lunes, 9 de febrero de 2015

ANIVERSARIO: Rezago en los cambios estructurales que trae la Constitución







A seis años de la vigencia de la nueva Constitución, se evalúa la implementación de las transformaciones estructurales del Estado que propone el texto. Se observa que hay rezago en estos cambios y que el atraso no está relacionado al texto en sí, sino a factores externos.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:08 / 08 de febrero de 2015

El accidentado camino de la Asamblea Constituyente y los meses posteriores a su clausura —el Referéndum Constitucional y las modificaciones en el antiguo Parlamento del texto original aprobado por voto mientras llegaba una marcha de presión en enero de 2009 para que se respete el resultado electoral— dio como resultado el texto de la Constitución Política del Estado (CPE) que se publicó y entró en vigencia el 7 de febrero de 2009.

Aunque se pueda pensar que sus seis años de vida no son nada o que son el tiempo suficiente para una evaluación de fondo, lo cierto es que algunos cambios estructurales del Estado que plantea la CPE de 2009 aún quedan en el rezago, principalmente por defectos en la implementación.

Las autonomías, una mejor justicia, el desarrollo de dos de las tres formas de democracia (participativa y comunitaria), el respeto a la Madre Tierra y la inclusión de lo indígena (tema que atraviesa a las autonomías y la Justicia) no han avanzado de la manera que se quisiera, por ¿incomprensión de la CPE, falta de voluntad política, traición al texto constitucional o trabas del pesado aparato burocrático estatal?

A seis años de vigencia de la CPE, el analista Carlos Börth, el exdiputado Fabián Yaksic y el senador Carlos Romero evalúan la implementación de dos de las transformaciones del Estado mencionadas: la autonomía y la Justicia.

Con seis años de vigencia de la Constitución, ya se plantea modificarla. Atendiendo al análisis expresado por los entrevistados, se puede afirmar que los rezagos en el cambio estructural apuntan a un defecto de implementación y no a una falla del texto constitucional, el que fue destacado por el teórico Boaventura de Sousa Santos como fundacional de la constitucionalidad plurinacional, que luego fue retomada y adaptada a su realidad por Ecuador y el discurso de los españoles de Podemos, quienes también hacen guiños intertextuales con la noción de “plurinacionalidad”. “Es una Constitución que ha modificado muchas cosas y creo que su tiempo de vigencia es todavía corto. Es prematuro tomar una decisión sobre cambiar la Constitución”, dice Romero.

Al contrario, Carlos Börth no considera que sea poco tiempo y ve varios pasajes que deberían ser modificados: contradicciones, olvidos, nomenclaturas anacrónicas “debidas a los accidentes de su aprobación”. “Ya se observan incongruencias entre el texto constitucional y la realidad, se identifican cosas para modificar, aunque todo depende de cómo se procese la reforma”. Yaksic, por su parte, no habla de modificaciones, sino de que “(la Constitución) se aplique. Que se cumplan sus artículos, desde la separación de Órganos del Estado”.

LAJUSTICIA. La CPE formulaba dos innovaciones para reformar la Justicia: la elección por voto de las altas autoridades y la inclusión de la justicia indígena comunitaria. En cuanto a la Justicia, Börth dice que la CPE no tiene mayor problema, “salvo un episodio originado en los cambios introducidos en el Parlamento”. El texto de Oruro (modificado en el antiguo Congreso Nacional) incluía a los altos magistrados como susceptibles de ser revocados por referéndum. “La modificación no mantuvo la revocatoria de magistrados porque (ésta) introducía una enorme inestabilidad. Sin embargo, en el capítulo del referéndum quedó. Salvo eso, no hay mayor problema”.

En realidad, todo dependía de llevar a la práctica el planteamiento de democratización, pues al texto “no le corresponde decir qué tenían que hacer los magistrados electos más allá de sus competencias”. En los hechos, se preseleccionó a los candidatos con “severas observaciones”, que dejaron “sin legitimidad” al proceso. Luego, las autoridades electas “no hicieron nada para cambiar la Justicia”. “Los magistrados terminaron agravando la situación”, señala.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sugerido la modificación de la CPE precisamente con relación al problema judicial. El Presidente adelantó la realización de una cumbre de la justicia, cuyos resultados vayan a referéndum, lo cual implica la posibilidad de “abrir” la CPE para introducir los cambios que se vayan a proponer.

Romero señala que la democratización en la forma de elección de los operadores “no ha resuelto los problemas de corrupción”. “Más que un problema de la CPE, creo que hay que modificar los procedimientos, generar controles cruzados, modernizar los sistemas de implementación de la Justicia y atacar el núcleo de poder que permite las redes de extorsión”. El problema va más allá de la CPE. Yaksic es tajante al cuestionar que el oficialismo hoy pretenda reformar la Justicia, pues considera que el MAS es culpable de haber “empeorado lo que ya estaba mal”.

La modificación constitucional que democratizó la elección de magistrados “fue una de las grandes estafas del MAS que dejó pasar la oportunidad de cambiar la Justicia”, dice el exdiputado. “Ahora el Presidente y Vicepresidente se rasgan las vestiduras, cuando ellos son los responsables. Lo que hicieron fue un diseño perverso con una preselección que llevaba a una elección en que, se vote por el que se vote, todos eran filomasistas”.

Esto, continúa, ha permitido “la toma del Órgano Judicial”. Hoy, para hacer un verdadero cambio en la Justicia, “el Gobierno debería levantar las manos y no involucrarse, para que los ciudadanos hagamos que se cumpla la Constitución”.

AUTONOMÍAS. El diseño de tres niveles autonómicos más un ambiguo cuarto nivel, el indígena, es una de las grandes transformaciones de la nueva Constitución, en contraste con la anterior, de espíritu hipercentralista y unitarista. No obstante, las autonomías avanzan lento, solo Pando tiene estatutos vigentes. En cuanto a la autonomía originaria, según el viceministro de Autonomías Indígenas, Gonzalo Vargas Rivas, los municipios de San Pedro de Totora (Oruro), Charagua (Santa Cruz) y Huacaya y Mojocoya (Chuquisaca) ya tienen sus estatutos aprobados, pero ante la protesta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (Conaioc), aún no se dio luz verde al referéndum para su aprobación; se aduce no haber el tiempo necesario a causa de las elecciones subnacionales del 29 de marzo; privilegiándose de este modo —se puede decir— a la democracia liberal por encima de la comunitaria.

“El Gobierno central no entiende o no quiere entender el espíritu autonómico de la Constitución. Esto es tan así que el 90% de la legislación nacional viola el régimen autonómico y se inmiscuye en las competencias subnacionales”, dice Yaksic y pone como ejemplo el Teleférico y la Ley del Presupuesto, que dataría desde el “hipercentralismo” de Banzer. “Al Ministerio de Hacienda (de Economía y Finanzas Públicas) no le resulta cómodo modificar esto, porque prefiere administrar los recursos en un molde hipercentralizado a pesar de la Constitución”.

En cambio, Romero asegura que el problema no está en el texto constitucional, si bien el diseño autonómico es “complejo”. “La lentitud de la autonomía no es atribuible a la Constitución, sino a una falta de liderazgo, de insuficiente internalización de su alcance en la población de las entidades autonómicas”. Cada autonomía debería construir su propio pacto autonómico, sugiere.

El texto constitucional de Oruro no tenía el actual diseño autonómico; éste resulta de una discusión posterior que a su vez proviene de las modificaciones hechas al documento por el Congreso de entonces.

“Sin embargo, hoy la autonomía tiene un freno de mano. En elementos clave, el Gobierno reculó incluyendo temas de locura como la destitución de autoridades, si bien luego el Tribunal Constitucional Plurinacional corrigió esto”, dice Yaksic. Evidentemente, la norma autonómica permitía la destitución de autoridades electas a sola imputación fiscal. Luego esta medida fue declarada inconstitucional, si bien bajo este argumento ya habían sido destituidos un gobernador y varios alcaldes.

Siguiendo su cuestionamiento, Yaksic señala que otro de los frenos de mano es que se sigue con el régimen financiero de la Participación Popular. “En la Ley Marco de Autonomías no se quiso debatir el cambio de ese régimen”, testimonia. Una vez más surge el alegato, según el cual el rezago no se origina en la CPE, sino en la implementación de la política.

A esto se suma —afirma el exdiputado— la creación de leyes que van contra la autonomía como la Avelino Siñani (competencia concurrente) o la futura Ley de Telecomunicaciones (competencia compartida). Por último, concluye, “no hubo una organización territorial del Estado, seguimos con una estructura territorial colonial. Tampoco se regionalizó, salvo en Cochabamba”.

MADRETIERRA. La preservación de la naturaleza o la armonía con la Madre Tierra es otro de los planteamientos de trasformación radical del Estado. Esto debió, además, modificar la matriz productiva. Sobre este punto, el exconstituyente Raúl Prada escribe en su texto La desconstitución de la Constitución: “Después del conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), el Gobierno sabe que la Constitución es una camisa de fuerza con relación a su proyecto extractivista expansivo. Aunque haya hecho propaganda compulsivamente para acallar las contradicciones, incluso para ocultar el sentido de traición a la patria de su Ley Minera, sabe que no es suficiente la propaganda (...). Requiere de una Constitución que garantice la inversión privada extranjera, requiere atraer a las empresas transnacionales y al sistema financiero internacional. Como se puede ver, la distancia entre la ‘derecha’ y el gobierno progresista no es tan grande como para temer una revolución. Más bien, la distancia es enorme entre la práctica gubernamental y la estructura constitucional”, acusa.

Yaksic también cree que la visión de protección de la Madre Tierra, contenida en la CPE, haya sido extraviada por el Gobierno “sin regular siquiera a la minería cooperativista ni a la minería transnacional”. “Lo que menos importa es el medio ambiente, no se hizo nada en minería para amortiguar el impacto ambiental”. Sobre la posible modificación de la CPE, Prada escribe: “Mientras no se ataque a las causas del mal, se gastan esfuerzos perdiéndose en las ramas de un árbol otoñal”.

“No se cambia una Constitución para hacer reformas en el régimen jurídico. Se apunta a desmantelar la Constitución, pues sigue siendo la expresión de la movilización prolongada. El poder, es decir, el Estado-nación, que se hace llamar Estado Plurinacional, no puede aceptar la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica, como bases de la transición estatal. El Estado-nación subalterno, miembro del orden mundial, no puede aceptar restricciones al capital internacional, a la inversión, en la extracción de recursos naturales, digan lo que digan los indulgentes intérpretes y defensores del Estado-nación”, cierra la idea.

Por todo lo dicho, se puede concluir que pese a los accidentes de su aprobación, el rezago de la implementación de las transformaciones que incluye la nueva Constitución es ajeno al texto. A pesar de las circunstancias atropelladas de su redacción en Sucre, su aprobación en Oruro y su modificación en el Parlamento, en La Paz, se tiene un producto audaz en muchas materias que, sin embargo, encuentra obstáculos al momento de ser implementado

Hay pasajes que deben modificarse: Carlos Böhrt fue negociador de la CPE en el Congreso

Hay muchos pasajes en la Constitución que deben ser modificados; existen problemas, inexactitudes, contradicciones, resultado de cómo se procesó su aprobación: Sucre, Oruro y Parlamento. Hay que cambiar varias cosas. Aunque todos sabemos que pueden haber motivaciones políticas, como la reelección... Hay materia para modificar, el caso es cómo se procesa la reforma.

sábado, 31 de enero de 2015

¿Reformar la Constitución para reformar la justicia?








Es la segunda vez que el presidente del Estado, Evo Morales, se refiere duramente a la justicia boliviana. En la primera oportunidad señaló que los ponchos y polleras que ocupan las magistraturas judiciales se habían aplazado. Recientemente, no ha reparado en anunciar un referéndum como único camino para mejorar la justicia, ya que sigue sumida en corrupción y retardación.

La Razón (Edición Impresa) / Ariel Néstor Flores Mamani*
00:00 / 30 de enero de 2015

Sobre el tema, el mandatario sentenció que, “si se tiene que hacer una reforma de la Constitución, hay que hacerla”, a pesar de que el Vicepresidente del Estado afirmara, antes de las elecciones generales 2014, que no estaba en los planes de gobierno modificar la Constitución (Animal Político 28-09-2014).

Justificado o no, el anuncio de reformar la Constitución ha provocado una seguidilla de anuncios de respaldo por parte de diferentes autoridades del Ejecutivo, de denuncia y alarma en lo que queda de la oposición política y, al menos, de sospecha e incertidumbre entre la ciudadanía en general.

¿Será necesario abrir/reformar la Constitución boliviana de 2009 para mejorar la justicia en Bolivia?, ¿es la elección directa y popular de magistradas y magistrados la causa principal del estado de crisis en el que se encuentra la justicia?

La situación en la que se encuentra el Órgano Judicial es ciertamente de “crisis”, pero, contrariamente a lo que podría imaginarse de un modo optimista, no se trata de una crisis de cambio, de transformación o transición, sino una crisis que evidencia ser de decadencia.

Las causas de este padecimiento (estructurales o superficiales, funcionales o presupuestarias, éticas o normativas, epidémicas o sintomáticas) ya han sido denunciadas y ampliamente descritas en diferentes gobiernos.

Elementos para debate

Con tal intensidad se repiten estos males (corrupción, retardación, burocracia, discrecionalidad, prevaricato, anomia, formación pleitista, etc.) que el propio Presidente, después de dos periodos de gobierno, ha tenido que convencerse por sí mismo de esta peligrosa e insostenible situación.

Sin embargo, no todo lo que se señala es viejo debate. Las elecciones judiciales, la forma de designación de autoridades judiciales mediante sufragio universal, es un elemento nuevo en el debate de este tiempo. Sobre éste proceso “inédito” –no en el mundo, sino en Bolivia– se han concentrado, a manera de eje sobre el cual giran las principales críticas, las causas que habrían generado, incluso profundizado, el estado de crisis que hoy aqueja al Órgano Judicial. 

Lo interesante del asunto es que todos los argumentos vertidos hacen referencia a males ya conocidos por todos en esta coyuntura y en otros gobiernos. Lo lamentable reside en que se haya optado por identificar y condenar, como único responsable de esta situación de “crisis”, al proceso de designación popular de magistradas y magistrados, establecido por mandato de la Constitución boliviana.

Es cierto que la designación de jueces por sufragio popular, como nos advertía el profesor Alipio Valencia, “…compromete grandemente su imparcialidad y su independencia y, por eso, no es aconsejable ese sistema”. Sin embargo, estos posibles peligros no significan que el camino boliviano sea equivocado.

Esta innovación constitucional no era por sí misma una fórmula mágica que generaría transformaciones inmediatamente. En todo caso, si alguien creyó que esto resolvería la profunda crisis que arrastra el Órgano Judicial desde su nacimiento, simplemente, estaba equivocado.

Suponer que el cambio en la “forma” de elegir a las máximas autoridades podría resolver los problemas de “fondo” en este importante órgano de administración de justicia, es un error de cálculo político.

El problema de la justicia boliviana no es uno, son varios. Por tanto, frente a esta multiplicidad de problemas se hace necesaria una multiplicidad de soluciones que pasan por diferentes niveles de intervención y acción (desarrollo legislativo, nuevas políticas judiciales, procesos de institucionalización, sólidos criterios meritocráticos, sistemas de control y transparencia, fomento a la cultura jurídica, actualización curricular en las universidades, etc.).

Elección y garantías

Es cierto, y de consenso casi generalizado, que el proceso de preselección de candidaturas por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Constitución Política del Estado (cpe), artículo 158.I.5) se ha prestado a maniobras políticas y no ha contribuido a despolitizar o, al menos, arrancar este proceso de selección del “tradicional cuoteo político”; sin embargo, es necesario reconocer y rescatar el principio invulnerable de que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano…” (cpe, artiuclo 178.I).

Por tanto, la elección directa y popular de magistradas y magistrados de los más altos tribunales de justicia del país está íntimamente ligada a la soberanía popular de la que nacen los poderes del Estado y a las bases dogmáticas que hacen a la estructura del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Y en ese sentido, el camino boliviano no sería del todo equivocado.

Se trata, en el fondo, de un importante “experimentalismo constitucional” que merece corregirse/ajustarse como toda innovación original y otorgarle, eso sí, las más amplias garantías de su independencia en el ejercicio del mandato popular que tiene. Condición vital si se pretende una verdadera revolución judicial.   

La independencia judicial se constituye en un “presupuesto”, en una “precondición” para la imparcialidad de los jueces, es decir, la independencia judicial es una herramienta para garantizar la imparcialidad.

Los órganos jurisdiccionales en Bolivia (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional) solamente pueden ser independientes cuando juzgan y deciden los procesos a ellos sometidos sin interferencias indebidas de ningún otro órgano, autoridad o persona, sino únicamente de acuerdo a los hechos probados del caso y en aplicación estricta del Derecho.

La independencia judicial

El concepto de independencia judicial remite, entonces, a una actuación funcional del juez, que no se subordina a órdenes o presiones indebidas de ninguna clase ni de ningún sujeto público o privado. Como se ve, se trata de un concepto negativo (la ausencia de subordinación o vínculos indebidos), por lo que, por su propia naturaleza, es difícil identificar y medir la independencia judicial (o su contrario, la dependencia o subordinación).

De allí que, por contraste y para mayor claridad, se suele decir, en positivo, que los jueces independientes solamente están sometidos al Derecho que deben aplicar para decidir los litigios (1).

“La independencia judicial (…) es, pues, sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico (…)”; sin embargo, en contrapartida, también es “ausencia de sometimiento a las partes y a las presiones de cualquier poder, público o privado, externo al Poder Judicial, e incluso a cualquier otro órgano interno, pues ese poder se organiza de forma horizontal y difusa y se armoniza y mantiene unido mediante un sistema judicial de recursos y no a través de instrucciones jerárquicas” (2). 

Si un juez o tribunal no consigue ser imparcial, su accionar carece de un marco apropiado que le garantice su imparcialidad; y si no existe independencia judicial, no existen posibilidades de viabilizar una profunda reforma en la justicia; y si no existe una verdadera revolución judicial, como lo ha manifestado firmemente el presidente Evo Morales Ayma, entonces, el proceso de cambio iniciado hace nueve años habrá demostrado su mayor debilidad y, por tanto, sus limitaciones.

El “talón de Aquiles” de la gestión del gobierno que se ratifica por tercera vez consecutiva parece ser, entre lo fundamental, la cuestión del Órgano Judicial. Sin embargo, la respuesta no parece encontrarse en la reforma constitucional. Insistir en esta posibilidad, sin reflexionar seriamente sobre el carácter “multidimensional” del problema, podría empeorar aún más la situación.

La justicia boliviana atraviesa por un momento determinante, no es la primera vez que se intenta superar el estado de “crisis” en el que se encuentra; sin embargo, hoy es diferente, pues se cuenta con la voluntad política necesaria y suficiente.

Notas
1. Siles Vallejos, Abraham, “Manual para el Fortalecimiento de la Independencia y la Transparencia del Poder Judicial en América Central”, Fundación para el Debido Proceso, 2011.
2. Ferrer Mac-Gregor (Coord.), “Diccionario de Derecho Constitucional y Convencional”, Tomo II, CJF, UNAM, México, 2014.

*    El autor es abogado constitucionalista.

miércoles, 28 de enero de 2015

Comentarios al Código Procesal Constitucional de Bolivia







…la discusión y el debate jurídico constructivo para aportar a la profundización teórica y el desarrollo legislativo adecuado del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, requiere de la sistematización de criterios jurídicos tendientes a optimizar las normas que contiene el nuevo Código…

La Razón (Edición Impresa) / Alan Vargas Lima*
00:00 / 27 de enero de 2015

Han transcurrido dos años y un poco más desde la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional de Bolivia, por lo que resulta importante destacar la importancia del reciente aporte académico de la flamante Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional (ABDPC), plasmado en la publicación del libro colectivo “Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” (editado por esta y publicado en Cochabamba, Bolivia, Editorial Kipus, 2014).

Ciertamente, el Derecho Procesal Constitucional constituye una disciplina jurídica relativamente nueva (al menos en Bolivia), aunque hace algunas décadas ya circula con bastante aceptación en los demás países de Latinoamérica, encontrándose estrechamente vinculada al estudio de los procesos constitucionales y los mecanismos de defensa de la Constitución.

En el caso de Bolivia fue la adopción del sistema de control concentrado de constitucionalidad (modelo europeo-kelseniano, adoptado en la reforma constitucional de 1994) y la consiguiente implementación del Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución lo que dio lugar al surgimiento de esta nueva disciplina jurídica, denominada Derecho Procesal Constitucional.

Básicamente está definida como aquella disciplina especializada del derecho público que estudia los diversos sistemas y modelos de control de constitucionalidad como mecanismos de defensa de la Constitución, así como el conjunto de normas que regulan la estructura, la organización y el funcionamiento de los órganos encargados de ejercer el control de constitucionalidad, además de los procesos constitucionales a través de los cuales se resuelven las controversias constitucionales de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos para su tramitación (1).

Sobre el desarrollo de la legislación procesal constitucional en Latinoamérica, se puede señalar la aparición de nuevos cuerpos normativos de Derecho Procesal Constitucional a través de la aprobación de diversos Códigos sobre la materia, como son, por ejemplo: a) la Ley Nº 7.135 de 11 de octubre de 1989 de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica; b) la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de Guatemala de 14 de enero de 1986 (Decreto N° 1-86 de la Asamblea Constituyente); c) la Ley N° 8.369 de Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos; d) el Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán (Ley Nº 6944 de 1995 que se encuentra vigente desde el 7 de mayo de 1999 en Argentina), y e) el Código Procesal Constitucional de Perú (Ley N° 28.237 de 2004), mismos que constituyen algunas de las principales normativas sistemáticas elaboradas hasta el presente en Latinoamérica.

En armonía con esta incesante ola de experiencias codificadoras en la región, se ha puesto en vigencia la Ley N°254 de 5 de julio de 2012, que aprueba el Código Procesal Constitucional de Bolivia (CPCo); disposición legal que básicamente prevé normas adjetivas para regular los procesos constitucionales a ser resueltos en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los órganos del poder público en nuestro país (sean Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, Decretos y todo género de Resoluciones) por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La aprobación del Código Procesal Constitucional en Bolivia, ciertamente, contribuye a la consolidación definitiva del sistema de control concentrado y plural de constitucionalidad instaurado en nuestro país por mandato constitucional (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0300/2012); por lo que, la discusión y el debate jurídico constructivo para aportar a la profundización teórica y el desarrollo legislativo adecuado del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, requiere de la sistematización de criterios jurídicos tendientes a optimizar las normas que contiene el nuevo Código a la luz de la doctrina constitucional contemporánea, la legislación comparada y la jurisprudencia constitucional.

En esa perspectiva, resulta muy loable la brillante iniciativa que ha tenido la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional (ABDPC), bajo la Presidencia del doctor José Antonio Rivera Santiváñez de publicar un libro colectivo de comentarios al Código Procesal Constitucional de Bolivia, como aporte al desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, considerando, además, que en el segundo año de vigencia del nuevo Código se justifica la necesidad de su análisis y estudio integral, a fin de comprender el marco normativo procesal que delinea las nuevas reglas de juego para la sustanciación de las Acciones de Defensa y los Procesos Constitucionales, cuya importancia radica en que están dirigidos al resguardo de la supremacía constitucional y la protección de nuestros derechos y garantías constitucionales.

De ahí que la obra coordinada inicialmente por el doctor Richard Cardozo Daza(†) y luego por el doctor William Herrera Áñez, está destinada a proporcionar a los investigadores, abogados litigantes, docentes y alumnos universitarios, un material que les permita una fácil comprensión y adecuado manejo del Código Procesal Constitucional; a cuyo efecto reúne los comentarios de los miembros fundadores de la ABDPC y de distinguidos constitucionalistas bolivianos que se han sumado a esta iniciativa académica, con la única finalidad de desentrañar el sentido y alcances de todas y cada una de las disposiciones contenidas en el Código, describiendo algunas novedades que propone este nuevo cuerpo legal, esclareciendo probables deficiencias normativas que pudieran afectar su aplicación, e identificando futuros escenarios de conflicto que podrían derivar de la interpretación de sus normas, pero, sobre todo, proponiendo posibles soluciones, sea por vía de interpretación o modificación legislativa, para su efectiva aplicación, todo ello en el marco de los avances de la legislación y la jurisprudencia comparadas, así como de los entendimientos jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta el presente.

Esta obra colectiva (que ya se encuentra disponible en Librería Editorial GISBERT, y en Librería MULTILIBRO) se adecúa a la sistemática del Código Procesal Constitucional de Bolivia, adecuadamente organizado en siete títulos que contienen Disposiciones Generales, Facultades Especiales del Tribunal Constitucional Plurinacional, Resoluciones, Efectos y Ejecución; Acciones de Defensa; Acciones de Inconstitucionalidad; Conflictos de Competencia; Control Previo de Constitucionalidad y Consultas de Autoridades Indígena Originaria Campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto; Recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; y la Constitucionalidad del Procedimiento de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, además de cinco disposiciones finales y tres disposiciones transitorias para efectivizar en alguna medida su aplicación.


Nota
1. Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial KIPUS, 2007, pág. 19.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com