lunes, 25 de mayo de 2015

ACCESO SOBERANO AL MAR: Chile, al citar la Memoria de Bolivia, se cita a sí mismo







Chile, para responder al juez Owada de la Corte Internacional de Justicia, cita en la Memoria de Bolivia sus propios actos unilaterales en los que ofreció un ‘acceso soberano’ al mar.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 24 de mayo de 2015

Chile respondió qué entiende por “soberanía marítima” al juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) Hisashi Owada citando la Memoria de Bolivia, para terminar por decir que su Estado entiende lo mismo que Bolivia por esa noción. Sin embargo, el argumento de Santiago se vuelve contra sí mismo, pues cuando cita la Memoria boliviana, alude a declaraciones textuales de Chile que Bolivia ha incluido en sus documentos escritos como pruebas de los actos unilaterales del país vecino. Entonces, Chile, al citar a la Memoria de Bolivia, en realidad cita sus propias declaraciones del pasado, cuando Santiago habló, en sucesivas oportunidades, de negociar un “acceso soberano” al mar.

Al finalizar la fase preliminar de alegatos a la objeción de competencia planteada por Chile, el juez Owada dijo: “En los documentos de ambas partes han referido la expresión ‘acceso soberano al mar’, la cual no es un término reconocido en el derecho consuetudinario internacional y ambas partes lo han referido, les agradecería mucho (...) que tengan a bien definir el sentido de ese término como ellas lo entienden”.

El miércoles 20 a mediodía (en Bolivia) se hicieron públicas las respuestas de las partes, así como las réplicas a las primeras respuestas. En total, cuatro documentos, dos bolivianos y dos chilenos, todos en inglés, de modo que lo que sigue es según la traducción efectuada por este medio.

El punto tres de la réplica boliviana a la primera respuesta escrita chilena, pone en evidencia que Chile pretende citar lo que supuestamente Bolivia entiende por “soberanía marítima”, cuando en realidad se estaría citando a sí mismo: “3. Sobre la posibilidad de las modalidades de acceso soberano, la respuesta de Chile es engañosa. Hace varias referencias a ‘cesión territorial’ en la Memoria de Bolivia, pero obvia mencionar  que todas esas referencias son declaraciones unilaterales de Chile o sus repetidos acuerdos con Bolivia de negociar un acceso soberano. La respuesta de Chile no hace más que confirmar lo que acordó en sucesivas ocasiones, aunque la existencia y contenido específicos del acuerdo es claramente una materia de fondo”.

En efecto, Chile cita la memoria boliviana en diferentes lugares de su primera respuesta; sin embargo, olvida decir que en esos textuales está citando en realidad sus propias declaraciones. Por esto, es Chile quien deberá responder en el juicio de fondo qué entiende por “acceso soberano”, al ser este país el que lo ha ofrecido a Bolivia en reiteradas ocasiones.

ACCESO. “En su Memoria, Bolivia indicó con mayor precisión qué entiende por ‘acceso soberano al mar’. En el parágrafo 410 se refirió a ‘acceso soberano al mar para Bolivia, que tenga efecto mediante la transferencia de territorio de Chile’ y en el siguiente párrafo: ‘acceso soberano al mar para Bolivia mediante la transferencia de un área de territorio hoy conservado por Chile’”, señala el primer texto chileno.

Ese país también asegura que Bolivia daría las bases necesarias para entender la expresión de “acceso soberano” en los parágrafos 32(a) y 32 (c) de la “Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia” y 361, 445, 483, 486, 500(a) y 500(c) de su Memoria. “Ahí, Bolivia se refiere a ‘acceso pleno y soberano al océano Pacífico’. La expresión ‘soberanía plena’ está igualmente utilizada en los parágrafos 1.4.13 y 30 de su Solicitud”, alega Chile.Bolivia contesta que si bien tales alusiones figuran en los documentos bolivianos, Chile tergiversa las cosas, pues: “4. La respuesta de Chile invoca los parágrafos 361, 410, 411, 445, 483, 484 y 486 de la Memoria de Bolivia sin reconocer que éstos simplemente reproducen textualmente o expresan los términos de las propias declaraciones de Chile o sus acuerdos con Bolivia, independientemente del Tratado de 1904”.

Para mostrar esto, la réplica boliviana pone como ejemplo el intercambio de notas de junio de 1950. Con esto se muestra que Chile, al citar la Memoria boliviana, en realidad citaba la Nota del 20 de junio de 1950 firmada por su Ministro de Relaciones Exteriores de entonces. Esta nota chilena reconoce el Tratado de Trasferencia de Territorios (1895), el Acta Protocolizada de 1920, la Nota de Chile de 1923, la propuesta Kellogg de 1926 y el Memorando Matte, además de declaraciones de los presidentes chilenos entre 1946 y 1949 —detalla la réplica— así como “importantes precedentes que identifican una clara dirección política de la república chilena”. La Nota de 1950 de Chile declara “expresamente y en consistencia con los anteriores acuerdos”, que Chile “tiene la voluntad de entrar formalmente en negociaciones directas dirigidas a encontrar una fórmula que hará posible dar a Bolivia un acceso soberano propio al océano Pacífico”.

RESPUESTAINICIAL. Bolivia al contestar al juez Owada, en su primera respuesta, señaló que la expresión “acceso soberano” hace al fondo del juicio y no a la fase actual de naturaleza preliminar. (El paralelo que se puede hacer es el siguiente: la fase de fondo, el juicio en sí mismo, trata el contenido del diferendo; mientras que la fase preliminar observa la forma del proceso).

“En lo que concierne a la relevancia de esta pregunta en relación a la jurisdicción de la Corte, Bolivia observa que su caso sobre el fondo es que Chile ha aceptado repetidamente negociar un acceso soberano para Bolivia al océano Pacífico para resolver su situación de enclaustramiento. En la medida en que el significado de ese término (“acceso soberano”) y su contenido específico pueda ser definido, es necesario determinar el entendimiento de las partes en los sucesivos acuerdos”, dice Bolivia.

Pues es cierto que pueden existir diferentes modalidades para la noción “acceso soberano”, posiblemente su definición ni siquiera concierna a un fallo final de La Haya, que solo deberá expresarse sobre la obligación o no de Chile de negociar.

La especificidad de “acceso soberano” solo devendrá de la futura negociación que pide Bolivia, es decir que ni siquiera podría atingir al fallo de fondo de la CIJ. “La existencia y contenido específico del acuerdo de partes (...) claramente no es materia para una determinación para la fase preliminar de los procedimientos y debe ser determinado en la fase de fondo”, señala Bolivia en su primera respuesta.

SANTIAGO. Chile, en cambio, quiere responder citando los documentos bolivianos. Como se mostró, no hacía sino citarse a sí mismo. Así, escribe: “El significado de la expresión ‘acceso soberano al mar’, usado por Chile al formular su objeción a la jurisdicción, es el mismo que es usado por Bolivia en su Solicitud y Memoria”, afirma el documento firmado por el agente chileno Felipe Bulnes.  Chile insiste: “En el párrafo 361 de su Memoria, Bolivia afirma que Chile aceptó ‘transferir territorio a Bolivia para garantizarle un acceso soberano al mar’”.

Para explicar su derecho a “un acceso soberano al océano Pacífico” — continúa Chile— Bolivia “igualmente se refirió en su Memoria a ‘la cesión para Bolivia de una costa soberana’ (parágrafo 483), ‘cesión de territorio’ (parágrafo 483) y ‘modificación del status territorial entre los dos países’ (parágrafo 486)”, reitera.

Bolivia contesta claramente que cada uno de esos términos que pone en su Memoria son los que se salieron de la boca o pluma de los distintos actos unilaterales que Chile ha realizado en la larga historia de ofrecimientos chilenos de un “acceso soberano al mar” para Bolivia.

JURISDICCIÓN. El tema es: ¿en qué medida responder qué es “acceso soberano al mar” ayuda a develar si la Corte tiene o no jurisdicción en este caso? Bolivia hace notar que la pregunta es de fondo. “Para los propósitos de jurisdicción, es suficiente notar que el acuerdo de negociar y el resultado final de la negociación son dos cuestiones distintas y separadas, tal como reconoce la jurisprudencia de la Corte” (caso Gabcikovo-Nagymaros, donde la Corte señaló que los resultados de la negociación serán un producto ulterior de la misma), señala Bolivia.

No obstante, Chile contraataca con el argumento de que Bolivia, en el parágrafo 445 de su Memoria, fue “particularmente clara” al decir que: “De acuerdo con Chile, las negociaciones entre los dos Estados solo podrían ser consideradas mientras que no se dirijan a cualquier cesión territorial —lo que es decir, sobre la condición de que ellas no involucrarían ningún acceso soberano al mar”.

Su conclusión vuelve a su argumento central de los alegatos de la primera semana de mayo, es decir que todo fue cerrado con el Tratado de 1904, por lo que el artículo VI del Pacto de Bogotá haría a la Corte incompetente para abordar el caso: “Chile considera que al pedir a la Corte que declare que Chile tiene una obligación de ‘garantizar a Bolivia un acceso pleno y soberano al océano Pacífico’, Bolivia está sosteniendo que Chile está bajo la obligación de transferir a Bolivia soberanía sobre territorio costero en el océano Pacífico”, asegura el país vecino.

Según el análisis de Santiago, la implicación de esto último para su objeción preliminar es que con “el artículo II del Tratado de Paz de 1904, Bolivia y Chile definieron la distribución de soberanía sobre el territorio entre ambos”, y que el Artículo VI de ese mismo Tratado define a qué tipo de acceso tiene derecho Bolivia: “Chile acuerda ‘en favor de Bolivia y a perpetuidad el más irrestricto derecho al tránsito comercial en su territorio y en sus puertos del Pacífico’”.

En ese sentido, Chile se aferra a que el Tratado de Paz de 1904 estaba en vigor el 30 de abril de 1948 (cuando se firma el Pacto de Bogotá) y que éste “estableció que el acceso al Pacífico al que Bolivia tiene derecho no es soberano”. Bolivia en los alegatos aclaró que considera también que el Pacto de Bogotá estaba y está en vigor y que su caso no tiene relación con la firma del documento de 1948.

Pero Chile sigue: “El Pedido de Compensación de Bolivia busca una orden que pida a Chile aceptar que debe garantizar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia. Esto necesariamente desinstauraría el Tratado de 1904. Por tanto, su pedido está por fuera de la jurisdicción de la Corte”, concluye.

Bolivia, en cambio, insiste con lo dicho en los alegatos de que la salida que busca está por fuera del Tratado de 1904 y que su caso no guarda absolutamente ninguna relación con ese pacto, como por ejemplo señala la nota firmada por el embajador Emilio Bello en 1920, que habla explícitamente de una solución por fuera del Tratado de Paz:

“La modificación hipotética del Tratado de 1904 es una materia de especulación que claramente no es una cuestión de este caso. Es más, las partes han acordado repetidamente que garantizar un acceso soberano al mar para Bolivia es una cuestión independiente del Tratado de 1904 y que no es necesaria una innovación al respecto”.

La conclusión de Bolivia no deja dudas, pues reitera que su caso sobre el fondo de la cuestión no se basa en precisar las modalidades o contenidos específicos de acceso soberano al mar. “Solo reconoce que basándose en los acuerdos existentes de negociar, tal acceso soberano debe ser obtenido por una modalidad a ser especificada por un acuerdo futuro de las partes” (es decir que definir la modalidad de soberanía no concerniría ni siquiera al fallo de la Corte sobre el fondo de la cuestión).

Pero si quedara alguna duda de que Bolivia estaría eludiendo la pregunta, en el último párrafo de la primera ronda escrita señala: “El amplio entendimiento de las partes respecto a la definición de ‘acceso soberano al mar’, reflejado en sus acuerdos sucesivos de negociar y las varias propuestas para encontrar una solución, es que Chile debe garantizar a Bolivia su propio acceso al mar con soberanía en conformidad a la norma internacional”.

RÉPLICAS. Tras el intercambio de las primeras respuestas, vinieron las réplicas. Los argumentos de Bolivia, en esta segunda parte, están encaminados a persuadir a la Corte que la modalidad de soberanía será una consecuencia posterior que devendrá de las negociaciones que demanda y de que Chile busca un fallo sobre el fondo en una fase preliminar.

La respuesta de Chile “solo repite” su argumento de que el Tratado de 1904 es irreconciliable con una obligación de negociar acceso soberano al océano Pacífico, dice Bolivia y explica que esa objeción fracasa al no poder distinguir entre una negociación y su resultado final: “esto tergiversa y trata de refutar el fondo del caso que plantea Bolivia” (refutar el fondo no es pertinente en una fase preliminar). “Como se describió en la Memoria, las partes acordaron negociar con el propósito de encontrar una modalidad que garantice a Bolivia un acceso soberano al mar”, señala.

Luego Bolivia retoma el intercambio de notas de 1950 para probar que la modalidad de soberanía será una consecuencia de la negociación. En esa nota Chile “aceptó: (a) negociar un acceso ‘propio’ y ‘soberano’ al mar para Bolivia; y (b) que el objeto de las negociaciones es ‘encontrar una fórmula’ que hará eso posible”. La definición del contenido específico de “acceso soberano”, por tanto, está por ser determinado por una “fórmula” que será el propósito ulterior de una negociación.

SOBERANÍA. Para reforzar la idea de que la modalidad de soberanía devendrá de las negociaciones, Bolivia trae a colación las diferentes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al respecto (especialmente la de 1983, la cual firma Chile).

“Esto es consistente con las resoluciones unánimes de la OEA, como la Resolución 686 de 1983 (...) que llama a encontrar una ‘fórmula para dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, sobre la base de las mutuas conveniencias, derechos e intereses de las partes involucradas.’ Otra vez, la resolución de la OEA confirma que el propósito de la negociación es encontrar una ‘fórmula’ que defina y especifique el contenido de un acceso soberano, el cual puede ser expresado a través de varias modalidades y debe emerger de la negociación”.

Para Bolivia, que Chile relacione de manera directa la pregunta del Juez al parágrafo 32(a) y 32(c) de la Solicitud de Bolivia y a los parágrafos 500(a) y (c) del Pedido de Compensación de la Memoria, significa que ese país “no deja duda de que su objeción a la jurisdicción busca una determinación sobre el fondo de la cuestión”.

Por último, se aclara lo que Bolivia considera una tergiversación: “El argumento descrito por Chile en el último parágrafo en respuesta al juez Owada expresando que ‘Bolivia busca que se obligue a Chile a garantizar a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico’ es falso. Lo que Bolivia pide a la Corte es que declare que Chile está bajo la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un Acuerdo que (le) garantice (...) un acceso soberano al mar independientemente del Tratado de 1904”.

Chile, en su réplica, se centra en argumentar que es posible un fallo preliminar que aborde el petitum boliviano (que la Corte obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar), Es más, asegura que “debe” haber un fallo preliminar sobre el fondo.

“En su respuesta, Bolivia asume la extraordinaria posición de que el significado a ser adscrito a una expresión central de su Pedido de Compensación (la expresión de “acceso soberano al mar”) pueda ser determinada solo como parte de una consideración de fondo de su pedido. El significado del Pedido de Compensación (petitum) de Bolivia no puede depender de una consideración del fondo (...). Lo que el Pedido de Compensación de Bolivia significa es exactamente el tipo de caracterización que puede y debe ser determinado en una fase preliminar”.

Si bien la respuesta boliviana contesta la pregunta de Owada, Chile considera que no: “Si el enfoque de Bolivia fuese correcto, se podría dejar al Estado aludido (en el juicio) que responda el fondo de un pedido cuyo significado declinó explicar el solicitante”. Como se vio, el último punto de la primera respuesta boliviana satisface la pregunta del juez japonés.

Ya en su primera respuesta, Chile reiteraba que Bolivia quiere dejar sin efecto el Tratado de 1904. En ese sentido señala en su réplica: “está claro que el pedido de que Chile sea declarado bajo la obligación de aceptar un cambio de la distribución de la soberanía sobre el territorio es objetivamente inconsistente con lo establecido en el Tratado de 1904 y por tanto fuera de la jurisdicción de la Corte por el Artículo VI del Pacto de Bogotá que está vigente”.

Santiago entonces apunta a que el hecho de que Bolivia hable de diferentes modalidades de soberanía significaría “una retractación de su posición adoptada en la Solicitud y Memoria que encarna en la expresión ‘acceso pleno y soberano’”.

No obstante, es conocido en el Derecho Internacional la existencia de diferentes modalidades de soberanía y Bolivia busca que se especifique una de ellas en una negociación. Para buscar ejemplos no hay que ir muy lejos, pues una revisión histórica de la mediación de Frank Kellogg en 1926 da fe de ello. Durante esa mediación se habló de zonas soberanas desmilitarizadas y militarizadas, enclaves, corredores, soberanías compartidas, etcétera.




lunes, 18 de mayo de 2015

BOLIVIA Y CHILE ANTE LA CORTE: Los otros actos unilaterales de Chile...








En los alegatos de la primera semana de mayo en La Haya, los abogados bolivianos mencionaron varios actos unilaterales que no figuran de manera directa o central en el documento de la Solicitud presentado en 2013. A continuación se desarrollan siete actos unilaterales de Chile que no fueron objeto de mucha atención.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 17 de mayo de 2015

Los alegatos bolivianos de la anterior semana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sacaron a colación no pocos actos unilaterales de Chile que no figuran en la “Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia”. Estos actos muestran otros compromisos adicionales de ese país que expresan su disposición a negociar con Bolivia una salida al mar o, en un caso particular (Tratado de Lima), de dejar por escrito el estado pendiente de un corredor para Bolivia en el área del territorio peruano cautivo.

Pueden identificarse seis actos de esta naturaleza realizados por Chile, más allá de los que se desarrollaron en abundancia en este suplemento y que constan en el documento de la “Solicitud”: el Tratado de Transferencia de Territorios (1895), el Acta Protocolizada de 1920, el intercambio de notas de 1950, las negociaciones de Charaña y sus correspondientes declaraciones conjuntas (1975-1978), y la Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (1983).

Los seis momentos que ahora serán desarrollados fueron aludidos por los abogados de Bolivia durante los alegatos de la primera semana de mayo. Son: la declaración de Domingo Santa María (primero como Canciller y luego como Presidente); las nota de 1923, la respuesta de 1926 a la Propuesta Kellogg; el artículo 1 del Protocolo de Lima; la declaración del presidente Gabriel González Videla en 1948; la nota “Trucco” de 1961; y la mención chilena en el juicio de Perú contra Chile en 2012. Las  manifestaciones expresas de ese país, sin embargo, son aún más.

1. SANTAMARÍA. “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia... Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia”, dijo el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Domingo Santa María, el 26 de noviembre de 1879. Ya como presidente, pocos años después, reiteró ese mismo pedido también poniendo énfasis en el verbo “deber”. Si bien esta declaración estuvo resaltada por la abogada de Bolivia Chemillier-Gendreau en su intervención del viernes 8 de mayo, hay que recordar que declaraciones de este tipo fueron reiteradas a lo largo de la historia por otros presidentes chilenos y sus autoridades competentes en temas relacionados con las relaciones exteriores, como cancilleres y embajadores.

Así, no solo la declaración de Santa María (que podría dar reparos por haber sido dicha muchos años atrás), sino también las posteriores pueden ser consideradas como actos unilaterales que crean una obligación. Esto podría darse por descontado si se considera el juicio en la CIJ de Australia y Nueva Zelanda contra Francia (1974) para que éste último cese de realizar ensayos con armas nucleares en la atmósfera del archipiélago de Mururoa porque la contaminación radiactiva se iba elevando en los países demandantes al estar más o menos cerca de Mururoa.

El Ministro de Defensa francés, en el curso de una entrevista para la televisión francesa, declaró el 16 de agosto de 1974: “El Gobierno francés ha asegurado que las pruebas nucleares de 1974 serán las últimas que se desarrollen en la atmósfera”.

Esto bastó a la CIJ para fallar a favor de Australia y Nueva Zelanda, pues una autoridad competente en el tema en disputa (el ministro de Defensa de Francia) había hecho público un compromiso unilateral. Si bien se puede decir que la declaración de Santa María es del siglo XIX, Bolivia tiene numerosas declaraciones y documentos firmados por autoridades chilenas competentes que se manifestaron en el sentido de que se debía dar una salida a la costa propia a Bolivia más allá del Tratado de 1904.

2.  LASNOTASDEIZQUIERDO. Otro acto de Chile que fue mencionado (también por Chemillier) fue la nota de canciller chileno Luis Izquierdo en febrero de 1923. Esta autoridad escribió una nota al canciller boliviano Ricardo Jaimes Freyre en la que señaló que el Gobierno de Chile “mantiene el propósito de oír con el más elevado espíritu de conciliación y equidad, las proposiciones que quiera someterle el Gobierno boliviano para celebrar un nuevo Pacto que consulte la situación de Bolivia, sin modificar el Tratado de Paz y sin interrumpir la continuidad del territorio chileno”. Esta nota es otra prueba de que, como dijo la defensa boliviana en La Haya, el mundo no comienza y acaba con el Tratado de 1904.

“La letra del Canciller de Chile, de 23 de febrero de 1923, ¿debe dejarse de lado como sugiere la otra parte (la defensa chilena)?”, cuestionó la jurista el viernes 8 de mayo. Esto se dio poco después del juicio que intentó iniciar Bolivia en la Corte Permanente de Justicia de la Liga de las Naciones (1920). Ya existía en curso un arbitraje internacional conducido por Estados Unidos respecto de la soberanía de Arica y Tacna, territorios que aún no estaban definidos ni para el Perú ni para Chile.

3. PROPUESTAKELLOGG. El Departamento de Estado de Estados Unidos mediaba a inicios de los años 20 del siglo pasado la definición por Perú o Chile de Arica y Tacna mediante el plebiscito que debía realizarse de acuerdo con el Tratado de Ancón (1883). El arbitraje definió que no habían condiciones para realizar un plebiscito. En efecto, Chile amedrentaba a los pobladores peruanos de esos territorios para buscar desplazarlos y, además, trasladaba a chilenos para que así, en la votación, ganase su país, por lo que luego del fallo que desechaba el procedimiento democrático, los Estados Unidos presentó varias propuestas a Chile y Perú. El secretario de Estado, Frank Billings Kellogg, sin paciencia por el rechazo a sus planteamientos de división territorial, decidió presentar su última propuesta: que Perú y Chile cedan a perpetuidad en favor de Bolivia los territorios de Tacna y Arica.

Sobre este hecho de la historia, Chemillier recordó en su alegato una parte de la respuesta chilena: “En su memorando de respuesta, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, el señor Jorge Matte, recordó que no había jamás rechazado la idea de conceder a Bolivia una banda de territorio y un puerto, sin embargo él constata que la cuestión queda pendiente hasta el presente. Así, el Tratado de 1904 no resolvió todo y la solución propuesta por el mediador dejó intactas las disposiciones del Tratado.”

Sin embargo, en los alegatos no se señaló que en el memorando de respuesta a Kellogg, párrafos más abajo, Chile dice: “En este sentido, el Gobierno de Chile accede a considerar, en principio, la proposición, dando con ello una nueva y elocuente demostración de sus propósitos de paz y cordialidad”. Es decir que Chile accedió a considerar la cesión en favor de Bolivia.

4. TRATADODELIMA. Tras el fracaso de la mediación estadounidense para definir los territorios de Tacna y Arica de acuerdo con lo establecido en Ancón, en 1929, Chile y Perú firmaron el Tratado de Lima. El artículo uno del protocolo complementario de este pacto siempre fue visto como negativo al derecho boliviano a un acceso soberano al mar, pues delega a un tercero (Perú) la futura posible decisión de un acceso boliviano a la costa: “Los gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales”, dice dicho artículo.

De lo negativo de la llamada “llave” que tendría Perú para el acceso de Bolivia al mar, los abogados de Bolivia sacaron lo pertinente para el objeto de la demanda: se trata de una aceptación directa, unilateral, de Chile de que tiene asuntos pendientes con Bolivia.

“Ésta (el artículo 1 del Protocolo Complementario del Tratado de Lima) es una cláusula muy poco frecuente y no compromete más que a los Estados signatarios y se considera justificada por las negociaciones ya iniciadas entre Bolivia y Chile para la transferencia a Bolivia de toda o parte del territorio que en aquel entonces correspondía a Chile, es decir, que confirma la existencia de una cuestión pendiente, así como la necesidad de resolver esta cuestión fuera de los términos del Tratado de 1904”, dijo Chemillier sobre este punto.

5. GONZÁLEZVIDELA. Antes del intercambio de notas diplomáticas entre Bolivia y Chile, desde 1946 el presidente del país vecino, Gabriel González Videla, se manifestó a favor de la cesión de una franja boliviana al Pacífico y comenzó una negociación. Este presidente quería que se vincule su nombre a una solución histórica definitiva. Las notas del 50 (que figuran en el documento de la “solicitud” boliviana) son el resultado de la favorable disposición de González desde 1946.

“Consecuente con la tradición de la Cancillería chilena, y ratificando mi profundo espíritu americanista, nunca me he negado a conversar sobre la aspiración portuaria de Bolivia. Así lo expresé en San Francisco, en nombre del Gobierno chileno, cuando fui delegado gubernamental a esa Conferencia. Al asumir el mando, en 1946 el Presidente (Enrique) Hertzog, de Bolivia, me recordó la promesa, y yo, de acuerdo con una norma nunca desmentida por la Cancillería de la República, respondí al Mandatario boliviano que estaba acorde en abrir conversaciones sobre el punto propuesto”, dijo González a la Revista Vea en 1950.

Asimismo, en su Memoria el expresidente escribe que la negociación consistía en “ceder a Bolivia, al norte de Arica, una faja de terreno de un ancho de diez kilómetros, contigua a la frontera peruana y que correría del litoral hasta el límite, para que Bolivia se pudiera comunicar con el océano Pacífico, a través de su propio territorio y pudiera construir su puerto. A cambio de ello, porque esta cesión requería una compensación, Bolivia permitiría que se aprovecharan las aguas del lago Titicaca para generar energía hidroeléctrica que pudiera ser utilizada en las provincias de Tarapacá y Antofagasta”. Lo destacable acá es la negociación, si bien lo que pedía Chile era inviable dado a que no se puede hacer uso de las aguas del Titicaca, por ser binacionales.

6. MEMORANDOTRUCCO. Otro documento mencionado en los alegatos fue el Memorando Trucco (llamado así en referencia a su signatario, el embajador chileno en La Paz Manuel Trucco). Mediante ese memorando, Chile, el 10 de julio de 1961, ratifica las notas intercambiadas en 1950 y reitera su decisión de negociar con Bolivia una salida soberana al mar.

El punto 1 de este documento dice: “Chile ha estado siempre llano, junto con resguardar la situación de derecho establecido en el Tratado de Paz de 1904, a estudiar, en gestiones directas con Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta y los intereses de Chile.” Otra vez, hay un reconocimiento chileno de que una solución puede ser llevada a cabo por fuera del Tratado de 1904.

7. JUICIOPERÚ-CHILE. Recientemente, Chile y Perú sostuvieron un litigio fronterizo marítimo en la CIJ. Durante las argumentaciones, fue Chile el que mencionó que en el área en disputa había un ofrecimiento de cesión en favor de Bolivia. En diciembre de 2012, en los alegatos preliminares, Chile recordó su intención de ceder a Bolivia un corredor al norte de Arica. La declaración se constituye en un reconocimiento explícito y sin contraste de ese país ante la Corte de la existencia de un tema pendiente con Bolivia.

“Trataron la delimitación marítima entre Chile y Perú, y ahí Chile se refirió de manera explícita a las negociaciones (de Charaña), en las cuales durante distintas épocas había reconocido la necesidad de cederle a Bolivia un corredor al mar”, recordó Chemillier y afirmó que la CIJ hizo una declaración en su fallo sobre la situación boliviano-chilena.

En efecto, Chemillier citó a la Corte: “En 1975, 1976, Chile inició una negociación con Bolivia sobre un proyecto de intercambio de territorios destinado a asegurarle a Bolivia un acceso al mar y un espacio marítimo adyacente”. Por esto concluyó que: “ustedes mismos, ustedes, miembros de la Corte, tomaron nota de que la cuestión del acceso soberano de Bolivia al mar permanecía como una cuestión abierta entre Bolivia y Chile”. Estos fueron algunos de los comportamientos chilenos —que también pueden ser considerados actos unilaterales— que fueron mencionados, entre otros más, durante los alegatos preliminares.

Sin embargo, hay muchos más ejemplos de la apertura de Chile a una negociación que solucione el enclaustramiento marítimo de otras autoridades de ese país que probablemente figuran en la Memoria boliviana como del presidente Aníbal Pinto (1876-1881); Jorge Montt, presidente (1891-1896); Luis Barros, ministro de Relaciones Exteriores (1894 -1895); Juan Luis Sanfuentes, presidente (1915-1920); Emilio Bello, ministro plenipotenciario en La Paz (1920); Emiliano Figueroa, presidente (1925-1927); Beltrán Mathieu, ministro de Relaciones Exteriores (1925-1926); Horacio Walker, ministro de Relaciones Exteriores (1950-1951); Jorge Alessandri, presidente (1958-964); Augusto Pinochet, presidente (1973-990); Patricio Carvajal, ministro de Relaciones Exteriores (1974-1978); y, Miguel Schweitzer, ministro de Relaciones Exteriores (1983).

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Autoridades chilenas crearon obligaciones a su Estado

 

Son varios los presidentes y ministros de Relaciones Exteriores de Chile que se manifestaron a favor de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Las declaraciones y documentos que firmaron, en algunos casos, fueron mencionados en los alegatos en el juicio en la Corte Internacional de Justicia.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 17 de mayo de 2015

Determinadas actuaciones de los Estados, hechas por funcionarios o personeros con determinado nivel de autoridad o de representación pública y que se emiten de buena fe, comprometen los contenidos y la conducta de ese Estado. Es decir que son una suerte de garantía de que las declaraciones o promesas también pueden tener un efecto jurídico vinculante. Éste es un desarrollo que procura que los Estados sean serios cuando tienen relaciones que comprometen su disponibilidad sobre un asunto, es esa seriedad la que procura garantizar el Derecho Internacional”, señaló el agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, para definir la noción de “acto unilateral” durante la última entrevista que dio a la prensa antes de los alegatos preliminares y que fue publicada en Animal Político.

Entonces, una declaración o un documento firmado por una autoridad de un Estado sobre un tema en el que tiene competencia crea una obligación jurídica. En la Corte Internacional de Justicia (CIJ) existe jurisprudencia de casos en que ese tribunal obligó a países a cumplir sus compromisos adquiridos mediante actos unilaterales.

Para mostrar este hecho en relación con el tema marítimo, a continuación se pondrá en evidencia otros actos unilaterales llevados a cabo por diferentes autoridades chilenas con relación a su abierta disponibilidad a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Que se cumplan esos compromisos es el fallo que el país busca en la CIJ.

Aníbal Pinto, presidente de Chile (1876-1881), fue posiblemente la primera autoridad chilena en pronunciarse en favor de la cesión de una salida soberana al mar para Bolivia. En una carta dirigida a Eusebio Lillo (escritor chileno), el 2 de julio de 1880, manifestó: “Las bases para la paz serían por parte de Bolivia: renuncia de sus derechos en Antofagasta y Litoral hasta el Loa, y en compensación cederíamos los derechos que las armas nos han dado sobre los departamentos de Tacna y Moquegua”.

El canciller de Pinto, Domingo Santa María (luego también presidente), se pronunció en ese mismo sentido: “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia… Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle. (...) No podemos ni debemos matar a Bolivia…”.

Ricardo Lagos, expresidente de Chile, dio la razón, en 2011, a Santa María, si bien hoy fue arrastrado a la posición más conservadora: “el ministro Santa María tenía razón cuando le señaló al presidente Pinto que había que resolver el tema, porque no podía haber un Estado que no tuviera acceso al Pacífico como le había sucedido a Bolivia. En consecuencia, hay que buscar una solución...” (presentación del libro “Un futuro común. Chile, Bolivia, Perú”, Libro del Mar).

Jorge Montt, presidente de Chile de 1891 a 1896, también estuvo a favor de la cesión. Fue en su gobierno que se negoció y firmó el Tratado de Transferencia de Territorios con el que se daría Tacna o Arica a Bolivia a perpetuidad. Su canciller, Luis Barros, puso su firma en ese documento.

Luego estuvieron las gestiones del presidente Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y su embajador plenipotenciario en La Paz, Emilio Bello. Firmaron el Acta Protocolizada de 1920, que habla de la necesidad de dar a Bolivia una salida por fuera del Tratado de 1904.

Otro caso es el del presidente Arturo Alessandri (1920-1924), quien dijo en 1923 a la prensa: “Sí, señor. En caso de que el fallo arbitral (a cargo de los Estados Unidos)que naturalmente se inspirará en la justicia y en el derecho, lo permita, es mi resolución considerar generosamente las aspiraciones de Bolivia, en la forma y en los términos clara y frecuentemente planificados…” (Periódico El Mercurio, 4 de abril de 1923).

Pasando a otro episodio, por la negociación llevada a cabo por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Kellogg, se conoce las comunicaciones del embajador estadounidense en Santiago, W. Miller Collier, con su país. Sobre el canciller Beltrán Mathieu Andrews (administración del presidente Emiliano Figueroa Larraín), Collier primero informó que “el canciller Mathieu personalmente deseaba transferir toda la provincia de Arica a Bolivia, y que necesitaría unos días para convencer al Presidente y a los Comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados sobre la citada solución” (Estados Unidos y el Mar, Jorge Gumucio).

Asimismo, en otra comunicación, Collier respondió a Kellogg que Mathieu había sugerido que Chile podría aceptar ceder a Bolivia un corredor de cuatro kilómetros de ancho que incluiría la parte norte de la ciudad de Arica. (Gumucio)

Por último, Collier desde Santiago informó a su país su parecer sobre Mathieu: el gran obstáculo a la solución del corredor para Bolivia era en realidad Mathieu, quien sostenía que la mejor solución era entregar la totalidad de Tacna y Arica a Bolivia y persistía en esa posición. (Gumucio)

Estos últimos hechos apuntados no son ni declaración ni documentos; sin embargo, el embajador de Estados Unidos da fe de la disposición de Mathieu en sus conversaciones durante la mediación Kellogg.

Son conocidas las posiciones a favor de una salida marítima para Bolivia de Gabriel González (Presidente de Chile de 1946 a 1952) y su canciller Horacio Walker por las notas de 1950; también de Jorge Alessandri (Presidente de 1958 a1964) y su embajador en La Paz, Manuel Trucco, al ratificar en 1961 las notas del 50. Asimismo, es conocida la posición de Augusto Pinochet al firmar la declaración conjunta de Charaña en 1975. Lo mismo puede decirse de su canciller Patricio Carvajal.

Luego vino el Enfoque Fresco (1986) y la interrumpida conversación de Algarbe (2000) durante la administración de Eduardo Frei, quien luego, en 2011, dijera: “Sé que darle una salida al mar a Bolivia encuentra aún muchas resistencias en nuestro país, pero sinceramente pienso que no podemos pasarnos toda la vida discutiendo este tema” (presentación del libro “Un futuro común. Chile, Bolivia”, Libro del Mar).

Luego vino Michelle Bachelet y se inició la Agenda de los 13 puntos. El sexto es, en rigor, una negociación para dar solución al enclaustramiento marítimo. Cuando Bachelet fue sucedida por Sebastián Piñera, éste dio continuidad a la negociación, sin embargo se dilató el tratamiento del punto seis. Bolivia vio que no había intenciones de la contraparte de abordarlo por lo que se planteó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

El patrón del comportamiento de Estado de Chile, que va del siglo XIX a la década de los ochentas del XX, y que se caracteriza por la política de apertura y negociación, dista del que comienza en los 90, cuando todas las negociaciones o se interrumpen o son infructuosas.