Una consulta inconsulta
Consensos sobre la ley de consulta
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La pregunta que tenemos que hacernos a la altura del renovado conflicto del TIPNIS es: ¿Qué hay detrás de la imposición de una consulta sin consentimiento, sin ser previa, tampoco libre y menos informada a los pueblos indígenas del TIPNIS? Esta condición impuesta de la ley de consulta extemporánea está clara para todo buen entendedor, empero, los publicistas y propagandistas del Gobierno hacen denodados esfuerzos por demostrar lo contrario.
Al final, sus pueriles argumentos se reducen a decir que una consulta es una consulta, cualquiera sea ésta. Nunca respondieron a la observación de que es extemporánea porque los acuerdos y el convenio con el Gobierno de Brasil se plasmaron en 2008, incluyendo el diseño de la carretera, el compromiso de préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y la elección fuera de toda norma de contratación de bienes y servicios de la empresa constructora OAS. Menos se puede pedir a estos apologistas de la violación de la Constitución y los convenios internacionales sobre pueblos indígenas respuestas a por qué no se acordó el consentimiento, por qué no se efectuó libremente, con plena participación de los pueblos indígenas y por qué no se informó como corresponde, transparentemente, dando pleno acceso a toda la información en las lenguas propias y contando con la intervención de las organizaciones y las dirigencias matrices de los pueblos indígenas.
No se puede pedir esto a gente que está obsecuente en hacer propaganda de una consulta inconsulta, extemporánea y, para el colmo, extractivista, dados los compromisos con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo de la coca excedentaria, además de las obligaciones de una carretera que forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), es decir, del proyecto de integración económica y comercial para Sudamérica de la burguesía internacionalizada brasileña, que ciertamente va a provocar depredación y destrucción de la región más rica en biodiversidad de Bolivia y corazón del ciclo de agua en el centro de la geografía política, articulado a ecosistemas diversos colindantes.
Renunciemos a discutir con apologistas del delito de inconstitucionalidad. Concentrémonos en la pregunta ¿qué hay detrás de todo esto, del sinuoso comportamiento del Gobierno en torno al conflicto del TIPNIS? Se llega a un acuerdo sobre la carretera cuatro años antes; cuando estalla el conflicto, se busca descalificar por todos los medios a la VIII Marcha Indígena, con toda clase de improperios y acusaciones insostenibles a los dirigentes indígenas; después se reprime al movimiento pacífico con la mayor desproporción y desborde de violencia, sin respetar los derechos fundamentales. Cuando llega la marcha a La Paz y es recibida por un millón de ciudadanos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, la Central Obrera Boliviana y la Universidad Mayor de San Andrés, el Gobierno se ve obligado a recular, y el presidente Evo Morales se compromete a una ley en defensa del TIPNIS, que aprueba la Asamblea Legislativa y promulga el propio Mandatario. Una vez hecho esto, salen voces que hacen una interpretación metafísica del concepto de intangibilidad como si expresase la condición inmaculada e intocable por los propios indígenas y los ciclos vitales de los nichos ecológicos, desentendiéndose de toda jurisprudencia de la intangibilidad.
El Presidente y el Gobierno, además de otras entidades del Estado, inician una contra-campaña enfrentada con la propia “ley corta” (Ley 180) promulgada, azuzando a las organizaciones afines, a los diputados oficialistas y gobernadores a plantear la abrogación de la ley. Después organiza una marcha oficialista de los cocaleros del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afiliados a las federaciones cocaleras, propietarios privados y cultivadores de coca, incluyendo a los indígenas yuracarés absorbidos a los sindicatos y al mercado de la coca. Con la llegada a La Paz de una marcha desolada, desacreditada, sin apoyo de la gente, el Gobierno lleva a cabo su plan: el insistir en la legalización de la carretera depredadora por medio de procedimientos forzados. Se orienta ya no por la abrogación de la ley corta, que resultaba una medida excesiva por el descaro y la contradicción descarnada del oficialismo, sino por inventarse una modalidad de consulta inconstitucional y fuera de la estructura conceptual de los convenios internacionales. Diríamos, se trata de un cuestionario del Gobierno que introduce dos preguntas que le interesan: sobre la condición de intangibilidad y sobre la carretera que cruza el TIPNIS.
Respuestas a la pregunta:
Hipótesis de interpretación. Iremos en la interpretación de los hechos y acontecimientos de lo general a lo particular.
1. Las contradicciones profundas del proceso contraponen las gestiones del Gobierno (2006-2012) al ciclo de movimientos sociales del 2000 al 2005. Las gestiones son conservadoras con relación a la apertura de las luchas sociales, las que proponen la Agenda de Octubre. Se inicia el proceso de nacionalización, nunca se lo concluye; es más, se definen contratos de operaciones que entregan el control técnico, otra vez, a las empresas transnacionales del petróleo. Se convoca formalmente desde el Congreso a la Asamblea Constituyente imponiendo una ley que pone límites al poder constituyente y convierte a la Asamblea Constituyente en diferida, atacando su condición de originaria, además de sobrevalorar la representación de las minorías e introducir los 2/3 como aritmética de las decisiones de la Asamblea. Pero, de todas maneras, se cumple parcialmente la Agenda de Octubre. Lo que ocurre en la segunda gestión se contrapone a la primera gestión; si en la primera se intenta cumplir con el mandato popular, en la segunda el Gobierno se enfrenta al pueblo con la medida de shock del “gasolinazo” y se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas con sus compromisos inconstitucionales, depredadores y extractivistas con relación a la carretera que atravesaría el TIPNIS.
2. En este contexto, el conflicto del TIPNIS manifiesta patentemente el carácter del Gobierno con relación a la Madre Tierra, a la crisis ecológica, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Opta por la ampliación de la frontera agrícola, por la deforestación y la depredación, y transfiere los costos del extractivismo y de la ilusión del desarrollo a la naturaleza, empujado por los intereses del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, por los compromisos con el Gobierno brasileño y OAS, por los intereses de la burguesía agraria, agroindustrial y soyera, y por los terratenientes, renunciando a la reforma agraria y atacando a los territorios indígenas.
¿Quién le teme a la consulta?
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Para ellos, el tema siempre estuvo demasiado claro. Cuando finalmente se presentó el pliego de demandas de la VIII Marcha, el derecho a la consulta estaba ausente del primer punto, el cual rechazaba la construcción de la carretera por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Pareciera que la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas (CIDOB) siempre fue consciente de la posibilidad de que quienes habitan el área protegida puedan, en realidad, tener una posición favorable al proyecto estatal.
Una vez arribada la marcha a la sede de gobierno, la dirigencia también se cerró a cal y canto a esa posibilidad durante el debate que se produjo en La Paz con el presidente Evo Morales. Si es verdad que la marcha organizada y protagonizada por la CIDOB fue más representativa y más legítima que aquélla protagonizada y liderada por los corregidores del TIPNIS, es difícil de explicar la razón por la cual esos representantes evitaron todo el tiempo que las personas que viven en el parque se pronuncien al respecto.
Pero los representados dejaron sus casas y se vinieron a La Paz para pedir el camino. Esta vez la dirigencia de la CIDOB, que había llegado a pie desde Trinidad hasta la sede de gobierno, en un esfuerzo de varios meses para exigir al Gobierno, no pudo/quiso volver a La Paz ni por tierra ni por aire para sentarse junto a sus representados y escucharles sus razones y buscar una salida concertada.
Sólo anunciaron que irían al parque y después señalaron que las comunidades habían decidido que no querían carretera ni consulta.
Entretanto, la marcha de los corregidores (muchísimo menos publicitada y atendida por las empresas de información y por la piedad citadina) volvió a casa con la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS. Ley analizada y auscultada por los defensores a ultranza de la democracia liberal, pero ley existente y vigente, su reglamentación y ejecución despierta ahora el interés de todas y todos.
Ya son varios los estados que tienen procedimientos consolidados de consulta a las naciones y pueblos indígenas. Esos mecanismos abren la posibilidad a procesos de construcción de acuerdos respecto de políticas públicas que van más allá del razonamiento de minorías y mayorías al que la democracia liberal nos tiene acostumbradas y acostumbrados. La consulta apunta a la construcción de consensos, pero, más allá de sus resultados, está la fuente del pensamiento que la sustenta.
Este procedimiento democrático responde a la necesidad de garantizar la pervivencia de los modos de vida de los pueblos indígenas y la sostenibilidad de los ecosistemas. Ahora, bien, ninguno de los dos elementos es estático, sino que más bien tienen la riqueza de la resiliencia, que les permite adaptarse cuando las condiciones cambian, pero sin perder su núcleo ni su ser profundo.
Cuando hablamos de un pueblo, no hablamos de una cosa. Cuando hablamos de la Madre Tierra no estamos refiriéndonos a un objeto inanimado e inalterable, sino que estamos mencionando sistemas de organismos vivos.
Es más fácil pensar que la naturaleza debe permanecer intocada, al menos mientras permanezca allá lejos y acá cerca tengamos calefacción para no sufrir el frío y aire acondicionado para cuando nos haga calor, agua a raudales cuando se nos ocurra.
Un poco más complicado es buscar un justo medio, ojalá más justo que medio, para concretar ese vivir bien. Un vivir bien que pase por respetar los sistemas de la vida, lo cual no necesariamente implica dejar las cosas como están, sino más bien (y también) aprovechar las oportunidades históricas que este proceso de cambio está generando.
Respetar los sistemas de la vida es también consultar, permitir la consulta, escuchar la expresión, no sólo de los que marcharon primero, sino también de los que lo hicieron después y de los que salieron de sus casas en el parque y quieren ser consultados.
¿Quién le teme a la consulta?
La consulta previa, una papa caliente en la región andina
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La consulta previa indígena se ha convertido en una papa caliente para el gobierno de Evo Morales. ¿El motivo? La carretera que une Cochabamba y Beni, que en su segundo tramo parte en dos al Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); un proyecto que, precisamente, no fue consultado con los habitantes del reservorio.
Este derecho está avalado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y pretende el consentimiento libre, previo e informado de los “pueblos originarios y tribales” hacia medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos.
Esta salvaguarda apunta, sobre todo, a protegerlos de megaproyectos riesgosos en sus territorios, especialmente aquéllos relacionados con hidroeléctricas, minería, hidrocarburos, que ocasiona —per se— daños al medio ambiente. Inclusive, para cuidarlos de políticas que los perjudiquen en su educación, su salud, su tecnología, sus usos y costumbres.
Canadá es, sin duda, uno de los países con más pasos en el camino de la aplicación de este mecanismo. Lo hace con sus llamadas “primeras naciones”, a pesar de que menos del 0,4% de sus más de 31 millones de habitantes pertenece a las 600 tribus reconocidas en este Estado norteamericano regido por un sistema monárquico parlamentario federal.
Como muestra basta lo ocurrido el año pasado en una de sus diez provincias: Nueva Escocia, que realizó al menos 150 consultas previas. Es que las empresas prefieren hacerlas a tener que pagar o indemnizar a las aldeas afectadas por un emprendimiento extractivo, y a la par, así evitan protestas que desemboquen en la paralización o cierre del proyecto.
Pero los países pluriculturales del área andina —entre ellos Bolivia— no hallan la fórmula para aunar intereses estatales, gubernamentales, empresariales e indígenas en cuanto a la consulta previa. Por ello, en la mayoría de los casos, los “más fuertes” optan por distorsionarla, obviarla, negarla.
Un diagnóstico publicado el año pasado por Oxfam y DPLF —el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— muestra luces y sombras en la implementación de este derecho. Un sobrevuelo por los resultados del informe ratifica que es una papa caliente polémica. Veamos:
Colombia tiene 82 grupos étnicos —los indígenas dicen que son 102— y la consulta previa no es tratada expresamente en su Constitución; está en un marco jurídico disperso y tiene una reglamentación inconclusa. Su vigencia no está garantizada pese a los fallos de la Corte Constitucional a favor de los indígenas, que frenaron megaproyectos y leyes congresales.
¿Los obstáculos? La falta de participación real de representantes indígenas en la creación de normas sobre el tema, y el conflicto armado y del narcotráfico, que lleva a la vulneración de derechos en las tierras indígenas, con la militarización progresiva y/o el desplazamiento forzado. El descontento se amplía por la vía libre —sin consulta— a megaproyectos de infraestructura, desarrollo y minería.
En Ecuador, este derecho está constitucionalizado, pero el problema de su vigencia radica en que no ha sido plasmado en la legislación secundaria, en la institucionalidad estatal ni en el presupuesto público.
Además, la visión de Estado Plurinacional ha quedado relegada ante un modelo económico que no siempre comulga con la ecología y el respeto al territorio indígena. El diagnóstico sentencia que los planes de exploración y explotación de recursos naturales se realizan sin consulta previa ni consentimiento de los afectados.
Las cosas no mejoran en Perú. En la nación vecina, de acuerdo con el informe, la normativa que directa o indirectamente ha abordado el asunto es dispersa, inadecuada e insuficiente, lo que perjudica a los ocho millones de habitantes que se consideran indígenas, de una población total de más de 28 millones de personas.
Asimismo, el interés de atraer inversión privada para el desarrollo de operaciones extractivas de recursos naturales en regiones andinas y amazónicas habitadas por pueblos originarios, va de la mano con la vulneración del derecho de consulta previa. El panorama no es alentador porque hay una política agresiva de dotación de concesiones petroleras en esas zonas.
En junio de 2009, los decretos para impulsar proyectos económicos en la provincia peruana de Bagua provocaron una rebelión indígena que acabó con una intervención policial que dejó 33 muertos. Es el peor episodio en la lucha por el reconocimiento de este derecho en la región, pero hasta hoy, la Ley Marco para su aplicación no ha sido consensuada.
¿Y qué pasa en Bolivia según este documento? El país de las 36 nacionalidades reconoce explícitamente a la consulta previa en su Carta Magna y en la Ley de Hidrocarburos. No obstante, queda pendiente hacer lo mismo en los campos de la explotación minera y forestal. Aparte, existe una “dispersión regulativa” del tema en las normas ambientales.
Eso sí, un mal precedente es el fallo del Tribunal Constitucional de 2006, que tilda de inconstitucional el requisito de “lograr el consentimiento de las comunidades y los pueblos indígenas y originarios” para los emprendimientos hidrocarburíferos, ya que la finalidad de la consulta apuntaría a cuantificar los daños, pero no obtener el consentimiento indígena.
El diagnóstico advierte sobre el debilitamiento de la representación indígena de Evo Morales si se prefiere atraer inversión, apartando la apuesta por el consenso y la participación de su base indígena en el diseño y consolidación del Estado Plurinacional. En síntesis, los desafíos del Estado y del Gobierno pueden ser enfrentados mediante procesos de consulta previa.
Este pronóstico fue dictado antes del conflicto del TIPNIS, pero no está alejado de la actualidad. Al final, la recomendación es que Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador incluyan a los indígenas en el proceso de implementación de la consulta previa. Todo pasa por una voluntad política. Si no, la papa caliente puede generar tensión, conflictos y polarización social.
