martes, 14 de octubre de 2014

¿Es posible un control difuso de constitucionalidad en Bolivia?







Jorge Asbún
00:00 / 14 de octubre de 2014

Estudiosos del Derecho Constitucional afirman que el control judicial de constitucionalidad se divide en dos modelos. Uno de ellos es el control concentrado y el otro es conocido como difuso. A tiempo de identificar las diferencias entre ambos, de modo general y resumidamente, destacamos que las opiniones coinciden en dos explicaciones básicas.

1. El control difuso de constitucionalidad se caracteriza porque la potestad de verificar la conformidad de las leyes con la Constitución está asignada a todos los jueces, quienes en caso de considerar cualquiera de ellas contraria a la Constitución, pueden inaplicarla dentro del concreto proceso que conocen. Este modelo –se afirma– se originó en Estados Unidos de Norteamérica y se fundamentó en la sentencia Marbury vs Madison (1803).

2. El modelo concentrado, por su lado, se caracteriza porque la verificación de conformidad a las leyes con la Constitución la efectúa un solo órgano, trátese de un Tribunal Constitucional, Corte Suprema o una sala de la misma. Este modelo se denomina europeo y tuvo sus orígenes en los estudios de Hans Kelsen (1881-1973).

Sin embargo y a pesar de su aceptado uso, esta clasificación, por un lado, tiene la debilidad de considerar solo una de las competencias constitucionales (la inconstitucionalidad de la ley) y no así el conjunto de las atribuciones que integran el control constitucional; olvida la tutela o protección de los derechos humanos y los conflictos de competencia constitucionales.

Núcleo de las competencias

En realidad, estas dos áreas, junto a la verificación de la constitucionalidad de las leyes, componen el núcleo de las competencias constitucionales; en consecuencia, una clasificación sobre los modelos no sólo debiera considerarlas, sino también comprenderlas.

Por otro lado, la clasificación referida suele tomar elementos en forma aislada; así cuando destaca la diferencia del carácter general o erga omnes de las decisiones de los tribunales constitucionales, frente al carácter obligatorio solo al caso concreto del sistema de control constitucional de Estados Unidos, olvida que el sistema jurídico de este país, a través del stare decisis (en latín, “mantenerse con las cosas decididas”) –que implica que los jueces están obligados a cumplir los pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema– torna también general el efecto de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Carácter difuso y concentrado

En lo sustancial, la clasificación antes descrita no se percata que la competencia de todos los jueces para declarar la inaplicabilidad de una ley al caso concreto, en sentido estricto, no tiene relación directa con el carácter difuso o concentrado de constitucionalidad, sino más bien con el principio de justicia pronta.

En realidad, la cantidad de autoridades que pueden conocer la inconstitucionalidad de una ley, incluso si esta decisión no solo tiene efecto concreto sino alcance general, no responde a un modelo de control constitucional, ya que éste sólo puede definirse respondiendo a la pregunta ¿cuál es el órgano que ejerce el control constitucional y cuya decisión tiene la calidad de cosa juzgada?

Desde una perspectiva jurídica, la clave no radica entonces en cuántas autoridades pueden conocer tal o cual competencia constitucional, sino si el pronunciamiento de las mismas posee o no la calidad de cosa juzgada.

Es que si distintas autoridades pueden conocer, por decir, la inconstitucionalidad de una ley; pero esta decisión puede ser impugnada ante otra entidad superior del mismo Estado y es el pronunciamiento de ésta el que alcanza aquella cualidad, es evidente que el modelo no puede calificarse como difuso porque los únicos pronunciamientos que causan estado corresponden a una sola entidad y ello es así porque, de otra manera, se atentaría contra la unicidad de la Constitución.

Si cada juez se pudiera inaplicar una ley en un proceso y ésta decisión fuera definitiva, significaría que existirían tantas interpretaciones del contenido de la Constitución como cantidad de jueces, lo cual quebraría totalmente la unicidad de la Constitución.

Significación jurídica

El tema en análisis, entonces, no es solo de teoría constitucional, allí la clasificación citada sería inofensiva, sino que tiene marcada significación jurídica y, consecuentemente, en razón de ello, para identificar un modelo de control constitucional, es imprescindible determinar si el pronunciamiento de una autoridad tiene en el ámbito constitucional interno la calidad de cosa juzgada.

En esta afirmación no se olvida que entre el modelo de control constitucional de Estados Unidos y el modelo europeo existen diferencias, pero hay que precisar que éstas no hacen a un modelo distinto, sino a aspectos operativos de un solo modelo.

Por ejemplo, puede citarse el carácter especializado del caso europeo, en el cual el órgano encargado del control constitucional tiene como atribución exclusiva el preservar la primacía constitucional, mientras que en el caso estadounidense el control de constitucionalidad es solo una de las tareas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dado que ella también constituye la última instancia en todas las otras áreas del derecho.

A través de la reforma constitucional de 1994, en el caso boliviano se instituyó un Tribunal Constitucional (tc), al cual se le atribuyó la potestad para proteger la Constitución y cuyos pronunciamientos tienen calidad de cosa juzgada, así el actual artículo 203 de la Constitución Política del Estado (cpe) afirma: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

Esto no constituye un obstáculo para que jueces y tribunales departamentales conozcan las acciones de defensa como la Acción de Amparo, Acción de Libertad y otras e, incluso, de que sus resoluciones deban ser cumplidas inmediatamente (artículo 40.I del Código Procesal Constitucional) o que inicialmente resuelvan conflictos de competencia (artículo 102 del Código Procesal Constitucional) o que dependa de ellos promover o no la acción de inconstitucionalidad concreta (artículo 80.II del Código Procesal Constitucional).

Modelo boliviano

Pero, a partir de allí, no puede afirmarse de manera alguna que el modelo boliviano sea mixto y tampoco que sea difuso, porque en este caso los pronunciamientos de jueces y tribunales departamentales no causan estado, solamente tienden a proteger de forma pronta a los ciudadanos.

En los últimos años no ha faltado autores que señalan que existe una paulatina convergencia entre los modelos difuso y concentrado, sin embargo, creo que para realizar dichas afirmaciones no se toma en cuenta el elemento jurídico definidor, la calidad de cosa juzgada de los pronunciamientos, sino algunos caracteres procesales; por eso, en este punto, la doctrina también se funda en un aspecto que no hace al fondo del control de constitucionalidad: para denominarse tal, por las razones expuestas, únicamente puede estar encargado a una sola entidad.

El autor es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.




lunes, 13 de octubre de 2014

Exhortación a los Estados Miembros de la OEA a abolir la Pena de Muerte - 2014





La CIDH exhorta a los Estados Miembros de la OEA a abolir la pena de muerte

10 de octubre de 2014

Datos de contacto
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Tel. (1) 202 370 9000
cidhdenuncias@oas.org

En ocasión del Día Internacional contra la Pena de Muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tienen la pena de muerte a abolirla o a imponer una moratoria a su aplicación como paso hacia la abolición. Asimismo, exhorta a garantizar el pleno cumplimiento de las decisiones de la CIDH en casos relativos a pena de muerte.

Los países de las Américas tienen una larga tradición abolicionista. Venezuela fue el primer país del mundo en abolir la pena de muerte para todos los delitos en 1863, seguido por Costa Rica en tercer lugar en 1877. El sistema interamericano de derechos humanos ha desempeñado un importante rol en el establecimiento de normas internacionales relativas a la aplicación de la pena de muerte. La CIDH fue el primer órgano internacional de derechos humanos en evaluar las consecuencias de la aplicación obligatoria de la pena de muerte en el goce de los derechos humanos, concluyendo que la misma es incompatible con los derechos a la vida, al trato humano y al debido proceso. La Comisión se basó en estándares desarrollados por tribunales nacionales y en principios fundamentales de derechos humanos. Las decisiones de la CIDH y de la Corte Interamericana se han convertido en una guía decisiva en las reformas legales. Tras las decisiones del sistema, la mayoría de los países del Caribe anglófono abolió la pena de muerte obligatoria. Existe una necesidad urgente de que Trinidad y Tobago y Barbados, los dos únicos países de la región que mantienen la pena de muerte obligatoria, la abolan.

Aunque la mayoría de los Estados Miembros de la OEA han abolido la pena capital, una minoría importante la mantiene. Estados Unidos es actualmente el único país de las Américas donde se llevan a cabo ejecuciones a la pena de muerte. No obstante, la CIDH observa que la aplicación de la pena capital en Estados Unidos ha disminuido gradualmente. En 2013 se llevaron a cabo 39 ejecuciones, en comparación con 43 en 2012, y el número de ejecuciones se ha reducido a la mitad en los últimos diez años. Asimismo, en 2013 el apoyo público a la pena capital en Estados Unidos habría alcanzado su nivel más bajo. La Comisión destaca que, tras la abolición de la pena de muerte en Michigan en 1847, diecisiete estados y el Distrito de Columbia han seguido en dicha dirección. Maryland fue el decimoctavo estado en abolir la pena capital en 2013. Otros, como Colorado, Delaware, Oregón y Nueva Hampshire, están dando pasos hacia la abolición. Por otra parte, la inclusión de actos de terrorismo en la lista de delitos pasibles de la pena de muerte en el estado de Misisipi en 2013 constituye un retroceso en la desaparición gradual de la pena de muerte en el país.

Como parte de su mandato de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y por medio de su sistema de casos individuales, la CIDH ha recibido preocupante información sobre numerosos defectos en la aplicación de la pena de muerte. Algunos de los problemas más recurrentes son la discriminación racial, la violación del derecho a la notificación y la asistencia consular, la aplicación de la pena de muerte a personas con discapacidades mentales e intelectuales, las condiciones de detención en el corredor de la muerte, defectos en los métodos de inyección letal y la defensa letrada ineficaz. Con respecto a este último punto, la jueza Ruth Bader Ginsburg de la Corte Suprema de Estados Unidos expresó: “Todavía no he visto ningún caso de pena de muerte entre las decenas que llegan a la Corte Suprema solicitando la suspensión de la condena en la víspera de la ejecución, en el cual el acusado haya estado bien representado en el juicio”.

El 2 de mayo de 2014, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteó importantes cuestionamientos sobre la aplicación de la pena de muerte: “Hay grandes problemas con la aplicación de la pena de muerte en este país: sesgo racial, aplicación desigual, casos de personas que estaban en el corredor de la muerte y que posteriormente se determinó que eran inocentes al encontrarse pruebas exculpatorias”. La CIDH observa que 145 condenados a muerte han sido exonerados en Estados Unidos. La última exoneración tuvo lugar en septiembre de 2014 en Carolina del Norte, cuando Henry Lee McCollum, un afroestadounidense con discapacidad intelectual, fue puesto en libertad después de pasar 31 años, esto es, toda su vida adulta, en el corredor de la muerte por un delito que no cometió. Como indicó el gobernador de Connecticut, Dannel Malloy, al promulgar la ley mediante la cual se abolió la pena de muerte en su estado, “abolir la pena de muerte [es] la única forma de que no sea impuesta injustamente”.

La Comisión Interamericana reitera la recomendación formulada en su informe titulado “La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición”, publicado en 2012, de que los Estados impongan una moratoria de las ejecuciones como paso hacia la gradual desaparición de esta pena. La CIDH celebra la abolición de la pena de muerte en dieciocho estados y en el Distrito de Columbia y la moratoria impuesta en algunos estados por el gobernador o los tribunales. La Comisión espera que los demás estados sigan estos ejemplos de abolición o moratoria y exhorta a los Estados Miembros de la OEA donde aún existe la pena de muerte a abolirla y a garantizar el pleno cumplimiento de las decisiones de la CIDH relativas a casos de pena de muerte. La CIDH celebra la presentación en la Asamblea Nacional de Suriname de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte y espera que el mismo sea aprobado con prontitud. Esto representa una oportunidad única para que los países del Caribe anglófono den un paso importante hacia la abolición de la pena de muerte.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Comunicado No. 115/14

Enlaces Relacionados


lunes, 22 de septiembre de 2014

EL LIBRO DEL MAR - BOLIVIA 2014

 

'El Libro del Mar/The Book Of The Sea' del Estado Plurinacional de Bolivia

(Descarga aquí:)

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/publicaciones/LIBRODELMAR/files/assets/downloads/publication.pdf








‘El Libro del Mar’ recoge el aporte de historiadores, diplomáticos, sociólogos, economistas y abogados

La Razón (Edición Impresa) / Eduardo Rodríguez Veltzé y Farit Rojas Tudela
00:01 / 21 de septiembre de 2014

Hoy se registra un hito histórico en el ámbito editorial boliviano. Hoy se entrega a nivel nacional El Libro del Mar, una obra editada por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), que recoge el aporte de  muchos estudiosos y especialistas,  entre ellos historiadores, diplomáticos, sociólogos, economistas y abogados, eficientemente coordinados.

El tema marítimo ha concitado el interés de innumerables autores bolivianos, chilenos, peruanos y de otras nacionalidades. Los textos no cesan de producirse y aportan al conocimiento, al debate y a la reflexión desde diferentes perspectivas.

El Libro del Mar no es el primer libro que se produce desde una entidad estatal,  el mismo no sería posible sin la existencia de otros esfuerzos editoriales de años pasados. Algunos de los
principales títulos que conforman el repertorio histórico de los libro sobre el  mar son los siguientes: El libro rojo, de 1920 (70 páginas, seis de texto y 64 de Anexos, Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia); primer texto de esta serie que trae consigo una colección de documentos que dan cuenta de los intentos de la Cancillería boliviana para lograr la reintegración marítima. Se puede leer en él fragmentos de declaraciones, cablegramas, memorandas y notas relacionados a la participación de Bolivia ante la Liga de las Naciones.

Tricolor. 1989. Historia y proyecciones de paz, desarrollo e integración del diferendo  marítimo boliviano - chileno (205 páginas, autor: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, República de Bolivia); este libro despacha los antecedentes históricos en un primer capítulo, en el cual se cita y se reproduce documentación importante, sobre todo del episodio de la negociación de Charaña; y en los capítulos posteriores se concentra en describir la negociación conocida como “el enfoque fresco”. El texto presenta actas de las reuniones  binacionales, una descripción detallada del encuentro en Montevideo en abril de 1987 de los cancilleres de Bolivia y Chile. Las propuestas bolivianas, acompañadas de sus respectivos mapas, la respuesta chilena y la reacción boliviana, incluidas las actuaciones ante la OEA.

El Libro Azul. La demanda marítima boliviana,  de 2004 (163 páginas, 53 de texto y 110  de anexos y mapas;autor: Presidencia de la República y Ministerio de Relaciones Exteriores). Este libro tuvo como ventaja modélica reunir de manera breve y sucinta, en 25 páginas, la historiografía del diferendo marítimo boliviano desde la época de la Colonia hasta 2004. El texto está acompañado de un análisis de los costos de la mediterraneidad, y finalmente de una colección de gráficos, mapas y documentación en anexos. Como anécdota vale aclarar que su título no tiene relación con una acción judicial. 

Memoria gráfica. Reintegración Marítima de Bolivia, de 2013 (150 páginas; autor: Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia).  Con breves referencias escritas en español e inglés, el libro invita a lectores angloparlantes a conocer la historia boliviana del diferendo marítimo. Con profusa inclusión de ilustraciones y fotografías, el texto es efectivamente una memoria gráfica.
El Libro del Mar, en contraste con las publicaciones anteriores, repasa la historiografía
boliviana sobre el diferendo marítimo junto con los compromisos de Chile para negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. También incorpora el texto de la aplicación boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), enfocada en la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al océano Pacífico. Este libro no es la Memoria presentada por Bolivia ante la CIJ, que es un documento reservado, y que no puede publicarse hasta la realización de las  audiencias en la Corte. 

Hemos avanzado de las seis páginas de explicación del texto de 1920 a todo un libro dedicado al tema marítimo y distribuido de manera gratuita y masiva a toda la población boliviana.





lunes, 15 de septiembre de 2014

15 de septiembre de 2014: Día Internacional de la Democracia



15 de septiembre de 2014: Día Internacional de la Democracia

"En este Día Internacional de la Democracia, hago un llamamiento a los jóvenes de todos los países para que den un gran impulso a una democracia incluyente", dice en su mensaje de este año Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

Al conmemorar el Día Internacional de la Democracia este año, el mundo parece más turbulento que nunca. En muchas regiones, y de muchas maneras, se están poniendo a prueba y desafiando los valores de las Naciones Unidas, incluidos algunos de los principales derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Los brotes recientes de violencia corroboran un hecho que hemos presenciado una y otra vez: que cuando las sociedades no son inclusivas, y cuando los gobiernos no son responsables y receptivos, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida no pueden prosperar. Debemos hacer más para empoderar a las personas, sobre todo a las miles de millones de personas desfavorecidas, marginadas, desempleadas, desesperadas y comprensiblemente frustradas. Debemos asegurar que sean escuchadas y puedan participar activamente en su futuro.

Por ello dirijo mi mensaje de hoy a quienes estarán al frente del mundo después de 2015, y que ahora están en un momento crucial de sus vidas: los jóvenes. Hoy en día, una persona de cada cinco tiene entre 15 y 24 años de edad. La transición de la juventud a la edad adulta nunca afrontó tantas dificultades, pero nunca tuvo tantas oportunidades. Tienen la facultad de relacionarse de una forma que habría sido inimaginable cuando se fundaron las Naciones Unidas hace casi 70 años. Se conectan para tratar cuestiones importantes. Injusticia. Discriminación. Violaciones de derechos humanos. El discurso del odio. La necesidad de la solidaridad humana.

Hago un llamamiento a los miembros de la generación de jóvenes más numerosa de la historia para que enfrenten desafíos y piensen qué pueden hacer para resolverlos. Para que tomen el control de su destino y traduzcan sus sueños en un futuro mejor para todos. Para que contribuyan a construir sociedades democráticas mejores y más fuertes. Para que trabajen juntos, utilicen su pensamiento creativo, se conviertan en artífices de un futuro que no deje a nadie atrás. Para que ayuden a guiar a nuestro mundo hacia un futuro mejor.

En este Día Internacional de la Democracia, hago un llamamiento a los jóvenes de todos los países para que den un gran impulso a una democracia incluyente en todo el mundo.

Ban Ki-moon
Secretario General
Naciones Unidas
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El estado de la democracia en América Latina

El año pasado, América Latina celebró el 35 aniversario del inicio de la “tercera ola” democratizadora en la región. Asimismo, y en un clima de bastante normalidad, se inició la segunda fase (2013-2016) de una inédita maratón electoral, que determina que en un periodo de tan solo ocho años (2009-2016) se llevarán a cabo 34 comicios presidenciales, de los cuales a la fecha ya se han celebrado 26. Nunca antes la región había experimentado una agenda electoral tan intensa e importante en un lapso tan corto.

Mañana, lunes 15 de setiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia (Res. A/62/7 de la Asamblea General de la ONU, 2007), cuyo tema central de este año es la “participación de los jóvenes en la política”, y se convierte en una ocasión propicia para hacer un balance sobre la situación actual de la democracia en la región y sus perspectivas.

Los jóvenes y la democracia. El tema de este año escogido por la ONU es el de los retos y oportunidades que conlleva una mayor participación de los jóvenes en los procesos democráticos. Los jóvenes (de entre 15 y 25 años) constituyen alrededor de 20% de la población mundial, y en numerosos países (incluidos varios de nuestra región) el porcentaje es incluso mayor.

Como bien señala las Naciones Unidas, numerosos estudios, tanto relativos a democracias consolidadas como emergentes, ponen de manifiesto la falta de confianza de los jóvenes en la política clásica, así como la disminución de su participación en elecciones, partidos políticos y organizaciones sociales tradicionales en todo el mundo.

Sin embargo, los mismos estudios evidencian un aumento de los movimientos juveniles de carácter informal a favor del cambio democrático en muchos países, conectados y movilizados por vías no tradicionales, sobre todo a través de las redes sociales, cuyos efectos sobre la calidad de la democracia y la gobernabilidad aún no son totalmente claros.

Oportunidades y desafíos. Tanto en el plano global como en el ámbito latinoamericano, asistimos a un “cambio de época” que viene acompañado de oportunidades, pero también de nuevos desafíos y amenazas para la calidad de la democracia.

La revista The Economist publicó recientemente el ensayo titulado “¿En qué ha fallado la democracia?”, en el cual se señala que, si bien en nuestros días más personas que nunca antes viven en países que celebran regularmente elecciones libres y justas, el avance global de la democracia podría haber llegado a su fin, e incluso parece que algunos países van en reversa. Según la prestigiosa revista inglesa, la democracia está pasando por momentos difíciles. Donde se ha sacado a autócratas del poder, en la mayoría de los casos los oponentes han fracasado en crear regímenes democráticos viables. Incluso en las democracias establecidas, las fallas en el sistema se han hecho preocupantemente visibles y la desilusión con la política se ha generalizado. Y agrega que muchas democracias nominales han migrado hacia la autocracia, manteniendo una apariencia democrática externa a través de la celebración de elecciones, pero sin los derechos y las instituciones que la sustentan.

Por su parte, América Latina es hoy radicalmente diferente a la de hace tan solo tres décadas y media. En nuestros días, y pese a todas sus carencias y déficits, la democracia es la forma mayoritaria de gobierno que se practica en la región, aunque con un alto grado de heterogeneidad. Hoy contamos con democracias más consolidadas, mayores y mejores políticas públicas en materia de protección social y economías más fuertes e integradas. Durante la última década, 60 millones de personas escaparon de la pobreza, expandiendo la clase media en más de 50%. El gran desafío pasa ahora por cómo seguir avanzando y hacer sostenible este proceso, a medio y largo plazo, en un contexto global volátil, plagado de retos e incertidumbre.

Sin embargo, Latinoamérica presenta una paradoja: es la única región del mundo que combina regímenes democráticos en la casi totalidad de los países que la integran, con amplios sectores de su población viviendo por debajo de la línea de la pobreza (27,9% en el 2013, según la Cepal), con la distribución del ingreso más desigual del planeta, con altos niveles de corrupción y con las tasas de homicidio más elevadas del mundo. En ninguna otra región, la democracia tiene esta inédita combinación que repercute en su calidad.

En efecto, nuestras democracias exhiben importantes déficits y síntomas de fragilidad, así como serios desafíos. Las asignaturas pendientes abarcan los problemas institucionales que afectan la gobernabilidad y el Estado de derecho, la independencia y la relación entre los poderes del Estado, el fenómeno de los hiperpresidencialismos y de las reelecciones, la corrupción, las limitaciones a la libertad de expresión, el funcionamiento deficiente de los sistemas electorales y del sistema de partidos políticos, la falta de equidad de género, así como graves problemas de inseguridad ciudadana, factores que generan malestar con su funcionamiento.

Lo anterior explica que, si bien 56% de los ciudadanos apoya a la democracia, únicamente 39% está satisfecho con su funcionamiento (Latinobarómetro, 2013, promedio regional). “El descontento del progreso” resume muy bien el sentimiento particular que atraviesa América Latina. No obstante los importantes avances logrados, los latinoamericanos están insatisfechos con la situación que rige en la actualidad, y exigen cada vez más de sus democracias, de sus instituciones y de sus Gobiernos. Hay una demanda creciente de mayor transparencia, mejor liderazgo y de políticas públicas que funcionen.

Como vemos, existen razones para ser moderadamente optimistas, pero no autocomplacientes.

Calidad de la democracia. En un contexto latinoamericano de anémico crecimiento económico (según el FMI, este año la región crecerá por debajo de 2%) e intensa maratón electoral, los Gobiernos deberán hacer frente a las expectativas y demandas ciudadanas en condiciones de mayor austeridad.

Como bien señala Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para América Latina: “Se acabó la década dorada en la que la región creció,en promedio, 5% y 6%, y con equidad social. Se prevé que este año crecerá, cuando más, en 2%, lo que podría implicar un posible estancamiento del progreso social”.

Como consecuencia de todo ello, los conflictos sociales seguirán presentes (o, incluso, aumentarán) con reclamos que, si bien no pondrán en juego la continuidad democrática, seguramente harán más compleja la gobernabilidad.

De ahí, la importancia de estar atentos frente a la irrupción de nuevos fenómenos y tendencias que emergen en la región, entre ellas la presencia de dos modelos de democracia: uno republicano y el otro autoritario, como consecuencia de haberse roto el consenso sobre el concepto de democracia que fue plasmado en la Carta Democrática Interamericana (CDI) en el 2001.

Mi opinión: La compleja y heterogénea realidad de la democracia latinoamericana demanda un nuevo tipo de debate, no ya sobre las tradicionales regresiones autoritarias, sino acerca de los nuevos tipos de desafíos (procesos de estancamiento, “amesetamiento” o erosión) y de las nuevas modalidades de autoritarismos, más sofisticados y difíciles de controlar, como son las “democracias iliberales” o los “autoritarismos competitivos”.

Un debate que esté centrado en la calidad de la democracia; en cómo garantizar no solo la legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio, y que ambas estén sometidas al Estado de derecho (como lo prescribe el articulo 3 de la CDI); en cómo transitar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanos y de instituciones; en cómo conciliar democracia con desarrollo económico en el marco de sociedades con mayores niveles de cohesión social, menor desigualdad y pobreza, y mayor equidad de género; en cómo buscar una relación más estratégica entre el mercado y el Estado, y una más funcional entre el Estado y la sociedad; en cómo lograr que la democracia entregue respuestas eficaces a nuevos tipos de demandas provenientes de sociedades más complejas, más modernas, más urbanas y mas jóvenes.

Esta es la agenda que la democracia latinoamericana necesita debatir de manera urgente e inteligente.

Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacion