lunes, 2 de octubre de 2017

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL. Modelo de control concentrado y plural de constitucionalidad en Bolivia



LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL. Bases del modelo de control concentrado y plural de constitucionalidad en Bolivia
Autor: Alan E. Vargas Lima

1. Qué significa esta nueva obra en varios niveles.
Primero, como manual, ¿se trata de un texto de consulta inmediata y de utilización fundamental para estudiantes y quienes trabajan directamente con la temática?
Se trata de un trabajo de investigación reciente, que pretende analizar la configuración constitucional del Estado Plurinacional, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino principalmente desde su desarrollo jurisprudencial; así como también trata de los valores supremos y principios fundamentales sobre los cuales se asienta nuestra sociedad plural, haciendo énfasis en la Supremacía Constitucional, la Jerarquía Normativa y el Bloque de Constitucionalidad consagrado en las normas de nuestra Ley Fundamental, sin descuidar las bases indispensables del Control de Convencionalidad para la protección de los Derechos Humanos; ello, para luego describir la evolución histórica del control de constitucionalidad en Bolivia, y los principales antecedentes de la creación del primer Tribunal Constitucional en el país, examinando la configuración actual del sistema de control de constitucionalidad como mecanismo idóneo de defensa de la Constitución aprobada el año 2009, hasta su más reciente manifestación jurisprudencial, como control de carácter concentrado y de naturaleza plural.
De ahí que, está dirigido precisamente a estudiantes que buscan una especialización en el conocimiento de la justicia constitucional; pero también se dirige a los profesionales que precisan de un manual que les brinde las pautas esenciales para desarrollar de mejor manera su labor, tanto en la cátedra como en el ejercicio libre de la abogacía, y así optimizar su formación profesional.
Segundo, sabemos que es un compendio de temas expuestos por el autor en diversos escenarios, ¿qué experiencia de estos eventos? ¿cómo fueron recibidos estos materiales en otros escenarios?
Evidentemente, los temas recopilados en este nuevo libro, han sido expuestos en diversos cursos de formación universitaria de pregrado, y también en cursos de especialización a nivel posgrado, dictados en las principales Universidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y últimamente Potosí, a donde también se ha podido llegar para coadyuvar en la formación universitaria de los futuros profesionales bolivianos, quienes han recibido con bastante expectativa y satisfacción los temas difundidos en la cátedra y plasmados en el libro, habiendo ampliado en gran manera sus conocimientos, lo que indudablemente resulta muy satisfactorio.
Por otro lado, es pertinente destacar que una versión preliminar de este trabajo, fue elaborada para el libro colectivo de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC): El Nuevo Derecho Constitucional Boliviano (Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2015). Un breve resumen del texto, bajo el título: “La Evolución de la Justicia Constitucional en Bolivia” (que se halla disponible en internet), fue presentado y expuesto en las Jornadas Sudamericanas de Derecho Constitucional, que fue un evento organizado por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, que se realizó los días 5 y 6 de mayo de 2016, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Este tema también ha sido expuesto como ponencia en el Tercer Congreso Boliviano de Derecho Constitucional y Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Constitucional “Homenaje al Dr. Pablo Dermizaky Peredo”, que fue un evento organizado por la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección Nacional (Bolivia), que se realizó los días 28 al 30 de julio de 2016, en la ciudad de Cochabamba (Bolivia).
A su vez, el análisis evolutivo de la Justicia Constitucional en Bolivia, fue presentado en el Primer Congreso Argentino de Justicia Constitucional, evento organizado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que se realizó los días 3 y 4 de octubre de 2016, en la ciudad de Iguazú, Provincia de Misiones (Argentina). Finalmente, este tema también fue expuesto en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional: “Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro en su centenario”, que se realizó los días 1 al 3 de febrero de 2017, en Ciudad de México.
Para esta edición boliviana, se presenta una versión revisada y actualizada del trabajo de investigación doctrinal, ampliada con jurisprudencia constitucional relevante.
2. ¿Cuál es la importancia de compendiar en un manual las principales líneas jurisprudenciales de los temas que abarca la obra?
Este nuevo libro sobre la Justicia Constitucional en el Estado Plurinacional, constituye un verdadero Manual de estudio y herramienta de trabajo, tanto para estudiantes, como también para profesionales, juristas y jueces que conforman los Tribunales de Garantías Constitucionales, en la medida en que contiene las bases de la administración de justicia constitucional que se halla a cargo del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.
De ahí surge la necesidad de sistematizar las principales líneas jurisprudenciales que ha establecido el máximo guardián de la Constitución, en referencia a los principios fundamentales establecidos en el texto constitucional, entre los cuales se destacan: el Principio de soberanía popular (artículo 7), el Principio de separación de funciones (artículo 12), el Principio de igualdad y no discriminación (artículo 14), la presunción de inocencia (en su triple dimensión de principio, derecho y garantía, art. 116.I), el Principio de seguridad jurídica (artículo 178), el Principio del Pluralismo jurídico (artículos 178 y 179), el debido proceso (en su triple dimensión de principio, derecho y garantía, artículo 180), el Principio de irretroactividad de las leyes (artículo 123). Sin embargo, y en atención a la delimitación temática del trabajo, se ha desarrollado con mayor amplitud: el Principio de Supremacía Constitucional, la posición privilegiada que ocupa la Ley Fundamental en la Jerarquía Normativa consagrada por la Constitución, las dimensiones sui generis del bloque de constitucionalidad en Bolivia, y el mecanismo idóneo previsto por la Constitución para su defensa y preservación en un Estado Constitucional de Derecho.
3. De una manera breve, ¿se puede explicar cada uno de los temas y su alcance?
En este nuevo libro, se pretende analizar la configuración constitucional del Estado Plurinacional, principalmente desde su desarrollo jurisprudencial y su posicionamiento como Estado Constitucional de Derecho; así como también, se hace referencia indispensable a los valores supremos y principios fundamentales sobre los cuales se asienta nuestra sociedad plural y que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional para su aplicación en casos concretos.
Por otro lado, y de acuerdo a la naturaleza de la justicia constitucional en Bolivia, se ha visto pertinente hacer énfasis en la Supremacía Constitucional, la Jerarquía Normativa y el Bloque de Constitucionalidad consagrado en las normas de nuestra Ley Fundamental, prestando especial atención en las bases jurisprudenciales del Control de Convencionalidad, de obligatoria aplicación por parte de todas las autoridades públicas y judiciales, para la protección eficaz de los Derechos Humanos; ello, para luego concentrar el análisis en la evolución histórica del control de constitucionalidad en Bolivia, describiendo los principales antecedentes de la creación del primer Tribunal Constitucional en el país, examinando la configuración actual del sistema de control de constitucionalidad como mecanismo idóneo de defensa de la Constitución aprobada el año 2009, hasta su más reciente manifestación jurisprudencial, como control de carácter predominantemente concentrado y de naturaleza plural, muy distinto de otras formas de control existentes en el Derecho Comparado.



4. Cuáles serían los temas más representativos y por qué? ¿En cuáles deben reparar más los abogados y estudiantes? ¿Es fundamental para la formación de juristas y el trabajo cotidiano involucrarse con estos temas de manera adecuada.
Los temas reunidos en este nuevo libro, cobran relevancia por sí solos, dado que entre los temas analizados, de manera detallada se aborda el análisis de la configuración constitucional del Estado Plurinacional, sistematizando los principales pronunciamientos del Tribunal Constitucional Plurinacional, para comprender  sus alcances y limitaciones.
Asimismo, es importante resaltar que en este trabajo se realiza una breve revisión de las reformas y modificaciones del sistema constitucional boliviano, en cuanto se refiere al sistema de control de constitucionalidad, de lo cual se ha podido inferir que el Estado boliviano en su desarrollo histórico-legislativo adoptó los diferentes modelos que se conocen en la doctrina del Derecho Procesal Constitucional.
Así en un primer momento de su vida republicana (1826 – 1861), bajo la influencia del liberalismo francés, configuró un modelo político de control de constitucionalidad a través de un Consejo de Estado; en una segunda etapa (1861 – 1994) adoptó el modelo americano, es decir, el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia; en la tercera etapa (1994 – 2009) adoptó el modelo europeo, es decir, el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad con la atribución exclusiva del control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo, que fue denominado Tribunal Constitucional; y finalmente, en la cuarta etapa (2009 hacia adelante), se ha configurado constitucionalmente un sistema predominantemente concentrado y plural de constitucionalidad en Bolivia, según el entendimiento desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de la interpretación de las normas establecidas por la Constitución aprobada el año 2009.
Por otro lado, uno de los temas indispensables de lectura y análisis en este texto, es el referido al Bloque de Constitucionalidad, que si bien se halla consagrado por la Constitución, ha sufrido un verdadero redimensionamiento a partir de la jurisprudencia vinculante establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Sentencia Constitucional Nº 110/2010-R, de 10 de mayo de 2010, y en las posteriores sentencias emitidas sobre el tema, cuya sistematización se encuentra detallada en el libro.
De ahí que, haciendo una interpretación sistemática, extensiva y acorde con el valor axiomático de la Constitución desarrollado por la jurisprudencia constitucional, se ha llegado a deducir que el bloque de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, está compuesto –de manera enunciativa y no limitativa– por los siguientes compartimentos: 1) La Constitución como norma jurídica; 2) Los tratados y convenciones internacionales destinados a la protección de los Derechos Humanos; 3) las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 4) las normas de Derecho Comunitario ratificadas por el país; y, 5) los principios y valores plurales supremos inferidos del carácter intercultural y del pluralismo axiomático contemplado en el orden constitucional.
5. ¿Qué más se puede destacar del libro?
Como se puede ver, en este nuevo manual sobre justicia constitucional, se pueden encontrar reflexiones doctrinales en el marco del constitucionalismo contemporáneo, acerca de los principales temas constitucionales que se abordan en el libro; pero por otro lado, el lector también podrá encontrar las principales líneas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta la actualidad, principalmente en lo que se refiere a los Principios Fundamentales establecidos por la Constitución, así como la jurisprudencia relativa al contenido, alcance y dimensiones del Bloque de Constitucionalidad para una eficaz protección de los derechos humanos, lo que sirve de base para la realización efectiva del Control de Convencionalidad, de acuerdo a las directrices establecidas por las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ahora son también de obligatorio cumplimiento para el Estado boliviano.
Este nuevo libro, editado con el apoyo de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y el Grupo Editorial “Kipus” de Cochabamba, ya se encuentra disponible en: Librería Jurídica “TEMIS” (ubicada en la calle Ballivián Nº1273, a una cuadra de la Plaza Murillo); y también en “Altiplano Libros” ubicado en la calle Mercado Nº1362, Galería Paladium (Mezzanine), ubicados en la ciudad de La Paz (Bolivia). Contactos con el autor del libro, al Whatsapp: (591) 72564989.
(Entrevista publicada en LA GACETA JURÍDICA,19 de septiembre de 2017)




lunes, 25 de septiembre de 2017

¿Una Acción de Inconstitucionalidad para inaplicar la Constitución en Bolivia?






¿Una Acción de Inconstitucionalidad para inaplicar la Constitución en Bolivia?

Por: Alan E. Vargas Lima

Ha provocado diversas reacciones (de rechazo en su mayoría) la reciente noticia de que los Jefes de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una Acción de Inconstitucionalidad para anular algunos artículos de la Ley 026 del Régimen Electoral (que impiden que el presidente Morales vuelva a postularse como candidato a la presidencia).

En este sentido, los accionantes piden al TCP anular los artículos 52, 64, 65 71 y 72 de la Ley 026 del Órgano Electoral, porque según ellos, vulneran el artículo 26 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. (…)”. Sin embargo, de la simple lectura de las normas impugnadas, se advierte que aquellas establecen la limitación de que las autoridades nacionales, departamentales y municipales, sólo pueden ser reelegidas por una sola vez, en desarrollo del mandato constitucional establecido en el mismo sentido (en los artículos 156, 168, 285 y 288); en consecuencia, la aparente contradicción que debiera existir entre la disposición legal frente a las normas del texto constitucional para demandar su inconstitucionalidad, no concurre en el presente caso, lo que implica que la acción planteada carece de relevancia jurídico-constitucional.

Por otro lado, ciertamente los legisladores han justificado su solicitud, en lo dispuesto por el artículo 256 de la Constitución, que establece que los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales que sean más favorables al ciudadano se aplicarán con preferencia frente a las normas de la CPE[1]; y también de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que en su artículo 23 se refiere al respeto y goce de los derechos políticos de los ciudadanos, cuando establece:

“Artículo 23.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y;
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

Como se puede apreciar, este instrumento internacional solo establece algunas directrices generales, pero en ninguna de sus partes permite la posibilidad de la reelección presidencial indefinida para los países que se hubieran adherido o ratificado el Pacto.

No obstante, de una simple comparación entre el contenido y alcances de los derechos políticos consagrados en la CPE, frente a los derechos políticos consagrados en la CADH, queda claro que las normas de la Constitución resultan mucho más favorables y amplias en sus alcances para asegurar la eficacia de esos derechos[2], dado que las normas previstas por el artículo 26 de la CPE consagran con bastante amplitud el derecho a la participación política, que contiene entre sus elementos: la participación en la formación, ejercicio y control del poder político, de forma directa, o por medio de representantes; y de manera individual o colectiva; de lo cual se infiere que los dispositivos de: “participación y control” son vitales a tiempo de dotar de contenido a los derechos políticos, pues son considerados como parte de esos derechos. Además de ello, la Ley Fundamental también proclama a la organización con fines de participación política, como otro de los nuevos elementos de los derechos políticos, conforme se ha expuesto ampliamente en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0828/2012, de 20 de agosto de 2012, que resulta de indispensable consulta para profundizar sobre este tema.

 “Artículo 26.
I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
II.  El derecho a la participación comprende:
1.  La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.
2.  El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos.
3.  Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.
4.  La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.
5.  La fiscalización de los actos de la función pública.”

Asimismo, si bien se invocan los derechos políticos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe aclarar que esos derechos no son absolutos, sino que tienen sus limitaciones, y en este sentido, la jurisprudencia constitucional, conforme las normas previstas en la Constitución así como en los tratados, convenciones y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado boliviano, ha asumido que el ejercicio de los derechos fundamentales tiene límites, en consecuencia las personas no pueden hacer un ejercicio absoluto o arbitrario que lesione los derechos de las otras personas o el interés colectivo; de ahí que:  

“La jurisprudencia –conforme lo reconoció la SC 0061/2003, de 1 de julio, entre otras- tiene su fundamento en el hecho de que, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, no se limitan a proclamar el conjunto de los derechos, libertades y garantías de los seres humanos, sino que también hacen referencia explícita o implícita de las restricciones o limitaciones de su ejercicio, estableciendo en su caso, las condiciones particulares en las cuales es posible que el Estado, a través de sus órganos del Poder Público, aplique la restricción al ejercicio de los derechos y libertades sin violarlos” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional N°0336/2012, de fecha 18 de junio de 2012). Y así también lo entiende la propia CADH cuando en su artículo 32 (Correlación entre deberes y derechos) señala expresamente que: "2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática".

Finalmente, y de acuerdo a las noticias que se han difundido sobre este tema, los accionantes piden que el TCP declare que 4 artículos de la Constitución son "inaplicables" (se refieren a los artículos 156, 168, 285 y 288) por lo que debería reestablecerse los derechos políticos, amparados en instrumentos internacionales (aunque en rigor de verdad, los derechos políticos no han sido vulnerados en ninguna forma); y plantean la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral, que permiten la reelección continua por una sola vez de Presidente, Vicepresidente, Gobernadores, Asambleístas Departamentales, Alcaldes y Concejales.

Sobre este aspecto, es pertinente y necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

1. Las disposiciones legales y/o constitucionales, no pueden ser tachadas de “inconstitucionales” solo por el hecho de no satisfacer los intereses personales de una autoridad electa, dado que en realidad, dichas autoridades deben sujetar sus actos a lo dispuesto por la Constitución; más aún si se considera que todas las disposiciones legales gozan de presunción de constitucionalidad[3].

2. Las normas constitucionales tampoco pueden ser consideradas “inconvencionales” (es decir, contrarias a la Convención Americana), por cuanto no restringen los derechos fundamentales (derechos políticos, en este caso) de los ciudadanos; más al contrario, la Constitución impone la obligación de interpretar los derechos conforme a los tratados internacionales de derechos humanos (entre ellos, la CADH, que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad).

3. El Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a su configuración constitucional y a la naturaleza de sus atribuciones, no está autorizado para declarar la inaplicabilidad de normas constitucionales que se hallan vigentes y que son de cumplimiento obligatorio (para gobernantes y gobernados), en virtud de la fuerza normativa de la Constitución.

4. Si bien el Tribunal Constitucional debe realizar el control normativo de todas las disposiciones legales mediante la Acción (concreta o abstracta) de Inconstitucionalidad, no puede declarar la "inaplicabilidad" de una disposición legal para el caso concreto, y mucho menos podría disponer la inaplicabilidad de las normas de la Constitución, porque los efectos de sus sentencias de inconstitucionalidad, son de carácter general ("erga omnes") lo que implica que tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio, conforme lo ha previsto la misma Constitución.

En definitiva, el Constituyente ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional, el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene la de ejercer el control de la constitucionalidad[4] de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; control que se instrumenta a través de las Acciones de Inconstitucionalidad, sean en la vía abstracta o concreta, con carácter correctivo o a posteriori, con la finalidad de que el Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado.

Lo anterior, implica que el TCP –conforme a procedimiento– debe verificar previamente el cumplimiento de los requisitos de admisión de la Acción, y en mérito a ello podrá admitir o rechazar la misma; sin embargo, en el presente caso, el rechazo de la acción resulta ser la alternativa más adecuada y la única posible para evitar ingresar inútilmente al análisis de una Acción que carece de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo, pero sobre todo, para evitar incurrir en una ilegalidad que podría ocasionar graves consecuencias para el país, poniendo en serio riesgo nuestra institucionalidad democrática.



[1] Ciertamente, los artículos 13 y 256 de la CPE, introducen dos principios que guían la interpretación de los derechos fundamentales, cuales son la interpretación pro homine y la interpretación conforme a los Pactos internacionales sobre Derechos Humanos: “En virtud a la primera, los jueces, tribunales y autoridades administrativas, tienen el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en cuestión -ya sea que esté contenida en la Ley Fundamental o en las normas del bloque de constitucionalidad- y de adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al derecho en cuestión; y en virtud a la segunda (interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos), tienen el deber de -ejerciendo el control de convencionalidad- interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificado o a los que se hubiere adherido el Estado, siempre y cuando, claro está, declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución Política del Estado; obligación que se extiende, además al contraste del derecho con la interpretación que de él ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional 0210/2013, de 5 de marzo), más aún si se considera que –en el caso de Bolivia– las Sentencias de la CoIDH forman parte del Bloque de Constitucionalidad (SC 110/2010, de 10 de mayo).
[2] Estas disposiciones, concuerdan con la configuración democrática del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene como elementos cualificadores los siguientes: a) el principio de la soberanía popular, como el modo específico y peculiar de concebir el poder en el Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo; b) la concepción plural de la sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que se interaccionan los diferentes grupos sociales, situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano y que, a la par, proporcionan a éste la posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad; c) la participación como principio rector de la vida social y política, lo que significa que el proceso político debe estar asentado en la participación de todos los ciudadanos en la conformación de los órganos del poder constituido y en la expresión de su voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración por las autoridades de gobierno, a través de los mecanismos previstos por la Constitución; d) la democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0075/2005, de 13 de octubre); y -agrego- e) la alternabilidad en el ejercicio del poder político (o simplemente “alternancia”, que en el ámbito político significa cambio de gobierno), vale decir, la posibilidad de renovar o cambiar a las autoridades gubernamentales (quienes detentan temporalmente el poder político), precisamente en resguardo de los derechos políticos de la ciudadanía (a través del derecho político a elegir y ser elegido libremente), brindando una oportunidad a las nuevas generaciones de líderes políticos y sociales, para llevar adelante los destinos de un país, con una mejor visión de futuro, y con nuevas alternativas de desarrollo a nivel político, social, económico, etc.
[3] Es preciso apuntar, que la Presunción de Constitucionalidad, es un principio en virtud al cual, se presume la constitucionalidad de toda disposición legal hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Este principio básicamente tiene la finalidad de resguardar los principios de legalidad y seguridad jurídica inherentes al Estado Democrático de Derecho (que es la base del Estado Plurinacional), en el que todos sus miembros, gobernantes y gobernados, están sometidos al ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, de manera que los actos, las decisiones o resoluciones emitidas al amparo de las disposiciones legales vigentes, no pueden ser desconocidos o incumplidos con la sola invocación o argumento de una aparente inconstitucionalidad. Por ello, para preservar la seguridad jurídica, sólo el órgano de control constitucional (el TCP) puede pronunciar oficialmente la inconstitucionalidad de una Ley, Decreto o Resolución, con efecto erga omnes. Actualmente, este principio se encuentra previsto tanto en el artículo 5º de la Ley del TCP, como también en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.
[4] Asimismo, respecto a los alcances del control de constitucionalidad, el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado por la SC 0051/2005 de 18 de agosto, precisó que: “…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) La verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) La interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) El desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y, d) La determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas…”.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Nuevo régimen legal de la Transparencia en la gestión pública del Estado Plurinacional





Nuevo régimen legal de la Transparencia en la gestión pública del Estado Plurinacional
Por: Alan E. Vargas Lima

Resulta necesario comenzar señalando que la Constitución Política del Estado, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que, sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0971/2016-S1, de 19 de octubre).

Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 




En ese contexto, y comenzando el mes de la primavera, se ha puesto en vigencia la nueva Ley Nº974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de fecha 4 de septiembre de 2017, que tiene por objeto regular el funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Estado Plurinacional de Bolivia, y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional.

Es importante poner de relieve, que esta nueva ley define a la Transparencia como “Administración de los recursos del Estado visible y limpia (sic), por parte de las servidoras y los servidores públicos, personas naturales y jurídicas, nacionales ya extranjeras, que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos y el acceso a la información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa”; y establece como competencia concurrente, la gestión de la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el marco del Parágrafo II del artículo 297 constitucional, y el artículo 72 de la Ley Marco de Autonomías.

En otras palabras, esta nueva Ley impulsa la creación de un sistema articulado de unidades de transparencia que abarque a todas las entidades estatales, como un paso muy importante en la lucha contra la corrupción; a cuyo efecto, tiene como ámbito de aplicación todas las entidades y empresas públicas, así como toda entidad en la cual el Estado tenga participación accionaria. Ello implica que las Entidades Territoriales Autónomas no se hallan bajo el ámbito de aplicación de esta Ley, salvo por la responsabilidad que impone esta Ley a las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales, Regionales y Municipales, entidades descentralizadas y empresas públicas departamentales, regionales y municipales, de contar con instancias de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, bajo la denominación y estructura que ellas determinen.

Ello implica también que deberán impulsar una investigación eficiente y oportuna de las irregularidades en la administración, pero sin transformarse en un esquema burocrático y/o arbitrario de control, que llegue a afectar la gestión pública. Por otra parte, lleva mucha razón la editorial de La Razón de fecha 9 de septiembre del presente año, cuando plantea que, ciertamente hay que ser realistas: “las denuncias de corrupción son hoy en día el instrumento favorito para la lucha política; afectar la reputación del adversario o del funcionario suele ser un medio efectivo para obtener réditos políticos”

Por tanto, si bien todos estamos de acuerdo en que el Estado debe ser riguroso en la lucha contra este flagelo que significa la corrupción, eso no debería afectar o menoscabar el libre ejercicio del derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso, de quienes se vean involucrados en este tipo de casos.

De ahí que la “Lucha contra la Corrupción” definida en esta nueva norma, no solamente debería significar las políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos y acciones destinadas a realizar el seguimiento, monitoreo y gestión de denuncias por actos de corrupción y consecuente recuperación del daño económico causado al Estado (como señala textualmente la Ley), sino que todo ello debiera enmarcarse en las garantías constitucionales mínimas de los servidores públicos involucrados en estos actos.

En este sentido, conviene recordar que la presunción de inocencia, al igual que el debido proceso tiene una triple dimensión: principio, derecho y garantía

a) Principio, porque está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal, ello supone que se convierte en una directriz de la administración de justicia que debe ser observada por todas las autoridades y servidores públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado, tanto en el ámbito punitivo como en todo el sistema administrativo sancionador.

b) Derecho,porque es predicable respecto de todas las personas, vincula a todos los órganos de poder y se encuentra reconocido como un derecho humano por los instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 11.1), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 26) como en los Instrumentos Internacionales se encuentra reconocido como un derecho humano.

c) Garantía,de carácter normativo constitucional, que se constituye en un mecanismo protector dentro de los procesos judiciales o administrativos a través del cual se proscribe la presunción de culpabilidad.

Es así que, en el ordenamiento jurídico boliviano, la presunción de inocencia con su triple valor, se encuentra reconocida por la norma suprema, al señalar en su art. 116.I que: “Se garantiza la presunción de inocencia”, cuyo contenido ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº2055/2012, de 16 de octubre.

Así también, en el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho en el art. 115.II de la CPE, así como por instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; por otra, como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada ya por el art. 16 de la CPEabrogada, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE vigente que dispone: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso"; finalmente, el debido proceso también se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, que está expresamente previsto -como principio procesal de la jurisdicción ordinaria- por el art. 180.I de la CPE; empero, al derivar de otro principio cual es el de legalidad en su vertiente procesal como ya se ha referido, no sólo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en sede administrativa (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0136/2003-R de 6 de febrero).

En consecuencia, estos son los lineamientos constitucionales mínimos e indispensables, dentro de los cuales deben llevarse adelante todas las investigaciones que pretendan asegurar la transparencia institucional, y hacer efectiva la lucha contra la corrupción en Bolivia.







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Comunicado de Prensa
CIDH publica resolución sobre derechos humanos, impunidad y corrupción
12 de septiembre de 2017

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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy la Resolución 1/17 Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción

La Comisión decidió emitir la resolución con base en la relevancia de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y en atención a la situación que se vive en Guatemala tras la decisión del Presidente de la República Jimmy Morales de declarar persona non grata a Iván Velázquez, Comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenar su expulsión del país.

La Comisión reitera su disposición a que su Relator de país y su Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos visiten Guatemala con la finalidad dar seguimiento a la visita in loco realizada entre el 31 de julio y de agosto de 2017 y recibir información actualizada sobre la situación de derechos humanos en preparación del informe de país correspondiente; tal y como fue anunciado durante la audiencia “Denuncias sobre amenazas a la independencia judicial en Guatemala”, celebrada en el marco del 164 Período de Sesiones de la CIDH en México, a solicitud de la sociedad civil.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.