Perfil
Nombre: Marcela Revollo Quiroga
Nació: 18-07-64
Profesión: Socióloga
Cargo: Diputada uninominal del MSM
Datos
Investigadora especializada en temas de género, democracia, descentralización y autonomía. Su trayectoria política se inicia en 1980 como dirigente universitaria. En 2006 fue elegida para representar al departamento de La Paz en la Asamblea Constituyente.
Logró recaudar 3.250 bolivianos por la venta de las tarjetas
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La diputada opositora asegura que se violó su derecho a la intimidad y a la libertad de expresión; presentó una querella penal contra Romero por el delito de espionaje. Dice que se solidariza con la IX marcha, igual que cuando respaldó la Marcha por la Vida, realizada hace 25 años. Pide al país solidarizarse con esta nueva movilización que inició en Trinidad el 27 de abril y ahora está en San Borja. En criterio del Gobierno, la marcha sólo tiene reivindicaciones políticas en favor de ciertos grupos de poder.
La diputada Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo (MSM), asegura que la grabación que mostró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la que se la oye hablando del envío de dinero a presuntos dirigentes indígenas de la IX marcha indígena, no fue un “pinchazo’” a su teléfono, sino la grabación de una jornada laboral que realiza en su oficina parlamentaria, aunque dice no saber de qué fecha data el audio.
Niega que algún “infiltrado” de su partido haya enviado este material al Gobierno. Sin embargo, admite que vende tarjetas para recaudar dinero con fines solidarios y cuenta que es parte de un colectivo ciudadano que se moviliza en defensa de los indígenas, aunque niega que ella sea la líder u organizadora del movimiento. Afirma que el intento del Movimiento Al Socialismo (MAS) —sigla con la que fue elegida— por quitarle el curul legislativo responde a un “chantaje” por su apoyo manifiesto a la movilización indígena que está rumbo a La Paz.
— ¿Cómo analiza su labor política? Se habla de expulsión y sedición.
— Es la actitud previsible de un gobierno que es intolerante a la crítica y al pluralismo político; es un gobierno que ha optado por una vía autoritaria y que busca escarmentar a quienes pensamos diferente, a quienes proponemos una opción diferente en el marco de la conducción del proceso de transformación. Hay que diferenciar nuestra relación con el MAS, entre la primera gestión y la segunda, en la que se rompió la alianza. En la primera, se estableció una alianza política en base a objetivos estratégicos, relacionados a cambios estructurales del país. Además de la propuesta política de cambio, la construcción misma del acuerdo político rompió todos los criterios tradicionales de los acuerdos políticos.
— Se habla de sedición.
— Sedicioso es aquel que se organiza para deponer autoridades constitucionalmente elegidas o se organiza para desconocer el orden constitucional establecido. Ellos tendrán que decir que la marcha pacífica, donde hay niños y ancianos que han optado por esta forma de expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos, es sediciosa. Es una marcha que ni siquiera bloquea a transeúntes ni vehículos; por eso conmueve y convoca al país. Son demasiadas heridas en el país que pensábamos que se iban a resolver con el respaldo de dos tercios, con un gobierno con todo el respaldo nacional y que sólo había que tener honestidad, sencillez y claridad para resolver estos conflictos. Lo que hemos encontrado es un gobierno que no ha tenido la decisión política de encarar conflictos profundos y que la respuesta es una arrogancia que ya no es aceptable a estas alturas.
— ¿Qué temas pendientes hay?
— En reiteradas ocasiones le hemos hecho conocer públicamente al Gobierno y al país nuestra posición sobre las tareas estratégicas: Construcción económica, la construcción autonómica, la construcción institucional y la plurinacional, y las tareas urgentes para encarar el proceso de transformación. Mientras, el país está concentrado en conflictos, inexplicablemente alargados, sin encontrar solución cuando más de la mitad de los problemas de las últimas semanas ha sido generada por el Gobierno. En el caso concreto del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), no tuvo el valor político de mantener su palabra al aprobar la Ley 180 e iniciar un proceso de transformación de vida de los pueblos indígenas. Insistir con la construcción de la carretera por el centro del TIPNIS es algo que nos llama la atención. ¿Qué tanto hay detrás para que un gobierno debilite su propio capital político, su propio discurso en relación a los derechos de los pueblos indígenas y a la preservación del medio ambiente?
— ¿Corresponde la figura penal por sedición por venta de tarjetas?
— Éste no es un juicio jurídico, no es que yo haya alterado el orden o estoy apoyando a una marcha violenta, de terroristas, alzamiento armado, etc. Tenemos tantos años de democracia, que esas palabras que se las mencionaba con tanta facilidad en la época de la dictadura ya casi no se las encuentra en el lenguaje diario.
— Está bien hacer un acto de solidaridad, pero mezclarlo con la política...
— No se mezcló; ellos ingresaron a mi oficina, que es una oficina parlamentaria, no es una oficina partidaria. Entraron a grabar a una oficina que todos los ciudadanos de mi circunscripción visitan con sus demandas, propuestas y preocupaciones. Entonces, no es ninguna actividad partidaria; es la iniciativa de un colectivo ciudadano. Lo que no hay que confundir es un movimiento social que tiene una demanda política ante el Gobierno. En la historia de las sociedades modernas no hay nada más política que la demanda de los derechos con la política partidaria. Mi apoyo solidario personal a la marcha no es una actividad del MSM.
— Dice que ‘ellos ingresaron’. ¿A quiénes se refiere; al Gobierno, a la gente del MAS?
— El Ministerio de Gobierno presentó la grabación en mi oficina parlamentaria de la Circunscripción 10, ubicada en la plaza España. ¿Cómo consiguieron la información?, ¿quién les hizo llegar?, ¿a cambio de qué lograron la información? Es lo que debe esclarecerse en la investigación. Lo que es evidente es que no es un “pinchazo” a mi teléfono, es la grabación de un tiempo de las actividades mías en mi oficina, en la que recibo gente, hago y recibo llamadas, y claramente me estoy dirigiendo después a la Cámara de Diputados.
— ¿Hay desconocidos que ingresan a su oficina habitualmente?
— Algunas personas sí, y me buscan porque necesitan alguna información o gestión en mi función de parlamentaria; pero la mayoría de las veces son dirigentes o ciudadanos con quienes me reúno para trabajar. Son vecinas y vecinos, representantes de sectores y dirigentes que visitan mi oficina cuando no estoy en el pleno de la Cámara o en Comisión.
— ¿Pero los conoce a todos?
— En general, son gente que conozco, con los que tengo una relación de vista; sé de qué organización social son, de qué zona o mercado, etc.
— Entonces, ¿quién la grabó y cómo salió de su oficina?
— Ellos tienen que explicar quién fue; sería casi macabro que usen el argumento de que ‘entre ellos se han delatado’, que es el mismo argumento que los garciamecistas usaron para justificar la masacre de la calle Harrington.
— ¿Eso no ocurrió en este caso?
— No puedo decir a quién pidieron que hiciera ese trabajo o quiénes les entregaron esa grabación; yo no puedo sospechar de todos, tengo dos personas que trabajan conmigo, muy comprometidos con el trabajo a los que ratifico mi confianza.
— Este hecho ha debido generar susceptibilidad en su entorno.
— Obviamente, me da el temor de que ahora puedan entrar con una grabadora y mañana con un explosivo. Por supuesto que tengo temor.
— ¿Ahora revisa en su oficina que no haya grabadoras, micrófonos u otras cosas? ¿Se cuida más?
— Me ha generado mucha pena; es un hecho no sólo delictivo, sino uno que busca debilitar los lazos de confianza, de solidaridad, y busca penalizar el sentido de un trabajo que no tiene nada que ocultar. Por el contrario, esto fortalece mi espíritu de consecuencia y de coherencia con lo que pienso y por lo cual estoy en la política.
— Ha iniciado un proceso contra el Gobierno. ¿Prosperará?
— La figura por la que se ha iniciado es violación a mi privacidad, a mi libertad de expresión, y que tiene la forma de espionaje político. Esperemos que prospere, pese a que la administración de justicia está controlada por el MAS; pero pretendemos con la denuncia sentar precedente y lograr sanción a los responsables.
— ¿Corresponde decir ‘espionaje’?
— La palabra significa que se están haciendo escuchas no permitidas, no autorizadas, y usarlas luego para dañar la dignidad, la libertad y la autonomía de una persona. Han violado mi libertad de expresión, y si esto no está garantizado en nuestro Estado, entonces los principios mínimos del sistema democrático se han trastocado. Sería grave que el Gobierno nos esté transmitiendo el mensaje de que estamos viviendo bajo vigilancia. Esto se agrava, porque en mi condición de diputada, la Constitución Política del Estado nos indica que nuestros espacios de trabajo, nuestros vehículos para transportarnos y los lugares en los que trabajamos son inviolables.
— ¿Cuál es el mecanismo de distribución y venta de las tarjetas?
— Es un colectivo que se ha hecho en coordinación con la CPMBE (Confederación de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni). Yo me he comprometido a vender una cantidad (de tarjetas) como parte de la solidaridad, y ésa es mi responsabilidad como ciudadana, no como política, y como compañera en la lucha de pueblos indígenas.
— ¿El dinero va a cuentas bancarias o se compra víveres?
— A través de relaciones personales. Es una marcha de pleno conocimiento público, no hay nada que esconder. Se lo entrega a las personas que están coordinando, y ellos y ellas rendirán informes.
— Que venda tarjetas está bien, pero se usó a militantes del MSM. ¿No es una acción política?
— No se ha usado a ningún militante del MSM para eso. Las tarjetas han sido compradas por muchas personas, por personas que militan en diferentes partidos. Las tarjetas no tienen ninguna identidad política.
— ¿Por qué no rinde cuentas, por qué no tributa?
— Porque es un acto solidario y es por única vez. Además, la CPMBE no tiene fines de lucro; se comprarán medicamentos, agua, alimentos...
— ¿Cuánto recaudó usted?
— En total, 3.250 bolivianos por 650 unidades vendidas, cada una a cinco bolivianos.
— ¿Quiénes lideran esta red de solidaridad?
— La CPMBE y un colectivo ciudadano.
— ¿Con este hecho se siente vulnerable como persona, como política, como activista?
— Actualmente, me siento fortalecida en mis convicciones; me siento apenada por el contexto y la intencionalidad política y los objetivos de esto (la grabación). No es ni Marcela Revollo, no es el MSM; el objetivo es en este caso acallar, afectar la IX marcha indígena por el TIPNIS, y eso es lo que me duele. Me considero una persona fuerte, pero no dura. Por supuesto que me ha afectado en lo humano, en lo personal; soy madre. En lo político, pensé que habíamos avanzado a etapas democráticas, de profundización y ampliación de la democracia. La tolerancia entre bolivianos y bolivianas y el respeto a la diferencia es la garantía de la paz, la prosperidad y la justicia.
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