A seis años de la vigencia de la nueva
Constitución, se evalúa la implementación de las transformaciones estructurales
del Estado que propone el texto. Se observa que hay rezago en estos cambios y
que el atraso no está relacionado al texto en sí, sino a factores externos.
La Razón (Edición Impresa) / Ricardo
Aguilar Agramont / La Paz
00:08 / 08 de febrero de 2015
El accidentado camino de la
Asamblea Constituyente y los meses posteriores a su clausura —el Referéndum
Constitucional y las modificaciones en el antiguo Parlamento del texto original
aprobado por voto mientras llegaba una marcha de presión en enero de 2009 para
que se respete el resultado electoral— dio como resultado el texto de la
Constitución Política del Estado (CPE) que se publicó y entró en vigencia el 7
de febrero de 2009.
Aunque se pueda pensar que sus seis
años de vida no son nada o que son el tiempo suficiente para una evaluación de
fondo, lo cierto es que algunos cambios estructurales del Estado que plantea la
CPE de 2009 aún quedan en el rezago, principalmente por defectos en la
implementación.
Las autonomías, una mejor justicia,
el desarrollo de dos de las tres formas de democracia (participativa y
comunitaria), el respeto a la Madre Tierra y la inclusión de lo indígena (tema
que atraviesa a las autonomías y la Justicia) no han avanzado de la manera que
se quisiera, por ¿incomprensión de la CPE, falta de voluntad política, traición
al texto constitucional o trabas del pesado aparato burocrático estatal?
A seis años de vigencia de la CPE,
el analista Carlos Börth, el exdiputado Fabián Yaksic y el senador Carlos
Romero evalúan la implementación de dos de las transformaciones del Estado
mencionadas: la autonomía y la Justicia.
Con seis años de vigencia de la
Constitución, ya se plantea modificarla. Atendiendo al análisis expresado por
los entrevistados, se puede afirmar que los rezagos en el cambio estructural
apuntan a un defecto de implementación y no a una falla del texto
constitucional, el que fue destacado por el teórico Boaventura de Sousa Santos
como fundacional de la constitucionalidad plurinacional, que luego fue retomada
y adaptada a su realidad por Ecuador y el discurso de los españoles de Podemos,
quienes también hacen guiños intertextuales con la noción de
“plurinacionalidad”. “Es una Constitución que ha modificado muchas cosas y creo
que su tiempo de vigencia es todavía corto. Es prematuro tomar una decisión
sobre cambiar la Constitución”, dice Romero.
Al contrario, Carlos Börth no
considera que sea poco tiempo y ve varios pasajes que deberían ser modificados:
contradicciones, olvidos, nomenclaturas anacrónicas “debidas a los accidentes
de su aprobación”. “Ya se observan incongruencias entre el texto constitucional
y la realidad, se identifican cosas para modificar, aunque todo depende de cómo
se procese la reforma”. Yaksic, por su parte, no habla de modificaciones, sino
de que “(la Constitución) se aplique. Que se cumplan sus artículos, desde la
separación de Órganos del Estado”.
LA JUSTICIA.
La CPE formulaba dos innovaciones para reformar la Justicia: la elección por
voto de las altas autoridades y la inclusión de la justicia indígena
comunitaria. En cuanto a la Justicia, Börth dice que la CPE no tiene mayor
problema, “salvo un episodio originado en los cambios introducidos en el
Parlamento”. El texto de Oruro (modificado en el antiguo Congreso Nacional)
incluía a los altos magistrados como susceptibles de ser revocados por
referéndum. “La modificación no mantuvo la revocatoria de magistrados porque
(ésta) introducía una enorme inestabilidad. Sin embargo, en el capítulo del
referéndum quedó. Salvo eso, no hay mayor problema”.
En realidad, todo dependía de
llevar a la práctica el planteamiento de democratización, pues al texto “no le
corresponde decir qué tenían que hacer los magistrados electos más allá de sus
competencias”. En los hechos, se preseleccionó a los candidatos con “severas
observaciones”, que dejaron “sin legitimidad” al proceso. Luego, las
autoridades electas “no hicieron nada para cambiar la Justicia”. “Los
magistrados terminaron agravando la situación”, señala.
El Movimiento Al Socialismo (MAS)
ha sugerido la modificación de la CPE precisamente con relación al problema
judicial. El Presidente adelantó la realización de una cumbre de la justicia,
cuyos resultados vayan a referéndum, lo cual implica la posibilidad de “abrir”
la CPE para introducir los cambios que se vayan a proponer.
Romero señala que la
democratización en la forma de elección de los operadores “no ha resuelto los
problemas de corrupción”. “Más que un problema de la CPE, creo que hay que
modificar los procedimientos, generar controles cruzados, modernizar los
sistemas de implementación de la Justicia y atacar el núcleo de poder que
permite las redes de extorsión”. El problema va más allá de la CPE. Yaksic es
tajante al cuestionar que el oficialismo hoy pretenda reformar la Justicia,
pues considera que el MAS es culpable de haber “empeorado lo que ya estaba
mal”.
La modificación constitucional que
democratizó la elección de magistrados “fue una de las grandes estafas del MAS
que dejó pasar la oportunidad de cambiar la Justicia”, dice el exdiputado.
“Ahora el Presidente y Vicepresidente se rasgan las vestiduras, cuando ellos
son los responsables. Lo que hicieron fue un diseño perverso con una
preselección que llevaba a una elección en que, se vote por el que se vote,
todos eran filomasistas”.
Esto, continúa, ha permitido “la
toma del Órgano Judicial”. Hoy, para hacer un verdadero cambio en la Justicia,
“el Gobierno debería levantar las manos y no involucrarse, para que los
ciudadanos hagamos que se cumpla la Constitución”.
AUTONOMÍAS.
El diseño de tres niveles autonómicos más un ambiguo cuarto nivel, el indígena,
es una de las grandes transformaciones de la nueva Constitución, en contraste
con la anterior, de espíritu hipercentralista y unitarista. No obstante, las
autonomías avanzan lento, solo Pando tiene estatutos vigentes. En cuanto a la
autonomía originaria, según el viceministro de Autonomías Indígenas, Gonzalo
Vargas Rivas, los municipios de San Pedro de Totora (Oruro), Charagua (Santa
Cruz) y Huacaya y Mojocoya (Chuquisaca) ya tienen sus estatutos aprobados, pero
ante la protesta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario
Campesinas (Conaioc), aún no se dio luz verde al referéndum para su aprobación;
se aduce no haber el tiempo necesario a causa de las elecciones subnacionales
del 29 de marzo; privilegiándose de este modo —se puede decir— a la democracia
liberal por encima de la comunitaria.
“El Gobierno central no entiende o
no quiere entender el espíritu autonómico de la Constitución. Esto es tan así
que el 90% de la legislación nacional viola el régimen autonómico y se
inmiscuye en las competencias subnacionales”, dice Yaksic y pone como ejemplo
el Teleférico y la Ley del Presupuesto, que dataría desde el “hipercentralismo”
de Banzer. “Al Ministerio de Hacienda (de Economía y Finanzas Públicas) no le
resulta cómodo modificar esto, porque prefiere administrar los recursos en un
molde hipercentralizado a pesar de la Constitución”.
En cambio, Romero asegura que el
problema no está en el texto constitucional, si bien el diseño autonómico es
“complejo”. “La lentitud de la autonomía no es atribuible a la Constitución,
sino a una falta de liderazgo, de insuficiente internalización de su alcance en
la población de las entidades autonómicas”. Cada autonomía debería construir su
propio pacto autonómico, sugiere.
El texto constitucional de Oruro no
tenía el actual diseño autonómico; éste resulta de una discusión posterior que
a su vez proviene de las modificaciones hechas al documento por el Congreso de
entonces.
“Sin embargo, hoy la autonomía
tiene un freno de mano. En elementos clave, el Gobierno reculó incluyendo temas
de locura como la destitución de autoridades, si bien luego el Tribunal
Constitucional Plurinacional corrigió esto”, dice Yaksic. Evidentemente, la
norma autonómica permitía la destitución de autoridades electas a sola
imputación fiscal. Luego esta medida fue declarada inconstitucional, si bien
bajo este argumento ya habían sido destituidos un gobernador y varios alcaldes.
Siguiendo su cuestionamiento,
Yaksic señala que otro de los frenos de mano es que se sigue con el régimen
financiero de la Participación Popular. “En la Ley Marco de Autonomías no se
quiso debatir el cambio de ese régimen”, testimonia. Una vez más surge el
alegato, según el cual el rezago no se origina en la CPE, sino en la
implementación de la política.
A esto se suma —afirma el
exdiputado— la creación de leyes que van contra la autonomía como la Avelino
Siñani (competencia concurrente) o la futura Ley de Telecomunicaciones
(competencia compartida). Por último, concluye, “no hubo una organización
territorial del Estado, seguimos con una estructura territorial colonial.
Tampoco se regionalizó, salvo en Cochabamba”.
MADRE TIERRA.
La preservación de la naturaleza o la armonía con la Madre Tierra es otro de
los planteamientos de trasformación radical del Estado. Esto debió, además,
modificar la matriz productiva. Sobre este punto, el exconstituyente Raúl Prada
escribe en su texto La desconstitución de la Constitución: “Después del
conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), el
Gobierno sabe que la Constitución es una camisa de fuerza con relación a su
proyecto extractivista expansivo. Aunque haya hecho propaganda compulsivamente
para acallar las contradicciones, incluso para ocultar el sentido de traición a
la patria de su Ley Minera, sabe que no es suficiente la propaganda (...).
Requiere de una Constitución que garantice la inversión privada extranjera,
requiere atraer a las empresas transnacionales y al sistema financiero
internacional. Como se puede ver, la distancia entre la ‘derecha’ y el gobierno
progresista no es tan grande como para temer una revolución. Más bien, la
distancia es enorme entre la práctica gubernamental y la estructura
constitucional”, acusa.
Yaksic también cree que la visión
de protección de la Madre Tierra, contenida en la CPE, haya sido extraviada por
el Gobierno “sin regular siquiera a la minería cooperativista ni a la minería
transnacional”. “Lo que menos importa es el medio ambiente, no se hizo nada en
minería para amortiguar el impacto ambiental”. Sobre la posible modificación de
la CPE, Prada escribe: “Mientras no se ataque a las causas del mal, se gastan
esfuerzos perdiéndose en las ramas de un árbol otoñal”.
“No se cambia una Constitución para
hacer reformas en el régimen jurídico. Se apunta a desmantelar la Constitución,
pues sigue siendo la expresión de la movilización prolongada. El poder, es
decir, el Estado-nación, que se hace llamar Estado Plurinacional, no puede
aceptar la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición
autonómica, como bases de la transición estatal. El Estado-nación subalterno,
miembro del orden mundial, no puede aceptar restricciones al capital
internacional, a la inversión, en la extracción de recursos naturales, digan lo
que digan los indulgentes intérpretes y defensores del Estado-nación”, cierra
la idea.
Por todo lo dicho, se puede
concluir que pese a los accidentes de su aprobación, el rezago de la
implementación de las transformaciones que incluye la nueva Constitución es
ajeno al texto. A pesar de las circunstancias atropelladas de su redacción en
Sucre, su aprobación en Oruro y su modificación en el Parlamento, en La Paz, se
tiene un producto audaz en muchas materias que, sin embargo, encuentra
obstáculos al momento de ser implementado
Hay pasajes que deben modificarse:
Carlos Böhrt fue negociador de la CPE en el Congreso
Hay muchos pasajes en la
Constitución que deben ser modificados; existen problemas, inexactitudes,
contradicciones, resultado de cómo se procesó su aprobación: Sucre, Oruro y
Parlamento. Hay que cambiar varias cosas. Aunque todos sabemos que pueden haber
motivaciones políticas, como la reelección... Hay materia para modificar, el
caso es cómo se procesa la reforma.
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