martes, 20 de enero de 2015

Destacan intervención de mujeres en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional



Destacan intervención de mujeres en la nueva Asamblea Legislativa - La Razón





Género. En Diputados, las tres jefas de bancada, opositoras y oficialistas, son mujeres

La Razón (Edición Impresa) / Sucre / Yuvert Donoso, Luis Mealla
03:41 / 20 de enero de 2015

El mandatario Evo Morales y los recién posesionados presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores destacaron la presencia y participación de las mujeres en la nueva Asamblea Legislativa, de la cual más de la mitad son mujeres. En conferencia de prensa en La Paz, el Mandatario reveló que, por ejemplo, si Gabriela Montaño es la presidenta de Diputados, esto no se dio por “caprichos, sino por “razones”:

“En este momento, la presencia de la mujer en la Asamblea Legislativa es del 50,09% (50,6 según el presidente del Senado, José Alberto Gonzales). En la primera reunión de la bancada del MAS-IPSP, yo dije que una de las presidentas tiene que ser una compañera mujer; (...) y aquí no son caprichos sino razones, yo siempre voy a dar mi cara por las mujeres, ellas siempre son más honestas. (…) Hemos decidido: si es una mujer de Santa Cruz, en La Paz tiene que ser un varón”.

Mientras tanto, en Sucre el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, instó a sus colegas a prepararse para el “matriarcado” que liderará en esa instancia durante la presente gestión.

“El Presidente hizo hacer una tarea al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para saber cuántas mujeres están en el actual periodo constitucional y la cifra es la siguiente: 50,6% son mujeres, hay más mujeres que varones, es un dato importante y entiendo que Bolivia es el segundo país posiblemente de la región que tiene esa representación. Condice con la realidad y quién mejor que las mujeres para administrar los recursos. Estamos muy orgullosos de aquello”, manifestó.

En tanto, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo que la Asamblea es Plurinacional por la diversidad de rostros, trajes y lenguas, y calificó como un “enorme” avance la inclusión  del sector femenino.

Diputadas. “Más del 50% de los diputados son mujeres, no es una casualidad que hoy le toque a una mujer, en nombre de millones de bolivianas, dirigir esta cámara, de la cual me siento orgullosa; pero tampoco es una casualidad que tengamos tres jefas de bancada mujeres”, explicó. 

En efecto, la presidenta Montaño recordó que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) está liderada por Juana Quispe; la de Unidad Demócrata (UD), por Jimena Costa, y la del Partido Demócrata Cristiano (PDC), por Norma Piérola.

Aunque en el Senado pasa todo lo contrario: con José Alberto Gringo Gonzales de presidente, los tres jefes de bancada son varones: Pedro Montes del MAS; Óscar Ortiz de UD, y Víctor Hugo Zamora del PDC. Según un informe de la Coordinadora de la Mujer de octubre de 2014, un total de 80 legisladoras estarán en la nueva gestión de la Asamblea Legislativa. En el Senado alcanzaron 15 de los 36 escaños (42%), mientras que en  Diputados se logró un histórico 50% de representación, ocupando 65 de las 130 curules.

Los discursos de Gonzales y Montaño tuvieron lugar en la  clausura de las sesiones preparatorias realizadas en Sucre entre el 18 y 19 de enero, oportunidad en que se eligieron las directivas camarales para la presente gestión, oportunidad en la que el MAS ha mostrado su fuerza en torno a una oposición dividida.

En esta jornada, los legisladores deberán aprobar la Ley de Proclama del presidente Morales y del vicepresidente Álvaro García, quienes ganaron los comicios generales con el 61,36% de la votación, lo que les dio paso a un tercer mandato consecutivo.

El MNR retorna al Legislativo tras 10 años

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) retornó a las actividades legislativas después de diez años, luego de que su última presencia política se registrara en el segundo periodo presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). El diputado Erick Morón y jefe nacional de ese partido dijo que buscará retomar el “nacionalismo revolucionario”, esta vez en alianza con Unidad Demócrata (UD), sigla por la que fueron elegidos en los comicios de octubre de 2014.

“El MNR retoma el Congreso nacional después de diez años; estamos orgullosos de ser movimientistas y retomar los espacios que algún momento hemos perdido; el MNR retorna no para representar a la izquierda ni a la derecha, sino al nacionalismo revolucionario. Queremos seguir aportando al país como siempre lo hemos hecho”, sostuvo.

Morón aclaró que si bien su partido no puede conformar una “bancada del MNR”, cuenta con nueve diputados que manifestarán su propia identidad, en virtud a la alianza con UD. Durante el acto de posesión, los legisladores emenerristas juraron haciendo su tradicional señal de la V de la victoria, además que contaron con la presencia de  militantes que agitaban las banderas rosadas en instalaciones del Teatro Gran Mariscal.

El MAS buscará aprobar 96 leyes hasta 2020

Luis Mealla

El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa se propone aprobar al menos 96 leyes en el periodo constitucional 2015-2020. Se trata de propuestas pendientes de la Cumbre de Movimientos Sociales de 2012 y parte de las 100 leyes previstas en 2010 para poner en marcha el nuevo Estado Plurinacional.

“Son 96 leyes que han quedado pendientes y hay que evaluarlas; en segundo lugar, es el plan de gobierno propuesto en la campaña electoral de 2014, que tiene que ver con la agenda patriótica, un conjunto de normas que ya hay que planificarlas”, señaló el diputado Javier Zavaleta (MAS).

El legislador explicó que entre las propuestas normativas a las que se debe dar prioridad, en virtud a los nuevos objetivos de la agenda 2025, están las leyes judiciales, que darán el marco para la consulta popular referente a la Justicia, tal como anunció el presidente Evo Morales, con el objetivo de reformar el sistema judicial.

“Hay otro pilar que es el de la seguridad alimentaria e industria, en el que está incluida la producción de electricidad que se debe enmarcar en una nueva norma; además, se debe discutir un nueva Ley de Hidrocarburos y de producción de alimentos. Las 96 leyes deben ser aprobadas en los próximos cinco años”, insistió Zavaleta.

Hasta la gestión pasada, solo 40 de las 70 leyes de la cumbre social fueron aprobadas, mientras que del centenar de normas estructurales, el 60% fue sancionado por los legisladores que concluyeron su mandato en enero de 2015. Zavaleta agregó que entre otras normativas pendientes está la Ley del Seguro Universal de Salud, la que debe aprobarse en virtud a la reforma que en el área se prevé llevar adelante en la presente gestión.

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Importancia de la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional

 

Apunte legal
Alan E. Vargas Lima
00:00 / 11 de noviembre de 2014

Ha sido muy reconfortante la noticia sobre los cambios a producirse en la representación política dentro del Estado Plurinacional como consecuencia de la votación realizada en las últimas Elecciones Generales, dado que la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados llegará al 50%, mientras que en la Cámara de Senadores será del 42%.

Ello significa que del 1% de representación que tenían las mujeres en el entonces “H. Congreso Nacional” en 1982 (cuando se recuperó la democracia), ahora llegarán al 48% de representatividad en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), a partir de enero de 2015, lo que, indudablemente, supone la materialización del Principio de Paridad y Alternancia de Género en la representación política.

Desde el punto de vista legal, se debe señalar que el artículo 11 inciso a de la Ley Nº 26 del Régimen Electoral establece que en las listas de candidatos a legisladores nacionales y regionales se debe respetar la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres; en ese marco, en junio de este año el Tribunal Supremo Electoral (tse) anunció la aplicación de un sistema informático que prácticamente obligaba a los frentes políticos a la inscripción del 52% de mujeres en las listas de candidatos(as) a legisladores(as).

Hay que destacar que nuestro país es uno de los que ha dado importantes pasos a nivel normativo para favorecer el ejercicio de la participación política de las mujeres, situándose así a la vanguardia de la paridad de género en América Latina junto a Ecuador, México, Costa Rica y Nicaragua, según un estudio realizado por ONU Mujeres.

A ello se debe agregar los notables avances a través de leyes destinadas a la protección de las mujeres contra la violencia y el acoso político; todo lo cual sitúa a nuestro país en el quinto lugar de América Latina en materia de equidad de género.

Sin embargo, también se debe considerar que el importante porcentaje de apoyo obtenido por las mujeres para incorporarse a la ALP implica la asunción de una importante responsabilidad política, que se traduce en el deber de actuar con voz y voto para procurar la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres en uno de los mejores escenarios democráticos de encuentro, discusión y participación colectiva, como es la Asamblea.

Entonces, el mandato otorgado por el soberano a las mujeres parlamentarias supone la necesidad de su participación activa en la toma de decisiones políticas dentro del Órgano Legislativo, lo que significa que en ninguna forma están autorizadas a consentir ningún tipo de intromisión en su trabajo legislativo y mucho menos simplificar su participación a refrendar o “levantar la mano” para aprobar leyes sin antes haberlas leído íntegramente, luego analizarlas y debatirlas de manera abierta a la ciudadanía en cualquier espacio que posibilite la discusión democrática.

Por tanto, y no obstante su afiliación política mayoritaria, las nuevas representantes nacionales no pueden limitarse a aprobar leyes “en sobre cerrado” solo porque provengan del Órgano Ejecutivo, porque ello únicamente mostraría una actitud servil, tornando en inútil el mandato expreso del pueblo soberano que, básicamente, se traduce en la necesidad de seguir luchando por mayores niveles de protección efectiva a las mujeres a través de políticas reales y presupuestadas, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, respaldadas en leyes claras y concretas, libres de cualquier tergiversación y que no sean de imposible cumplimiento, porque ello solo perjudicaría los derechos de las mujeres.

Ahora bien, el tema de la participación política de las mujeres, ha sido objeto de diferentes estudios por parte de los especialistas en el análisis de la realidad nacional. Así, por ejemplo, hace más de diez años el padre Gregorio Iriarte OMI, en su texto sobre “La formación en los Valores de la Democracia”(2002), lo consideraba como un tema pendiente, dado que en aquel tiempo todavía era muy sentida la necesidad que desde el Estado se elaboren y diseñen políticas públicas para promover la igualdad de género, debiendo resaltarse la vigencia del denominado Plan Nacional de Equidad de Género, acompañado de decretos y compromisos nacionales e internacionales que traducían la voluntad política para institucionalizar políticas de género en el país.

En la actualidad, es importante destacar un estudio presentado recientemente sobre “La participación política de las mujeres en la democracia boliviana”, cuya autoría corresponde a la analista María Lourdes Zabala Canedo, quien, desde una perspectiva histórica, muestra que las mujeres (al igual que los indígenas) fueron excluidas del proyecto de nación en 1825, hasta que recién en 1952 se amplió la ciudadanía para ellas (incorporando la posibilidad de su participación a través del voto universal).

Posteriormente, en los años 90 la lucha por una Ley de Cuotas fue sustancial, constituyéndose en el antecedente directo del actual reconocimiento de la paridad y alternancia en las leyes electorales.

Luego de hacer un balance general de los estudios realizados sobre la materia en las tres últimas décadas, la autora aborda el análisis de la participación política de las mujeres en Bolivia desde una perspectiva que destaca no solo la variable cuantitativa, sino que, al mismo tiempo, pone de relieve la dimensión cualitativa de este proceso.

A este efecto, señala un itinerario de construcción de las dimensiones referidas a ciudadanía, democracia e igualdad, contextualizando las estrategias de los movimientos feministas y de mujeres en tres momentos históricos del país: la instauración del régimen democrático representativo (marcada por reformas neoliberales y la democracia pactada), la instalación de la Asamblea Constituyente y la etapa de transición del Estado-nación hacia el Estado Plurinacional.

Así, también analiza transversalmente las estrategias de los movimientos de mujeres por la ampliación de sus derechos de ciudadanía política, tomando como criterio su presencia cuantitativa en los diferentes “Poderes del Estado”, así como su relación con los partidos políticos y las organizaciones sociales. Finalmente, el estudio concluye con un balance de los avances y desafíos pendientes sobre la presencia de las mujeres en la construcción de la democracia.

Entonces, se trata de un estudio muy importante para comprender en su verdadero contexto y sus reales dimensiones la participación política de las mujeres en Bolivia, desde su etapa democrática hasta el presente en que ha alcanzado mayor notoriedad la necesidad de esa participación.

Este salto cualitativo en los niveles de representatividad política femenina en las cámaras legislativas inevitablemente dará lugar a una reconfiguración de la composición de la Asamblea Legislativa, lo que resulta necesario para fomentar el pluralismo democrático y la participación equitativa de todos los sectores sociales que componen nuestro Estado Plurinacional, a fin de que la toma de decisiones políticas, de manera consensuada y colectiva junto a las mujeres, nos señalen un mejor sendero del caminado hasta ahora.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com


martes, 13 de enero de 2015

Viacrucis del Juzgamiento a una Magistrada Constitucional en Bolivia







…se decidió remitir el caso a la Justicia Ordinaria para que la jurista sea procesada (por los mismos hechos) en la vía penal; eso significa que su caso se extinguió solamente en la Asamblea Legislativa, ente que tenía la posibilidad de sancionarla administrativamente…

La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima*
00:00 / 13 de enero de 2015

Para abordar, aun sea de manera breve, este tema tan polémico, cabe señalar que entre las leyes más sobresalientes de la gestión pasada (1) se encuentra la Ley Nº 612 de 3 de diciembre de 2014, que modifica la Ley Nº 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

La Ley Nº 612 tiene por objeto modificar varios artículos de la Ley Nº 044 para el Juzgamiento de Altas Auto- ridades de Estado y Autoridades Judiciales, entre ellos el artículo 23, estableciendo la naturaleza del proceso en la siguiente forma: “La función de juzgamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene carácter disciplinario por los hechos ilícitos cometidos en el ejercicio específico de las funciones de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Con- sejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Fiscal o el Fiscal General del Estado y será ejercida de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley”.

Nótese que, en la disposición transcrita, no solamente se precisa la naturaleza del juzgamiento que debe realizar la Asamblea Legislativa, sino que, además, de manera subrepticia y es- condida se cambia tácitamente el ámbito de aplicación del juzgamiento, dado que, en el texto de la nueva Ley, solamente se hace referencia a los magistrados del Órgano Judicial y no así a las altas autoridades del Estado: Presidenta o Presidente y/o Vicepre- sidenta o Vicepresidente.

Éste no es un simple “error de transcripción”, sino que constituye un yerro de fondo porque lleva a confusión acerca del verdadero alcance de la Ley de Responsabilidades de las Altas Autoridades del Estado y, fácilmente, puede ser objeto de tergiversaciones en determinado momento.

Por otro lado, la nueva ley incorpora el artículo 44 bis (renuncia al cargo) a la Ley Nº 044, disponiendo expresamente que: “La alta autoridad hasta antes de la emisión de la sentencia, podrá renunciar irrevocablemente a su cargo, ante el Tribunal Supremo Electoral y deberá poner en conocimiento su renuncia a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, del pleno de la Cámara de Diputados o Tribunal de Sentencia según corresponda, debiendo la instancia correspondiente disponer el archivo de obrados en cuanto al renunciante. La Autoridad Legislativa, podrá remitir antecedentes al Ministerio Público”.

En otras palabras, esta disposición abre la posibilidad de archivar obrados o suspender un juicio a los Magistrados del Órgano Judicial que se encuentren procesados, bajo la condición de que renuncien a su cargo; sin embargo, señala también la posibilidad de remitir los antecedentes del proceso a la Fiscalía para su trámite en la justicia ordinaria.

Entonces, a través de esta disposición se incorpora una nueva causal de suspensión del procesamiento a los magistrados judiciales: la renuncia al cargo, que tiene como consecuencia concluir extraordinariamente el proceso (sin llegar a una sentencia), siempre que la renuncia sea puesta en conocimiento de las autoridades que están a cargo de la sustanciación del mismo.

Sin embargo, no debe perderse de vista que ello también será aplicable en el caso de procesamiento a las altas autoridades de Estado (Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente), lo que implica proteger con un manto de impunidad todos los indicios de responsabilidad que dieron lugar a la apertura del proceso y, en consecuencia, le quita eficacia a la finalidad que se persigue con la función de juzgamiento que ejerce la Asamblea Legislativa.

Ahora bien, dentro del juicio político seguido a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), en la primera semana de este primer mes del año se ha conocido que la magistrada suspendida Ligia Mónica Velásquez decidió (por razones de salud) renunciar a su cargo para culminar así el juicio de responsabilidades instaurado por la Cámara de Senadores (2) por suspender la vigencia la Ley del Notariado.

El proceso fue establecido no solo en su contra, sino también de sus colegas Soraida Chánez (quien no renunció y cuya situación era incierta, casi al borde de la destitución) y Gualberto Cusi (quien fue separado del proceso hasta que mejore su salud).

Asimismo, se debe advertir también que dicha instancia legislativa, luego de aceptar la dimisión de Velásquez, decidió remitir el caso a la Justicia Ordinaria para que la jurista sea procesada (por los mismos hechos) en la vía penal; eso significa que su caso se extinguió solamente en la Asamblea Legislativa, ente que tenía la posibilidad de sancionarla administrativamente con una destitución definitiva.

Concluyentemente, ello implicaría un doble juzgamiento, si se tiene presente que “el principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad del sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad.

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado).

En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no solo cuando se sanciona, sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento).

Conforme a esto, no existirá violación al principio non bis in idem, cuando alguna de las identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las sanciones, administrativa y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes o, finalmente, cuando el fundamento de ambas sanciones es distinto” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0506/2005 de 10 de mayo, entre otras).

Notas
1. Ery Iván Castro Miranda. Leyes sobresalientes de la gestión (2014). Disponible en: http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Leyes-sobresalientes-gestion_0_2187381293.html
2. Lo más curioso en este caso es la declaración que hizo la magistrada procesada ante los medios, al admitir que llegó al límite de vulneraciones a derechos: “Nos dijeron que la carga de la prueba nos corresponde y no dieron posibilidad de probar nuestra inocencia. No quiero ser parte de este teatro”, manifestó. Esta es una flagrante arbitrariedad dentro de un proceso que comenzó siendo de naturaleza penal para luego convertirse (según la Ley Nº 612) en uno de carácter administrativo con sanciones disciplinarias.
*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

lunes, 12 de enero de 2015

REFERÉNDUM: La "Revolución" de la Justicia Plurinacional










No más revoluciones en la justicia

Hagamos algo sensato
Que nadie se rasgue las vestiduras al ver que los tribunales son una chacota: es preciso una reforma en serio, dice el autor

Henry Oporto -  Sociólogo

Evo Morales vuelve a remover el avispero, anunciando un referendo para revolucionar la justicia. Habrá que entender que se trataría de una revolución de la revolución judicial, ya que es esto lo que supuestamente ha venido sucediendo, a partir de la elección de los magistrados en 2011.  ¿Qué significa este anuncio? Quizás nadie lo sepa exactamente. De hecho, el discurso del Presidente en la inauguración del año judicial, ha sido confuso y con un tono de improvisación. Habló de trasladar al pueblo la definición de "una profunda revolución dentro de la justicia”; también de "una reforma constitucional”, pero en términos tan vagos que da pie a todo género de especulaciones -la ministra de Justicia dice que el referendo será tanto sobre temas de justicia como un revocatorio para los magistrados en ejercicio-.

Lo que resulta inconsistente es que se quiera apelar a la consulta popular cuando las propias autoridades de gobierno no ocultan su frustración porque justamente ese mecanismo -la decisión del pueblo, expresada en la elección de magistrados, y reivindicada como "un nuevo modelo de justicia”- no hubiera resuelto los problemas de la administración de justicia y que, por el contrario, los hubieran empeorado.

Partidización y descalabro institucional

Lo que no se quiere reconocer es que la elección de autoridades judiciales ha sido el caballo de Troya para la captura de la justicia y el copamiento de los cargos judiciales con militantes y allegados, a cual más sumisos e incompetentes en sus funciones. Y por ello el país está pagando un precio demasiado alto: conculcadas la independencia, la institucionalidad, la carrera profesional y la meritocracia, ha sobrevenido el descalabro en todo el sistema judicial. 

Que nadie se rasgue las vestiduras al ver que los tribunales son una chacota: instancias despojadas de respetabilidad y convertidas en escenarios caóticos, de trifulcas internas, de pugnas de poder y presiones corporativas, como no se había visto nunca antes. Que la función judicial se hubiese degradado al punto que jueces y fiscales sean tanto más desechables cuanto más manipulables. El propio Evo Morales afirma que el sistema judicial es "el centro de extorsión y corrupción”.

La administración judicial está colapsada y paralizada, por el aumento de la mora judicial, la sobrecarga procesal en los juzgados, la saturación en el trabajo de los jueces y fiscales, la cantidad de procesos sin sentencia, el hacinamiento de las cárceles. Lo único que no crece es el presupuesto judicial: si en 2005, el gasto en el sector justicia (Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio Público) representaba algo menos del 2% del gasto total del sector público, en 2013, el presupuesto programado del sector justicia se redujo al 0.36% del PGN. Hoy en día nada funciona en la justicia, y por cierto nadie cree en ella.

¿Cambiar la justicia mediante referendo?

Evo Morales admite que el intento de reformar la justicia, vía la elección directa de magistrados, ha fracasado. Sin embargo, él quiere aplicar el mismo remedio para corregir los males derivados de su experimento de un cambio radical en la composición de los órganos judiciales. ¡Quién entiende esta paradoja! Hay que imaginarse a la gente dirimiendo con su voto complejos problemas judiciales de orden doctrinario, técnico, sustantivo y procedimental. Esto no es serio, y suena más bien a populismo y demagogia.

La realidad de una judicatura disfuncional y envilecida es por demás evidente –innegable, incluso, para sus causantes y protagonistas-, lo cual pone al Gobierno en un atolladero. Los órganos judiciales que, en su día, fueron muy útiles a las necesidades de un proyecto de poder, ahora son un lastre. Por cierto, no es difícil percibir los riesgos de arrastrar una situación ya insostenible, y no sólo para el órgano judicial sino para el ejecutivo.

No obstante, si lo que se busca es únicamente salir del atolladero, entonces estaríamos ante una operación de lavado de cara, a través de la sustitución de unos magistrados desgastados por otros presuntamente más idóneos, y sin perder el control político sobre los mismos. En tal caso, carece de sentido gastar una millonada de dinero en una consulta popular que no va a resolver nada. Pero si la preocupación del Presidente por un cambio sustancial –y no cosmético- de la justicia es genuina, entonces el camino a seguir tendría que ser uno muy diferente.    


Un pacto de Estado por la justicia

La regeneración de la justicia pasa por un acuerdo político, respaldado por la sociedad, para encaminar un cambio profundo, integral y de largo plazo, más allá de un Gobierno u otro, de modo que las acciones correctivas tengan continuidad y puedan madurar en sus logros y resultados, evitándose el círculo vicioso de reformas y contrarreformas, que desmantelan todo lo precedente o que siempre comienzan de cero.

Un pacto de Estado resulta tanto más necesario porque es impensable remontar la crisis actual si no se restituye el principio de la independencia judicial, que es la piedra angular para una justicia  confiable y efectiva; y también para hacer posible una reingeniería en el sistema judicial  abarcando todas sus instituciones -incluso la Policía y la Contraloría-. Una reingeniería institucional arropada por principios meritocráticos, y que pueda revalorizar la carrera judicial, dándole nueva vida a la profesionalización de la función judicial, como la mejor garantía de que la judicatura ha de responder a las necesidades del país y de la gente.   

Este pacto de Estado por la justicia, bien puede comenzar con un acuerdo político para conformar una "Comisión de Notables”, presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por otras cuatro personalidades probas y de reconocida trayectoria y credibilidad. Esta comisión tendría la tarea, en un plazo determinando –por ejemplo, 90 días-, de formular un Proyecto de Regeneración e Institucionalización de la Justicia, con el compromiso de los partidos de viabilizar sus propuestas a través de las acciones constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas, necesarias. Un proyecto así es básico para que la reforma judicial pueda ser bien encauzada.

Por el contrario, ir directamente a una reforma de la Constitución, o peor aún, iniciar el debate por la convocatoria a un referendo, es poner la carreta delante de los caballos. Justamente es lo que le ha ocurrido al Gobierno actual: sin tener claros los problemas de la judicatura, y careciendo de soluciones concretas y bien meditadas, se aventuró a un nuevo modelo de justicia -que de nuevo no ha tenido nada-, y con los resultados que ya conocemos. Ese error no debe repetirse.  

Nuestra idea de una Comisión de Notables recoge la experiencia de la Corte Electoral de "notables”, conformada en 1991, por un acuerdo político para afrontar una delicada crisis que había sido provocada dos años antes por los desmanes de la tristemente célebre "banda de los 4”. Entre esa situación del sistema electoral, y la que hoy padece el sistema judicial, puede trazarse un paralelo. Y si entonces fue posible superar aquella crisis mediante un acuerdo interpartidario, y la conformación de un renovado órgano electoral independiente e imparcial, que resultó siendo una prenda de garantía para todos los actores políticos y la ciudadanía en general, ¿por qué no aplicar una fórmula similar al momento dramático que atraviesa la justicia?


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PAREMIOLOCOGI@

¿Referéndum para “salvar” a la justicia?

Arturo Yáñez Cortes.- A la vista de la prueba plena del estado calamitoso de su administración de justicia, el presidente Morales se quejará al pueblo para que: “…defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro (de) la justicia boliviana”. Inmediatamente, como no podía ser de otra manera (centralismo democrático, dicen), sus muchach@s aplaudieron a su jefazo y sus más speeds empezaron a pergeñar cómo podría efectivizarse, ya que –sostengo de mi parte– es muy complicado que “el pueblo” defina vía referéndum tamaña generalidad y haga aparecer, por acto de magia popular, el urgente salvavidas para la ahogada de injerencia partidaria, retardación, corrupción, etc.

Según cualquier diccionario jurídico elemental, el referéndum o referendo se originó el siglo XVI en Suiza para que el pueblo diera indicaciones a sus representantes sobre cómo debían gobernar; actualmente, consiste en formular preguntas concretas a la población para que apruebe o rechace futuras leyes o decisiones administrativas de trascendencia. El siglo pasado (1931) se aprobó por esa vía la incorporación a nuestra economía jurídica de la autonomía universitaria y el habeas corpus, y recientemente, el texto de la nueva CPE (aunque en combo, sin la mínima posibilidad de discrepar sobre alguno de sus 411 artículos). Entonces, el referéndum opera con base a preguntas concretas respecto de similares medidas, por lo que una cuestión tan general como salvar la justicia o revolucionarla (se discurseó lo mismo en el caso de la “elección” de magistrados), simplemente resultaría un canto a la wiphala.

Si lo que –como una ministra indicó– se pretende por esa vía popular es revocar a los magistrad@s, fuera una enorme impostura más, puesto que ell@s ya fueron rechazad@s por el mismísimo pueblo en las elecciones judiciales que ninguno de los actuales magistrados ganó, prevaleciendo la verdadera elección antes realizada en la Asamblea Legislativa por la mayoría oficialista, siendo personalmente posesionados por el Presidente que ahora reniega de lo que han hecho sus posesionados (aunque no cabe endilgarles todas las responsabilidades del estado actual de la administración de justicia). Por ello, pretender usar al pueblo para salvar o arreglar lo que el mismo en las urnas ya rechazó, es otro acto de hipocresía gubernamental, salvo que se trate de un globo de ensayo para armar alguna otra estrategia envolvente.

Por más que se diga que la voz del pueblo es la voz de Dios, tratándose de un referéndum se requiere de cuestiones concretas a consultar que deben ser previamente técnicamente preparadas, huyendo de la improvisación a la que el régimen nos tiene acostumbrado en el tema de la justicia –yendo y viniendo en diferentes institutos; por ejemplo, recuérdese lo acontecido con la audiencia conclusiva u otros temas.

No cabe consultar lo obvio, es decir cuestiones generales en las que sin necesidad de referéndum y los millonarios gastos que acarrearía una consulta de esa naturaleza la mayor parte de los ciudadanos estaríamos de acuerdo. A propósito, qué tal preguntarle al soberano si desea que la administración de justicia sea independiente del poder político, seguramente la amplia mayoría diríamos –a coro– lo obvio, SÍ!!!!!!!!!!!!! YA NO MAS!!!!, pero el Gobierno que aunque discursea lo mismo, hace lo contrario –tenemos el gobierno pero no todo el poder, dijeron en un raro arranque de sinceridad–, dudo que estaría dispuesto a hacerle caso al soberano, pues disfruta usando esa administración para fines non sanctos …(casos Masacre de las Américas, La Calancha, 24 de mayo, Chaparina, etc., etc.) así como proclama no tratarse de un gobierno limitado por la ley, ya que le mete nomás. Así que tratándose del referéndum para salvar a la justicia, al soberano no le queda otra que recurrir a la bien ponderada sabiduría canina (no conozco el sabio perro que fue su autor para citarlo…) y decirle: a otro perro con ese hueso…