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La presentación del proyecto de Ley de Unión de Convivencia entre Parejas del mismo Sexo, en abril de este año, pone en el debate político no sólo la autenticidad de un Estado que pretende defender el pluralismo en todas sus facetas, sino también la veracidad o impostura de ser un Estado laico o un aparato de Gobierno que somete su labor legislativa a opiniones de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta discusión, que tiene un fondo político, ha sido opacada por argumentos que han dejado a la vista profundos prejuicios o por conclusiones basadas en libros de la Biblia —los cuales no tienen ninguna autoridad para una persona que no pertenezca a las creencias que tales textos postulan— o por una mezcla de los anteriores: juicios de valor preconstruidos y creencias religiosas, ambos bien revueltos.
El anuncio de la norma desnudó prejuicios a tal nivel que incluso produjo la esquizofrénica aseveración del jesuita Miguel Manzanera (publicada en Punto de vista de la web de la agencia ANF), quien no tiene el más mínimo problema en relacionar la unión de parejas del mismo sexo con el narcotráfico y el lavado de dinero. “En países como Bolivia, donde hay índices altos de narcotráfico y de lavado de dinero, este tipo de uniones (parejas del mismo sexo), fáciles de constituirse y de terminarse, podría ser utilizado por delincuentes para ocultar o desviar dineros malhabidos hacia la comunidad de bienes de la convivencia homosexual”. Esta perla del prejuicio no merece réplica.
En todo caso, la discusión se dirige mucho más hacia los derechos civiles que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos que a controversias teológicas. Los matrimonios heterosexuales son beneficiarios de una serie de normas como el derecho al seguro de salud (si es que uno de los cónyuges tiene acceso a él gracias al trabajo que desempeñe) o de herencia directa. Sin embargo, el Estado niega esta posibilidad a las parejas de personas del mismo sexo.
El proyecto de ley presentado por Érika Claure, diputada de Convergencia Nacional (CN), fue aplaudido por tener buenas intensiones por el colectivo nacional Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT). Sin embargo, esta agrupación se encuentra realizando otro proyecto que hablará de matrimonio, y no sólo de unión de convivencia, el cual será puesto en consideración de la Asamblea Legislativa el 28 de junio (Día del Orgullo Gay).
“Agradecemos la iniciativa de la diputada Claure; sin embargo, no estamos de acuerdo porque no queremos una ley especial, no somos especiales; somos ciudadanos comunes, queremos que nos incluyan en las leyes que ya existen”, afirma Ángela Fuentes, presidenta del colectivo Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB), parte de LGBT.
Sea unión o matrimonio de parejas del mismo sexo, cualquier opción se asienta constitucionalmente, según Fuentes, en el artículo 14, II de la Constitución Política del Estado (CPE): “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.
Bajo este sustento, Claure asegura que la inviabilización de la ley de unión sería una incoherencia del Gobierno. “Si no se hace posible la propuesta de ley, el Estado entraría en contradicción con su propio discurso inclusivo y no discriminatorio. La CPE ha sido aprobada con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS). También se vulnerarían los derechos manifestados en la Ley 045, contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Por eso, la mayoría gobernante tiene que ser acorde al pluralismo que defiende. Nosotros no estamos lanzando la propuesta al aire, sino que existe una CPE que la respalda.”
Y la Asamblea Legislativa Plurinacional parece ser el primer escollo para esas pretensiones. El senador evangélico del MAS David Sánchez, quien rechaza este argumento, asegura que la CPE hace a ambas propuestas (unión o matrimonio) irrealizables de acuerdo al artículo 63, I (“El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”), el cual no menciona a parejas del mismo sexo.
Sobre los derechos civiles que se restringen a estos grupos, por el no reconocimiento legal de su unión, el legislador es categórico y parece pensar que fueron las personas de orientación distinta quienes se la buscaron. “(La elección sexual) es una decisión privada y tendrán que responsabilizarse por esa decisión. Decir que se viola la Ley 045 es buscar argumentos desesperados. Su vida debería ser de carácter privado, nosotros no tenemos ningún interés de que su accionar se haga público; peor aún el querer llegar a ámbitos como la Asamblea Plurinacional. No vamos a sacrificar un bien colectivo mayoritario por una pequeñísima minoría”, dice.
Tal punto de vista es rebatido por el defensor del Pueblo, Rolando Villena (cuya opinión sobre el tema se encuentra en extenso en la página 10), quien piensa que la comunidad LGBT “no está pidiendo ningún favor, sino exigiendo un derecho”.
En todo caso, Fuentes asegura que la población de LGBT no ha sido contabilizada en el último censo, pues, no figuró la pregunta sobre la orientación ni identidad sexual. “No hay el reconocimiento de que estas personas viven años en pareja, aportan, pagan impuestos y participan en varios espacios productivas. El hecho de que el Estado no les permita firmar un documento les priva de una serie de derechos que los afecta económicamente. Como no figuramos en el censo se desconoce cuánto dinero aportamos al país y de qué manera no estamos siendo beneficiados como el resto de la población”.
El jefe de la bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, argumenta desde el punto de vista cultural. Según dice, en la cosmovisión andina las parejas del mismo sexo no existen. “Las comunidades quechuas y aymaras no conocen este tipo de relación; no existen. En el mundo aymara, el hembra-varón existe en todo, no sólo en el ser humano, sino también en las plantas, el agua, las piedras, los animales. Nuestro pensamiento es radical en esto; la complementariedad hombre-mujer rige la cosmovisión aymara”.
Por su parte, la Iglesia Católica, que reivindica la unión “convencional” hombre-mujer, hizo público su total rechazo tanto de la unión como del matrimonio de parejas del mismo sexo. “No estamos en contra de regular los derechos de convivencia de estas parejas dentro de la legislación común. Lo que rechazamos es que estas prerrogativas civiles se vinculen a la unión, porque ésta significa un paso hacia el matrimonio, que es lo que al final quiere esta comunidad”, dice el sacerdote José Fuentes.
Acerca de las posibilidades que tiene la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa, la diputada Claure opina que “en oficialismo como oposición se ha visto posiciones tanto a favor como en contra; el presidente de Convergencia Luis Felipe Dorado ha manifestado públicamente su apoyo al decir que es una ley que necesita salir al plenario y ser discutida”.
Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), expresó su desacuerdo con el matrimonio, pero también refirió la necesidad de normar la convivencia, según Fuentes.
Matrimonio o unión entre miembros de la comunidad LGBT, el asunto va mucho más allá de la institución familiar y apunta directamente a un problema de derechos civiles que el Estado debe regular. De todas maneras, al margen de los prejuicios, los escollos son políticos y dogmáticos, atribuibles al sistema político y a la Iglesia Católica, aunque la correlación de fuerzas y los tiempos son aparentemente favorables.
‘Que el Estado nos reconozca, no la Iglesia’: Ángela Fuentes, presidenta de TLGB
Aunque pueda sonar agresivo, vivimos en un país laico con una Constitución; nosotros no queremos el reconocimiento de la Iglesia Católica, un certificado de matrimonio de la Iglesia no nos sirve legalmente; necesitamos un documento del Estado para que las parejas del mismo sexo puedan beneficiarse de los mismos derechos que las heterosexuales.
‘No se va a poder aprobar en Asamblea’: Eugenio Rojas, jefe de bancada de senadores del MAS
Los diputados no están de acuerdo; entonces, para qué nos vamos a engañar, no se va a poder aprobar en la Asamblea. Esto tiene que ver con la sociedad, pues, ésta rechaza este tipo de leyes. Entonces, no será por obedecer a la Iglesia, sino que la sociedad no está de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo. Muchos asambleístas del MAS y también de la oposición no la aceptan.
‘No se quiere interferir con el matrimonio’: Érika Claure, diputada de Convergencia Nacional
La propuesta de ley que hice para la “unión de convivencia entre parejas del mismo sexo” quiere que las personas que hayan hecho una elección sexual diferente a la heterosexual puedan tener los mismos derechos civiles que cualquier pareja. Con la normativización de estas relaciones nosotros no queremos interferir con la figura del matrimonio.
‘Es el momento para abrirse a este pedido’: Rolando Villena, defensor del Pueblo
El derecho a la igualdad debe ser el sustento para que la legislación acepte la unión de parejas del mismo sexo. El pedido se basa en el artículo 14 de la Constitución, que rechaza la discriminación por razón de orientación sexual; esto es insoslayable. Estamos en un momento de construcción de un Estado Plurinacional, es el momento para abrirse a este pedido.
‘El tema es inviable desde lo constitucional’: David Sánchez, senador del MAS
El tema es inviable de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE). Sobre qué base se haría una norma que la CPE no reconoce; para ello se tendría que modificar, no hay dónde perderse. También hay que aclarar que si bien hacen esfuerzos para estas propuestas, el derecho a elegir su preferencia sexual no significa hacerla pública, tratándose sobre todo de una notoria minoría.
Derechos negados a la comunidad LGTB
Esencialmente, las propuestas de unión de convivencia y matrimonio entre parejas del mismo sexo va más allá de la institución familiar e incumbe más al tema de los derechos civiles a los que la comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGBT) no tiene acceso porque el Estado, hasta ahora, no lo ha permitido.
“El hecho de que no se reconozca legalmente a dos personas del mismo sexo como una pareja constituida significa que ésta no tiene el derecho a la herencia, pues, los convivientes no son reconocidos como familiares. Según las leyes, hay una gradación en la sucesión de patrimonio y el cónyuge de una pareja de personas LGBT no va a acceder nunca a esta posibilidad pues no es reconocido como familiar político”, dice Ángela Fuentes, presidenta de Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB).
Por otro lado, la no existencia de una normativa hace imposible que una pareja de LGBT pueda asegurar médicamente a su conviviente: “en espacios como la Caja sólo se reconoce a familias constituidas dentro del matrimonio o a hijos legítimos. Entonces, en mi caso, tengo este seguro como maestra, sin embargo, no puedo hacer que mi pareja se beneficie. Si un día tengo un hijo que salga del vientre de mi conviviente, tampoco podré hacer que ninguno de ellos goce de este seguro”, reclama Fuentes.
Otra desigualdad que existe se refiere a las solicitudes de préstamos para vivienda en mutuales o cooperativas sociales, pues, éstas privilegian a parejas casadas; es más, dentro de varios de sus protocolos se pide un certificado de matrimonio. También se dificulta el acceso a seguros de vida, “No se pueden dar estas pólizas a quien se quiera, sino que tiene que ser a una pareja o familiar”, dice.
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