miércoles, 13 de septiembre de 2017

Nuevo régimen legal de la Transparencia en la gestión pública del Estado Plurinacional





Nuevo régimen legal de la Transparencia en la gestión pública del Estado Plurinacional
Por: Alan E. Vargas Lima

Resulta necesario comenzar señalando que la Constitución Política del Estado, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que, sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0971/2016-S1, de 19 de octubre).

Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 




En ese contexto, y comenzando el mes de la primavera, se ha puesto en vigencia la nueva Ley Nº974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de fecha 4 de septiembre de 2017, que tiene por objeto regular el funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Estado Plurinacional de Bolivia, y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional.

Es importante poner de relieve, que esta nueva ley define a la Transparencia como “Administración de los recursos del Estado visible y limpia (sic), por parte de las servidoras y los servidores públicos, personas naturales y jurídicas, nacionales ya extranjeras, que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos y el acceso a la información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa”; y establece como competencia concurrente, la gestión de la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el marco del Parágrafo II del artículo 297 constitucional, y el artículo 72 de la Ley Marco de Autonomías.

En otras palabras, esta nueva Ley impulsa la creación de un sistema articulado de unidades de transparencia que abarque a todas las entidades estatales, como un paso muy importante en la lucha contra la corrupción; a cuyo efecto, tiene como ámbito de aplicación todas las entidades y empresas públicas, así como toda entidad en la cual el Estado tenga participación accionaria. Ello implica que las Entidades Territoriales Autónomas no se hallan bajo el ámbito de aplicación de esta Ley, salvo por la responsabilidad que impone esta Ley a las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales, Regionales y Municipales, entidades descentralizadas y empresas públicas departamentales, regionales y municipales, de contar con instancias de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, bajo la denominación y estructura que ellas determinen.

Ello implica también que deberán impulsar una investigación eficiente y oportuna de las irregularidades en la administración, pero sin transformarse en un esquema burocrático y/o arbitrario de control, que llegue a afectar la gestión pública. Por otra parte, lleva mucha razón la editorial de La Razón de fecha 9 de septiembre del presente año, cuando plantea que, ciertamente hay que ser realistas: “las denuncias de corrupción son hoy en día el instrumento favorito para la lucha política; afectar la reputación del adversario o del funcionario suele ser un medio efectivo para obtener réditos políticos”

Por tanto, si bien todos estamos de acuerdo en que el Estado debe ser riguroso en la lucha contra este flagelo que significa la corrupción, eso no debería afectar o menoscabar el libre ejercicio del derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso, de quienes se vean involucrados en este tipo de casos.

De ahí que la “Lucha contra la Corrupción” definida en esta nueva norma, no solamente debería significar las políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos y acciones destinadas a realizar el seguimiento, monitoreo y gestión de denuncias por actos de corrupción y consecuente recuperación del daño económico causado al Estado (como señala textualmente la Ley), sino que todo ello debiera enmarcarse en las garantías constitucionales mínimas de los servidores públicos involucrados en estos actos.

En este sentido, conviene recordar que la presunción de inocencia, al igual que el debido proceso tiene una triple dimensión: principio, derecho y garantía

a) Principio, porque está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal, ello supone que se convierte en una directriz de la administración de justicia que debe ser observada por todas las autoridades y servidores públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado, tanto en el ámbito punitivo como en todo el sistema administrativo sancionador.

b) Derecho,porque es predicable respecto de todas las personas, vincula a todos los órganos de poder y se encuentra reconocido como un derecho humano por los instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 11.1), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 26) como en los Instrumentos Internacionales se encuentra reconocido como un derecho humano.

c) Garantía,de carácter normativo constitucional, que se constituye en un mecanismo protector dentro de los procesos judiciales o administrativos a través del cual se proscribe la presunción de culpabilidad.

Es así que, en el ordenamiento jurídico boliviano, la presunción de inocencia con su triple valor, se encuentra reconocida por la norma suprema, al señalar en su art. 116.I que: “Se garantiza la presunción de inocencia”, cuyo contenido ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº2055/2012, de 16 de octubre.

Así también, en el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho en el art. 115.II de la CPE, así como por instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; por otra, como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada ya por el art. 16 de la CPEabrogada, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE vigente que dispone: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso"; finalmente, el debido proceso también se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, que está expresamente previsto -como principio procesal de la jurisdicción ordinaria- por el art. 180.I de la CPE; empero, al derivar de otro principio cual es el de legalidad en su vertiente procesal como ya se ha referido, no sólo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en sede administrativa (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0136/2003-R de 6 de febrero).

En consecuencia, estos son los lineamientos constitucionales mínimos e indispensables, dentro de los cuales deben llevarse adelante todas las investigaciones que pretendan asegurar la transparencia institucional, y hacer efectiva la lucha contra la corrupción en Bolivia.







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Comunicado de Prensa
CIDH publica resolución sobre derechos humanos, impunidad y corrupción
12 de septiembre de 2017

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Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9000 

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy la Resolución 1/17 Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción

La Comisión decidió emitir la resolución con base en la relevancia de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y en atención a la situación que se vive en Guatemala tras la decisión del Presidente de la República Jimmy Morales de declarar persona non grata a Iván Velázquez, Comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenar su expulsión del país.

La Comisión reitera su disposición a que su Relator de país y su Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos visiten Guatemala con la finalidad dar seguimiento a la visita in loco realizada entre el 31 de julio y de agosto de 2017 y recibir información actualizada sobre la situación de derechos humanos en preparación del informe de país correspondiente; tal y como fue anunciado durante la audiencia “Denuncias sobre amenazas a la independencia judicial en Guatemala”, celebrada en el marco del 164 Período de Sesiones de la CIDH en México, a solicitud de la sociedad civil.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 



lunes, 3 de julio de 2017

La presunta inconstitucionalidad de la Ley Municipal Autonómica Nº 233 de Fiscalización Técnica Territorial





La presunta inconstitucionalidad de la Ley Municipal Autonómica Nº 233 de Fiscalización Técnica Territorial

Abog. Alan E. Vargas Lima

Antecedentes

A los seis días del mes de abril del presente año 2017, el Alcalde Municipal de La Paz promulgó la Ley Municipal Autonómica Nº233 de Fiscalización Técnica Territorial, que tiene por objeto regular la fiscalización territorial respecto al cumplimiento de la normativa técnica legal relacionada a la Planificación, el Ordenamiento y la Administración Territorial en los usos, clases y ocupación del suelo, Patrones de asentamiento y Parámetros de edificación, así como las disposiciones técnico normativas sobre bienes de propiedad privada, de patrimonio del Estado, de dominio municipal y de patrimonio histórico-cultural y arquitectónico público o privado, como efecto de la ejecución de obras, construcciones o edificaciones realizadas en el territorio del Municipio de La Paz.



Asimismo, es evidente que dicha Ley Municipal es de cumplimiento obligatorio en toda la jurisdicción del Municipio de La Paz; sin embargo, de acuerdo a su Disposición Final Primera, la misma solo entrará en vigencia a partir de la publicación de la Reglamentación a ser aprobada por el Órgano Ejecutivo Municipal, mediante un Decreto Municipal, como instrumento normativo idóneo y acorde a las facultades reglamentarias asignadas constitucionalmente al Alcalde Municipal. 

Ciertamente, esta Ley ha provocado distintas reacciones de rechazo, por parte de diversos sectores de la población del municipio de La Paz, cuyas juntas vecinales han convocado a diversos bloqueos en algunas calles y avenidas principales de la ciudad, en protesta y rechazo a la implementación de esta normativa; sin embargo, cabe hacer notar también que muchas de estas actitudes se deben en realidad al desconocimiento acerca de los verdaderos alcances y propósitos que se persigue, cuales son: establecer mecanismos innovadores y efectivos que garanticen el cumplimiento de la normativa técnica legal en materia de Planificación, Ordenamiento y Administración Territorial en el Municipio de La Paz, realizando el control del cumplimiento de la normativa técnica legal vigente; así como definir los derechos y obligaciones de los ciudadanos, estableciendo las infracciones y sanciones correspondientes ante el incumplimiento de esta nueva normativa técnica legal; para todo lo cual, es necesario promover e implementar una estrategia de prevención a través de campañas de comunicación, sensibilización y capacitación.




Por otro lado, recientemente se ha informado también que algún Concejal (que en su momento tenía el deber y la obligación de analizar y plantear observaciones al contenido de la Ley, antes de dar su aprobación)[1], pretende impugnar la constitucionalidad de esta Ley Municipal[2], sobre la base de ciertos argumentos que carecen de solidez y que son producto de una lectura aislada de las disposiciones que contiene esta normativa, descontextualizando por completo sus alcances.

Así por ejemplo, se ha expresado aventuradamente que la Ley Municipal vulnera algunos principios constitucionales, tales como: la irretroactividad de la ley (Art. 5, referido a Ámbito de aplicación y alcance); el precepto de que nadie puede ser juzgado dos veces por “el mismo  hecho” (Art. 18, Pluralidad de infracciones; Art. 21, Incumplimiento de la sanción de demolición y  Art. 25, Progresividad de la multa); el derecho constitucional al trabajo (Art. 34. Retención y decomiso de maquinaria de los contratistas) y el de la inviolabilidad del domicilio (Art. 39, Apoyo de la fuerza pública y Art. 40, Cumplimiento de las sanciones). Además, se ha afirmado que existirían “ilegalidades” en dos artículos de la norma, porque presuntamente toman competencias del gobierno nacional (Art. 6, Derechos de los administrados), y al establecer un mecanismo para legalizar un hecho ilegal (Art. 22, Conversión de la sanción de demolición en multa pecuniaria).


a) Respecto al ámbito de aplicación y la presunta retroactividad de la Ley Municipal

Corresponde señalar que de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la citada Ley Municipal, dicha normativa “alcanza a las acciones u omisiones de todas las personas, por obras, construcciones y/o edificaciones realizadas en propiedad privada sin autorización municipal o provenientes de actos administrativos que confieren permisos, licencias, autorizaciones, aprobaciones y similares, emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su jurisdicción territorial. Así también, las que se ejecuten sobre bienes de patrimonio del Estado, propiedad municipal, de dominio municipal y de patrimonio histórico-cultural y arquitectónico público o privado”

De la lectura anterior, está claro que las disposiciones de esta nueva Ley, se refieren a todas aquellas obras, construcciones y/o edificaciones realizadas en propiedad privada sin autorización municipal, que (obviamente) sean realizadas al momento de su plena entrada en vigencia, siendo que ello únicamente puede ser verificado mediante una inspección previa que informe sobre el estado de las construcciones y recomiende el inicio del proceso administrativo de fiscalización; razón por la cual, en ninguna parte de la Ley se prevé que sus disposiciones también se deban aplicar a las construcciones realizadas “con anterioridad a su vigencia”, lo cual además se halla prohibido constitucionalmente (art. 123 CPE), porque “la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo”, no existiendo ninguna excepción aplicable en materia administrativa municipal.

Por otro lado, cabe agregar que de acuerdo a los fundamentos jurídicos contenidos en la Sentencia Constitucional Nº0125/2004-R, de fecha 27 de enero de 2004, en mérito al Principio de irretroactividad de la Ley, consagrado por la Constitución Política del Estado, las leyes solo operan para el futuro, siendo su aplicación obligatoria a partir de su publicación (artículo 164, parágrafo II constitucional), o desde la fecha que prevea la misma Ley, teniendo este principio dos excepciones: la retroactividad de las leyes en casos específicamente definidos en la propia norma constitucional (artículo 123 constitucional), y la ultractividad que determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria (artículo 116 constitucional y 9 del Pacto de San José de Costa Rica). 

En consecuencia, y considerando que el Principio de ultractividad de la Ley, implica que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la Ley vigente al momento de su realización, corresponderá aplicar el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo aprobado por Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº76/2004 de fecha 17 de mayo de 2004, a todos los Recursos Administrativos que hubieren sido presentados durante su vigencia, en mérito a que en materia procesal, la ley aplicable es la vigente al momento de la realización del acto procesal (así SSCC 280/2001-R, 837/2001-R, 979/2002-R, y 0386/2004-R de 17 de marzo, entre otras).

En este sentido, la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley Municipal, establece expresamente que los Procesos  Técnico  Administrativos que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley Municipal, se tramitarán hasta su finalización conforme a la normativa municipal con la cual fueron iniciados; habiéndose establecido como salvedad, que en caso de haberse iniciado un Proceso Administrativo de Fiscalización, cuando se emita una disposición legal relacionada con la Planificación, el Ordenamiento y la Administración Territorial “cuya aplicación sea más beneficiosa al administrado, ésta podrá ser aplicada de forma preferente a solicitud del mismo”, acogiendo así el principio de favorabilidad para el administrado.

b) Respecto a los alcances del principio non bis in ídem

Por otro lado, cabe recordar que de acuerdo a la doctrina establecida en la Sentencia Constitucional Nº0506/2005-R, de 10 de mayo, el principio non bis in idem “no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento). Conforme a esto, no existirá violación al principio non bis in idem, cuando alguna de las identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las sanciones, administrativa y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes o, finalmente, cuando el fundamento de ambas sanciones es distinto. (…)”; habiéndose identificado en su contenido un elemento sustantivo y otro procesal o adjetivo; comprendiendo el primero la prohibición de ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado; y, el segundo que implica, que nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado; de donde se infiere que, el principio “non bis in ídem” será objeto de lesión, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. 

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha concluido señalando que el “non bis in ídem”, se constituye en un principio procesal así como también en un derecho humano reconocido y consagrado en los Tratados y Convenios Internacionales e integrado al sistema constitucional boliviano como un derecho fundamental que forma parte del debido proceso y que se encuentra vinculado además, con el derecho a la seguridad y el principio de la presunción de inocencia. Por lo tanto, este derecho podrá invocarse en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones frente al intento de sancionar de nuevo; en efecto, si la finalidad del derecho al “non bis in ídem” es evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción, se entiende que la condición para invocarlo es que se hubiese sustanciado materialmente un proceso culminando con una decisión firme en cualquiera de las formas de conclusión previstas por el ordenamiento jurídico vigente. 

Entonces, no podrá alegarse vulneración al principio “non bis in ídem”, cuando alguna de las identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las sanciones, administrativa y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes o finalmente, cuando el fundamento de ambas sanciones es distinto (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº1361/2015-S2, de 12 de noviembre de 2015). 

c) Respecto a la presunta imposición de una doble sanción en contra del administrado

En este sentido, en el artículo 18 de la citada Ley Municipal, evidentemente se ha previsto que cuando se advierta la comisión de dos o más infracciones, con identidad de sujeto, obra, construcción o edificación, se sustanciará un único proceso, y en caso de demostrarse la contravención a la normativa técnica legal, serán aplicables y exigibles todas las sanciones previstas por los tipos de infracción perseguidas. Asimismo, “si dentro de la sustanciación del Proceso Administrativo de Fiscalización, se identificaren nuevas infracciones, la Autoridad Municipal, deberá iniciar un nuevo proceso únicamente sobre éstas e independientemente del Proceso Administrativo de Fiscalización en curso”

Como se puede apreciar a simple vista, la norma transcrita pretende dar viabilidad a la acumulación de procesos administrativos de fiscalización, cuando se verifique la comisión de dos o más de las distintas infracciones previstas legalmente, siempre que exista identidad de sujeto y construcción (o edificación) sujeta a fiscalización, pero no así identidad de infracción (para no vulnerar el citado principio constitucional); en consecuencia, lo previsto en esta norma, no implica ninguna forma de vulneración al principio del non bis in ídem (que actualmente se encuentra consagrado como una garantía jurisdiccional establecida por el artículo 117, parágrafo II constitucional), y ahora la reciente Ley Municipal pretende asegurar precisamente que “nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”.

Por su parte, el artículo 21 de la citada Ley Municipal, ciertamente dispone que en caso de establecerse como sanción la demolición y ésta no sea cumplida en la forma y plazo ordenados por la Autoridad Municipal, se dispondrá el pago de una multa pecuniaria por el incumplimiento a la ejecución de la demolición por parte del infractor, misma que será determinada en la reglamentación de la misma Ley Municipal. Cabe aclarar que ello no implica imponer una doble sanción en contra del administrado, dado que existiendo la sanción de demolición, es el incumplimiento a la misma lo que genera “el pago de una multa pecuniaria por el incumplimiento a la ejecución de la demolición por parte del infractor”(sic), ello como una forma de coerción al administrado, para que el mismo no evada el cumplimiento de una obligación legalmente impuesta mediante Resolución Administrativa emitida por autoridad competente; vale decir, que esta norma no habilita ninguna forma de doble sanción en contra del administrado, precisamente en resguardo de la garantía constitucional del non bis in ídem.

De igual manera, si nos detenemos a leer lo dispuesto por el artículo 25 de la misma Ley Municipal, encontraremos que el mismo se refiere a la progresividad de la multa, y no así a la acumulación sucesiva de multas diferentes sobre un mismo hecho, como se pretende mostrar erróneamente al impugnar su constitucionalidad. 

En este sentido, se ha previsto de manera expresa que “en caso que se establezca como sanción la multa pecuniaria y ésta no sea cumplida dentro del plazo determinado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se aplicará al monto establecido como multa, una progresión acumulativa por cada día de atraso en su cumplimiento, misma que será determinada en la reglamentación de la presente Ley Municipal”. Como se puede apreciar, este artículo se refiere a la imposición de la sanción de multa pecuniaria, y no así a la demolición; en consecuencia, no implica ninguna forma de doble sanción en contra del administrado, sino solamente una progresión acumulativa de la multa impuesta como sanción, como una medida coercitiva frente a su incumplimiento por parte del infractor, sin afectar en ninguna forma la garantía constitucional del non bis in ídem.

d) Respecto a la presunta vulneración del derecho al trabajo

Por otro lado, el artículo 34 de la citada Ley Municipal, dispone que la retención de maquinaria, herramientas y equipos utilizados en forma directa para la comisión de la infracción y el decomiso de todos los materiales de construcción que estén siendo utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas o que estén incumpliendo la normativa técnica legal, serán realizados en coordinación con las instancias municipales correspondientes y de ser necesario con otras entidades públicas. Esta norma, claramente prevé el caso de la comisión de una infracción a la Ley Municipal, lo que amerita el inicio de un proceso administrativo de fiscalización, y que tiene como consecuencia la adopción de medidas precautorias efectivas e inmediatas, cuales son: la “retención de maquinaria, herramientas y equipos utilizados”, así como “el decomiso de todos los materiales de construcción que estén siendo utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas” o que en su caso estén incumpliendo la normativa técnica legal. En consecuencia, no puede alegarse la vulneración del “derecho al trabajo” para evadir el cumplimiento a la normativa municipal vigente, dado que en este caso, se sobrepone el interés público del municipio, frente al interés particular del o los administrados que realizaron un trabajo coadyuvando a la comisión de una infracción, o lo que es lo mismo, fomentando el incumplimiento de la referida Ley Municipal que tiene alcance obligatorio en el municipio de La Paz.

Con relación al derecho al trabajo, el art. 46.I de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”

Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia, lo ha definido en la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre, como: "…la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia. (…) la propia Ley Fundamental establece el límite del mismo al señalar expresamente que tal derecho debe ejercerse de manera que no afecte el bien común ni el interés colectivo".
 
En consecuencia, se debe entender que el derecho al trabajo no es absoluto, sino que tiene límites en su ejercicio, y en este caso sus límites lo constituyen precisamente el bien común y el interés colectivo, que a nivel municipal son resguardados por el GAMLP a través de la aprobación de la Ley Municipal Autonómica Nº233 de Fiscalización Técnica Territorial.
 
En consecuencia, las disposiciones referidas a la adopción de medidas precautorias efectivas e inmediatas, como la retención de maquinaria, herramientas y equipos utilizados, así como el decomiso de todos los materiales de construcción que estén siendo utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas, o que estuvieran incumpliendo la normativa técnica legal, no constituyen ninguna forma de vulneración de derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, dado que no atentan contra sus derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, más aún si se considera que la jurisprudencia constitucional, conforme las normas previstas en la Constitución así como en los tratados, convenciones y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado boliviano, ha asumido que el ejercicio de los derechos fundamentales tiene límites, en consecuencia las personas no pueden hacer un ejercicio absoluto o arbitrario que lesione los derechos de las otras personas o el interés colectivo; de ahí que, “La jurisprudencia –conforme lo reconoció la SC 0061/2003, de 1 de julio, entre otras- tiene su fundamento en el hecho de que, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, no se limitan a proclamar el conjunto de los derechos, libertades y garantías de los seres humanos, sino que también hacen referencia explícita o implícita de las restricciones o limitaciones de su ejercicio, estableciendo en su caso, las condiciones particulares en las cuales es posible que el Estado, a través de sus órganos del Poder Público, aplique la restricción al ejercicio de los derechos y libertades sin violarlos” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional N°0336/2012, de fecha 18 de junio de 2012). 

e) Respecto al presunto desconocimiento de la inviolabilidad del domicilio

Finalmente, acerca del derecho a la inviolabilidad del domicilio, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional N°1420/2004-R, de 6 de septiembre, ha establecido que el derecho a la intimidad o privacidad tiene como uno de sus elementos esenciales la inviolabilidad de la vida privada referidos a su escenario o espacio físico en el que se desenvuelve, el domicilio, los medios relacionales, la correspondencia u otros medios de comunicación, y los objetos que contienen manifestaciones de voluntad o de conocimiento no destinadas originalmente al acceso de extraños, es decir, escritos, fotografías u otros documentos. En este sentido, la inviolabilidad de domicilio significa que nadie puede introducirse o ingresar en él sin el consentimiento del propietario o habitante, excepto en los casos expresamente previstos por la Constitución o la Ley. A este efecto, debe entenderse por domicilio todo lugar de habitación, sitio de trabajo o espacio cerrado en el cual no hay libre acceso para el público. Según doctrina constitucional, el carácter domiciliario de un recinto viene dado por el hecho de que en su interior una o más personas desarrollan actividades pertenecientes a la esfera de la vida privada, a ese ámbito de la existencia de cada hombre donde los otros no pueden introducirse ilícitamente.

Al respecto, como una garantía normativa al derecho a la intimidad o la privacidad, la norma prevista por el art. 21 de la CPE abrogada, establecía que: “Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita, y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti”. Actualmente, el artículo 25, parágrafo I de la Constitución aprobada el año 2009, establece expresamente que: “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”; y en concordancia con ello el artículo 13 parágrafo I constitucional, establece como principio general que “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. (…)”.

Por otro lado, cabe recordar que, según la norma prevista por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, “los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”; es en ese marco que –según la citada Sentencia Constitucional–, el derecho a la intimidad o privacidad, en su elemento de la inviolabilidad de domicilio, no se constituye en un derecho absoluto, al contrario puede ser objeto de limitación o restricción legal en aras de armonizar el interés particular con el bien común o el interés colectivo, así por ejemplo para asegurar la eficacia de la función judicial y el imperio del orden público (o para regular la fiscalización territorial respecto al cumplimiento de la normativa técnica legal relacionada a la Planificación, el Ordenamiento y la Administración Territorial en el Municipio); lo que supone que esa esfera de la vida privada de la persona puede ser objeto de injerencia estatal; empero, dicha injerencia debe responder a un motivo justificado y estar previsto de modo expreso en la Ley (como sucede en este caso, a través de la aprobación de la Ley Municipal Autonómica Nº233 de Fiscalización Técnica Territorial), lo que significa que corresponde al legislador señalar cuándo y cómo pueden, dictarse por los funcionarios judiciales, órdenes de allanamiento y registro de un domicilio[3].

Entonces, en coherencia con los fundamentos señalados por la citada Sentencia Constitucional N°1420/2004-R, el constituyente boliviano ha previsto la limitación al ejercicio del derecho a la intimidad o privacidad en su elemento de la inviolabilidad de domicilio, sólo a través de una autorización judicial que disponga el ingreso al domicilio; de lo cual se puede inferir que la injerencia estatal al ámbito privado de la persona deberá reunir condiciones de validez legal que serán establecidas por el legislador. 

En ese contexto, corresponde aclarar que las disposiciones establecidas en la citada Ley Municipal, no pretenden legalizar ninguna forma de ingreso arbitrario de funcionarios municipales en propiedad privada; sino que por el contrario, se pretende sujetar las actuaciones de fiscalización territorial de los funcionarios municipales, al marco legal vigente que rige sus funciones. Por ello, el artículo 38 de la citada Ley Municipal, previene expresamente que la resistencia, oposición, obstaculización, impedimento o desobediencia por parte del propietario, poseedor, ocupante, promotor, supervisor y/o constructor del inmueble, con o sin el uso de la violencia o intimidación, a las instrucciones, órdenes o comunicaciones escritas de fiscalización territorial, del funcionario público o Autoridad Municipal en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y que incurran en los tipos penales tipificados en los artículos 159, 160 y 161 del Código Penal, habilitará a la Autoridad Municipal para que a través de la Unidad Organizacional correspondiente, denuncie estos hechos ante el Ministerio Público para los fines legales. 

Asimismo, el artículo 39 de la misma Ley Municipal, prevé el apoyo de la fuerza pública, de conformidad a la misión específica de la Policía Boliviana establecida en la Constitución Política del Estado, para aquellos casos en que se determine la demolición por incumplimiento a la normativa técnica legal, y ésta no hubiese sido cumplida por el infractor, situación en la cual, la Autoridad Municipal podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública a efecto de ejecutar por sí misma la Orden de Demolición, con el consiguiente ingreso al inmueble fiscalizado. Por tanto, como se puede ver, la Ley Municipal no pretende autorizar ni legalizar ninguna “comisión de delitos”, sino que está pensada para efectivizar la ejecución de las sanciones impuestas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el marco del ejercicio de las funciones de fiscalización territorial en el municipio de La Paz. 

En ese propósito, el artículo 40 de la citada Ley Municipal, dispone expresamente que una vez agotada la vía administrativa, se deberá verificar el cumplimiento de la sanción de Demolición y/o de la Obligación de Hacer; y en caso de evidenciar su incumplimiento, el Subalcalde deberá emitir las Órdenes de Demolición y/o de Ejecución de la Obligación de Hacer, según corresponda, conforme a lo determinado en la futura reglamentación de la Ley Municipal. Sin perjuicio de lo anterior, la resistencia, oposición o impedimento del propietario, poseedor, ocupante, promotor y/o constructor del inmueble para cumplir las órdenes dará lugar a la denuncia ante el Ministerio Público conforme a lo dispuesto en la misma Ley Municipal. 

Conclusiones preliminares

De acuerdo a lo brevemente expuesto, es posible inferir que las normas establecidas en la Ley Municipal Autonómica Nº233 de Fiscalización Técnica Territorial, son de cumplimiento obligatorio en toda la jurisdicción del Municipio de La Paz; a cuyo efecto, establecen mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de la normativa técnica legal en materia de Planificación, Ordenamiento y Administración Territorial en el Municipio de La Paz, tipificando las infracciones y sanciones correspondientes ante el incumplimiento de esta nueva normativa técnica legal. 

Asimismo, la citada Ley Municipal consagra derechos y establece obligaciones de los ciudadanos, debiendo considerarse que el reconocimiento de derechos concretos a favor de los administrados no constituye una forma de restricción de sus derechos subjetivos, sino que más bien, facultan a sus titulares para exigir su cumplimiento ante las autoridades municipales encargadas de llevar adelante los procesos administrativos de fiscalización, que deberán tramitarse en el marco de un debido proceso administrativo, conforme a los principios fundamentales previstos por la Constitución Política del Estado.








[1] El Reglamento Interno del Concejo Municipal hace referencia a los Informes de Comisión, estableciendo su formato específico y algunos otros requisitos formales. Asimismo, en su artículo 53 (Discrepancias dentro de una Comisión permanente), establece que “en caso de existir discrepancia sobre un asunto, se deberán presentar dos informes fundamentados, para su consideración y votación ante el Pleno del Concejo Municipal”; supuesto fáctico expresamente previsto por la norma, que no ocurrió en el caso del tratamiento del Proyecto de Ley de Fiscalización Técnica Territorial, conforme consta en los archivos de las sesiones realizadas en sede del Concejo Municipal de La Paz.
[2] Cabe recordar que de acuerdo a lo previsto por el artículo 4 de la Ley Nº254 de fecha 5 de julio de 2012, que aprueba el Código Procesal Constitucional: “Se presume la constitucionalidad de toda norma de los Órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad”. Se trata de un principio que está estrechamente relacionado al Principio de Conservación de la Norma, en virtud al cual se presume la constitucionalidad de toda disposición legal hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional declare su inconstitucionalidad. Este principio tiene la finalidad esencial de resguardar los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica (constitucionalmente establecidos) inherentes a todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho, en el que todos sus miembros, gobernantes y gobernados, están sometidos al ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos(as), de manera que los actos, las decisiones o resoluciones emitidas al amparo de las disposiciones legales vigentes, no pueden ser desconocidos o incumplidos con la sola invocación o argumento de una aparente inconstitucionalidad.
[3] Es en ese orden que el legislador, mediante el Código de Procedimiento Penal, ha previsto las formas y condiciones en las que se podrá producir la restricción legal a la inviolabilidad de domicilio, que no es otra que mediante el allanamiento, entendiéndose por éste la forma legal mediante la cual la autoridad pública ingresa a determinados lugares que gozan de protección jurídica, contra la voluntad de sus moradores, con el fin de producir determinados resultados, entre otros, la captura de una persona, el decomiso de una cosa, el registro de un bien, la obtención de pruebas, o el control de una perturbación. En ese orden, la norma prevista por art. 180 del CPP establece que para efectuar el registro en un domicilio se requerirá resolución fundada del juez y la participación obligatoria del fiscal, acción que podrá ser ejecutada sólo en horas hábiles del día por mandato constitucional, salvo el caso de delito flagrante. De las normas previstas por la Constitución y el Código de procedimiento penal, citadas precedentemente, se infiere que son dos las condiciones de validez legal para limitar la inviolabilidad de domicilio; la primera, la decisión judicial motivada en derecho y, la segunda, la orden expresada en un mandamiento de allanamiento (Sentencia Constitucional N°1420/2004-R).