martes, 7 de febrero de 2017

Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 2017










Por: Alan E. Vargas Lima
Miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales


En los primeros días del mes de febrero, se llevó a cabo en Ciudad de México D.F., el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional: "Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro en su centenario”, evento que constituye la reunión más importante en materia constitucional, por su enorme alcance, dado que reúne a los constitucionalistas de todos los países de Iberoamérica y Europa.

El XIII Congreso Iberoamericano, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, contando con el invaluable apoyo de las instituciones nacionales más representativas de aquel país, tenía como objetivo reflexionar acerca del futuro del constitucionalismo en Iberoamérica, sobre la dinámica de su desarrollo y las posibilidades de reforma institucional en los años venideros, en distintas vertientes: los derechos y los instrumentos para garantizarlos, las estructuras para el ejercicio del poder y la democracia. 

Cabe hacer notar que el Congreso tenía como propósito rendir un homenaje a la Constitución de Querétaro de 1917 a cien años de su vigencia; a cuyo efecto, se invitó a profesores pertenecientes a las veinticuatro secciones nacionales del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, incluyendo Bolivia.

Ciertamente, la organización de un magno evento como éste, concuerda con los fines que persigue el mencionado Instituto Iberoamericano, consistentes en: a) fomentar el estudio del derecho constitucional y de las instituciones políticas; b) facilitar el conocimiento de la legislación, doctrina y jurisprudencia constitucionales de los países iberoamericanos; c) fomentar la enseñanza, investigación y difusión del derecho constitucional iberoamericano, y; d) organizar, promover y auspiciar cursos, seminarios, conferencias, debates, congresos y otras reuniones. Entonces, al conjuncionar esfuerzos para la organización de este gran evento académico, el Instituto busca propiciar que, a partir de los debates y discusiones en el Congreso Iberoamericano, surjan propuestas para mejorar diversos aspectos de la vida constitucional de Iberoamérica.

Para el desarrollo del evento, se organizaron conferencias magistrales y distintas mesas plenarias de discusión; así por ejemplo, se desarrollaron las Mesas: Constitución y Estado Laico; Constitución y orden jurídico internacional; Constitución, desarrollo, ciencia y ambiente; Corrupción y otros vicios institucionales; Federalismo, regionalismo y municipalismo; Elecciones, partidos políticos y calidad de la democracia; Garantías y eficacia de los derechos humanos; Gobierno local y democracia; Justicia, equidad y derechos sociales; Reforma y cambio de las Constituciones[1].




En la Mesa sobre Constitución y Estado Laico, sobresalieron las exposiciones de Michelangelo Bovero (Italia) quien habló del Estado laico frente al fundamentalismo, y de Julio Cesar Ortiz Gutiérrez (Colombia) sobre las instituciones democráticas y los retrocesos del Estado Laico en la democracia constitucional contemporánea.

En la Mesa de Constitución y orden jurídico internacional, resaltan las exposiciones del profesor Carlos Ayala Corao (Venezuela), quien planteó la integración del derecho constitucional y el derecho internacional, y de Armin von Bogdandy (Alemania) quien abordó el tema del ius constitutionale commune en América Latina, como concepto clave de la interacción entre el derecho constitucional y el derecho internacional.

En la Mesa de Constitución, desarrollo, ciencia y ambiente, sobresalen las exposiciones de: Carmen Carmona Lara (México) sobre la Constitución y el ambiente; de Marcelo Figueiredo (Brasil) quien expuso sobre la importancia de la biodiversidad, el sistema de patentes y el acceso al conocimiento en la investigación científica; de Hernán Salgado Pesantes (Ecuador) quien abordó la Constitución y los derechos, el ambiente y la naturaleza, precisando que: “el derecho al medio ambiente sano, es un derecho indirecto, en tanto tiene que ver con la salud, por ende, con la vida humana”; y de Javier García Fernandez (España), quien habló sobre el desarrollo, la ciencia y el ambiente en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo.

En la Mesa de Corrupción y otros vicios institucionales, fue importante la participación del profesor peruano Ernesto Blume Fortini, quien habló acerca de la corrupción en Perú y la forma constitucional de enfrentarla; de Luca Mezzetti (Italia) quien planteó el desafío global que supone la lucha contra la corrupción, a la luz de los aportes del derecho constitucional y el derecho comparado; y Mariela Morales Antoniazzi (Alemania) quien abordó la corrupción y la crisis de la institucionalidad democrática, planteando posibilidades de transformación desde la vertiente de los derechos.

En la Mesa de Federalismo, regionalismo y municipalismo, el profesor Antonio María Hernandez (Argentina), planteó una visión constitucional comparada de las federaciones argentina y mexicana; Benigno Pendás (España), habló sobre federalismo, regionalismo y municipalismo; y Teresita de Jesús Rendón (México), abordó el municipalismo y el nuevo federalismo; en tanto que José Maria Serna (México) dijo hallarse en busca de un nuevo horizonte para el sistema federal mexicano, haciendo una reflexión de derecho comparado, y José Palomino Manchego (Perú), describió detalladamente la autonomía municipal en la Constitución peruana de 1993.

En la Mesa de Elecciones, partidos políticos y calidad de la democracia, ha sido relevante la participación del profesor alemán Dieter Nohlen, quien presentó un análisis de las instituciones políticas, reformas electorales y la calidad de la democracia en América Latina; así también de José de Jesus Orozco (México), quien presentó su análisis sobre la evolución constitucional y la democracia electoral en México, haciendo un balance del tema y sus perspectivas futuras; de Jorge Reinaldo Vanossi (Argentina), quien abordó el tema de los partidos políticos, democracia interna y financiamiento; y Alberto Dalla Vía (Argentina) quien habló sobre la extensión de la participación política y de la protección judicial en la República Argentina.

En la Mesa de Garantías y eficacia de los derechos humanos, intervino el profesor peruano Domingo García Belaunde, abordando el tema del garantismo, derecho y protección procesal, a propósito del “garantismo” tantas veces planteado por el profesor italiano Luigi Ferrajoli; así también, el profesor español Pablo Pérez Tremps habló sobre la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo como categoría constitucional; en tanto que el profesor argentino Néstor Pedro Sagués planteó algunos apuntes sobre el rol nomogenético de la magistratura constitucional, y precisó además que: “el derecho a la paz, es un derecho reclamable”; y Francisca Pou Giménez (México) planteó un análisis acerca del atomismo y holismo en la garantía de los derechos.

En la Mesa de Gobierno local y democracia, Irina Cervantes Bravo (México) planteó los desafíos del constitucionalismo democrático en los gobiernos locales; Alejandro Maldonado Aguirre (Guatemala), analizó la relación entre gobierno local y democracia; el profesor argentino Horacio Rosatti planteó el tema de la democracia, eficacia y representación local en la era de la globalización; y Daniel Barceló Rojas (México) analizó la responsabilidad política y la responsabilidad legal en el sistema presidencial de los Estados, en cuanto a su significado, órganos y procesos de exigencia.

En la Mesa de Justicia, equidad y derechos sociales, fue por demás sobresaliente la exposición del maestro Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México) al abordar el tema de la pobreza, la exclusión social y la discriminación estructural, a propósito de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso: Trabajadores de la Hacienda “Brasil Verde” vs. Brasil[2], analizando la esclavitud en sus formas contemporáneas; el profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá analizó el tema de los derechos sociales fundamentales y su exigibilidad en el Estado Constitucional democrático, planteando una visión crítica a la Constitución chilena; en tanto que el profesor boliviano José Antonio Rivera Santivañez, planteó el tema de los derechos sociales y la protección de grupos vulnerables, a partir de los avances de la experiencia colombiana a través de las sentencias estructurales de la Corte Constitucional.

En la Mesa de Reforma y cambio de las Constituciones, el profesor Javier García Roca (España) analizó el tema de la revisión de las Constituciones, en referencia a las Constituciones nuevas y viejas; el profesor Ruben Hernandez Valle (Costa Rica), abordó el tema del control de convencionalidad sobre las leyes de reforma constitucional en Costa Rica; en tanto que Carla Huerta Ochoa (México), analizó el tiempo de una reforma constitucional, y finalmente, el profesor chileno Francisco Zúñiga Urbina hizo referencia a la potestad constituyente, para y en la nueva Constitución de Chile.

Posteriormente, se conformaron las Comisiones especiales de trabajo en donde, y sobre la base de los principales ejes temáticos delineados en el Congreso, juristas y especialistas de varios lugares del mundo expresaron sus posiciones fundamentadas acerca de los temas propuestos, desde la experiencia de sus propios países.

Así por ejemplo, en el segundo día del Congreso, y dentro del eje temático de Elecciones, partidos políticos y calidad de la democracia, el profesor boliviano Boris Arias López planteó un análisis sobre la actividad del Órgano Legislativo como resultado del debate racional, señalando que si todos tuviésemos la misma racionalidad y la misma experiencia de vida, entonces ante un problema social llegaríamos siempre al mismo resultado; “dicho razonamiento provoca en el ámbito boliviano que existe la extraña idea de que si cambio de legislador, la fundamentación y decisión en el contenido de las leyes serían las mismas, de  ahí que resultaría innecesario el debate legislativo; sin embargo, el debate democrático parte de la idea de que sobre lo que es razonable discrepamos ello porque se parte de la idea de que somos diferentes entonces solo cuando reconocemos que todos podemos aportar es posible justificar la necesidad del debate democrático al interior del procedimiento legislativo. El presente trabajo pretende develar deficiencias en el debate parlamentario y denotar la necesidad de mejorar el procedimiento legislativo pasando así de una democracia representativa a una democracia participativa”.

De igual manera, en el tercer y último día del Congreso, y dentro del eje temático de Constitución y orden jurídico internacional, el profesor Alan E. Vargas Lima (en reemplazo de Ricardo Sotillo Antezana), analizó la defensa de la Constitución, planteando una revisión a la evolución de la justicia constitucional en Bolivia, a cuyo efecto hizo una breve referencia a la evolución histórica del control de constitucionalidad en Bolivia, así como los principales antecedentes de la creación del Tribunal Constitucional en el país, para luego examinar la configuración actual del sistema de control de constitucionalidad a partir de la Constitución aprobada el año 2009, hasta su más reciente manifestación jurisprudencial, como control de carácter concentrado y de naturaleza plural, distinta de otras formas de control existentes en el Derecho Comparado. (Artículo Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/AIJC/article/viewFile/54272/32942)

Dentro del eje temático de Garantías y eficacia de los derechos humanos, el profesor William Herrera Añez, analizó en su exposición, la Acción de Libertad como un medio extraordinario para la defensa de los derechos humanos en Bolivia, en cuyo trabajo pone de relieve su reconocimiento normativo y su revalorización a partir de la creación del Tribunal Constitucional en 1999, la reforma constitucional de 2004, la actual Constitución de 2009 y la copiosa jurisprudencia, que ha supuesto una verdadera revolución jurídica de esta figura. “A partir de su nueva configuración constitucional, el histórico habeas corpus ya no se limita a garantizar sólo la libertad y resguardar las formalidades legales en el desarrollo del proceso penal, como fue más de un siglo, sino que ahora también protege el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, entre otros, y se constituye en una acción tutelar de trascendental relevancia para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales y las garantías reconocidas en la Constitución boliviana y los Convenios y Pactos Internacionales. En la investigación ponemos de manifiesto que el proceso penal está para garantizar los derechos fundamentales; sin embargo en cuanto se vulnere algún derecho fundamental en este proceso, deberá activarse la acción de libertad para salvaguardar el debido proceso y las garantías básicas de los derechos humanos de los ciudadanos”

Por su parte, el profesor Iván Sandro Tapia, abordó la temática de la débil eficacia de los derechos humanos en Bolivia, en cuyo trabajo recoge el estado de situación en que se encuentran los derechos humanos en Bolivia respecto a su eficacia. “Se identifica el denominativo utilizado en la legislación interna; los antecedentes del Drittwirkung; se busca entender su contenido, la clasificación existente en la doctrina y los rasgos característicos de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas privadas en el caso boliviano”.

Por otro lado, dentro del eje temático Justicia, equidad y derechos sociales, la profesora Eliana Roca Serrano, presentó el tema de los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución boliviana, en cuyo trabajo estableció que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Bolivia se han incorporado de manera importante en la Constitución Política del Estado y sus leyes. “Es así que nuestra Constitución desarrolla un elenco de Derechos Sociales muy importantes, aunque para fines de la presente investigación solo consideraré los referidos al derecho a la salud, trabajo y educación, en lo que atañe a la aplicación judicial de los mismos por instancias del órgano judicial.  Para tal cometido analizaré brevemente los problemas de los DESC en cuanto a su cumplimiento en general, finalizaré estudiando las sentencias constitucionales referidas a la aplicabilidad de los derechos sociales, económicos y culturales por parte del Tribunal  Constitucional de Bolivia”.

Por último, dentro del eje temático Reforma y cambio de las Constituciones, la jurista Micaela Alarcón Gambarte (en reemplazo de Carlos Andrés Miranda) analizó el tema de la reforma constitucional en Bolivia, describiendo su estado de situación actual.



CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 2017
Comité Organizador
Presidente de Honor
Héctor Fix-Zamudio

Presidentes
Pedro Salazar
Diego Valadés

Coordinador Ejecutivo
José Ma. Serna de la Garza

Secretaria Auxiliar
Edith Cuautle Rodríguez

Vocales
Daniel Barceló Rojas
Enrique Cáceres Nieto
Hugo Concha Cantú
Lorenzo Córdova Vianello
Eduardo Ferrer MacGregor
Héctor Fix Fierro
Mónica González Contró
Carla Huerta Ochoa
Francisco Ibarra Palafox
José de Jesús Orozco Henríquez

Auxiliares
Daniel de la Paz Ruiz
Amador Rodríguez Cuervo

Secretaría Técnica
Raúl Márquez Romero

Biblioteca Jurídica Virtual
Karla B. Templos Nuñez
Luis F. Herrera Martínez (tu crédito de diseño)
Jessica Quiterio Padilla (diseño)

Apoyo técnico
Ignacio Trujillo Guerrero
Ilayali G. Labrada Gutiérrez
Yuri López Bustillo



[1] El Programa del Congreso puede ser visto en http://www.iberoconstitucional2017.unam.mx/programa/
Más información al respecto puede visualizarse en http://www.iberoconstitucional2017.unam.mx/
[2] El caso se relaciona con la presunta omisión y negligencia en investigar diligentemente una supuesta práctica de trabajo forzado y servidumbre por deudas en la Fazenda Brasil Verde, ubicada en el norte del Estado de Pará, así como la desaparición de dos trabajadores de dicha hacienda. La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se halla disponible en el siguiente enlace:

viernes, 27 de enero de 2017

EL PREAVISO LABORAL EN BOLIVIA








EL PREAVISO LABORAL

Por: Henry A. Pinto Dávalos*


A raíz de la Sentencia Constitucional No. 0907/16-S3 de 26 de Agosto emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, diversos sectores de la sociedad civil y la Central Obrera de Bolivia, han decidido ir a un paro de 24 horas pidiendo, entre otras cosas, se deje sin efecto la figura del preaviso prevista en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, como requisito legal para proceder con la desvinculación o despido de un trabajador, anunciando además el procesamiento de los magistrados involucrados, por considerar dicha decisión, como una medida atentatoria no solo a la Ley, sino a los derechos de la clase trabajadora del país.

En efecto, a fin de comprender la naturaleza del conflicto en cuestión, cabe apuntar que el Tribunal Constitucional en días pasados, publicó la SC No. 0907/16-S3, que establece en su parte central,  una posición jurídica sobre el instituto del preaviso (notificación  al trabajador con 90 días de anticipación para ser desvinculado de una empresa), argumentando que la misma se ‘constituye en una modalidad bajo la cual los empleadores deciden poner fin a la relación laboral’, ya que – según expone la SCP – la relaciones laborales estarían centradas en la ‘autonomía de la voluntad de las partes’ tal como previene el art. 454 del Código Civil, aclarando con ello, la validez y vigencia legal de la figura del preaviso como mecanismo jurídico válido, destinado a poner fin a una relación laboral.


Sobre el particular, se debe puntualizar que la Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009,viene a constituir uno de los hitos más notables dentro el derecho laboral boliviano, ya que en su art. 48 no solo se positivizan los principios históricos del derecho laboral  como la primacía de la relación laboral, la inversión de la prueba y el principio protectivo entre otros, sino que desde el mismo Preámbulo constitucional, se reconocen a las luchas sindicales como su fundamento, convirtiéndose en un referente indiscutible en el reconocimiento de los derechos laborales, equiparable sólo con la reforma de 1938, año en el cual se instauró en el país el conocido Constitucionalismo Social, ya que además se incorporan la figura de la estabilidad y la inamovilidad laboral (art. 48).

Resultado de ello, es que tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional como el Tribunal Supremo de Justicia, en consonancia con el Decreto Supremo No. 28669, han establecido en reiterada jurisprudencia que un trabajador no puede ser despedido intempestiva, ni injustificadamente, ya que para proceder con su desvinculación, se debe probar que el mismo hubiese incurrido en algunas de las causales de despido del art. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento, lo cual conlleva necesariamente a reconocer la necesidad de un previo y debido proceso, ya que en base a la presunción de inocencia (art. 116 constitucional), nadie puede ser sindicado ni sancionado, sin antes ser vencido en un justo proceso, con lo que se estableció, de forma permanente, la imposibilidad de proceder al despido de un trabajador de forma unilateral y discrecional, partiendo además de la premisa de que la estabilidad laboral, tiene un triple ámbito de reconocimiento constitucional: como principio en el art. 8; como derecho fundamental, en el art. 2 y 46; y, finalmente, como garantía constitucional prevista en el art. 49.II de la norma fundamental.

En el caso concreto, resulta que el Tribunal Constitucional Plurinacional, olvidando su misma jurisprudencia, mediante la  SCP No. 0907/16-S3 decide reconocer la validez el preaviso como mecanismo de desvinculación laboral, desconociendo que si bien es cierto que el art. 12 de la L.G.T (preaviso) no ha sido derogado, empero, realizando una interpretación ‘desde y conforme la Constitución’, la misma resulta inaplicable, ya que según su mismo razonamiento contenido en sendos fallos, sólo se puede despedir a un trabajador cuando el mismo incurre en una causal de despido, lo cual resulta llamativo, más cuando para justificar su fallo, se amparan en el principio de ‘autonomía de la voluntad de las partes’ reconocido en el art. 454 del Código Civil, olvidando que en materia laboral, rige el principio de ‘irrenunciabilidad de los derechos’, lo cual supone que los derechos laborales, no están sujetos a la libre disposición de los particulares, por lo que el fallo en cuestión, tal como apunta el laboralista Iván Campero Villalba, resulta siendo inerte, ya que contradice la más lógica elemental del Derecho Laboral Boliviano, más aun cuando el mismo TCP, en la SC No. 1262/13 de 01 de agosto, afirmó exactamente todo lo contrario.

*Autor del Libro ‘La Reincorporación Laboral en Bolivia’.

viernes, 13 de enero de 2017

La Reforma del Sistema Penal Boliviano - Ciro Añez Núñez




Reforma del Sistema Penal boliviano


Por: Dr. Ciro Añez Núñez.


Encontrándome en São Paulo (Brasil), mediante el uso de la tecnología (aplicación de mensajería instantánea para teléfonos smartphone), fui gratamente entrevistado por "El Deber" Radio; oportunidad donde conversamos sobre la reforma al sistema penal boliviano, misma que se tiene proyecciones que ocurra este año.

Durante la conversación, recordé que el día martes 13 de diciembre del año pasado, se realizó un acto en el auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde fue anunciado aquel proyecto de ley; sin embargo, ningún asistente recibió un ejemplar para su lectura sea en versión digital o impresa.
Entre los colegas abogados actualmente circula un proyecto ley que trae consigo varias novedades, a continuación señalamos algunas de ellas:
Se trata de un Código al estilo del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano que unifica en un solo cuerpo normativo el Código Penal, Procedimiento Penal, Ley de Ejecución Penal y Supervisión, llegando a contener más de 1100 artículos, que quizás tendrá sus dificultades al momento de realizar una adecuada y ágil fundamentación oral durante la litigación.

En lo concerniente al Código Penal, se intenta consolidar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si bien es cierto que desde el año 2010 en Bolivia ya existe tal situación pero lo hace de manera camuflada dado que apareció esta posibilidad con el delito de “enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado” previsto en la Ley 004 (más conocida como Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz) pese a que el actual Código Penal en vigencia en su art. 5 establece claramente que la ley penal únicamente se aplica contra personas naturales no así contra personas jurídicas.

La responsabilidad penal contra las personas jurídicas significa que se sanciona a la persona jurídica como tal, no solo a su representante legal o a su administrador de hecho; en otras palabras, conlleva la afectación del patrimonio de la empresa o la institución, esto es, el conjunto cualitativo y cuantitativo de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, pudiendo el Estado confiscar una parte importante de dicho patrimonio.

Por otro lado, este proyecto de ley, describe más detalladamente las causas de exclusión o exención de responsabilidad (Ej.: fuerza física irresistible, miedo insuperable, etc.), asimismo, es más específico en cuanto a dosimetría penal; y, lo que respecta a participación criminal agrega determinadas categorías como la “persona determinadora”. En lo referido a penas privativas de libertad, además del presidio y la reclusión, agrega otras como por ejemplo: la detención de fines de semana, limitaciones de residencia, prohibición de residencia, etc.

En cuanto a los efectos derivados de la condena penal, llama poderosamente la atención que cuando describe el “decomiso o confiscación” sugiere que su aplicación podría ser inclusive sin que exista condena dado que lo deriva a una ley especial sobre extinción de dominio a favor del Estado, por lo tanto, no guarda relación con el principio de legalidad, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la propia Constitución. La confiscación podría verse desnaturalizada puesto que podría ser impuesta sin que concurra sanción penal en calidad de cosa juzgada, dando lugar a una atípica privación definitiva de un derecho de propiedad como consecuencia de una infracción administrativa de naturaleza presunta que surge de la probable comisión de algún delito.

En lo concerniente a los delitos o infracciones en particular, si bien empieza valorando a la humanidad y a la vida de las personas dado que inicia la parte especial con el genocidio, crimen contra la humanidad, etc., se pretende instituir dentro de los delitos de sustancias controladas al microtráfico otorgando penas bajas que oscilan entre 6 meses a un año.

Referente al procedimiento penal resulta bastante llamativo que dentro de los sujetos procesales en calidad de “parte” se coloca a la autoridad judicial, situación por demás inaudita, dado que un juzgador por el principio de imparcialidad no puede ser considerado al mismo tiempo como juez y parte.
En cuanto a las nulidades por defectos absolutos se coloca un plazo de tres días para solicitarlas, lo cual conllevaría que después de ese plazo dichos defectos queden totalmente convalidados sin importar lo muy vulnerativos de derechos y garantías constitucionales fuesen, degenerándose de esta manera la nulidad por defectos absolutos (las cuales nunca deben, ni pueden convalidarse) equiparándolas como si se tratasen de defectos relativos (las cuales obviamente sí pueden convalidarse) ocasionando un indebido proceso.

La estructura del proceso penal para delitos de acción pública en este proyecto ley se resume en dos etapas, a saber: investigación y juicio. 

En la etapa de investigación se establece un plazo máximo de tres meses ampliable de forma excepcional a dos meses bajo determinadas circunstancias. Dicho plazo se computaría desde la denuncia hasta que la persona quede a disposición del juez para que se lleve a cabo la Audiencia Inicial; mientras que la etapa de Juicio, comienza desde que el Tribunal de Sentencia recibe el Auto de la Audiencia Inicial hasta la sentencia.

De allí que emerge una serie de interrogantes: ¿cuáles son los criterios para establecer tres meses como plazo máximo de investigación siendo que en la práctica existen casos complejos que duran más de seis meses?, ¿será que en tres meses se podrá obtener los elementos necesario para probar la existencia de algún delito siendo que el Instituto de Investigaciones Forenses hasta ahora no termina de consolidarse de manera completa e integral en todo el país?. 

En este proyecto de ley no existe la diferenciación entre imputación formal y acusación, directamente se pretende ir a una acusación o a un sobreseimiento (absolución anticipada) y las medidas cautelares se podrían solicitar en aquella audiencia inicial para luego dar paso al juicio, conservando el Ministerio Público aquel monopolio de la acusación y el sobreseimiento sin que exista ningún control jurisdiccional al respecto.  

Durante la entrevista del medio radial, se me preguntó si todo ello implicaría un cambio o una limpieza a la justicia boliviana, a lo cual es bueno recordar que solo se trata de una reforma legislativa enmarcado en aspectos textuales normativos, que si bien condicionan determinadas conductas humanas externas sin embargo jamás serán determinantes para un verdadero cambio, ya que toda verdadera transformación no es externa sino interna. Todo cambio externo (de fachada) es simple reforma mientras que el cambio interno es verdaderamente capaz de producir transformación.

Para que existan buenos e idóneos jueces, fiscales, policías y abogados donde prime la ética profesional y la moralidad, no solo se trata de una adecuada formación profesional (la cual sin duda alguna es también importante) sino que primordialmente debemos entender que la limpieza empieza desde uno mismo, es decir de adentro hacia afuera. Debemos cambiar aquella mentalidad de angurria al dinero, quitar aquel chip mental que hemos venido a este mundo únicamente a hacer dinero, acumularlo, gastarlo y luego morir. Se debe defenestrar aquella noción común y corriente de que transcender en este mundo consiste en hacer inversiones monetarias que genere más dinero sin importar la calidad humana olvidándonos que cuando llegue aquel día en que nos toque dejar este mundo nada de aquello que pensamos como trascendente fundado en dinero lo  podremos llevar y menos aún sabremos si finalmente se hizo conforme a nuestro capricho. 

En estos tiempos resulta que el orgullo, la envidia, el egoísmo y la vanidad valen más que las vidas humanas (llegándose al colmo en algunos casos donde la vida y las libertades individuales se encuentran tazadas económicamente).

Seguimos creyendo que lo tangible es más valioso que lo intangible, por ejemplo: un ladrón es capaz de matar a un ser humano (con todos sus dones y talentos que lleva consigo) por poseer un teléfono celular, un funcionario corrupto aplicando sicariato judicial puede poner precio a una disposición, a una interpretación normativa, a un derecho propietario o a la libertad de una persona, etc.

Cuando se ocupa un cargo público o algún puesto jerárquico en una empresa es menester extirpar aquella idea del “ahora es cuando” me enriquezco como sea y a como dé lugar (aunque ello implique favorecerme o hacer negocios con las desgracias ajenas).

La administración de justicia en nuestro país dará muestras de cambio cuando desde ella misma emane de manera sólida: seguridad jurídica, independencia judicial, probidad, etc. Una buena señal de esto para la región sudamericana es la justicia brasilera, que se encuentra actualmente procesando por hechos de corrupción a gente sin importar si éstos son poderosos empresarios o políticos.

Las instituciones que son vitales para un Estado de Derecho no deben degenerarse ni convertirse en lumpen; por lo tanto, el verdadero cambio es a través de una regeneración no es por el sendero de las continuas y constantes reformas cuyo fruto es mayor incertidumbre jurídica.

Finalmente, teniendo en cuenta que en nuestro país aún existe una fuerte voluntad por seguir transitando por el carril de la reforma al menos se debiera garantizar el derecho de acceso a la información, esto es, que los servidores y empleados públicos den a conocer abiertamente aquellos proyectos de ley de manera oficial que involucran y/o afectan a toda persona tanto habitante como visitante en este país, como lo es en este caso el proyecto de ley del sistema penal, para que profesionales e instituciones (llámese Colegios de Abogados, Universidades, etc.), puedan analizarlo y que se les permita manifestar sus opiniones especializadas y fundamentadas en pro de una reforma basada en el sentido común, los principios y valores de un Estado democrático y social de Derecho con el debido apego a las Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

Sao Paulo, Brasil. 8 de enero de 2017.