Vamos a andar Rafael Puente
Ni previa ni consulta
Página Siete - 09/02/2012
Con notable velocidad se ha iniciado la aprobación de la ley de Consulta Previa que, según afirman las presidentas de la Asamblea Legislativa, no implica la anulación de la llamada ley corta; pero que una vez promulgada y aplicada es evidente que podrá pasar por encima de ésta (de lo contrario ¿para qué se aprueba?).
Este procedimiento plantea varias interrogantes que no se puede pasar por alto:
1. ¿Qué sentido tiene una consulta previa a estas alturas de los acontecimientos? “Previo” significa antes de los hechos, por tanto en este caso antes de planificar y diseñar la carretera, antes de contraer el préstamo con Brasil, antes de contratar a la OAS, antes de provocar las reacciones populares que se desataron con la VIII Marcha Indígena y, por supuesto, antes de promulgar la llamada ley corta.
A estas alturas cualquier consulta sería “posterior” (cuando no “póstuma”). Por tanto, la aprobación de dicha ley aparece como una maniobra poco digna de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe mostrarse más seria y coherente que todos los anteriores congresos y parlamentos coloniales.
2. ¿Qué sentido tiene que el destino de un Parque Nacional sea sometido a consulta sólo de las comunidades que lo habitan? Notemos que no se trata solamente de un territorio indígena -que por supuesto lo es- sino de un territorio indígena que además es parque nacional.
A estas alturas todos sabemos que el TIPNIS es uno de los pocos pulmones que nos quedan como país. ¿Tiene sentido que el destino de una reserva de biodiversidad, de oxígeno y de recursos acuíferos quede en manos de algunas comunidades indígenas -por lo demás absolutamente dignas y respetables- al margen de la opinión de toda la población del país que se vería afectada con la muerte de ese pulmón? Otra vez, no parece una maniobra coherente.
3. Nos dicen que la medida es una respuesta a la marcha organizada por los propios habitantes del TIPNIS. Sabemos, por tanto, que no sólo se trata del Conisur, sino de muchas otras, pero en los hechos (y en las expresiones de los mismos voceros del Gobierno) es una marcha que aparece liderada por el Conisur, es decir, por una serie de comunidades que -sin dejar de ser en ningún momento sujeto de derechos- no son propiamente una TCO, no tienen propiedad comunitaria sino individual de la tierra, están en el famoso Polígono 7 que en su momento fue excluido de lo que es y significa el TIPNIS. ¿Y ahora la tal consulta, motivada por su marcha, las va a comprender también a ellas? Tercer punto cuestionable.
Pero más allá de estos cuestionamientos -que inevitablemente se nos vienen a la mente cuando escuchamos las explicaciones de asambleístas- parece importante tener en cuenta dos cosas.
La primera es que puede ser muy lamentable -y de hecho lo es- la actitud de varios dirigentes de la CIDOB, que aparecen vergonzosamente ligados con la derecha opositora (con una triste ausencia de principios y de conocimientos históricos), y que a veces aparecen ligados -peor aun- a intereses personales relacionados con el tráfico de madera y de otras especies. Como resulta consternador ver que en algunas ocasiones su defensa intransigente de los recursos naturales, y de los derechos de la Madre Tierra, al final acaba teniendo un precio.
No se trata, pues, en ningún caso, de defender ni de pasar por alto semejante inconducta de algunos dirigentes (que tampoco son todos). Pero no es éste el tema que nos ocupa cuando hablamos de la ley corta o de la Ley de Consulta. La inconducta de esos dirigentes deberá ser denunciada en su momento, y en su caso deberá ser objeto de proceso judicial.
Pero ello -y ésta es la segunda consideración necesaria- no quita ni pone nada al problema de fondo, que es el trazado de una carretera -en aras de un desarrollo que en el mejor de los casos constituiría un derecho humano- a costa de lesionar los derechos de la Madre Tierra, que se supone que están por encima de los derechos humanos.
Una vez más estamos ante un diálogo de sordos, ante el peligro de nuevas confrontaciones sociales, y también ante el riesgo de que nuestro Gobierno -y con él nuestro proceso de cambio- sufra una nueva merma de popularidad. Ojalá me equivoque.
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio de Cochabamba.
Guillermo Cortez A.
La intangibilidad del TIPNIS
Página Siete - 09/02/2012
La situación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure TIPNIS, a partir de la marcha realizada en 2011, expresando su oposición a la carretera por el medio del parque culminó -así lo entendíamos-, con la firma de la ley 108, pero quienes están empeñados en construir la carretera “quieran o no”, usaron la palabra “intangibilidad” en la ley -que evidentemente significa que no se puede tocar- como estrategia para no cumplirla y así realizar la consulta si el TIPNIS es o no intangible.
Varios diputados se explayaron en argumentos sobre la intangibilidad, incluir esa palabra en la ley fue el gran “error” y se castiga ese desliz señalando que “a pedido de los marchistas” no se puede tocar el TIPNIS, es intangible; un diputado dijo que esa palabra no está en la Constitución, criterio que después repetirían las presidentas de las cámaras de diputados y senadores; se equivocaron.
Los llamados a conocer la Constitución no leyeron ni entendieron el artículo 304 que establece que las autonomías originario campesinas podrán ejercer varias competencias exclusivas, entre ellas: Definir y gestionar los recursos naturales renovables; administrar y preservar las áreas protegidas en su jurisdicción; el patrimonio cultural, tangible e intangible, fomento y promoción de sus culturas; participación de los mecanismos de consulta previa, libre e informada; preservación del hábitat y el paisaje conforme a sus prácticas culturales. Fueron estas competencias exclusivas las que motivaron el reclamo de la CIDOB porque no se hizo la consulta previa. Este artículo motivó la inclusión de la palabra intangibilidad, la cual está ligada al patrimonio cultural, al resguardo de sus culturas, y eso es lo que pedía la marcha, que no se toquen, modifiquen y cambien sus usos y costumbres que son sus bienes intangibles.
No es correcto, entonces, decir que el TIPNIS no se toca y realizar una consulta sobre si es o no intangible. Se está diciendo que su idioma, sus creencias, sus normas, su relación con su hábitat son como árboles que se pueden talar, los árboles sí son tangibles como son sus tierras, los animales que pueden cazar o causar su muerte como efecto de la construcción de una carretera facilitando el paso de miles de vehículos pesados de cuyos escapes saldrán gases y humos que contaminarán el aire limpio típico afectando la vida en el área de influencia de la carretera.
El Presidente dijo: así entiendo intangibilidad, el TIPNIS no se toca; lástima que sus asesores no le explicaron que el término no se refería a la tierra, a la floresta, a los animales; se refiere a la riqueza cultural de esas naciones que habitan el parque. Debió ser su ministra de Medio Ambiente la que le explique esto evitando que el Presidente quede mal ante quienes quieren defender lo que enfatiza el Mandatario: su cultura, su forma de vida, su hábitat y los medios para tener una vida mejor.
La consulta en su punto tercero señala “se definirá la mejor alternativa para la construcción de la carretera”. Entendemos que no existe diseño final, sólo se dijo que por el oeste no es posible y por el este siguiendo el curso del río, el terreno no es apropiado y debe bordear la serranía; nos preguntamos ¿por qué no hacerlo por la serranía? La distancia será más corta, no habrá tantas curvas ni inundaciones, ¿no tendrá ABC ingenieros especialistas en caminos de montaña?
El acuerdo vinculante, es decir, obligatorio de cumplimiento por las partes, debería establecer que: en el TIPNIS no existirán asentamientos ilegales, estaciones de servicio ni surtidores de combustibles, no deberá realizarse siembra de coca porque los suelos pasado un tiempo quedarán totalmente inutilizados; la explotación maderera estará absolutamente prohibida; el turismo adecuadamente organizado será la mayor actividad, ejecutada bajo criterios ecológicos y ambientales, con participación de las comunidades. La creación de empresas productivas sostenibles que involucren flora y fauna será apoyada, habrá campaña contra la fabricación de cocaína y el narcotráfico.
Guillermo Cortez A. es consultor en Minería y Medio Ambiente.
