lunes, 15 de septiembre de 2014

15 de septiembre de 2014: Día Internacional de la Democracia



15 de septiembre de 2014: Día Internacional de la Democracia

"En este Día Internacional de la Democracia, hago un llamamiento a los jóvenes de todos los países para que den un gran impulso a una democracia incluyente", dice en su mensaje de este año Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

Al conmemorar el Día Internacional de la Democracia este año, el mundo parece más turbulento que nunca. En muchas regiones, y de muchas maneras, se están poniendo a prueba y desafiando los valores de las Naciones Unidas, incluidos algunos de los principales derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Los brotes recientes de violencia corroboran un hecho que hemos presenciado una y otra vez: que cuando las sociedades no son inclusivas, y cuando los gobiernos no son responsables y receptivos, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida no pueden prosperar. Debemos hacer más para empoderar a las personas, sobre todo a las miles de millones de personas desfavorecidas, marginadas, desempleadas, desesperadas y comprensiblemente frustradas. Debemos asegurar que sean escuchadas y puedan participar activamente en su futuro.

Por ello dirijo mi mensaje de hoy a quienes estarán al frente del mundo después de 2015, y que ahora están en un momento crucial de sus vidas: los jóvenes. Hoy en día, una persona de cada cinco tiene entre 15 y 24 años de edad. La transición de la juventud a la edad adulta nunca afrontó tantas dificultades, pero nunca tuvo tantas oportunidades. Tienen la facultad de relacionarse de una forma que habría sido inimaginable cuando se fundaron las Naciones Unidas hace casi 70 años. Se conectan para tratar cuestiones importantes. Injusticia. Discriminación. Violaciones de derechos humanos. El discurso del odio. La necesidad de la solidaridad humana.

Hago un llamamiento a los miembros de la generación de jóvenes más numerosa de la historia para que enfrenten desafíos y piensen qué pueden hacer para resolverlos. Para que tomen el control de su destino y traduzcan sus sueños en un futuro mejor para todos. Para que contribuyan a construir sociedades democráticas mejores y más fuertes. Para que trabajen juntos, utilicen su pensamiento creativo, se conviertan en artífices de un futuro que no deje a nadie atrás. Para que ayuden a guiar a nuestro mundo hacia un futuro mejor.

En este Día Internacional de la Democracia, hago un llamamiento a los jóvenes de todos los países para que den un gran impulso a una democracia incluyente en todo el mundo.

Ban Ki-moon
Secretario General
Naciones Unidas
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El estado de la democracia en América Latina

El año pasado, América Latina celebró el 35 aniversario del inicio de la “tercera ola” democratizadora en la región. Asimismo, y en un clima de bastante normalidad, se inició la segunda fase (2013-2016) de una inédita maratón electoral, que determina que en un periodo de tan solo ocho años (2009-2016) se llevarán a cabo 34 comicios presidenciales, de los cuales a la fecha ya se han celebrado 26. Nunca antes la región había experimentado una agenda electoral tan intensa e importante en un lapso tan corto.

Mañana, lunes 15 de setiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia (Res. A/62/7 de la Asamblea General de la ONU, 2007), cuyo tema central de este año es la “participación de los jóvenes en la política”, y se convierte en una ocasión propicia para hacer un balance sobre la situación actual de la democracia en la región y sus perspectivas.

Los jóvenes y la democracia. El tema de este año escogido por la ONU es el de los retos y oportunidades que conlleva una mayor participación de los jóvenes en los procesos democráticos. Los jóvenes (de entre 15 y 25 años) constituyen alrededor de 20% de la población mundial, y en numerosos países (incluidos varios de nuestra región) el porcentaje es incluso mayor.

Como bien señala las Naciones Unidas, numerosos estudios, tanto relativos a democracias consolidadas como emergentes, ponen de manifiesto la falta de confianza de los jóvenes en la política clásica, así como la disminución de su participación en elecciones, partidos políticos y organizaciones sociales tradicionales en todo el mundo.

Sin embargo, los mismos estudios evidencian un aumento de los movimientos juveniles de carácter informal a favor del cambio democrático en muchos países, conectados y movilizados por vías no tradicionales, sobre todo a través de las redes sociales, cuyos efectos sobre la calidad de la democracia y la gobernabilidad aún no son totalmente claros.

Oportunidades y desafíos. Tanto en el plano global como en el ámbito latinoamericano, asistimos a un “cambio de época” que viene acompañado de oportunidades, pero también de nuevos desafíos y amenazas para la calidad de la democracia.

La revista The Economist publicó recientemente el ensayo titulado “¿En qué ha fallado la democracia?”, en el cual se señala que, si bien en nuestros días más personas que nunca antes viven en países que celebran regularmente elecciones libres y justas, el avance global de la democracia podría haber llegado a su fin, e incluso parece que algunos países van en reversa. Según la prestigiosa revista inglesa, la democracia está pasando por momentos difíciles. Donde se ha sacado a autócratas del poder, en la mayoría de los casos los oponentes han fracasado en crear regímenes democráticos viables. Incluso en las democracias establecidas, las fallas en el sistema se han hecho preocupantemente visibles y la desilusión con la política se ha generalizado. Y agrega que muchas democracias nominales han migrado hacia la autocracia, manteniendo una apariencia democrática externa a través de la celebración de elecciones, pero sin los derechos y las instituciones que la sustentan.

Por su parte, América Latina es hoy radicalmente diferente a la de hace tan solo tres décadas y media. En nuestros días, y pese a todas sus carencias y déficits, la democracia es la forma mayoritaria de gobierno que se practica en la región, aunque con un alto grado de heterogeneidad. Hoy contamos con democracias más consolidadas, mayores y mejores políticas públicas en materia de protección social y economías más fuertes e integradas. Durante la última década, 60 millones de personas escaparon de la pobreza, expandiendo la clase media en más de 50%. El gran desafío pasa ahora por cómo seguir avanzando y hacer sostenible este proceso, a medio y largo plazo, en un contexto global volátil, plagado de retos e incertidumbre.

Sin embargo, Latinoamérica presenta una paradoja: es la única región del mundo que combina regímenes democráticos en la casi totalidad de los países que la integran, con amplios sectores de su población viviendo por debajo de la línea de la pobreza (27,9% en el 2013, según la Cepal), con la distribución del ingreso más desigual del planeta, con altos niveles de corrupción y con las tasas de homicidio más elevadas del mundo. En ninguna otra región, la democracia tiene esta inédita combinación que repercute en su calidad.

En efecto, nuestras democracias exhiben importantes déficits y síntomas de fragilidad, así como serios desafíos. Las asignaturas pendientes abarcan los problemas institucionales que afectan la gobernabilidad y el Estado de derecho, la independencia y la relación entre los poderes del Estado, el fenómeno de los hiperpresidencialismos y de las reelecciones, la corrupción, las limitaciones a la libertad de expresión, el funcionamiento deficiente de los sistemas electorales y del sistema de partidos políticos, la falta de equidad de género, así como graves problemas de inseguridad ciudadana, factores que generan malestar con su funcionamiento.

Lo anterior explica que, si bien 56% de los ciudadanos apoya a la democracia, únicamente 39% está satisfecho con su funcionamiento (Latinobarómetro, 2013, promedio regional). “El descontento del progreso” resume muy bien el sentimiento particular que atraviesa América Latina. No obstante los importantes avances logrados, los latinoamericanos están insatisfechos con la situación que rige en la actualidad, y exigen cada vez más de sus democracias, de sus instituciones y de sus Gobiernos. Hay una demanda creciente de mayor transparencia, mejor liderazgo y de políticas públicas que funcionen.

Como vemos, existen razones para ser moderadamente optimistas, pero no autocomplacientes.

Calidad de la democracia. En un contexto latinoamericano de anémico crecimiento económico (según el FMI, este año la región crecerá por debajo de 2%) e intensa maratón electoral, los Gobiernos deberán hacer frente a las expectativas y demandas ciudadanas en condiciones de mayor austeridad.

Como bien señala Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para América Latina: “Se acabó la década dorada en la que la región creció,en promedio, 5% y 6%, y con equidad social. Se prevé que este año crecerá, cuando más, en 2%, lo que podría implicar un posible estancamiento del progreso social”.

Como consecuencia de todo ello, los conflictos sociales seguirán presentes (o, incluso, aumentarán) con reclamos que, si bien no pondrán en juego la continuidad democrática, seguramente harán más compleja la gobernabilidad.

De ahí, la importancia de estar atentos frente a la irrupción de nuevos fenómenos y tendencias que emergen en la región, entre ellas la presencia de dos modelos de democracia: uno republicano y el otro autoritario, como consecuencia de haberse roto el consenso sobre el concepto de democracia que fue plasmado en la Carta Democrática Interamericana (CDI) en el 2001.

Mi opinión: La compleja y heterogénea realidad de la democracia latinoamericana demanda un nuevo tipo de debate, no ya sobre las tradicionales regresiones autoritarias, sino acerca de los nuevos tipos de desafíos (procesos de estancamiento, “amesetamiento” o erosión) y de las nuevas modalidades de autoritarismos, más sofisticados y difíciles de controlar, como son las “democracias iliberales” o los “autoritarismos competitivos”.

Un debate que esté centrado en la calidad de la democracia; en cómo garantizar no solo la legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio, y que ambas estén sometidas al Estado de derecho (como lo prescribe el articulo 3 de la CDI); en cómo transitar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanos y de instituciones; en cómo conciliar democracia con desarrollo económico en el marco de sociedades con mayores niveles de cohesión social, menor desigualdad y pobreza, y mayor equidad de género; en cómo buscar una relación más estratégica entre el mercado y el Estado, y una más funcional entre el Estado y la sociedad; en cómo lograr que la democracia entregue respuestas eficaces a nuevos tipos de demandas provenientes de sociedades más complejas, más modernas, más urbanas y mas jóvenes.

Esta es la agenda que la democracia latinoamericana necesita debatir de manera urgente e inteligente.

Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacion



martes, 9 de septiembre de 2014

El pensamiento del Maestro Héctor Fix-Zamudio y su notable influencia en Bolivia





Por: Alan E. Vargas Lima

A inicios del presente mes de septiembre, el Maestro mexicano Héctor Fix-Zamudio cumplió 90 años de vida, siendo considerado como el mejor jurista mexicano de todos los tiempos; en realidad, se trata de un digno ejemplo de dedicación a la investigación académica, que todos(as) los Abogados(as) del mundo, debiéramos imitar.

De acuerdo a la “Semblanza del Maestro” (escrita con bastante detalle y minuciosidad por parte de su discípulo Eduardo Ferrer Mac-Gregor)[1], se debe recordar que Héctor Fix-Zamudio nació en el centro histórico de la ciudad de México, el 4 de septiembre de 1924. Estudió derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (hoy Facultad de Derecho) de la Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM (1942-1949). Desde estudiante afloró su predilección por el estudio del juicio de amparo, asistiendo como oyente a las clases impartidas por Alfonso Noriega Cantú.

Se tituló con mención honorífica el 18 de enero de 1956, con la tesis denominada: La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo, que había concluido en 1955. Dedicó cinco años a la elaboración de este trabajo, que fue dirigido por los procesalistas José Castillo Larrañaga y Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Este último jurista español, radicado por más de treinta años en México (1946-1976), influyó en su dedicación a la investigación y docencia. Fix-Zamudio se convirtió en uno de sus principales discípulos dentro de la honda escuela que forjó.

Ciertamente, en el año de 1956 aparecieron los primeros trabajos de Héctor Fix-Zamudio: “Derecho procesal constitucional”, “La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana”, “El proceso constitucional”, “Estructura procesal del amparo” y “La aportación de Piero Calamandrei al derecho procesal constitucional”[2]. En octubre de ese mismo año ingresó al entonces Instituto de Derecho Comparado (hoy de Investigaciones Jurídicas) de la UNAM.

Sin embargo, su trabajo inicial tuvo una gran repercusión en los años siguientes. Lo publicó parcialmente en diversas revistas en ese mismo año (1956) y luego de manera íntegra como parte de su primer libro: El juicio de amparo (México, Porrúa, 1964). Constituye, por una parte, el primer estudio sistemático sobre la ciencia del derecho procesal constitucional como disciplina jurídico procesal. Por la otra, inicia la etapa que él mismo denomina como de “reivindicación procesal del amparo”, entendiendo que la máxima institución procesal mexicana debía estudiarse fundamentalmente como proceso constitucional y no sólo como institución política.

Sin el ánimo de reiterar la trayectoria del Maestro Fix-Zamudio, ampliamente conocida en el ámbito académico a nivel internacional, por ahora me interesa precisar cuándo fue que el pensamiento de Fix-Zamudio llegó a Bolivia, es decir, cuándo fue utilizado por vez primera en nuestro país, o si ha tenido alguna influencia en nuestros estudios constitucionales.

A este efecto, se debe tener presente que entre las garantías jurisdiccionales establecidas por las Constituciones para la efectiva protección de los derechos, el “Recurso” o “Juicio” de Amparo (tema de especialidad del Maestro mexicano), es una creación genuina del Derecho Constitucional mexicano; y en el caso de Bolivia, se debe tener en cuenta que el “Recurso de Amparo” fue incorporado entre las innovaciones contempladas en la Constitución Política del Estado puesta en vigencia en fecha 2 de febrero de 1967, habiendo sido configurado como un mecanismo jurisdiccional que procede contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes, constituyéndose ambas en garantías constitucionales esenciales para el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales.

El nuevo texto constitucional de aquel entonces, hizo surgir un gran interés por el estudio de los derechos y sus garantías constitucionales en Bolivia, destacándose entre ellos, un brillante ensayo sobre el Recurso de Amparo (uno de los primeros en esa materia), en base a una conferencia dictada por el destacado jurista y exMinistro de la entonces Corte Suprema de Justicia, Dr. Enrique Oblitas Poblete (en mayo de 1967), en cuyo contenido expone: los Antecedentes Históricos, el Recurso de Amparo en México, el Amparo en la Argentina, el Amparo en Brasil y en otros países, para luego referirse al Recurso de Amparo en Bolivia, su configuración en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal boliviano, y en la Constitución puesta en vigencia en 1967, algunas cuestiones emergentes, el primer caso de jurisprudencia sobre Amparo Constitucional, su tendencia en ese tiempo, incluyendo además como apéndice: fragmentos normativos sobre el procedimiento de Amparo en México, Jurisprudencia boliviana y Jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU., el Recurso de Amparo en el Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal, y Jurisprudencia Argentina sobre este instituto[3].

Precisamente en la primera edición de esta pequeña obra, nuestro procesalista boliviano recurre a las fuentes doctrinales del denominado “Juicio de Amparo”, y para ello, consulta necesariamente las fuentes más importantes del derecho constitucional mexicano, cuyo exponente más sobresaliente en aquel tiempo, era justamente el Maestro Fix-Zamudio. De ahí que, a tiempo de precisar una definición del Recurso de Amparo, cita y rescata el pensamiento del jurista mexicano, señalando que el mismo, en su famosa obra “El Juicio de Amparo” se inclina porque el amparo debe considerarse formando parte del “Derecho Procesal Constitucional” (siendo ésta la primera vez que se menciona la existencia de esta disciplina, en un texto boliviano), y da esta definición: “el amparo -dice- es un proceso, puesto que constituye un procedimiento armónico, autónomo y ordenado a la composición de los conflictos entre las autoridades y las personas individuales y colectivas, por violación, desconocimiento o incertidumbre de las normas fundamentales, y que se caracteriza por conformar un remedio procesal de invalidación”.
Sin embargo, Oblitas Poblete  hace notar también que reflexiones posteriores, convencieron al Maestro mexicano de que el amparo no constituye exclusivamente un proceso, sino que asume una doble configuración como proceso autónomo, en cuanto sirve de instrumento para la tutela de disposiciones estrictamente constitucionales, pero solamente constituye un recurso –si bien extraordinario– si se utiliza para impugnar resoluciones judiciales[4].

Entonces, de lo expuesto anteriormente, se puede deducir con claridad, que las acertadas ideas del Maestro Fix-Zamudio y su doctrina procesal, llegaron a Bolivia precisamente para ayudarnos a comprender la naturaleza y los alcances del “Juicio de Amparo”, que bajo la modalidad de “Recurso”, fue incorporado al sistema constitucional boliviano en 1967. Sin embargo, esta no es la única materia en que el pensamiento del jurista mexicano fue de consulta indispensable para desarrollar estudios constitucionales en Bolivia, sino que también resultaron de mucha utilidad, sus autorizados criterios sobre jurisdicción constitucional y justicia constitucional.

Así por ejemplo, la diferencia sustancial entre lo que se denomina jurisdicción constitucional y lo que es la justicia constitucional (cuya eventual sinonimia ha quedado superada en la actualidad), aparece por primera vez desarrollada, en la primera edición de la obra sobre Jurisdicción Constitucional, escrita por el entonces Magistrado del Tribunal Constitucional, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, quien siguiendo las enseñanzas del Maestro Fix-Zamudio, expone de manera muy didáctica, que existe Justicia Constitucional cuando los órganos judiciales ordinarios se dedican a resolver problemas de carácter constitucional, y, en cambio, se habla de Jurisdicción Constitucional propiamente dicha, cuando existen órganos especiales y calificados, creados específicamente para realizar esos fines; es decir, cuando la labor de control de la constitucionalidad se halla encargada a los Tribunales o Cortes Constitucionales[5].

Asimismo, se debe considerar también que entre los conceptos de Justicia Constitucional y Jurisdicción Constitucional, parece existir una indisoluble relación de género a especie; de ahí que, el exPresidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr. Pablo Dermizaky, ha precisado que se debe entender por justicia constitucional: “un sistema de legislación, doctrina y jurisprudencia aplicables al control, defensa e interpretación de la Constitución Política del Estado. La justicia constitucional se realiza a través de la jurisdicción constitucional, conjunto de normas sustantivas y adjetivas, y de órganos encargados de administrar la justicia constitucional”[6].

Por otro lado, también es importante rescatar el pensamiento constitucional del Maestro Fix-Zamudio, en cuanto a la naturaleza y los alcances del Derecho Procesal Constitucional, una disciplina que comenzó a desarrollarse en Bolivia a partir de la reforma constitucional de 1994, que tiene la virtud de haber creado el primer Tribunal Constitucional en nuestro país.

En este sentido, cabe considerar que fue el Maestro mexicano, quien se ocupó de desarrollar y sistematizar el Derecho Procesal Constitucional como una disciplina jurídica especializada –siguiendo el criterio de su mentor, el jurista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo–, y una muestra de ello, es que en su Tesis de Licenciatura en Derecho (1955) denominada: "La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana (ensayo de una estructuración procesal del amparo)", llegó a considerar la existencia de: “una disciplina instrumental que se ocupa del estudio de las normas que sirven de medio para la realización de las disposiciones contenidas en los preceptos constitucionales, cuando estos son desconocidos, violados o existe incertidumbre sobre su significado; siendo esta materia una de las ramas más jóvenes de la Ciencia del Derecho Procesal, y por lo tanto, no ha sido objeto todavía de una doctrina sistemática que defina su verdadera naturaleza y establezca sus límites dentro del inmenso campo del Derecho.

Asimismo, hizo referencia al Derecho Procesal Constitucional, como aquel que se ocupa del examen de las garantías de la propia Ley Fundamental, y que están establecidas en el texto mismo de la norma suprema, llegando inclusive a conceptualizar al proceso constitucional como “el conjunto ordenado y armónico de actos jurídicos, en vista de la composición de la litis de trascendencia jurídica, que establece una relación de las partes con el juzgador y que se desenvuelve en una serie concatenada de situaciones”.

Posteriormente, el mismo Fix-Zamudio en sus “Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho procesal constitucional”[7], señalaba que ésta rama especializada puede describirse: "como la disciplina jurídica, situada dentro del campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a la aplicación de los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar la violación de los mismos. (…) Esta rama del derecho procesal general tiene como contenido el análisis de las tres categorías que integran lo que se ha calificado como 'trilogía estructural del proceso', es decir, la acción, la jurisdicción y el proceso. Pero estas tres categorías esenciales poseen aspectos peculiares en el derecho procesal constitucional, y con este motivo, como un ensayo de sistematización de la materia de esta disciplina reciente, todavía en formación, adoptamos la terminología, ya acreditada, del notable procesalista italiano Mauro Cappelletti, quien además ha sido uno de los juristas que mayores aportaciones han hecho a este sector del derecho procesal".

Este es un breve resumen del pensamiento jurídico-constitucional, de uno de los más sobresalientes juristas mexicanos de los últimos tiempos, que gracias a Dios, aún permanece junto a nosotros.



[1] Cfr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor. “Semblanza del Maestro Héctor Fix-Zamudio”. En: Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Coords.). La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. Teoría General del Derecho Procesal Constitucional. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2008.
[2] Revista de la Facultad de Derecho de México, t. VI, núm. 24, octubre-diciembre de 1956, pp. 191-211.
[3] Cfr. Enrique Oblitas Poblete. Recurso de Amparo. La Paz, Bolivia: Librería Editorial POPULAR, 1967. Esta obra llegó a una segunda edición, publicada en 1979, en donde el autor logró recopilar gran parte de la jurisprudencia constitucional producida hasta ese tiempo.
[4] Héctor Fix-Zamudio. El Juicio de Amparo. Editorial Porrúa, S.A. México, 1964. Pág. 96. Citado por: Enrique Oblitas Poblete. Recurso de Amparo. La Paz, Bolivia: Librería Editorial POPULAR, 1967. Pág. 7.
[5] Cfr. José Antonio Rivera Santivañez. Jurisdicción Constitucional. Procedimientos Constitucionales en Bolivia. Cochabamba, Bolivia: Talleres Gráficos Kipus, 2001. En este sentido, para el mencionado Maestro mexicano, la Justicia Constitucional se concibe como “el conjunto de procedimientos de carácter procesal por medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental (…)”, y en cambio el concepto de Jurisdicción Constitucional comprende el estudio de “la actividad de verdaderos tribunales, formal y materialmente considerados, que conozcan y resuelvan las controversias de naturaleza constitucional de manera específica, es decir que los citados tribunales están especializados en la decisión de los conflictos de carácter constitucional”. Héctor Fix-Zamudio. Veinticinco años de evolución de la Justicia Constitucional. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 1968, Pág. 15.
[6] Pablo Dermizaky Peredo. La justicia constitucional. La Paz, Bolivia: Editorial PLURAL, 2010. Pág. 57.
[7] Héctor Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho procesal constitucional, en: Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Derecho procesal constitucional. Tomo I. Tercera edición (México, D.F. Ed. Porrúa, 2003). Pág. 197.

jueves, 4 de septiembre de 2014

HÉCTOR FIX ZAMUDIO: El mejor jurista mexicano









El 4 de septiembre de 2014 el maestro Héctor Fix Zamudio cumple 90 años de edad. Para muchas personas, se trata del mejor jurista mexicano en toda nuestra historia.

Fix Zamudio (o el “maestro Fix”, como le decimos en el IIJ-UNAM) es toda una institución en la ciencia jurídica mexicana.

Lleva más de 50 años vinculado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es autor de una prolija obra que ha sido citada miles de veces y ha ganado los premios más prestigiosos en su campo de conocimiento. Por muchas razones académicas y humanas, Héctor Fix Zamudio es un modelo de vida en el que varias generaciones de académicos mexicanos hemos encontrado la inspiración para seguir adelante.

Sus primeros trabajos académicos datan de 1956 y desde entonces su producción científica ha sido permanente (con una leve disminución en los años recientes debido al avance de la edad y al tiempo que el maestro sabiamente le dedica a su familia). Su primer libro, en el que hace un profundo estudio del juicio de amparo, fue publicado en 1964, año en el que se incorpora como investigador de tiempo completo en la UNAM –ya lo era, pero a tiempo parcial, desde 1956-.

Durante 32 años fue profesor de licenciatura en la facultad de derecho de la UNAM y durante 28 años de su división de estudios de posgrado.

Es miembro del prestigioso Colegio Nacional y presidente honorario vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y del extranjero (incluyendo la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid).

En el año 2008 la UNAM publicó una obra en su homenaje para conmemorar sus 50 años como investigador jurídico, en 12 gruesos tomos. En ella participaron más de 400 juristas de 40 distintos países, bajo la coordinación de dos de sus más destacados discípulos: Eduardo Ferrer MacGregor (juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y Arturo Zaldívar (Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Ese enorme reconocimiento a nivel mundial demuestra la calidad del maestro Fix y la estima que se le tiene, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Pero lo importante es que Fix Zamudio representa no solamente lo mejor que ha dado la ciencia jurídica mexicana, sino también los valores de la Universidad en la que muchos de nosotros nos formamos y a la que –como Fix- le hemos dedicado buena parte de nuestra trayectoria profesional. El maestro ha sido un entregado y ferviente defensor de la autonomía universitaria. También ha contribuido desde su trinchera al desarrollo de su sistema de investigación en humanidades.

Muchas veces el maestro Fix ha contado que le ofrecieron en cuatro distintas ocasiones ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si hubiera aceptado ese ofrecimiento su situación económica (y la de su familia, dicho sea de paso) hubiera mejorado sensiblemente. Pero –cuenta el maestro haciendo gala de su permanente buen humor- eso le hubiera quitado tiempo para leer y escribir; de modo que decidió que su verdadera vocación era servir a México desde los espacios académicos. Nunca ha buscado honores ni chambas, sino que se ha dedicado a difundir y recrear el conocimiento jurídico.

Ha sido impulsor de varias instituciones clave del Estado mexicano, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo de la Judicatura Federal.

La glosa de sus méritos y aportaciones podría seguir durante páginas y páginas. En realidad lo que quiero simplemente subrayar es que uno de los más grandes talentos de este país está celebrando 90 años de vida y que, por tratarse de un hombre sabio y bueno, todos debemos estar felices, como lo estamos sin duda alguna sus muchos discípulos y desde luego su muy querida familia.

Muchas felicidades, Maestro.


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Columna: HÉCTOR FIX ZAMUDIO



LA CIENCIA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. ESTUDIOS EN HOMENAJE AL DR. HÉCTOR FIX ZAMUDIO

martes, 2 de septiembre de 2014

LIBRO: Comentarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos - 2014




Comentarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos – 2014

Herramienta práctica para el operador de justicia

La obra pretende ser una herramienta accesible, para conocer el alcance de los derechos de este instrumento regional; ya que resume, de forma concisa e integral, las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cada artículo. Incluye además opiniones académicas relevantes, las referencias al sistema internacional de derechos humanos y de derecho comparado, que pueden ayudar a perfilar y contextualizar el contenido de un determinado precepto.

Este material es el esfuerzo conjunto de expertos de todo el continente, el cual inició en diciembre de 2011 y que entregamos con este libro como un instrumento de apoyo al operador jurídico y a la academia. Se trata, pues, de facilitar la labor del abogado, defensor de derechos humanos, juez, letrado, y demás funcionarios judiciales, en cualquier lugar de Latinoamérica.

Esperamos que el Comentario cumpla con su función y se nutra en los años venideros con una jurisprudencia mucho más especializada, que demuestre una nueva etapa en la protección de los derechos humanos en el continente.