lunes, 17 de agosto de 2015

ONG en la mira: en riesgo el pluralismo en la investigación








Mentiroso, en realidad, es quien acostumbra mentir. Llamando de este modo a cuatro ONG, el Vicepresidente en los hechos ha abierto el debate sobre el pluralismo de la investigación en el Estado Plurinacional.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz
00:07 / 16 de agosto de 2015

Desde el sábado 8, el vicepresidente Álvaro García Linera ha puesto abiertamente en el debate público la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a lo que se puede llamar ‘producción de conocimiento’. Su protesta se orientó hacia cuatro: las fundaciones Milenio y Tierra, el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) y el Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia).

Al margen de las acusaciones, digamos, de imagen de tales instituciones (que Milenio depende de Gonzalo Sánchez de Lozada; que Tierra es dirigida por un exministro de Goni; o que tanto el CEDLA como el Cedib están bajo la dirección de “trotskistas verdes”), el Mandatario reclamó el hecho —dijo— de que estas instituciones no dicen la verdad y llevan adelante una actuación política encubierta: “¿Cuál es el problema? El problema es que mienten, que tergiversan, que hacen política partidaria”, señaló García Linera en un acto de entrega de títulos de propiedad en el municipio cruceño de Cotoca.

Para los directores de tres de las entidades aludidas, la acusación del Vicepresidente, aparte de injusta, pone en tela de juicio la actividad investigativa ‘no gubernamental’, independiente del Estado, socavando de este modo el pluralismo en la producción de información y conocimiento. 

Para el Vicepresidente, dichas ONG defienden un “discurso imperial” vigente desde hace por lo menos 50 años, de control de la natalidad en los 70 y de “supuesta protección de la naturaleza” hoy día; en la lógica, esto último, de convertir a los países del sur en “guardabosques” para beneficio de los del norte. Para García Linera, es este discurso lo que en el fondo defienden dichas ONG, pero lo hacen con “mentiras, con datos erróneos, haciendo política partidaria”. De aquí que, entonces, remarca: “usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos de nuestro país; si se entromete, se va afuera”. 

En una nueva conferencia de prensa el jueves 13, el Mandatario ciertamente dio un giro: aclaró que su reclamo específicamente se refería a ONG y gobiernos extranjeros que intervengan en el país con fines políticos; que no se va contra las ONG nacionales, “eso se respeta y garantiza; lo que no vamos a permitir es que ONG extranjeras, instituciones extranjeras, gobiernos extranjeros, financien actividad política partidaria en nuestro país”. 

Todo esto, precisó luego, “por el principio de soberanía”, recordando como ejemplos del proceder estatal la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en septiembre de 2008, y la salida de la ONG IBIS, en diciembre de 2013.

Con respecto a las “ONG bolivianas”, el Mandatario afirmó “todo el respeto, toda la protección”. Aunque, nuevamente señaló que aquí el problema es la mentira: “en el caso de esas cuatro ONG, que yo las he criticado, y mantengo mi crítica, porque son mentirosas”. A tiempo de reconocer que se trata de instituciones de “mucha antigüedad”, introdujo el criterio más bien político-generacional: “lamentablemente la gente que convirtió a esas ONG en instituciones respetables, no están ya en esas ONG; eran izquierdistas que ya no están en esas ONG, han quedado puro derechistas y la mayor parte mentirosos; pero, son bolivianos, y tienen todo el derecho de hacer su actividad y tienen el derecho también para mentir, y respetamos su derecho para mentir”.

En lo relativo al rol o incidencia política de las ONG, especialmente las dedicadas a la producción de conocimiento, el director ejecutivo del CEDLA, Javier Gómez, apela al ineludible nexo entre la investigación y su efecto político: uno al investigar y hacer públicos sus resultados, naturalmente que puede influir en la percepción de los hechos públicos a que se refiere. Investigar y publicar “es una actividad del conocimiento que lógicamente es política, porque somos actores de la sociedad”. 

Para el director de Tierra, Gonzalo Colque, “lo político”, que no lo político-partidario, se establece desde el momento en que el objeto de estudio es un hecho social: “si toca el interés público, tiene contenido político”; en general, afirma, es imposible “no hacer política”, o desentenderse del hecho de que “toda actividad humana es relación de poder, inducir, tener objetivos; imposible trabajar de manera apolítica; otra cosa es partidaria, de luchar por el poder”. 

Recordando que Tierra nació hace 25 años, en el contexto del debate sobre la Ley de Tierras de 1996, bajo el contexto de la investigación para debate coyuntural, ahora la labor se orienta más, asegura, hacia las políticas de Estado (ya no solo de gobierno), es decir, investigaciones de largo aliento, “más cercanas a los cambios estructurales”. Por esto, el investigador no se hace problema en manifestar que, en general, la intención de su institución es incidir en dichas políticas públicas, como es derecho, por lo demás, de cualquier ciudadano: “Claro que nos interesa influir en programas de desarrollo, en políticas públicas; proponer dónde deben ir los recursos públicos, mostrar cuáles son las áreas más débiles, entre otras cosas”.

Por su parte, el director del Cedib, Marco Gandarilla, introduce el criterio de la “utilidad social” de toda investigación. “Descubrir, por ejemplo, que se están vertiendo 35 toneladas de mercurio en los ríos amazónicos, tiene que llevar a un gran debate público en Bolivia; no discutir eso públicamente (que es lo que nos está diciendo el Vicepresidente: ‘ustedes señores no hablen de asuntos comunes’) no es correcto, porque la política son los asuntos comunes, lo que nos importa a todos; ese no es un asunto privativo de los políticos, ese es un derecho de todos”. 

En lo relativo al debate propuesto por García Linera acerca de la mentira en el trabajo de las cuatro ONG objeto de su crítica, el primero en reclamar lo injusto y hasta ilógico de la acusación vicepresidencial es Gandarillas, del Cedib: 

“Extraña que nos llamen mentirosos, cuando el propio Estado y Gobierno están usando el servicio del Cedib. Concretamente, la comisión del Senado que estudió la capitalización tuvo que recurrir a nosotros, para fundamentar su informe; segundo, la Procuraduría del Estado, que tiene una demanda de la transnacional Sout American Silver, que tenía el yacimiento en Mallku Kota, nos ha pedido igual nuestra información, nuestros estudios, porque son vitales para la defensa que tiene que hacer ante esta transnacional”. 

En 2014, relata Gandarillas, cuando se debatió la ley minera, el propio Estado tuvo que reconocer que los estudios del Cedib sobre cooperativas y empresas transnacionales eran “clave” para identificar el interés de cada sector con respecto a dicha norma. En la investigación social, se sabe, el primer problema es de enfoque, del punto de vista que construye el investigador; a esto parece apuntar el Vicepresidente cuando expresa su desconfianza de las cuatro ONG con su convicción de que se trataría de estudiosos “de derecha”. 

Para Colque, de Fundación Tierra, si bien es innegable que en el diseño de la investigación existen diferentes enfoques para llevarla a cabo, lo que de alguna manera incidirá en los resultados que se obtengan, esto no da para reducir todo a mentiras sí, mentiras no, o que uno expresamente investigue para mentir.
“En los temas económicos y sociales, no existen ni mentiras ni verdades, no hay una realidad absoluta; lo que hay son distintas interpretaciones, metodologías y enfoques que se aplican para llegar a una determinada conclusión. Lo válido en este trabajo es la argumentación, las evidencias que presentas para respaldar una conclusión, y cuanto mejor metodología de investigación utilices, mejor la calidad de la conclusión”.

Desde el punto de vista del efecto que tienen las investigaciones que llevan adelante las ONG, el director del CEDLA, Javier Gómez, advierte de cómo la sola descalificación del contrincante en el debate público a lo único que conduce es a desmejorar la democracia. El ritual de descalificar al rival antes que debatir con él, lo que hace es “oscurecer” el debate público; con ello, señala Gómez, “se reducen los espacios democráticos; nosotros pretendemos aumentar la capacidad de deliberación, para que haya más democracia”. En rigor, en la investigación, en la seria, a lo sumo lo que puede haber es equívocos, errores, mala interpretación, a lo que necesariamente debe corresponder la rectificación. 

“Nosotros criticamos la política pública, y ahí tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos la obligación de pedir disculpas públicas si nos equivocamos. Pero nadie nos responde de parte del Gobierno sobre nuestras investigaciones; no discuten el gasolinazo, la industrialización; solo nos responden con adjetivos”, lamenta Gómez.

¿Pero a qué mentira puede referirse el Vicepresidente? En el discurso de García Linera el sábado 8 en Cotoca, al dar cifras de la distribución de la tierra en los nueve años del “proceso de cambio”, el Mandatario afirma que prácticamente se ha dado la vuelta a la tortilla; si antes la relación era: grandes hacendados, 39 millones de hectáreas, contra 13 millones “la gente humilde”; hoy es: indígenas e interculturales, 42 millones de hectáreas frente a 6 millones los grandes hacendados. Ante ello, afirma García Linera, las ONG “ocultan estos datos, engañan a la gente, dicen que el gobierno del presidente Evo no está cambiando la estructura agraria”. Al respecto, solo como una aproximación a este complejo tema, el director de Tierra, Gonzalo Colque, señala que otra entrada también legítima para analizar el tema es ver dónde está la superficie cultivada en el país, o sea, la tierra efectivamente útil. “Más o menos son tres millones de hectáreas; dos millones están en Santa Cruz, y un millón en el resto, en ocho departamentos del país; y el 80% de los campesinos, de la población rural está fuera de Santa Cruz”.

García Linera en el mismo discurso de Cotoca advirtió: “llamo la atención a que mis hermanos estén muy atentos con esas dos ONG (Tierra y Cedib)”. Para Javier Gómez, aquí hay una actitud “despectiva” del Vicepresidente hacia la gente: “porque cree que nosotros (las ONG) les podemos engatusar, engañar. Respetemos la madurez de la sociedad boliviana para saber qué es verdad y qué no es, a partir de la realidad que vive”. Por lo mismo, Marco Gandarillas deplora este “acto de incitación de la sociedad hacia nosotros, llamando a sectores sociales contra nosotros; cuando el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de todos”. 

Intelectuales: García tiene un gesto de intolerancia

En el sitio web de la Agencia de Noticias Fides, el jueves 13, se informa que intelectuales del mundo calificaron los dichos del vicepresidente Álvaro García Linera sobre las ONG  como “un gesto de intolerancia”. Se trata de una carta que 28 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa enviaron al Vicepresidente del país. En la misiva, describe ANF, los firmantes expresan su preocupación “por las acusaciones y amenazas de expulsión” lanzadas por García  Linera contra Milenio, Tierra, el CEDLA y el Cedib. “Dichas acusaciones y amenazas constituyen un gesto de autoritarismo e intolerancia de su parte”, afirma la carta. 

Aparte del expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta, destacan como firmantes de la carta el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos y la matemática mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar, quien fuera compañera del vicepresidente García Linera en la década de los ‘90, cuando ambos militaban en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).

“Como bien sabe el Vicepresidente, la disidencia o la crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e intelectual; esto es, con más democracia”, advierten los 28 intelectuales, según ANF. 

“Lamentamos, además, que quien levanta estas acusaciones y amenazas sea un prestigioso intelectual y sociólogo, autor de tantos e importantes trabajos e investigaciones sobre Bolivia, con proyección latinoamericana. En virtud de ello, en nombre del pensamiento crítico que usted mismo dice representar, quisiéramos hacer un llamado a la reflexión”, firman dichos intelectuales.

Además de los citados, entre los firmantes de la carta abogando por las ONG, están: Pierre Salama (Universidad de París), Eduardo Gudynas (investigador ambiental, Uruguay), Raúl Zibechi (ensayista, Uruguay), Maristella Svampa (socióloga, Argentina), Pablo Ospina (Ecuador). 

Es cuestión de defensa de la soberanía: Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia

Se trata de un tema de defensa de nuestra soberanía; las ONG bolivianas y el personal boliviano tienen todo el derecho de hacer su actividad como vean conveniente y el Estado les protege; es más, hay muchas ONG que colaboran al país, hacen una gran actividad social; pero ninguna persona jurídica (ni gobierno ni ONG) puede financiar actividad política en Bolivia. 

Hay poca información sobre el saneamiento: Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra

En los últimos años, seis o siete, no hay un informe oficial anual sobre el estado del saneamiento y titulación de la propiedad agraria; lo que hay a veces es pequeños pawerpoints, que no tienen firma institucional. Tampoco existe información desagregada. El censo agropecuario ha sido en 2013; hasta hoy, 2015, aún no se han presentado sus resultados.

Se atenta contra la libertad de expresión: Javier Gómez, director del CEDLA

Las declaraciones del Vicepresidente no se dirigen solo contra las ONG; en muchos casos se han dirigido a organizaciones sociales que en cierto momento se han opuesto a alguna acción o política gubernamental. El contexto es la reducción del derecho de la libre asociación y de la libre expresión. Esto lo ha denunciado el propio Defensor del Pueblo.

El Estado es uno de nuestros usuarios: Marco Gandarillas, director del Cedib

En el Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib) hay varias líneas de estudio; nuestra experiencia en recursos naturales es al menos 20 años. El Estado es uno de nuestros principales usuarios, de nuestro fondo documental, pero también de nuestras investigaciones. Y hablamos a nivel de municipios, de gobernaciones, el propio Gobierno, el Parlamento.


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Aún está por definirse la constitucionalidad de la norma

 

El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la demanda de inconstitucionalidad de la norma de registro de las ONG, por violar, se dice, la libre asociación.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz
00:06 / 16 de agosto de 2015

En noviembre de 2014, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dos aspectos específicos de ambas normas (la Ley 351 y su Reglamento). El registro legal de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en más de un departamento está normado por la Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas del 19 de marzo de 2013 y por el Decreto Supremo 1597, Reglamento parcial de la Ley 351, de junio de 2013.
La ley y el reglamento parcial disponen que todas las organizaciones e instituciones sin fines de lucro que ya estaban registradas, ahora deben “reinscribirse”: “en un plazo de hasta cinco meses (...) las personas colectivas que desarrollan sus actividades en más de un departamento y que obtuvieron su personalidad jurídica con anterioridad a la publicación de la Ley 351, deberán adecuarse a lo dispuesto en la normativa vigente”.
El Defensor pide declarar inconstitucionales: el parágrafo segundo, numeral 1 del artículo 7 de la Ley 351 del 19 de marzo de 2013; y el inciso g del artículo 19 del Decreto 1596. En el primer caso, se trata del artículo referido a los estatutos de la ONG: “II. Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones deberán mencionar en su contenido: 1. La contribución al desarrollo económico social”.
En el segundo aspecto, el artículo 19 del Reglamento se refiere a las causas por las que se podrá proceder a la revocatoria de la personalidad jurídica de la ONG; una de éstas, precisamente el inciso g, dice: “g) Por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales, previo informe del ministerio del área”. 
La demanda fue admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la fecha se encuentra en poder de un Magistrado Relator de esta entidad judicial.  Ambos fragmentos no significan otra cosa que la sujeción de las organizaciones no gubernamentales a los planes de desarrollo estatales, destaca el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas:
“Nos piden que hagamos modificaciones inadmisibles en los estatutos, de alineamiento al Gobierno, que digamos de qué manera vamos a implementar políticas sectoriales con las que estamos en contra. Que asumamos el plan de desarrollo, la agenda patriótica”.
Y es que para el investigador se trata de un contrasentido: siendo organizaciones de la sociedad civil (“no gubernamentales”), la nueva norma en rigor dispone que dejen de ser tales. “Nos piden que nosotros seamos un brazo más del Estado, organizaciones para-gubernamentales o pro-gubernamentales. Eso va contra nuestra naturaleza”.
Obligadas a asumir estas nuevas condiciones, el Director del Cedib cuenta cómo muchas organizaciones optaron por cerrar sus puertas antes que someterse a este control.  Hay que recordar que la relativamente nueva norma de personalidad jurídica de ONG ya fue impugnada por una instancia especial de la Organización de Naciones Unidas.
En mayo de 2015, como informa la prensa de la época, el relator especial Maina Kiai en un informe específico sobre el tema señaló que la legislación boliviana que regula el funcionamiento de las ONG “vulnera y restringe el derecho internacional de asociación”; el documento se complementa con el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor contra dos artículos de la nueva norma sobre las ONG.
El 15 de diciembre de 2014, la organización no gubernamental internacional dedicada a los derechos humanos Human Rights Watch envió una carta al presidente Evo Morales, “con el propósito de instarlo respetuosamente a que promueva la reforma de diversas leyes que restringen derechos humanos protegidos por tratados internacionales ratificados por Bolivia”; firma la misiva José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.
Dos de esas disposiciones son la Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas, y su decreto reglamentario 1597. Vivanco afirma que “En conjunto, estas disposiciones otorgan a las autoridades facultades excesivamente amplias para regular las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, socavando el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de los defensores de derechos humanos”.
El decreto supremo, continúa Vivanco: a) autoriza a funcionarios a disolver organizaciones de la sociedad civil por causas que podrían ser arbitrarias; b) permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías la revocatoria de la personalidad jurídica de una organización si considera que ésta actúa fuera de lo previsto en su estatuto; c) la Asamblea Plurinacional también podría solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”; y d) el decreto prevé que los estatutos de las organizaciones deben indicar en qué medida sus actividades “toman en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.
  En lo cotidiano, entonces, aquí está por ahora el “drama” de las ONG, en adecuar su estatuto a la nueva norma. En algunos casos, una y otra vez es devuelto el documento, a veces por una palabra, “observaciones semánticas”, según un testimonio.
Del lado del Ministerio de Autonomías, encargado del control y seguimiento del registro de las ONG, su titular, el ministro Hugo Siles, esta semana adelantó que se fiscalizará el trabajo de estas instituciones. Le acompañarán en esto legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores dedicados al control social. “Hay que hacer una fiscalización sobre el objeto de esas entidades y si hay diferencias en el objeto que registran pueden ser susceptibles de la anulación”, dijo el miércoles el dignatario de Estado.  


martes, 11 de agosto de 2015

A propósito de la Creación de Bolivia





Los doctores de Charcas y la creación de Bolivia

 

Cuando se firmó el Acta de la Independencia de la República de Bolívar, excepto José Miguel Lanza, ningún patriota fue convocado para la Asamblea de Representantes. Allí estaban los Olañeta, los Urcullo, los doctores altoperuanos, como solían autonombrarse. ¡Hasta el nombre de la patria despreciaron!

La Razón (Edición Impresa) / Luis Oporto Ordóñez
ANIMAL POLÍTICO/ 09 de agosto de 2015

Paso a paso, casi minuto a minuto, se reconstruye la épica reunión de Casimiro Olañeta con el Mariscal Antonio José de Sucre, a quien seduce magistralmente para incubar la idea de crear una nueva república, en el vasto y rico territorio de la Real Audiencia de Charcas. Sucre firma el célebre decreto del 9 de febrero que abre las puertas para la creación del nuevo país.

Casimiro Olañeta y Güemes, personaje controversial de la historia republicana temprana, realista consumado, patriota de última hora, aparece como el artífice de lo imposible.

Usó la inteligencia (el arte de conspirar) desde el inicio, delatando el potencial militar de su tío, el último León de Iberia, Pedro Antonio de Olañeta, antes de la Batalla de Junín. “Pedro Antonio Olañeta en agosto de 1824 comandaba 12.000 soldados. Bolívar solo tenía 9.000. Pero el tío replegó a 4.000 anoticiado de una presunta revuelta en el Alto Perú”, afirma el escritor José Antonio Loayza. “Ahora sí tenía la posibilidad de ganar”, habría manifestado al general Bolívar, el sobrino que abusó de la confianza de su tío.

¿Quién era este personaje tan importante en la historia de 1825? Su nombre era José Joaquín Casimiro Olañeta y Güemes. Nació en Chuquisaca (Sucre), el 3 de marzo de 1795. Se educó en Córdoba, Argentina, y regresó a su patria nativa en 1813. Aparentaba ser independentista, pero huyó ante la proximidad del ejército de José Rondeau. Los argentinos llamaban a Charcas como Alto Perú, porque lo consideraban suyo, al haber pasado en 1776 a la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata.

Su trayectoria fue sinuosa, aunque mantuvo lealtad constante a España. La relativa estabilidad de la sede de la Audiencia le facilitó culminar sus estudios de Derecho. Juró como abogado en 1817 y prestó servicios en altos cargos de la Audiencia. Era un personaje importante. Esa administración le facultó prestar asistencia legal al ejército realista desde 1820. Casualmente, esa fuerza importante estaba bajo el mando de su tío Pedro Antonio de Olañeta, que hizo de Tupiza la sede de su administración.

Entretanto, los mariscales españoles ilustrados llegaron al Perú para dirigir los ejércitos contra las fuerzas de los comandantes patriotas que se habían hecho fuertes a lo largo y ancho del vasto territorio de Charcas. José de la Serna, virrey del  Perú, envió la fuerza del general Jerónimo Valdés contra Olañeta, pues éstos, jurando lealtad al restaurado Fernando VII, abandonaron Potosí, decidiendo formar un Estado independiente, “llevándose los fondos reales y las joyas de las iglesias”, afirman algunos investigadores. Sin duda, es un capítulo aún inexplorado por la historiografía boliviana.

¿Cómo es, entonces, que un realista ultramontano aparezca en escena liderando la vanguardia ilustrada que conspiró para darle independencia al territorio de la Real Audiencia?

En contrapartida, los héroes de la guerra de los 16 años por la independencia de España combatían sin dar ni pedir cuartel a las experimentadas tropas realistas. Desde la insurgencia de Pedro Domingo Murillo, que osó formar el primer gobierno totalmente independiente de España en América del Sur, tres fuerzas avanzaron sobre Charcas: el Ejército Unido Libertador al mando de Simón Bolívar, los ejército “auxiliares” argentinos del Río de La Plata y las fuerzas realistas del Perú, más los 12.000 efectivos de Pedro de Olañeta. Ningún otro país experimentó esta presión geopolítica sobre el territorio más rico de España en América.

El suplicio de Murillo no detuvo la sed de independencia. Emergieron desde todos los confines latifundistas criollos abrazando con fervor la causa de la Independencia, disponiendo sus haciendas para sufragar los gastos de guerra y sus indios para el combate a favor de la patria. Se formaron republiquetas autónomas, que emplearon el método de lucha de la guerrilla para golpear a las tropas de los ejércitos realistas y huir preservando su fuerza letal. Larecaja, con el cura Ildefonso de las Muñecas; Cinti, con Vicente Camargo; Chuquisaca, con Manuel Ascencio Padilla; Potosí, con Miguel Betanzos e Ignacio de Zárate; Tarija, con Eustaquio Moto Méndez, Camargo, Medinaceli, José María Avilés, Francisco y Manuel Pérez de Uriondo; Ayopaya, en Cochabamba, con José Miguel García Lanza y Esteban Arze; y en Santa Cruz, Tucumán y Salta, Ignacio Warnes. Estas fuerzas, llamadas despectivamente por los mariscales que vencieron a Napoleón, como “gavilla de delincuentes”, “pandillas”, se nutrieron con la fuerza de miles de indígenas quechuas, aymaras e incluso de regiones de las tierras bajas, haciendo rajar el suelo a los chapetones, como dijo en su momento la heroína Juana Azurduy de Padilla.

Cuando se firmó el Acta de la Independencia de la República de Bolívar, excepto José Miguel Lanza, ningún patriota fue convocado para la Asamblea de Representantes. Allí estaban los Olañeta, los Urcullo, en suma, los doctores altoperuanos, como solían autonombrarse. ¡Hasta el nombre de la patria despreciaron!

Casimiro Olañeta conspiró para echar a Sucre y su ejército de Bolivia. Fue ministro de cinco presidentes, diputado (vitalicio) y embajador en Francia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Manuel Isidoro Belzu lo desterró, en su breve y combativo gobierno que devolvió fugazmente la nacionalidad a los indígenas y liberó a los esclavos negros, reformando para ello la Constitución. Fue por ello combatido. Casimiro Olañeta falleció en Sucre, el 12 de agosto de 1860.

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De las republiquetas a Tumusla

 

Sin duda, el sino del transfugio existió desde las guerras entre pizarristas y almagristas, antes de la fundación de las primeras ciudades en el Alto Perú… y continúan hasta hoy. Parece ser una constante en nuestra idiosincrasia altoperuana.

La Razón (Edición Impresa) / Pablo Michel Romero
ANIMAL POLÍTICO/ 09 de agosto de 2015

Hace unos días recordamos la revolución paceña del 16 de julio, su relación íntima con los sucesos de mayo y julio de 1809 y la batalla de Chacaltaya del 25 de octubre del mismo año, que fue la primera conflagración bélica donde se organizó un verdadero ejército altoperuano (pese a la pobreza del mismo).

Es importante enfatizar en el estudio de nuestra historia: fueron 16 años de una verdadera Guerra de Independencia; y no como algunos historiadores extranjeros e incluso bolivianos afirman que “el Alto Perú solo tuvo que esperar a la llegada de los libertadores venezolanos para lograr su independencia”.

Después de las famosas ejecuciones del 29 de enero de 1810, cuando murieron los revolucionarios de La Paz encabezados por Pedro Domingo Murillo, en el transcurso del año hubo otras ejecuciones, destierros perpetuos, confiscación de bienes, azotes, encarcelamientos, prohibición… en fin, fueron alrededor de 2.000 patriotas de distintas clases sociales que participaron y estuvieron implicados en la Revolución de Julio de 1809… y por lo tanto también sentenciados. Como diría el propio Brigadier Don José Manuel de Goyeneche y Barreda en sus memorias: (Archivo del Conde de Guaqui) “Resultó que las tres cuartas partes de la ciudad estaban comprometidas con la traición”.

Entonces, podemos establecer que el proceso historiográfico conocido como la Guerra de Independencia no fue labor de unos cuantos, sino que participaron los distintos estratos culturales, económicos y sociales del Alto Perú, desde los doctores de Charcas, los ideólogos paceños, el bajo clero criollo y mestizo, los acaudalados comerciantes que costearon los altísimos gastos que significaba esta empresa y por supuesto los guerrilleros de las “Republiquetas” y las ciudades importantes que en distintos momentos se alzaron contra el régimen colonial.

GUERRILLAS. Un aspecto crucial en el análisis de la independencia de Bolivia es el rol que desempeñó el movimiento guerrillero, también llamado de las “Republiquetas”. Esta denominación, que probablemente se debe a Bartolomé Mitre, ha sido adoptada para significar la existencia de territorios controlados por caudillos y montoneros que lograron imponer allí su autoridad y su ley a despecho de la dictada por las dos cabeceras virreinales enfrentadas en una cruenta guerra. Y es aquí donde debemos hacernos una pregunta: ¿son las “Republiquetas” un anticipo de la Bolivia independiente y los jefes guerrilleros precursores de ella?, ¿es solo a partir de este hecho que empieza a surgir en suelo de Charcas un sentimiento nacional o de pertenencia a sí misma?

El ya fallecido historiador José Luis Roca en su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires expresa lo siguiente: “En realidad, el movimiento guerrillero es solo un hito del proceso que va a culminar con la formación de un Estado independiente en 1825”. Por tanto, es importante establecer que al fenómeno conocido históricamente como Guerra de Guerrillas precede a la creación de la Audiencia (de Charcas) y todos los esfuerzos que ésta hizo para lograr un mejor status dentro del imperio español. Lo notable del caso es que el ámbito sobre el que se va a establecer la Audiencia (Kollasuyo y Antisuyo incaico) dará origen a la Bolivia andina y a la amazónico-platense. El hito posterior a las guerrillas, y el último del proceso formativo del Estado, es la constitución de la logia patriótica, compuesta por próceres civiles que conspiraron y lograron persuadir a Bolívar para dar paso a la República.

TRÁNSFUGAS. A lo largo de los casi 16 años que duró la Guerra de Independencia hubo muchos casos de cambio de bando, como los ocurridos tras la Batalla de Guaqui, cuando un grupo de patriotas cochabambinos renegó de Juan José Castelli para llegar a entendimientos con Goyeneche. Igualmente, en las mismas Republiquetas de Ayopaya, según los relatos de los propios patriotas, se registraron deserciones a favor del Virrey de Lima… y por el lado realista, lo propio… No hay que olvidarnos de los transfugios de los realistas al lado de los patriotas, siendo el caso más notable el del batallón realista “Numancia” (donde de muy joven sirvió Andrés de Santa Cruz), el que íntegramente con jefes, oficiales y tropa pasó al lado de San Martín en Perú.

Y es bueno y saludable tocar este tema, pues varios de los realistas que durante la Guerra de Independencia participaron a favor de Su Majestad el Rey fueron los que entre 1824 y 1825 (cuando la causa realista estaba perdida) resultaron “patriotas” y algunos incluso ocuparon puestos de importancia en el naciente país. ¿Acaso no nos acordamos del general Francisco Javier Aguilera, que proclamó la independencia de Santa Cruz, que años antes dio muerte en la Batalla del Villar al patriota coronel Manuel Ascencio Padilla?, ¿no estuvo Aguilera implicado en las correrías y muertes de patriotas sobre todo en el sur del Alto Perú?, ¿no fue el coronel Carlos Medinaceli Lizarazu (“Vencedor de Tumusla”, como lo conoce la historia ) otro realista que participó junto a Casimiro Olañeta en la muerte del famoso patriota salteño Martín Güemes?, ¿éstos no participaron junto al famoso general José María Valdez, conocido como el Barbaducho por su brutalidad en las patrullas de “Dragones”, que eran el terror de las poblaciones y sobre todo de los familiares de los implicados patriotas?

Sin duda, el sino del transfugio existió desde las guerras entre pizarristas y almagristas, antes de la fundación de las primeras ciudades en el Alto Perú… y continúa hasta hoy. Parece ser una constante en nuestra idiosincrasia altoperuana.

Sin embargo (para descargo de los tránsfugas), Bolivia surge como un fenómeno por el cual muy pocos apostaron. Dentro de 13 años más Bolivia cumplirá como país 200 años. En estos últimos años ¿cuántos países en todo el mundo se crearon, y cuántos ya no existen?

Bolivia, pese a las coyunturas internas y externas, sigue existiendo como República o Estado Plurinacional (que en mi criterio es lo mismo), y este fue el pedido del Mariscal Antonio José de Sucre: “Aún pediré otro premio a la Nación, el de no destruir la obra de mi creación y mantener por entre todos los peligros la independencia de Bolivia”, (1828). Y, finalmente, el reconocimiento a Casimiro Olañeta, el cual le dio sus genes a la naciente nación y que aún perviven, los cuales son: negociación y sobrevivencia.


lunes, 10 de agosto de 2015

Repensar la Autonomía Universitaria en Bolivia










Analizar la autonomía y el cogobierno docente-estudiantil de la universidad pública, a la sombra del conflicto de San Simón, se hace una necesidad de rigor para repensar el rol político de la educación superior.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 09 de agosto de 2015

La crisis en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) —ocasionada por una resolución del Consejo Universitario que pretendió la titularización automática de docentes sin que éstos demuestren sus méritos académicos mediante un examen de competencia— pone sobre la mesa el debate sobre si la Universidad Pública Nacional, la autonomía universitaria y el cogobierno docente-estudiantil están hoy en una situación de deriva.

Los principios de una universidad nacional que acompañó las luchas sociales de Bolivia comenzaron a establecerse con el reconocimiento de la autonomía universitaria en el gobierno de Carlos Blanco Galindo, en 1930; luego siguieron la autonomía respecto del Estado en 1952 y la Revolución Universitaria en 1970, dando la última inicio al cogobierno docente-estudiantil. Sin embargo, todo esto, que puede ser útil para la producción de conocimiento académico, ha ido distorsionándose hasta llegar a muestras contundentes de degradación de dichos principios de la universidad pública nacional. Éste es el caso cuando se ve la pretensión de las autoridades de la UMSS de titularizar a docentes sin ningún examen de competencia, dado solo su antigüedad. Es el caso, en fin, que llama a hacer una reflexión necesaria sobre la universidad pública, la autonomía y el cogobierno.

El académico Guillermo Mariaca asume que hay una crisis en las universidades: “La universidad pública de hoy no es la de ayer. La de ayer: la del 30 y la autonomía institucional, la del 52 y la autonomía ante el Estado, la del 70 y el cogobierno docente-estudiantil, la del 82 y la vinculación con las necesidades sociales, era, finalmente, una sola. Era una universidad pública y nacional cuando ambas necesidades convergían en la democracia. Esto explica, entonces, aquello de que la universidad era la reserva democrática. Esto explica, también, que la universidad hoy no es la de ayer, porque ninguna de esas responsabilidades la caracterizan institucionalmente”. Para concluir su descripción afirma que la universidad pública hoy vive en una suerte de “ensimismamiento”, de “autismo” (en relación a la distorsión del principio de la autonomía que hace que la Universidad no pueda ver más allá de sí misma).

COGOBIERNO. Desde un enfoque del todo distinto, Alfonso Velarde —militante del Partido Obrero Revolucionario (POR) y actor principal en la Revolución Universitaria de 1970— ve también una crisis. “La universidad atraviesa uno de sus momentos más vergonzosos, estrangulada por la acción perversa de grupos de poder (camarillas) conservadores que la arrastran a la debacle. Los estudiantes han sido totalmente desplazados del gobierno de la universidad. El cogobierno ya no es ejercido por los estudiantes como fuerza colectiva; las direcciones estudiantiles actúan de espaldas a las bases, no rinden cuentas de sus actos, hacen lo que bien les parece en función de minúsculos y mezquinos intereses”.

El panorama, desde ambos puntos de vista, es preocupante y las voces que hablan de repensar la autonomía universitaria son más. En programas de opinión, uno y otro analista proponen el replanteamiento: “intervención del Estado”, “todos afuera”, “sacar al trotskismo”, “expulsar al masismo”, “auditoría externa”, etcétera.

Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, señala que “la autonomía es perfecta”, pero que las imperfecciones están en la práctica de “algunas autoridades para favorecerse o sacar ventaja política y la distorsionan en función de su beneficio. El caso de Cochabamba es claro, porque está en puertas una elección de rector y hay potenciales candidatos que querían aprovechar la coyuntura”.

A pesar de las divergencias ideológicas de estos tres académicos que han vinculado íntimamente sus carreras a la universidad pública, algo une sus propuestas de solución: la palabra “recuperación”. Si Mariaca habla de recuperar el origen del cogobierno, Velarde lo hace de recuperar la autonomía al servicio de los intereses de la sociedad y Albarracín, de recuperar una práctica de la autonomía.

DISTORSIÓN. El rector de la UMSA señala que lo que “no debe ocurrir es un criterio distorsionado de la autonomía desde adentro”.  “Existen algunos miembros de la comunidad universitaria que creen que la autonomía universitaria significa que su universidad es una republiqueta y que pueden hacer lo que quieran. Hay que evitar eso”, apunta.

En el conflicto de San Simón, los docentes “a través de su federación y del rector” han querido argumentar la titularización sin examen “sosteniéndose sobre su carácter autónomo” frente a las otras universidades. “Pero hay normas que son del sistema de universidades que son de cumplimiento obligatorio de todas ellas. San Simón ahí se equivocó a nombre de que son autónomos. Se les hizo notar su error”, remata el actual rector de la UMSA.

A todo esto, ¿cómo salir de la crisis o, si se quiere, cómo evitar que los conflictos se generalicen en una crisis de la universidad nacional? Mariaca dice que hay que retornar a los orígenes del cogobierno. Entonces explica las “dos raíces posibles” del cogobierno, hablando teórica y no históricamente: una raíz es pedagógica y se sustenta en que la respuesta y la pregunta son epistemológicamente equivalentes, es decir que docente y estudiantes aprenden en la clase, los dos preguntan y los dos responden, los dos construyen conocimiento.

La segunda raíz la entiende de manera ética-política. La universidad, además de formar profesionales, produce conocimiento nuevo de manera “colectiva”, por lo que no “hay un sentido de autoridad”. Lo fundamental del cogobierno es que la producción de conocimiento nuevo no se somete a la autoridad (ni al autor ni a la autoridad académica). Es algo conjunto, colectivo.

Esta segunda raíz tiene que ver con que la universidad es un “lugar natural de resistencia al poder”. “En países presidencialistas como el nuestro no existen sino dos instituciones de resistencia al poder: los medios de comunicación y la universidad. Entonces, la tarea de la universidad, con el cogobierno ético-político, debe resistir al poder a través de observatorios”.

Por tanto, las raíces del cogobierno, pedagógica y ética-políticamente, son las que deben ser recuperadas. “Sin embargo, todo esto es teoría y cuando la teoría se institucionaliza puede degradarse y eso es lo que ha pasado con el cogobierno en la universidad”.

Sus potencialidades se han “contaminado de poder”. El cogobierno “debería” haberse quedado en el ámbito pedagógico y ético, “pero no un cogobierno institucional, porque éste contradice sus dos raíces y se contamina de poder; las luchas de la universidad se vuelven luchas por un lugar en la toma de decisiones, ejercicio de cargos, el presupuesto, etcétera. El cogobierno deja de estar sustentado ética y epistemológicamente para ser una sencilla manera de distribuir el poder. Por eso el cogobierno es una lacra en la universidad, sin embargo lo que habría que hacer es devolverlo a sus raíces”.

DEMOCRACIA. Para ello hay una solución: la desaparición de esa lógica que hace que hoy la elección de autoridades universitarias “se dé por voto y prebendas”. La lógica democrática electoral debe ser sustituida por una “democrática meritocrática”. Los dos estamentos (docentes y estudiantes) serían elegidos para un gobierno universitario en función de méritos académicos y “no de ofertas prebendales.”

Quienes elegirían a estas autoridades, por mérito y con la fórmula del cogobierno, no serían los estudiantes y docentes, sino el Consejo Universitario de la Nueva Autonomía, formado con cuatro componentes: estudiantes y docentes (cuyos votos sumados valdrían 60%) y sociedad y Estado (cuyos votos completarían el 40% restante).

Alfonso Velarde también habla de “recuperar”, sin embargo en otra orientación. Este académico asegura que hay que “recuperar la autonomía”. Para argumentar su idea, explica que la autonomía universitaria ha tenido en la historia diferentes ciclos: unas veces estuvo en favor de intereses nacionales de la sociedad y otras en contra, orientada hacia intereses particulares (“como ocurre ahora”).

“Hay momentos en que la universidad está dominada por grupos de poder, como antes de la Revolución Nacional de 1970, que se tenía una universidad contraria a las reivindicaciones de la sociedad”, explica Velarde. Así, está el ejemplo de la universidad al lado de Barrientos para golpear a Paz Estenssoro (1964).

En otros momentos se tiene una universidad al lado de la sociedad, como después de la Revolución Universitaria o como cuando se luchó contra las dictaduras militares. “La autonomía tiene valor solo cuando expresa los intereses generales de la sociedad. No hay que repensar la autonomía, lo que hay que hacer es darle el contenido que tenía a través de los estudiantes”. La propuesta de Albarracín, en cambio, se centra en mecanismos que eviten las malas prácticas a nombre de la autonomía.

“Para evitar su uso distorsionado, creo que tiene que hacerse una vigilancia más rigurosa. Las instancias nacionales tienen que adoptar una acción más proactiva. Por ejemplo, los órganos de decisión como el Congreso de Universidades y en la Conferencia de Universidades pueden adoptar normas drásticas punitivas para aquellas personas o universidades que violen o distorsionen la autonomía y la normativa interna”. Albarracín pide sanciones concretas en casos de distorsión de la autonomía o de no aplicación de la norma. “En el caso que hubo (UMSS) se debió tomar una acción más coercitiva, aunque lo que se hizo fue más de persuasión”.

Una universidad nacional que sea protagonista política del país, como ha sido su tradición, es una universidad deseable, pero ésta no es posible si se hace un uso distorsionado de la autonomía, menos si se la utiliza para pretensiones que menoscaban la calidad académica, como se pretendió desde las autoridades de la UMSS con la titularización automática de docentes sin un examen de méritos. Las reflexiones anteriores quedan para que pueda existir la mejor universidad pública posible.

Hay que hacer una vigilancia rigurosa: Waldo Albarracín, rector de la UMSA

Existen algunos miembros de la comunidad universitaria que creen que la autonomía significa que su universidad es una republiqueta y que pueden hacer lo que les da la gana. Hay que evitar eso. Para evitar el uso distorsionado de la autonomía universitaria, se debe hacer una vigilancia más rigurosa. Las instancias nacionales tienen que adoptar una acción más proactiva.

Trabajar por devolverle el sentido social: Guillermo Mariaca, exdecano de Humanidades

El laberinto universitario alcanzó las características del autismo; como define un diccionario cualquiera, el repliegue patológico de la institución sobre sí misma. Eso se nota en procesos electorales. Cuando las candidaturas presentan programas repitiendo 30 años de lo mismo. Por eso, hoy trabajar para devolver el sentido social a la escuela y a la universidad es de importancia estratégica.

En la universidad campean las camarillas: Alfonso Velarde, militante del POR y exdocente de Física

La universidad pública ha sido convertida hoy en una institución decadente, ajena a la lacerante realidad económica y social del país, indiferente ante la lucha del pueblo; es una universidad abúlica en cuyo interior campean esas camarillas en competencia por aprovecharse de la universidad, para satisfacer sus menguados y miserables intereses.

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La Revolución Universitaria de 1970

 

¿Cómo fue la Revolución Universitaria de 1970? Alfonso Velarde, uno de los actores del movimiento estudiantil que cambió a la universidad pública hasta nuestros días, relata lo sucedido.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 09 de agosto de 2015

Ha pasado casi medio siglo (45 años) de la Revolución Universitaria de 1970. Sin embargo, si uno observa lo que sucede en Cochabamba, con un Consejo Universitario (Resolución 01/15 del 7 de abril) que pretendió titularizar a los docentes sin que haya un examen de competencia, es evidente la distancia entre aquel hecho histórico y el presente.

¿Cómo fue, por qué sucedió la Revolución Universitaria que instituyó el cogobierno paritario docente-estudiantil? Uno de los protagonistas, Alfonso Velarde, relata sobre el contexto, las razones y los hechos que se sucedieron y cambiaron las estructuras de la educación superior pública en Bolivia.

Después de la breve efervescencia que provocó la Revolución de 1952, emoción que se apaciguó tras una crisis económica, el movimientismo logró gobernar, no sin dificultades, hasta 1964. Ese año comenzaría una seguidilla de golpes de Estado militares que solo terminarían en 1982.

A la llegada de René BarrientosOrtuño en 1964 precedió la ocupación de la universidad por parte de la derecha más conservadora. Durante el barrientismo se tenía una universidad “controlada por la masonería reaccionaria y conservadora” y en total contraposición con la situación política del momento.

A la muerte de este presidente militar (1969), la gente salió a las calles “a recuperar el país”. Los movilizados tenían sus reivindicaciones propias, basadas en la Tesis de Pulacayo (documento que marcó la historia política boliviana del siglo XX). “Es en esas circunstancias en que se da la Revolución Universitaria, la universidad recibe esa presión social para convertirse en revolucionaria” (es a partir de ese movimiento estudiantil que la universidad se declara hasta el día de hoy revolucionaria y antiimperialista).

Durante Barrientos, la institución se había puesto a su lado para golpear a Víctor Paz Estenssoro, desde la posición de la derecha. El mes decisivo, sin embargo, fue abril de 1970. “La universidad venía siendo controlada por la masonería desde hacía mucho tiempo”.

Esta logia conservadora fue construida y alimentada por el rector Héctor Ormachea Zalles, que ocupó ese cargo por 12 años, desde 1936 hasta 1948. Ormachea (que fue Gran Maestre de los masones: 1939-1940) dio forma a esa universidad servil al poder de turno que continuó intacta hasta la Revolución Universitaria, destaca Velarde. “Desde esa época los masones controlaban la universidad y la política más reaccionaria”, cuenta. A las carencias de la universidad se sumó esta característica ideológica de una academia conservadora.

Sin embargo, la contingencia creó la situación propicia para la revolución estudiantil. Velarde, ese momento estudiante en la Facultad de Ciencias Exactas, narra que hubo un problema de naturaleza enteramente doméstica que desencadenó los hechos. Se trató de un conflicto entre el decano de la Facultad de Derecho, Alipio Valencia, y el rector de la UMSA de entonces, Carlos Terrazas. “De un conflicto irrelevante, se dio la intervención de los estudiantes y dieron al conflicto su propio contenido, cuestionándose que la universidad esté al servicio de la masonería”.

Hay que destacar que los estudiantes bolivianos se hallaban inspirados en el movimiento estudiantil de mayo de 1968 en Francia. “Coincide con un ascenso revolucionario no solo en Bolivia, sino en el mundo. Los movimientos en Francia, la guerra del Vietnam, entre otros”. A raíz de este conflicto menor, los estudiantes de esa facultad publicaron el documento Bases Ideológicas de la Revolución Universitaria.

“En esencia, plantea que la autonomía universitaria ha sido puesta al servicio de intereses reaccionarios, que es hora de que la universidad vuelva a luchar junto al pueblo y que los estudiantes estamos con la lucha de los explotados y los obreros por el socialismo”, sintetiza Velarde.

Ese planteamiento central está acompañado con otras reivindicaciones como, por ejemplo, su punto 4: la Universidad Popular para estudiantes de clases populares, la formación de cuadros en la clase obrera y alfabetización (de hecho el Ejército de Liberación Nacional, ELN, lograría ocultar su proyecto guerrillero en Teoponte, en julio de 1970, bajo la apariencia de una campaña de alfabetización en esa zona).

Desde la Facultad de Derecho, el movimiento se generalizó hacia las demás. Se organizó un Comité Central Estudiantil que desconoció a todas las autoridades. “Con presencia de notarios se precintó el Consejo Universitario y el Rectorado”.Ovando Candia, el presidente que sucedió a Barrientos, no se pronuncia sobre las destituciones. “El Comité se constituye como autoridad máxima. Como no había Consejo, los estudiantes nos hacemos cargo de la universidad”.

En cada facultad se conformó un Comité Revolucionario y se hizo un veto político a los docentes que hayan tenido alguna relación con el barrientismo y la masonería. “No era un veto académico, sino político. Todo aquel docente que de alguna manera hubiera apoyado al gobierno de Barrientos, o hubiera tenido alguna simpatía con esa administración, estaba expulsado de la universidad. Se hizo una depuración en todas las facultades. Nunca se dijo que era académico, sino político”. Durante la depuración no hubo violencia, las exautoridades no aparecieron más. “El gobierno de Ovando tampoco dijo nada, tenía que cuidarse de ese ascenso”.

En julio de 1970, continúa Velarde, Ovando contrató al grupo delincuencial Los Marqueses, quienes armados retomaron el rectorado para la reacción. “Al día siguiente, cuando queríamos entrar, nos recibieron con disparos”, recuerda. Los estudiantes también se armaron. De la noche a la mañana acumularon un arsenal. No obstante, las negociaciones en el Arzobispado dieron “frutos”.

El gobierno manifestó a los estudiantes su preocupación por lo que estaba sucediendo. “Les dijimos que sabíamos perfectamente que Los Marqueses habían sido contratados (por el Gobierno), y que si mañana seguían en el rectorado, nosotros los sacaríamos. Al día siguiente se habían ido”. La toma duró una semana.

Después de un año de gobierno estudiantil, la directiva del Comité —formado por un representante estudiantil por cada facultad (Velarde era uno de los cuatro representantes al ser elegido por la Facultad de Ciencias Exactas)— llamó a elecciones.

Hubo un frente de todos los docentes que se oponían a la revolución y Pablo Ramos —que era un docente joven que estaba de acuerdo con hacer el cambio estructural— ganó la elección. En la plancha ganadora también estuvo Rolando Costa Arduz, como secretario general.

Por los mismos días, se llamó a elecciones para la Federación Universitaria Local (FUL) que había quedado desconocida un año atrás. Ganó el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Tal sería el nacimiento de este partido, que luego llegaría a la Vicepresidencia del país con la Unidad Democrática y Popular (UDP) y a la Presidencia en 1989.

No obstante, las fuerzas de la derecha militar no dejarían las cosas como estaban y no tardaría en llegar el golpe de Hugo Banzer Suárez en agosto del 71, quien una vez en el poder intervino y cerró la universidad. Los contenidos de la Revolución Universitaria, no obstante, siguen siendo parte de los principios de la universidad pública nacional. El cogobierno paritario logrado por los estudiantes en 1970 continúa vigente hasta nuestros días, si bien fue puesto en cuestión durante el conflicto de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba.