asesores se distribuyen fragmentos del texto de 30 páginas de acuerdo con  sus especialidades. Los minutos pasan. Hay silencio... Finalmente, se oye decir a Couvreur:“Encuentro la demanda impecable”.

Esto contrasta con la demanda presentada ante la naciente (y pasajera) Asamblea de la Liga de las Naciones en 1920 y 1921 por el entonces diputado Franz Tamayo, la que además de tener otro objeto (la revisión del Tratado de 1904) fue calificada por tres juristas de esta instancia política como “inadmisible”, “tal como ha sido presentada (...)”.

El trabajo para la redacción de la actual demanda marítima —que será desarrollada con la entrega de la Memoria este jueves— fue arduo y llevado a cabo casi en secreto. Implicó la redacción de numerosos borradores para llegar al definitivo. A continuación se reconstruyen algunos detalles hasta ahora desconocidos de cómo se desarrolló el proceso de escritura de un texto que al final mereció el adjetivo de “impecable” por parte del Secretario de la Corte.

La historia de la decisión de acudir a la CIJ podría remitirse a los distintos diálogos y negociaciones directas con Chile y al ánimo que sus gobiernos siempre tuvieron de prorrogar su falta de voluntad cada vez más manifiesta de no resolver el enclaustramiento marítimo, hasta el rompimiento unilateral de Chile de la agenda de los 13 puntos con la inasistencia deliberada de su canciller, Alfredo Moreno, a las reuniones de esa agenda en que se debía tocar el sexto punto, el del mar.

Diremar. Tras el anuncio del 23 de marzo de 2011 del presidente Evo Morales, de crear Diremar para la elaboración de la demanda, Rubén Saavedra (hoy Ministro de Defensa) asume el mando en abril de ese año. Duraría poco tiempo en el cargo, ya que en noviembre es relevado por Juan Lanchipa. Saavedra solo pudo abocarse a la parte organizativa, contratando personal, asesores internacionales, investigadores nacionales y la asignación de las tareas. Por ejemplo, se contrata al historiador Fernando Cajías y a su equipo para que busquen información.

Ya bajo el mando de Lanchipa, se inicia la morosa búsqueda y el hecho de relievar todo tipo de información relativa al tema marítimo (material bilbliográfico, hemerográfico, de mapotecas, temas jurídicos, diplomáticos, históricos, políticos, económicos) sin que se priorice un determinado periodo temporal.

Se envían notas a instituciones relacionadas con el tema como las Fuerzas Armadas, a las legaciones diplomáticas en el exterior, archivos de todo el país, bibliotecas, entre otras.

Hipótesis. La fase de recopilación de datos es una de las tareas más intensas, sin embargo, está acompañada, paralelamente, de la elaboración de hipótesis jurídicas que potencialmente podían ser utilizadas en la demanda, y los análisis correspondientes de cada una. Para esto se diseña una rigorosa metodología de investigación y construcción de hipótesis jurídicas.

Así, surgen, entre otras, las hipótesis del incumplimiento del Tratado de 1904, de revisión del mismo, o de su total nulidad. Además de la hipótesis de las islas e islotes que no estarían comprendidos en el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

No se descarta ninguna de las formulaciones y se analizan todas sus aristas. Por ejemplo, la posibilidad argumentativa cimentada en el incumplimiento del Tratado mereció en un principio mucha atención: jurídicamente, ¿hasta dónde permitía el Derecho Internacional llevar un caso sustentando la demanda en el incumplimiento de este pacto?

Se hace lo propio con la hipótesis de la revisión del Tratado (que intentó hacer Franz Tamayo en 1920 y 1921) y con la de su nulidad. Cada hipótesis es sustentada en cimientos y doctrina propios para luego ser contrastada con las normas vigentes en el marco del Derecho Internacional.

En el caso de la hipótesis de la revisión, se estudia el caso de 1920, 1921 y el “duelo de titanes” entre el diputado Franz Tamayo y el nuevo canciller Ricardo Jaimes Freyre. Se ve que había un error de origen: se hace una solicitud a una instancia no jurisdiccional, sino política: la Asamblea de la Liga de las Naciones. Éste es un antecedente que no admite comparación con la demanda actual.

Finalmente, las hipótesis relativas al Tratado de 1904 son descartadas en favor de los denominados actos unilaterales de los Estados que crean obligaciones, es decir, de las promesas unilaterales que Chile hizo a Bolivia de otorgarle una salida soberana al mar. Este movimiento ha sido difícil de digerir para los detractores chilenos de la demanda alineados a la política más rancia de Chile, que se empeñó en descalificar la demanda diciendo que el Tratado de Paz y Amistad no era revisable por ser anterior al Pacto de Bogotá y que la Liga de las Naciones ya había rechazado tal posibilidad. Solo el nuevo canciller chileno, Heraldo Muñoz, fue capaz de admitir que la demanda boliviana no tenía nada que ver con ese pacto de 1904.

De este modo, las promesas unilaterales de un Estado lo obligan a cumplirlas: tal es el elemento de la hipótesis que se comienza a perfilar en el equipo de juristas nacionales e internacionales como la más factible para el caso boliviano. Nótese que el concepto utilizado es “actos unilaterales” que crean obligaciones, y no “derechos expectaticios”. 

La redacción se inicia y Bolivia hace el primer borrador de varios, que es presentado al equipo de juristas. Comienzan intensas reuniones para que se ajuste la redacción a los reglamentos formales de la Corte. Se va puliendo cada aspecto hasta llegar a la versión definitiva.

Antes de tener el texto final, paralelamente a las redacciones, se inicia el trabajo de recolección de las fuentes documentales, que fue una de las etapas más complicadas.

Las fuentes. Ya con la determinación del argumento y el fundamento jurídico, se analizan las posibles objeciones y cotraargumentos chilenos ante las razones jurídicas bolivianas, puesto que las consideraciones históricas son importantes en la CIJ, pero el debate sobre todo es jurídico.

Es entonces que se buscan fuentes que generen bases que prueben los actos unilaterales de Chile en referencia a solucionar el enclaustramiento boliviano, es decir, sus obligaciones incumplidas. Se consideran fuentes documentales que sostengan la hipótesis para fortalecer el argumento y sus fundamentos.

En la demanda no se detallan todos los actos unilaterales de Chile que crearon su obligación hacia Bolivia de negociar una salida al mar, ya que el detalle de cada una de estas promesas incumplidas figurará en la Memoria.

Desde el primer borrador hasta el texto final hay un número de borradores que se fueron revisando hasta llegar al definitivo Petitum (Petición) de tres momentos: 1. Chile se ha obligado a solucionar el enclaustramiento a través de varios actos unilaterales; 2. Chile ha incumplido esa obligación; y 3. que la Corte debe ordenar a que Chile cumpla su obligación de negociar de buena fe en determinado plazo. Toda la documentación que se incluye en la demanda está dirigida a cumplir con estos tres momentos.  En todo tramo se pone el acento en la búsqueda de justicia y se evita cualquier indicio o sugerencia de una victimización boliviana.

Juristas. En la actualidad, hay un equipo de varios expertos extranjeros en Derecho Internacional que asesoran a Bolivia. No obstante, para las distintas fases de la elaboración de la demanda hubo que reconstituir el equipo de juristas.

Cuando se diseña la hoja de ruta de las hipótesis, éstas son sometidas al criterio jurídico de un primer equipo para que desde una visión imparcial formule criterios sobre la validez o invalidez de la hipótesis, hasta llegar al fundamento de los actos unilaterales como el más viable y sólido.

Entonces se vuelve a conformar el equipo que discute los alcances de un fundamento basado en los actos unilaterales. Se hacen ajustes a la tesis que sale de Diremar, la que se considera razonablemente más viable. Es entonces cuando se comienza el análisis político de las consecuencias nacionales e internacionales de la demanda que ahora se conoce.

Termómetro. De la primera solicitud de 1920 a la Liga de las Naciones se critica su desprolijidad en la redacción de Tamayo así como que no se midió el clima internacional del momento. Esta vez —cuando se define en 2012 una hipótesis que no se iba a pedir de manera directa la restitución de territorios ni la revisión del Tratado de 1904— se hace un sondeo de extrema cautela para ver la reacción de la población boliviana sobre una demanda que no plantea directamente el tema territorial. El sondeo dura seis meses. En su resultado, la mayoría se manifiesta escéptica ante una demanda que plantee la restitución sin más del territorio del antiguo departamento del Litoral.

Adicionalmente, se organiza una consulta internacional, sin dar detalles de la estrategia, a académicos internacionales de varias partes del mundo. ¿Cómo vería una demanda internacional contra Chile ante la CIJ?, ¿qué imagen tendrían de Bolivia?, ¿si las relaciones se afectarían? Todos los comentarios de personalidades internacionales —que no precisamente comulgan políticamente con el gobierno de Morales— fueron positivos. Asimismo, recomendaron que la cuestión sea separada  totalmente de lo político y se mantenga la demanda como un tema estrictamente de Estado.

En general, los hechos narrados se llevan adelante casi de manera simultánea hasta la entrega del documento final de la demanda, la cual es desarrollada en la ahora ya acabada Memoria, que será entregada esta semana en Holanda. Los delegados bolivianos darán el siguiente paso en el mismo escenario: el Palacio de la Paz.




domingo, 30 de marzo de 2014

Entrevista a Maxwell Cameron: En Venezuela no hay un régimen autoritario - La Razón








Para que en Venezuela haya un régimen autoritario, es necesario que exista un sector militar o colectivo que tenga suficiente poder, por encima de Maduro, que ante una elección que pierda esté dispuesto a cancelarla. Venezuela no ha llegado a eso, postula.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos / La Paz
00:03 / 30 de marzo de 2014

Venezuela podrá estar en crisis política, económica y social; su democracia tener un sinfín de defectos; vivir todavía un complejo proceso constituyente; pero propiamente no es un régimen autoritario, plantea el profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, Maxwell Cameron, de visita en el país. Estudioso de los procesos políticos contemporáneos en Sudamérica (de hecho en 2011 Plural publicó Democracia en la región andina, una compilación dirigida por él), Cameron trabaja en lo que se puede llamar una “crítica de la crítica del autoritarismo” en Latinoamérica.

El autoritarismo, antes que democracias “hiperparticipativas”, como en Venezuela y Bolivia, o de peculiares líderes-caudillos, como Evo Morales, Hugo Chávez o Rafael Correa; antes que, incluso, “gobiernos verticales”, implica la existencia de un núcleo duro en el poder que hará todo por mantenerse allí, aún a costa de cancelar cualquier quehacer democrático. Y eso, polemiza, no hay en Venezuela, mucho menos en Bolivia, Ecuador, Nicaragua... ¿Por qué su empeño de definir con el mayor celo el “autoritarismo”, toda vez que al final se trata de un concepto de múltiples interpretaciones? Por las acciones prácticas, de lucha política, que luego se llevan adelante contra lo que se definió como autoritario: no es lo mismo una protesta social contra un régimen democrático que esta misma protesta contra un régimen autoritario; la lucha contra lo “autoritario” es más legítima, progresista, que merece solidaridad, apoyo... En verdad, la lucha política al parecer en primer lugar es una “lucha por la enunciación”, por llamar las cosas por lo que son, ni más ni menos.

— ¿Cuál es el límite, la frontera, entre lo democrático y lo autoritario?

— La definición de la democracia debe ser en primer lugar mínima y  realista; es esencial poder decir cuál es la línea entre un tipo de régimen y otro. Poder decir: “esta es la línea, señores; si ustedes la cruzan, han pasado del campo democrático al no democrático”. Para mí, ese elemento mínimo y realista es la alternancia en el poder: si es posible votar un gobierno a través de elecciones, existe la esencia mínima de un Estado democrático.

— Pero ese es un piso, a partir del cual la cosa se complejiza

— Cuando hablamos de democracia podemos estar hablando de la de Grecia antigua, Inglaterra en el siglo XVII, Francia en el tiempo de la Revolución, EEUU esclavista,Venezuela hoy día… Democracia es un concepto que usamos para entender muchos sistemas, las condiciones en que se desarrolla son muy variadas, por tanto, los regímenes políticos son variables. No hay un solo modelo de la democracia, una sola forma de llevar a cabo la vida democrática en un país.

— Hoy ven a los gobiernos producto de mayorías como los que más tienden a ser autoritarios

— Las democracias latinoamericanas en general son democracias “mayoritaristas”, porque el problema histórico de fondo en la región no es el problema clásico de las teorías democráticas que vienen de Europa; en éstas hay una preocupación por los abusos que cometen las mayorías cuando están en el poder. En América Latina (en cambio), los grandes abusos los cometen las minorías, las oligarquías, los poderes de facto, empresarios, terratenientes. Las minorías son importantes, hay que defender sus derechos, evitar los abusos de parte de las mayorías, pero también hay que ser realistas: en América Latina ése es el sabor que tiene la democracia. Pero creo que debemos preocuparnos más por el poder de las minorías antidemocráticas que por el poder de las mayorías antidemocráticas. 

— El caudillismo, otro pecado que se critica, ¿deriva siempre en el autoritarismo?

— El personalismo puede crear situaciones en los que no hay sucesores, no se cultiva, no se preocupa por la institucionalización; no se cultiva líderes emergentes. Muere Chávez, hay Maduro, pero Maduro no es Chávez; ahí tiene problemas. El proyecto puede depender demasiado de la voluntad de un liderazgo, de una persona que no busca institucionalizar su liderazgo.

— La democracia participativa también se la quiere ver como germen de autoritarismo

— Para aquellos que sienten que han sido excluidos, que no son bien representados por los partidos, porque los ven corruptos, ahí es cuando quieren participar directamente; eso para ellos es una democracia real, “yo quiero participar directamente en las decisiones que me afectan”, y esto ya se da en toda América Latina: los presupuestos participativos en Brasil y Perú, los consejos comunales, para el desarrollo en municipios, las autonomías indígenas en Bolivia. El tema es si ambas (representación y participación) se pueden reconciliar; yo creo que sí, Bolivia y Brasil son ejemplares.

— Usted es crítico de los críticos del autoritarismo...

— Hay una corriente que califica a los regímenes políticos de varios países sudamericanos y de Centroamérica como autoritarios; usa el concepto de “autoritarismo competitivo”; es decir, sistemas donde existe competencia electoral, pero que es injusta, desigual y que no hay las garantías a los derechos y libertades fundamentales como para confiar en el resultado (de las elecciones). Pero a mi juicio, decir que la democracia es defectuosa o que está en crisis, incluso en crisis de gobernabilidad, no es suficiente para decir que es un “sistema autoritario”.

— ¿Cuándo aparece entonces un régimen autoritario?

— Los sistemas autoritarios son sistemas en los que hay un grupo que ejerce el poder a través de la coerción, generalmente llegan al poder por golpes de Estado, a veces por elección. Pero no es que solamente no haya respeto a los derechos y libertades, que la cancha sea desigual, sino también que tiene que haber un grupo en el poder capaz de sostenerse ahí, a pesar de no ganar una elección o estar dispuesto a cancelar las elecciones (cuando no le es favorable) para permanecer en el poder, por encima de la voluntad popular. Entonces, quitarle sin más a algún gobierno la legitimidad de ser democrático es un error; si tú dices que Maduro no debe ser presidente de Venezuela, entonces, quién, ¿Capriles?, eso es realmente difícil de defender. Para que yo acepte que Venezuela es un régimen autoritario, yo quiero ver que haya un sector militar o colectivo que tiene suficiente poder, que está por encima de Maduro, para eventualmente, si hay elecciones y lo quieren (cambiar), ese grupo dice no y cancela las elecciones. Venezuela no ha llegado a eso; para mí sigue siendo un país con una democracia muy defectuosa, quizás en crisis, jugando por su propia vida, que posiblemente dé un giro hacia el autoritarismo, es posible; como también es posible que empiece a tender puentes a la oposición y comience un diálogo y se pueda establecer y tratar de recuperar la estabilidad democrática.

— Calificar de democrático o autoritario a un régimen trae sus consecuencias…

— Es prematuro generar un pesimismo exagerado sobre el estado de la democracia (en Venezuela); porque esto juega un papel potencialmente nefasto, en el sentido en que si tú estás frente a un régimen autoritario y eres opositor, haces una serie de acciones y estrategias que se consideran legítimas, pero que no lo serían en un régimen democrático. Esto también vale para los países: si tu vecino es “autoritario”, tu trato con él cambia. Entonces, hay que tener mucho cuidado: calificar a un régimen de no democrático tiene consecuencias políticas, tanto en la oposición interna como para la comunidad internacional.

— En el ser o no democrático, ¿no incide el “estilo” de líder, Evo, Chávez, que sea más o menos temperamental o lo que fuera?

— Cuando hablamos de democracia o autoritarismo, estamos calificando un régimen político, no un gobierno. Lo curioso es que cuando usan el término es para calificar precisamente al gobierno y no al régimen. Por eso, también es válido decir: hay un régimen democrático pero el gobierno es muy vertical, y se puede decir también que el estilo del líder es muy autocrático o que es muy plebiscitario o personalista. Perfecto, pero una cosa es calificar el estilo o la forma del gobierno y otra el régimen político mismo.

— Ahora, cualquier régimen puede evolucionar hacia el autoritarismo. ¿Cómo evitar esto?

— Los líderes democráticamente elegidos tienen no solo la obligación sino que sirve a sus propios intereses fortalecer las instituciones deliberantes, crear espacios para dialogar con la oposición, buscar una comunicación fluida con sectores que no son parte de su proyecto, y dentro de su proyecto buscar fortalecer la democracia interna, ser tolerantes dentro de su organización.



Datos
Nombre: Maxwell Cameron
Nació: 24/04/1961
Profesión: Doctor en Ciencias Políticas
Cargo: Director del Centro para el Estudio de Instituciones Democráticas
Perfil
Escribió:  Strong Constitutions (Constituciones Fuertes), 2013; Democracia en la Región Andina: Diversidad y Desafíos (2010), redactado con Juan Pablo Luna. The Peruvian Labyrinth (El laberinto peruano) (2004); Democracy and Authoritarianism in Peru (Democracia y autoritarismo en Perú, 2004).


Eficacia de la Carta Democrática de la OEA

El 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, la 28 Asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Carta Democrática Interamericana, un documento que define de qué se trata la democracia para los países miembros de la organización y especifica cómo debería ser defendida contra las amenazas.  “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, declara en primer lugar.

La Carta “fue producto de la crisis política en Perú —cuenta Maxwell Cameron— con la inconstitucional tercera reelección de Alberto Fujimori (en el 2000), y es a consecuencia de esa crisis que los peruanos plantean la necesidad de una Carta Democrática que podría ser una herramienta para defender la democracia en situaciones en que haya una alteración o interrupción en el orden democrático constitucional, como fue el “autogolpe” de Fujimori en Perú en 1992 y la reelección en 2000, que fue inconstitucional”. 

— ¿Cuál es la característica de la Carta Democrática y su eficacia?

— La Carta define la democracia en términos amplios; hay el sufragio efectivo, universal, la parte electoral de la democracia; también incluye la independencia de los poderes políticos, la independencia judicial, un respeto por los derechos  humanos y un conjunto de derechos y libertades. Lo que no hizo la Carta Democrática fue definir exactamente qué tipo de  hechos podrían ser los criterios necesarios para decir si hay una alteración o interrupción en el orden constitucional y democrático; eso se deja, más o menos, a los Estados miembros de la OEA, que en su Consejo Permanente evalúan cada caso y toman una decisión de si es necesario convocar al país, buscar un diálogo, que el Secretario General vaya al país, haga recomendaciones.

— Se pone en cuestión la eficacia de uno de los textos fundamentales de la OEA...

— Evidentemente queda en la Carta Democrática una especie de vacío conceptual; y eso hay que llenarlo con la voluntad de los Estados; pero qué pasa si los Estados miembros no quieren actuar;entonces, no hay forma de usar la Carta. En la última declaración de la OEA, de solidaridad con Venezuela, ahí sí hubo una oportunidad de aprovechar para iniciar un proceso de diplomacia preventiva y de convocar al diálogo con la oposición y no se dio porque no hubo la voluntad de los Estados miembros”.


miércoles, 26 de marzo de 2014

La crisis del Órgano Judicial y la designación de Magistrados en Bolivia







En las últimas semanas se han agudizado las críticas y acusaciones en torno a la “crisis” por la que atravesaría el Órgano Judicial hace tiempo. Las causas (estructurales o superficiales, funcionales o presupuestarias, éticas o normativas, epidémicas o sintomáticas) ya han sido ampliamente descritas hasta el empacho.

Ariel Néstor Flores Mamani
00:00 / 25 de marzo de 2014

Desde una interesante mirada crítica se sostiene que se habría perdido un dato que viene de la profundidad histórica: los orígenes de los sistemas judiciales en América Latina y la pesada herencia colonial que arrastra la justicia nuestra de cada día.

En ese sentido, se destaca que “…el problema del sistema judicial en Bolivia, y por extensión en América Latina, no es lo que las agencias de cooperación nos hacen ver y menos lo que los propios autodiagnósticos judiciales señalan” (1).

A tal exceso se repiten las causas (corrupción, retardación, burocracia, discrecionalidad, prevaricato, anomia, etc.) que las rehuimos en cuanto las sentimos escuchar. Bajo el propio peligro de creer por (de) efecto que éstas no existen. Sin embargo, el problema es real, está presente y afecta principalmente, pero no únicamente, a los más vulnerables dentro del sistema judicial boliviano: el pueblo.

No obstante, no todo lo que se señala es viejo debate. Las elecciones judiciales, la forma de designación de autoridades judiciales mediante sufragio universal es un elemento nuevo en el debate de este tiempo. Sobre éste proceso “inédito”, no en el mundo, sino en Bolivia, se han concentrado a manera de eje sobre el cual giran las principales críticas las causas que habrían generado, incluso profundizado, el estado de crisis que hoy aqueja al Órgano Judicial. 

Lo interesante del asunto es que todos los argumentos vertidos hacen referencia a males ya conocidos por todos, tanto en esta coyuntura como en otros tiempos. Lo lamentable reside en que no se haya evidenciado reflexiones objetivas y coherentes que contribuyan al largo y recurrente debate sobre la “cuestión judicial” y, por el contrario, se haya optado por identificar y condenar como único responsable de esta situación de “crisis” al proceso de designación popular de magistradas y magistrados, establecido en la Constitución Boliviana.

¿Qué tipo de crisis padece nuestro sistema judicial?

El término “crisis” presenta varias acepciones o significados y, cuando ésta se generaliza en la opinión pública, se suele incurrir en el uso indiscriminado del mismo. El exconstituyente Raúl Prada nos ofrece un breve repaso teórico sobre el carácter polisémico de la noción.

Nos dice, por ejemplo, que para André Bejín y Edgar Morín la palabra “crisis” significa interpretación, selección y juicio. Se designa como “crisis” un acontecimiento categórico que conjuncionaba tanto el pasado como el porvenir. En cambio, para la medicina hipocrática “crisis” denotaba un estado patológico de un enfermo.

Fue durante el siglo xix que se transfirió su uso al análisis económico para la comprensión de las crisis cíclicas. Para Randolph Starn la palabra “crisis” significa discriminación o, en su caso, decisión.

Las crisis, entonces, aparecen no sólo como puntos clave en los procesos de transformación, sino que se develan como momentos de verdad, momentos de alta intensidad en los cuales trascendía la significación de los seres humanos y de los acontecimientos. (…) Las crisis eran transiciones de una a otra fase de un ciclo, pero también formaban parte de un devenir. El teórico de la crisis como forma de crecimiento, de desarrollo, de superación y transformación de sociedad es Karl Marx (2). 

Por tanto, la situación en la que se encuentra el Órgano Judicial, es ciertamente, una situación de “crisis”, pero, contrariamente a lo que podría imaginarse de un modo optimista, no se trata de una crisis de cambio, de transformación o transición, sino una crisis que evidencia ser de decadencia e incertidumbre colectiva.

Ahora bien, ¿es la elección de autoridades judiciales mediante voto popular la causa objetiva de esta crisis de decadencia por la que atraviesa, de manera profunda y recurrente, nuestro Órgano Judicial?

La fórmula

Es cierto que la designación de jueces por sufragio popular, como nos recuerda el profesor Alipio Valencia,“…compromete grandemente su imparcialidad y su independencia y por eso no es aconsejable ese sistema” (3). Sin embargo, estos posibles peligros no significan que el camino boliviano sea equivocado.

La elección popular no es por sí misma una fórmula mágica que vaya a generar transformaciones inmediatamente. En todo caso, si alguien creyó que esta resolvería por sí misma la profunda crisis que arrastra el Órgano Judicial desde su nacimiento, simplemente, estaba equivocado.

Suponer que el cambio en la “forma” de elegir a las máximas autoridades podría resolver los problemas de “fondo” en este importante órgano de administración de justicia es un error de cálculo político, más no constitucional. 

En ese sentido, no es correcto juzgar a los actuales magistrados como directos responsables de la actual crisis del Órgano Judicial; a los ciudadanos que participaron en las elecciones judiciales; a la comisión de asambleístas que preseleccionaron a los candidatos o al gobierno que impulsó la materialización de las primeras elecciones de autoridades judiciales en Bolivia, porque, en ese orden de cosas, los responsables terminamos siendo “todos” y, en ese infructífero juego, al final “todos son responsables y nadie es responsable”.

La elección directa y popular de magistradas y magistrados del país responde al mandato de la Constitución Política del Estado (cpe) aprobada por los bolivianos y bolivianas mediante referéndum constitucional de 25 de enero de 2009.

La constitucionalidad

En ese sentido, el efecto transformador en las bases dogmáticas de la Constitución Política de 2009 y el carácter configurador del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, señalan un camino concreto para que los ciudadanos elijan directamente a las principales autoridades judiciales del país. Proceso acusado de irregularidades, plagado de peripecias procedimentales e insuficiencias meritocráticas, pero cuya naturaleza misma del mandato constitucional se proyecta clara e incólume: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano…” (artículo 178.I).

Así, el artículo 182.I señala que “Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio electoral”. El artículo 188.I señala que “Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal, según procedimiento, mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”.

El artículo 194.I señala que “Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional”. Y el artículo 198 señala que “Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”.

Un proceso legítimamente establecido por la Constitución y denunciado, no por inconstitucional, sino por cuestionamientos en el proceso de preselección de candidaturas y en la supuesta falta de legitimidad obtenida de los resultados de la primera elección judicial en Bolivia, es una exageración llevada a la parodia.

Ésta crisis no es reciente y tampoco los argumentos. Pero sí los tiempos, los actores y el proceso de cambios y transformaciones que nos afectan a todos. Por tanto, es indispensable, casi vital, asumir el desafío de los nuevos tiempos y generar las condiciones para proyectar nuevas salidas, nuevas respuestas ante viejos problemas, ante recurrentes males.

Notas

1. “…En el primer caso, las agencias de cooperación sólo ven problemas en la formación de los operadores, corrupción institucional, ineficiente personal de apoyo, tecnología inadecuada, etc., lo que incidiría claramente en la falta de “acceso a la justicia”. En cuanto a los autodiagnósticos, éstos señalan que el problema mayor es el presupuestario y, en escala descendente, la formación judicial, los sistemas de selección de jueces; todos ellos problemas en el “acceso a la justicia”. Chivi Vargas, Idón. “El Órgano Judicial”, en MIRADAS. Nuevo Texto Constitucional, 2010. 
2. Prada Alcoreza, Raúl. “La crisis del Sindicalismo” en “Desafíos al Sindicalismo: Redefinir el Campo del Combate”, Revista Cides, UMSA, 1996.
3. Valencia Vega, Alipio. “Manual de Derecho Constitucional”, Editorial Juventud, pág. 323, 1964.
Es abogado y analista de la constitucionalidad.