lunes, 16 de marzo de 2020

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN PENAL DE BOLIVIA – 2019

Texto disponible en: https://drive.google.com/file/d/1IU-PLa9905bSCFz-3efkVjt1dg4bEPik/view

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN PENAL BOLIVIANA – 2019

1)    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

2)   CÓDIGO PENAL LEY N° 1768

3)   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LEY N° 1970

4)   LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL Y DE FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS,  ADOLESCENTES Y MUJERES - DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DISPOSICIONES FINALES, DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS LEY N° 1173

5)   LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO LEY N° 260

6)   LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA  VIDA LIBRE DE VIOLENCIA LEY N° 348

7)    LEY DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACIÓN DEL  SISTEMA PROCESAL PENAL LEY N° 586

8)  LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ” LEY N° 004


NOTA: EL PRESENTE COMPENDIO NORMATIVO CONTEMPLA LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 1173 Y LAS MODIFICACIONES A LA MISMA POR LA LEY 1226 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ADEMÁS ESTÁ ACTUALIZADO CON OTRAS NORMATIVAS YA PROMULGADAS.


lunes, 9 de marzo de 2020

NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN BOLIVIA

Texto disponible en: https://drive.google.com/file/d/1RfVVSG3nkAN7cIBzJ6ohNvodZtuXEXuy/view

NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN BOLIVIA (2015)

1. Ley de Medio Ambiente Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992

2. Reglamentos a la Ley de Medio Ambiente Decreto Supremo Nº 24176 de 8 de diciembre de 1995

2.1 Reglamento General de Gestión Ambiental Modificado y complementado por el D.S. 26705 (Complementaciones y modificaciones en anexos 6.4 y 6.7)

2.2 Reglamento de Prevención y Control Ambiental Modificado y complementado por el D.S. 26705 (Complementaciones y modificaciones en anexos 6.4 y 6.7)

2.3 Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica

2.4 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica

2.5 Reglamento para actividades con Sustancias Peligrosas

2.6 Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos

3. Reglamento Ambiental para Actividades Mineras D. S. Nº 24782 de 31 de Julio de 1997

4. Reglamento Ambiental para el sector de Hidrocarburos D. S. Nº 24335

5. Anexos

5.1 Decreto supremo Nº 26171, 4 de Mayo de 2001 Compleméntase el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos, aprobado por el decreto supremo Nº 24335

5.2 Decreto supremo 24780

5.3 Modificaciones al Reglamento General de Gestión Ambiental y al Reglamento de Prevención y Control Ambiental Decreto Supremo Nº 26705 de 10 de julio de 2002

5.4 Modificaciones al RPCA y al Decreto Supremo Nº 26705 Decreto Supremo Nº 28499 de 10 de diciembre de 2005

5.5 Complementaciones y modificaciones Reglamentos Ambientales publicado el 21 de enero de 2006 Decreto Supremo Nº 28592 de 17 de enero de 2006

Decreto Supremo Nº 28587 de 17 de enero de 2006
Decreto Supremo Nº 24176 de 8 de diciembre de 1995
Decreto Supremo Nº 29595




jueves, 5 de marzo de 2020

Nuevo marco normativo para regular del consumo de tabaco en Bolivia



Nuevo marco normativo para regular del consumo de tabaco en Bolivia
Por: Alan E. Vargas Lima
De acuerdo a la información que se encuentra en el Portal web de INFODROGAS (Información y Prevención sobre Drogas) la planta del tabaco pertenece al género Nicotiana, familia botánica de las Solanáceas. Esta planta tiene grandes hojas y hermosas flores, además de una gran altura, igual o mayor que la de una persona adulta; y es la única que sintetiza y luego conserva en sus hojas secas un potente alcaloide que recibe el nombre de nicotina y que da el nombre a su género vegetal.
Existe una gran diversidad de variedades del género Nicotiana (más de 60). Las dos más importantes son la Nicotiana Tabacum, de la que se extrae el tabaco comercial y la Nicotiana Rústica, que no se utiliza tanto por su sabor menos agradable.
Durante años, las hojas de esta planta se consumían aspirada en polvo muy fino (rapé), o se mascaban (tabaco de mascar). También se pueden fumar en forma de puros: cigarro formado en su integridad por tabaco, tanto en su contenido como en su envoltura, en forma de cigarrillos: con el contenido de tabaco, pero el envoltorio de papel, o en las pipas de fumar.
Pero no solamente el tabaco se utiliza para fumar, con sus hojas pueden hacerse cuadernos, hojas, libros, agendas, etc... Es similar al papel y el perjuicio sobre el medio ambiente es menor.
Por otro lado, y entre los riesgos que provoca, existen una serie de enfermedades que se encuentran directamente relacionadas con el tabaquismo, como son: el cáncer de pulmón, la bronquitis, el enfisema pulmonar y los problemas cardiovasculares. Hay otras enfermedades que también suelen aparecer en fumadores, como otras formas de cáncer (labio, boca, laringe, esófago y vejiga) y la úlcera gastroduodenal.
El riesgo de padecer estas enfermedades depende de cuatro factores: 1) Consumo diario de cigarrillos: cuanto mayor es la dosis diaria mayor es el riesgo; 2) Duración del consumo: Cuanto antes se empezó a fumar y más largo es, por tanto, el periodo de su vida durante el cual un sujeto consume tabaco, regularmente, mayor es el riesgo de enfermar; 3) La forma de fumar: aquellas formas que aumentan la exposición del organismo al humo (inhalación profunda y repetida, mantener el cigarrillo entre calada y calada), incrementan el riesgo; 4) Tipo de cigarrillos: los cigarrillos con filtro, y aquellos que tienen un menor contenido de nicotina y alquitrán (a igual consumo), reducen el riesgo de enfermar.
Ante este panorama, es evidente la necesidad de establecer un marco regulatorio que logre señalar las vías adecuadas y mecanismos de prevención idóneos, frente a los serios riesgos que el consumo cotidiano de tabaco provoca en la salud de las personas.
En el caso de Bolivia, de acuerdo a la revisión de la normativa preconstitucional vigente, existen disposiciones legales específicas sobre la materia:
a) la Ley N° 3029 de 22 de abril de 2005, en su Artículo Único aprobó la Ratificación del “CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO”[1], adoptado en Ginebra – Suiza, el 21 de mayo de 2003 y suscrito por Bolivia el 27 de febrero de 2004;
b) el Decreto Supremo N° 29376 de 12 de diciembre de 2007, tiene por objeto reglamentar la Ley N° 3029 del 22 de abril de 2005 "CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO", para controlar y reducir el consumo de todos los productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco, en cualquiera de sus formas, a fin de prevenir de conformidad con los principios de la salud pública, la incidencia de las enfermedades, la discapacidad prematura y la mortalidad, atribuidas al consumo del tabaco y a la exposición al humo del tabaco.
c) la Resolución Multiministerial N° 0003 de 14 de mayo de 2009, aprueba el Reglamento Específico para la administración de la Ley N° 3029 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (REAT).
Por su parte, la Constitución Política del Estado aprobada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 18, establece de manera expresa que: “I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. (…)”. Asimismo, el artículo 35 parágrafo I de la misma Ley Fundamental, prevé que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.
Por otro lado, cabe considerar que por mandato del artículo 297 de la misma Ley Fundamental, las Competencias Exclusivas son “aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas”; y las Competencias Concurrentes son “aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva”. En este sentido, el artículo 298, parágrafo II, numeral 17 de la misma Constitución, establece como una de las competencias exclusivas del nivel central del Estado, las Políticas del Sistema de Educación y Salud; y el artículo 299, parágrafo II, numeral 2, señala la competencia concurrente de “Gestión del sistema de salud y educación”, la cual se ejercerá de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
En consecuencia, se trata de competencias constitucionales sobre las cuales, los Gobiernos Autónomos Municipales no tienen potestad legislativa en su calidad de Entidades Territoriales Autónomas, sino que únicamente les quedará ejercer sus facultades reglamentaria y ejecutiva, establecidas en la misma Constitución.
Bajo ese contexto normativo, es que en fecha 13 de febrero del presente año 2020, se ha informado –a través del matutino Página Siete, y otros– que la actual Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha promulgado una nueva Ley de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco; norma que prohíbe fumar en lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, centros de salud, escuelas, comercios, restaurantes, discotecas, cines y teatros, además de espacios abiertos donde haya acontecimientos deportivos. Asimismo, restringe la venta de tabaco a menores de 18 años y el comercio de cigarrillos sueltos, a la vez que prevé programas gubernamentales para el abandono del hábito de fumar, según se ha informado por el referido medio de prensa.
De acuerdo a esta nueva Ley N°1280 de 13 de febrero de 2020, la finalidad que se persigue consiste en precautelar el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras de las bolivianas y los bolivianos, protegiéndolas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
Por otro lado, se evidencia que esta nueva disposición normativa determina ciertas responsabilidades para los Gobiernos Autónomos Municipales, tales como: Ejecutar la política nacional relativa a la prevención y control al consumo de los productos del tabaco; Establecer y aplicar la planificación municipal para la prevención y control al consumo de los productos de tabaco, en concordancia con los principios y las políticas de la misma Ley, la planificación departamental y nacional; Incluir la prevención y control a los productos del tabaco en la Planificación del Desarrollo Municipal; Elaborar proyectos para la implementación de programas de prevención y control al consumo de los productos del tabaco; Apoyar la ejecución de proyectos de prevención y control al consumo de los productos de tabaco, de forma coordinada con los diferentes niveles de gobierno y el sector productivo; Ejecutar medidas de prevención y prohibición del consumo de tabaco conforme a lo dispuesto en la misma Ley, además de ejecutar el régimen de infracciones y sanciones establecidas en dicha norma, entre otras.
En consecuencia, y bajo este nuevo marco normativo recientemente puesto en vigencia en Bolivia, corresponde a los Gobiernos Autónomos Municipales, dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la nueva Ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a fin de ejercer la competencia concurrente de gestión municipal del sistema de salud y educación; debiendo proceder a su respectiva reglamentación y ejecución, de conformidad al mandato constitucional, y en búsqueda del “vivir bien”.




[1] El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. El CMCT OMS es un tratado basado en pruebas que reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible. El CMCT OMS representa un cambio de paradigma en el desarrollo de una estrategia de reglamentación para abordar las sustancias adictivas; a diferencia de tratados previos sobre control de drogas, el CMCT OMS establece la importancia de las estrategias de reducción de la demanda, además de cuestiones relacionadas con el suministro. El texto íntegro del Convenio, se encuentra disponible en: https://www.who.int/fctc/text_download/es/


martes, 18 de febrero de 2020

25 años del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano - Edición especial 2019

25 años del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano
Edición especial

Libro disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1jECW52ygcGkzRtNTZRGIeS3lNfvk-pqV/view

El programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer se enorgullece en presentar la versión 2019 de su Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. En esta ocasión, celebrando los 25 años de esta importante publicación para la región.


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La presente edición cuenta con 36 artículos que reúnen la visión de más de 13 países en todo el continente, y contribuciones de Alemania y Suiza, con la voz de diferentes especialistas que aportan elementos clave para el diálogo y la defensa del Estado de derecho en Latinoamérica.
Entre los reconocidos autores de esta edición dorada se destacan: el actual Presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, honorable Juez Andreas Voßkuhle; la honorable magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, Diana Fajardo Rivera, y el entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorable Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

Para este anuario, los temas propuestos para la reflexión de los diferentes autores fueron: 
1) Avances y desafíos del constitucionalismo en Latinoamérica, y 
2) Interacciones entre el derecho constitucional alemán y el latinoamericano. 
Los artículos aceptados reúnen un valioso análisis con relación a las coyunturas políticas del continente, así como también un estudio de distintas temáticas relativas al derecho constitucional, uno de los ejes principales en la continua promoción del Estado de derecho y el bienestar de las sociedades. Adicionalmente, se realiza un análisis de algunas de las diferentes interacciones entre el derecho constitucional alemán y el latinoamericano, esto con motivo de la celebración de los 70 años de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania.
Asimismo, el temario está dividido en las siguientes secciones: 
·         Constitución e identidad constitucional de los países latinoamericanos.
·         Democracia, libertad de expresión y acceso a la información pública.
·     Progresos y desafíos en materia de derechos sociales y en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
·         La compleja relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno: del principio de subsidiariedad.
·         Separación de poderes, independencia judicial y activismo jurídico.
·         Derecho penal y Constitución.





lunes, 10 de febrero de 2020

ASISTENCIA FAMILIAR EN BOLIVIA: ¿Es posible que pueda prescribir la obligación de asistencia familiar?



ASISTENCIA FAMILIAR EN BOLIVIA 
¿Es posible que pueda prescribir la obligación de asistencia familiar?


La imprescriptibilidad de las obligaciones de Asistencia Familiar y la prescripción de las Sentencias que condenan al pago

La Sentencia Constitucional Plurinacional N°0506/2016-S3, de 3 de mayo de 2016, emitida en revisión de la Resolución 13 de 26 de noviembre de 2015, pronunciada dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Yenny Mariela, Maribel y Lourdes Ximena Ribera Mamani contra Adhemar Fernández Ripalda, Samuel Saucedo Iriarte y Edgar Molina Aponte, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; estableció el siguiente entendimiento:

“Este Tribunal Constitucional Plurinacional considera que conforme a una interpretación armónica con los postulados constitucionales, la asistencia familiar es un derecho y obligación que debe ser proporcionada oportunamente, para la satisfacción de las necesidades de los menores, siendo razonable que si una vez declarada no se exige el pago, esta urgencia pierda de cierto modo la prioridad; por lo que, si es permisible que una obligación de asistencia familiar declarada por autoridad judicial en favor de un menor pueda prescribir, pues se entiende que los acreedores de la obligación no la reclamaron oportunamente, ya sea por negligencia o porque sus necesidades ya fueron satisfechas, perdiendo la carga del cobro para el acreedor; por ello su recaudo coactivo no puede mantenerse indefinido en el tiempo a la voluntad de el o los beneficiarios, pues de admitirlo se consentiría en el hecho que la obligación originalmente declarada por el transcurso del tiempo pueda tornarse en exorbitante e imposible de ser satisfecha, afectando de manera peligrosa el patrimonio del deudor; por lo tanto, es razonable admitir que la prescripción de obligación de asistencia familiar a menores de edad que hubiere sido dispuesta en sentencia, se establece únicamente cuando después a su declaración judicial y liquidación para hacerla exigible el acreedor que tenga a cargo el menor no exija el cumplimiento de la misma debiendo computarse el plazo de prescripción de cinco años, tal como lo señala el Código Civil, por ser este el término máximo para la extinción de obligaciones, cómputo que debe ser realizado a partir del momento en el que los beneficiarios de la asistencia familiar hubieran alcanzado su mayoría de edad y puedan procurarse su sustento, no extendiéndose sino hasta los veinticinco años cumplidos; es decir, para el cómputo de prescripción de una obligación de asistencia familiar de un menor que fue declarada y liquidada por autoridad judicial, podrá declararse extinguida cuando transcurran cinco años desde que los menores alcanzaron la mayoría de edad y puedan procurarse su sustento, finalmente si ninguna de las condiciones se cumpliese se debe tomar en cuenta la prescripción desde que los beneficiarios hubieran alcanzado los veinticinco años.

(…)

En este contexto, al tener la prescripción su fundamento material principal en la paz social, de forma que las controversias jurídicas no se dilaten temporalmente o de manera indefinida y generen inseguridad jurídica, por otro lado, se encuentra el derecho de los hijos menores, a la asistencia familiar, los cuales si bien son exigibles y obligatorios, una vez determinados en proceso judicial, su cobro no puede encontrarse indefinido en el tiempo, esto en razón a que, producto del espacio, las circunstancias y las necesidades pueden modificarse; puesto que, los hijos que tenían necesidades indispensables en un tiempo y los padres que tenían la obligación de darlas, por la circunstancias del mismo pueden modificarse, resultando que las necesidades de los hijos que en un tiempo eran urgentes no lo sean en la misma intensidad en la actualidad, ya que los hijos alcanzaron la mayoría de edad y las capacidades para subsistir independientemente y que los padres que estaban obligados a darlas no tengan ahora la capacidad de proporcionarlas por no contar con las mismas condiciones físicas e intelectuales para trabajar.”

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La Sentencia está disponible para lectura en: https://drive.google.com/file/d/1ZyHFJFAPX-tSnmN0yhpQJpkhTTM6iDI9

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL N° 0506/2016-S3

Por: María Elena Attard
Docente de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional

Es importante resaltar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0506/2016-S3, no es precedente en vigor por no contener el estándar jurisprudencial más alto en términos de la SCP 2233/2013.

Asimismo, desde el punto de vista argumentativo, es contraria al principio de razonabilidad y no cumple los criterios del juicio de proporcionalidad, en este marco, debe advertirse que su aplicación podría generar responsabilidad internacional para el Estado por ser contraria a todos los estándares de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes. 

Considero que la SCP 506/2016-S3 debe generar preocupación a una academia crítica por la regresividad que implica en cuanto a derechos de la niñez y adolescencia como grupo de atención prioritaria, por las siguientes razones: 

1) El estándar jurisprudencial más alto en el problema jurídico planteado se encuentra contenido en la SC 0351/2002-R de 2 de abril y también en la SCP 316/2011-R, precedentes en vigor que consagran la irrenunciabilidad del derecho a la asistencia familiar, por ser un criterio coherente con los estándares internacionales, especialmente el establecido en la OC 17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todas las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño que consagran la irrenunciabilidad de sus derechos en el marco de la Convención de Derechos del Niño, que dicho sea de paso, consagra la doctrina en virtud de la cual la niñez y adolescencia no son objeto de protección, sino titulares de derecho con protección reforzada por los Estados. 

2) En argumentación jurídica, lo primero que debe hacerse es identificar el problema jurídico que plantea el caso concreto; en ese orden, en cuanto a la SCP 506/2016-S3, el problema jurídico se refiere a un incidente de prescripción en cuanto a la obligación de asistencia familiar establecida a favor de niños y adolescentes, es decir grupos de atención prioritaria, por lo que, desde los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el supuesto cambio de jurisprudencia de la SCP 351/2002-R debe ser sometido, al test de razonabilidad y al juicio de proporcionalidad para justificar una conformidad con el bloque de constitucionalidad, así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Desde este análisis, sin duda, como se señalará, esta sentencia carece de razonabilidad y proporcionalidad e indudablemente no es el estándar más alto y por ende no es precedente en vigor, en otras palabras es un entendimiento aislado que de ninguna manera genera efecto vinculante para las autoridades judiciales de acuerdo a la SCP 2233/2013 que desarrolló la doctrina del estándar jurisprudencial más alto.

3) Por la arbitrariedad de este entendimiento, me permito además hacer las siguientes reflexiones a la luz del principio de razonabilidad y el juicio de proporcionalidad: 

i) Esta sentencia, es decir la 506/2016-S3, de manera textual señala: "...es viable sancionar la inacción de la parte a quien le corresponde accionar, más aún si se toma en cuenta que las obligaciones por asistencia familiar destinadas a la manutención de un menor de edad deben ser satisfechas de forma prioritaria e inmediata..." (sic) (FJ III.1). Este razonamiento es manifiestamente contrario a los arts. 13.1, 14.II y 256 de la Constitución que son pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos y por ende límites para evitar interpretaciones arbitrarias del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

En efecto, el 13.1 consagra el principio de irrenunciabilidad de derechos, el cual tiene una mayor relevancia en caso de asistencia familiar para niñas, niños y adolescentes, criterio que además es armónico con el principio de progresividad, es decir con el avance del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a la asistencia familiar para niñas, niños y adolescentes, derecho que no puede equipararse a una obligación patrimonial que está regida por el principio de disponibilidad y por ende por la prescripción que es una forma de extinción de obligaciones civiles, no familiares. La analogía en este caso es manifiestamente arbitraria desde la razonabilidad argumentativa. Además, un Estado Constitucional de Derecho, en mérito a la protección reforzada que debe brindar a grupos de atención prioritaria, jamás podría sustentar una "inactividad en el ejercicio de derechos" de niñas, niños y adolescentes, por lo cual, el entendimiento analizado es manifiestamente arbitrario y contrario al bloque de constitucionalidad y como se ha resaltado, podría generar responsabilidad internacional al Estado boliviano.

ii) La referida sentencia, de manera textual señala: "...si bien las obligaciones que nacen los las relaciones familiares son imprescriptibles, el cobro de las mismas cuando fueron determinadas, calificadas, liquidadas y transcurre un plazo legal, la obligación deja de ser jurídica y se transforma en una obligación natural; dicho en otras palabras, el cobro de la asistencia familiar determinado en proceso judicial, no puede encontrarse indefinido en el tiempo, puesto que se afectaría a la seguridad jurídica y la paz social..." (sic) (FJ III.1). Este entendimiento no puede más que sonrojarnos por su manifiesta carencia de lógica argumentativa. En este marco, podríamos preguntarnos: ¿Cual el fundamento para que una obligación que protege a un grupo de atención prioritaria como es la niñez y adolescencia y que tiene interdependencia con los derechos a la vida y la dignidad humana se "transforme" de obligación jurídica a obligación natural? ¿El concepto de obligación natural es aplicable a las obligaciones que emergen de los derechos humanos de grupos de atención prioritaria? Probablemente no se necesite ni ser jurista para dar respuesta a estas preguntas, sin embargo, este es un razonamiento que evidencia los "cambios de jurisprudencia" por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional arbitrarios y contrarios a las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. 

Agregaré además, que la seguridad jurídica y la paz social, en una ponderación razonable, no podrían prevalecer sin ninguna justificación en cuanto al derecho irrenunciable a la asistencia familiar reconocida de manera uniforme por el derecho internacional de los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes. 

Además, la sentencia ahora criticada, justifica la prescriptibilidad de la ejecución en la asistencia familiar en base a una "afectación peligrosa al patrimonio del deudor" (sic) (FJ III.1), nuevamente este entendimiento sólo puede generar que nos sonrojemos, puesto que desde este criterio, el interés del obligado, prevalece en cuanto al interés superior de la niña, niño y adolescente, criterio que no podría sustentarse ni en el ámbito interno, peor aún en una demanda internacional, ya que, claro está, los tribunales internacionales, sin mucho análisis establecerían la responsabilidad internacional del Estado boliviano, ya que dicho "razonamiento" carece absolutamente de razonabilidad.

iii) La sentencia analizada, de manera textual señala: "La asistencia familiar es un derecho y obligación que debe ser proporcionada oportunamente para la satisfacción de los menores, siendo razonable que si una vez declarada no se exige el pago, esta urgencia pierda de cierto modo la prioridad, por lo que, si es permisible que una obligación de asistencia familiar declarada por autoridad judicial en favor de un menor puede prescribir, pues se entiende que los acreedores de la obligación no la reclamaron oportunamente" (sic) (FJ III.1). 

Como puede advertirse, este entendimiento desarrollado específicamente para niñas, niños y adolescentes, consagra una renunciabilidad al derecho a la asistencia familiar en su ejecución, lo cual primero implica una incongruencia interna de la sentencia desde el punto de vista argumentativo, ya que si bien se señala que la asistencia familiar es imprescriptible, pero para la etapa de ejecución se cambia su naturaleza y se la equipara a una obligación natural para luego sustentar una prescriptibilidad en el marco de la analogía con el derecho civil, lo que implicaría que es imprescriptible y prescriptible dependiendo la etapa, con una aparente naturaleza bipolar, aspecto no solo absurdo, sino arbitrario al extremo, ya que los derechos de la niñez y adolescencia son irrenunciables, criterio uniforme que está vigente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que implica que este fallo es contrario al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad consagrados en el art. 13.I de la Constitución boliviana.

En base a lo señalado, se puede colegir que es necesario analizar este tipo de sentencias absolutamente arbitrarias que de ninguna manera son precedentes en vigor, ya que no contienen el estándar más alto, lo que implica también que en jurisprudencia, el estándar más alto no necesariamente está en la última sentencia, sino en la que sea más favorable y acorde con el principio de progresividad y prohibición de regresividad. 

María Elena Attard

Es docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Mayor de San Simón y en la Universidad Mayor de San Andrés, entre otras.  Es también postulante al doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y otra en Derecho Internacional Privado; ha realizado estudios en derecho indígena en la Universidad de Oklahoma, en litigio estratégico para la defensa de pueblos indígenas en la Pontificia Universidad Católica de Perú, entre otras universidades. Es investigadora y consultora en derechos humanos, tiene varias publicaciones y realiza también otros estudios enfocados en la línea de investigación del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Fue letrada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Correo electrónico: malena_ab@hotmail.com