Nicaragua: CIDH condena la aprobación de la reforma constitucional que
elimina los contrapesos democráticos
27 de noviembre de
2024
Washington, D.C.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condena la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que
modifica más de cien artículos. Esta reforma, aprobada por la Asamblea Nacional
el 22 de noviembre de 2024 consolida un régimen autoritario en el país y constituye
otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos.
Entre los cambios más preocupantes, la reforma establece un modelo de
"democracia directa" que centraliza el poder en la Presidencia de la
República, ahora encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta con
mandatos de seis años. Este modelo elimina el principio de separación de
poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al
control del Ejecutivo. Además, otorga facultades discrecionales al Poder
Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se
alineen con los "principios fundamentales" de la Constitución
reformada.
Adicionalmente, mediante la reforma se refuerza el control del Ejecutivo
sobre las fuerzas armadas y policiales, asegurando un aparato represivo que
amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y
asociación. En particular, se facilita el uso del Ejército bajo términos
ambiguos como la "estabilidad de la República" para reprimir a la
oposición. Asimismo, se oficializa la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar
compuesto por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos
represivos desde las protestas iniciadas en 2018. Estas medidas consolidan un
entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del
régimen para sofocar cualquier disidencia.
Otros aspectos preocupantes de la reforma incluyen la reducción en la
composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia,
profundizándose su falta de independencia. Así como modificaciones que amplían
las potestades del Ejecutivo para despojar arbitrariamente de la nacionalidad a
personas nicaragüenses y, a la vez. confiscar sus bienes. Práctica que se ha
venido usado como una herramienta de persecución política.
La CIDH advierte
que estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado
de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes
establecidos en la Carta Democrática Interamericana. La reforma formaliza
la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Proceso ampliamente
documentado por la CIDH en su informe "Concentración de Poder y
Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua", que
identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de
todas las instituciones públicas desde la crisis de derechos humanos de 2018.
La CIDH recuerda que la relación entre derechos humanos, Estado de
derecho y democracia está plasmada en la Carta Democrática Interamericana,
la cual establece que "los pueblos de América tienen derecho a la
democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". La
democracia representativa es la base del Estado de derecho y constituye un
elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las
naciones de la región.
En este contexto, la CIDH hace un llamado urgente a la comunidad
internacional para que redoble esfuerzos encaminados a promover la restauración
de la democracia en Nicaragua. Asimismo, exhorta a adoptar medidas coordinadas
y efectivas para proteger los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y
salvaguardar los principios democráticos en la región.
La CIDH reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos
humanos y seguirá monitoreando de cerca la situación en el país, al tiempo que
mantiene su solidaridad con cada persona nicaragüense dentro y fuera del
territorio nacional.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene
el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en
la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está
integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea
General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o
residencia.
No. 295/24
CIDH publica informe sobre Concentración del Poder y Debilitamiento del
Estado de Derecho en Nicaragua
28 de octubre de
2021
Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
publica el informe "Concentración de Poder y
Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua" que
aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en
un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y de un profundo
deterioro en materia de derechos humanos, de cara a las próximas elecciones
generales a celebrarse el 7 de noviembre.
La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua
se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un
régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia
de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad
estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con
las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y
contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del
Ejecutivo.
Este año, la CIDH constató la intensificación de la represión a través
de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos
infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas
precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad,
algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ese sentido, durante el
2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en
su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes
y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas
precandidatas presidenciales.
Asimismo, observó la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos
políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de
derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la
prensa independiente. Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el
poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de
libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto
de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural.
La Comisión analiza cómo esta situación se ha venido gestando desde hace
más de dos décadas, con el llamado pacto "Alemán-Ortega" de 1999
mediante el cual se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar
la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la
fecha continúa vigente. El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo
se intensificó en el año 2007 al asumir el Presidente de la República, Daniel
Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos
humanos iniciada en abril de 2018.
Estas acciones pudieron materializarse mediante el concurso de
diferentes instituciones estatales, la Asamblea Nacional, las instituciones del
Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral,
así también por la falta de órganos de control independientes e imparciales.
Además, se realizaron una serie de reformas en materia electoral, sucesivas
hasta el 2021, las cuales, en conjunto, incorporaron reglas que restringen la
competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos.
Es así que, pese a existir una prohibición constitucional sobre la
reelección, en 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que el Presidente
Daniel Ortega se presentara como candidato a la presidencia en las elecciones
de noviembre de 2011. Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la
Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida. En la
reciente Opinión Consultiva OC-28-21 "La figura de la reelección
presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos", la Corte IDH estableció que la
habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los
principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones
establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre.
Tal como lo ha reiterado en numerosos informes y comunicados de prensa,
para la CIDH, el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e
imparcialidad, debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y
reformas legales que desde 2010 permitieron procesos de designación y permanencia
contrarios al principio de independencia judicial. A estos factores, se sumó
una carrera judicial sin garantías de imparcialidad. Asimismo, la designación
de personas de afiliación partidista y cercanas al Ejecutivo en el Ministerio
Público ha significado la progresiva pérdida de su independencia y autonomía
mediante su instrumentalización a los intereses del gobierno, conforme se
observa claramente en los hechos ocurridos este año.
Toda esta situación no habría sido posible sin el control de los organismos
e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía
Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la
ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Todo ello quedó en
evidencia en la represión estatal a las protestas sociales iniciadas en 2018 y
conforme lo ha reiterado la CIDH en sus diversos informes y comunicados de
prensa en los últimos años.
El informe de la Comisión da cuenta del rol de todas las instituciones
mencionadas tanto en el proceso de concentración del poder político, como en
las diferentes modalidades de represión, en particular, sobre las diferentes
etapas y modalidades y cómo esta terminaron en el completo quebrantamiento del
principio de separación de poderes y en la instalación de un Estado de
excepción de facto, que fue corroborado en el informe sobre los hechos de
violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 del
GIEI-Nicaragua, publicado el 20 de diciembre de 2018.
La Comisión ha identificado, entre otros, hostigamientos y represión
contra cualquier persona considerada como opositora al Gobierno, el uso
arbitrario de la fuerza letal y no letal que derivó en violaciones a los
derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias,
allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos
judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales
y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de
libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Todo ello, perpetrado por
grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo.
En el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de
abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que
afecta al país, las elecciones generales de noviembre de 2021 representaban
para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional
para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como
la garantía del derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las
víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, todas las medidas arbitrarias
adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan
cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los
estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas,
transparentes y pluralistas.
El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el reestablecimiento de
las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho
que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la
separación efectiva de los poderes. Para ello se debe garantizar condiciones
para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los
principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana. En este
contexto, en el informe, la Comisión realiza una serie de recomendaciones al
Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene
el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en
la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está
integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea
General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o
residencia.
No. 284/21
