PRONUNCIAMIENTO
La
Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, emitió un comunicado el 30 de
diciembre de 2022, manifestando su preocupación por la instrumentalización del
sistema judicial para efectuar persecuciones, detenciones y procesamiento por razones
políticas de cientos de personas, con relación al supuesto “golpe de Estado”
del 2019.
En esa
oportunidad se advirtió que se ponía en grave riesgo el Estado Constitucional
de Derecho, generándose un deterioro institucional y una situación de desamparo
de los ciudadanos en el resguardo, protección y garantía de sus derechos
fundamentales, que infringía las normas de la Constitución, así como de los
tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos; lo cual
naturalmente acarrearía más temprano que tarde, responsabilidades de aquellas autoridades
y del propio Estado.
En
relación a este tema esencial, el 2023 Amnistía Internacional expresó su preocupación
por la falta de independencia judicial y la inacción de las autoridades para
proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En marzo
del 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su
informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la
Democracia en Bolivia”, resultado
de su visita in loco a Bolivia, en el que señaló los desafíos históricos del
sistema de justicia, que han resultado en que la población boliviana desconfíe
profundamente del Órgano Judicial, especialmente del sistema penal –percibido
como una herramienta al servicio de intereses políticos de turno–, y observó
que la consolidación de los avances registrados en materia de derechos humanos
se encuentra en riesgo, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios
desafíos que enfrenta.
Es
necesario recordar también que el GIEI, en su informe titulado: “Informe
sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos”, advirtió
la persistente falta de independencia de la administración de justicia,
las graves presiones e injerencias externas en el ejercicio de las funciones de
las autoridades judiciales y fiscales, en particular de sectores políticos,
aspecto que había sido observado por la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH); empero, a pesar de los años y
las recomendaciones de esos organismos internacionales, no ha sido corregida la
alta injerencia política en la administración de justicia que ha debilitado al
extremo la independencia judicial, sino que por el contrario ha ido empeorando
gravemente.
En marzo
del presente año 2025, en el período 101º de sesiones de las Naciones Unidas,
se aprobó la Opinión
N° 50/2024 del Grupo de Trabajo, el cual concluye que el Estado Plurinacional
de Bolivia y su gobierno han violado la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por la
arbitraria detención y privación de libertad de la autoridad electa: el
Gobernador del departamento de Santa Cruz, Dr. Luis Fernando Camacho; y expresa
especial preocupación por el operativo policial, el uso desproporcionado de la
fuerza, la violación del juez natural y otros derechos y garantías
constitucionales.
El informe concluye que la decisión jurisdiccional de
detención de la referida autoridad es arbitraria, y alarma al Grupo de Trabajo
que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya indicado la ausencia laboral
de esta autoridad, como fundamento para habilitar al suplente, cuando es público,
notorio y evidente que aquél está detenido arbitrariamente, situación que el
grupo considera vulnera la separación de poderes y afecta los cimientos del
sistema democrático.
En
definitiva, los pronunciamientos de organismos internacionales de Derechos
Humanos, confirman lo expresado oportunamente por la Academia Boliviana de
Estudios Constitucionales, en relación a la existencia de persecuciones,
detenciones y procesamiento por razones políticas y, por todo ello, exige a las
autoridades competentes:
(i)
dar cumplimiento inmediato a la decisión adoptada
por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su Opinión N° 50/2024;
(ii)
cumplir las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la ONU para la
Independencia Judicial, sobre la necesidad de realizar las reformas necesarias
al sistema judicial del Estado, en el marco de los estándares internacionales,
para restablecer la independencia judicial y la del Ministerio Público; y,
(iii)
adoptar todas
las medidas necesarias para restablecer a la brevedad los derechos
fundamentales de todas las personas ilegalmente perseguidas, detenidas y
procesadas, restituyendo así los derechos fundamentales de las mismas, y
evitando con ello mayores responsabilidades internacionales de los funcionarios
y del propio Estado Plurinacional de Bolivia.
Bolivia,
7 de abril del 2025.
EL
DIRECTORIO
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