Estudios recientes sobre la crisis judicial en Bolivia

Estudios recientes sobre la crisis judicial en Bolivia - La Razón

Por: Alan E. Vargas Lima

El polémico tema de la crisis judicial en Bolivia, ha motivado en los últimos años, la realización de varios estudios y análisis de diversos expertos, en búsqueda de las principales causas y las soluciones factibles para contrarrestar los efectos perniciosos que conlleva, y que genera descontento en la población boliviana.

Una muestra de ello, fue el libro denominado: “El Estado de la Justicia Boliviana. Del Estado Republicano al Estado Plurinacional” (2013), del Dr. William Herrera Áñez, quien brindó sorprendentes resultados de encuestas realizadas sobre la justicia en Bolivia[1].

Así por ejemplo, a la pregunta de si consideraban que nuestros tribunales respetan la garantía del debido proceso, el 82,74% respondió que no y sólo el 17,26% que sí. Consultados sobre si la elección de las autoridades judiciales mejoró la administración de justicia, el 80,14% dijo que no y sólo el 19,86, que sí. Para el 75,2% de los encuestados no existe respeto al principio de igualdad jurídica, ya que la justicia discrimina a las personas por razones económicas, relaciones de poder o presiones políticas. Preguntados sobre el grado de representación de las autoridades judiciales electas por voto, después de casi dos años de ejercicio de sus cargos, el 0,8% de los encuestados respondió que se sintieron muy representados,  el 10% representado, el 45,06% poco representado y nada representado el 44,12%. Indagados sobre las causas por las que no acuden a la administración de justicia, el 30,3% dijo que por factores económicos, el 13,62% por desconocimiento de procedimientos, el 21,24% por desconfianza en el sistema judicial, el 6,64% por discriminación, el 24,42% por retardación y el 3,76% por temor a represalias.

¿Existe corrupción en el sistema? Sí dijo el 95,88% y no el 4,12%. ¿Tiene confianza en el Órgano Judicial? Sí dijo el 22,16% y no el 77,84%. ¿Existe respeto de la independencia judicial? Para el 30,5% sí y no para el 69,5% (el peor grado de confianza 77,9% está en la sede del órgano: Sucre). Una buena noticia, fue que el 64,06% cree que la justicia boliviana mejorará en el futuro, aunque de los análisis y cifras que presenta el mismo libro, se evidencia que la asignación presupuestaria destinada a la justicia, en vez de mejorar, rebajó sistemáticamente entre 2002 y 2012, dado que por cada 100 bolivianos proyectados en el PGE se destinaron 1,7 bolivianos a la justicia.

Asimismo, el autor en su estudio, se muestra crítico al actual sistema de justicia, porque en su criterio existe “mucho Gobierno y poco Estado”, lo que no permite la consolidación de un Órgano Judicial, independiente, imparcial, creíble y fortalecido, debiendo considerarse que la condición esencial de un Estado de Derecho, es precisamente que no exista ninguna forma de sumisión al poder político.

Por otro lado, el analista Henry Oporto, el pasado año nos mostraba una radiografía del sistema judicial boliviano colapsado, en su artículo denominado: “La Justicia se nos muere” (2014), mediante el cual, advertía el fracaso de la política judicial, así como los efectos deplorables de la elección popular de magistrados, lo que ha derivado en el desmoronamiento del sistema judicial, y el inevitable colapso de la administración de justicia.

En este sentido, el autor hizo notar el crecimiento de la moral judicial, dado que según datos oficiales, las causas resueltas en todas las materias, apenas alcanzaban al 31% de las causa ingresadas, mientras que las causas pendientes llegaban al 69%. Por otro lado, y en cuanto a la sobrecarga procesal en los juzgados, hizo notar la brecha existente entre el aumento de las causas y el reducido número de juzgados. Así, advertía que el promedio nacional en materia de medidas cautelares, era de aproximadamente 2.470 casos por Juez de Instrucción Penal, y que además, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, este promedio llegaba incluso a una cantidad de 3.000 casos por Juez, en un solo año.

Sin embargo, no debe perderse de vista que –según el autor– la acumulación de la carga judicial, es también efecto de la persecución judicial contra opositores políticos y funcionarios de anteriores gobiernos (calificados de “neoliberales”), siendo causas que llevan años de trámite, tanto para mantener la presión sobre ellos, como también por el temor de los jueces, de cerrar o archivar esos casos.

Asimismo, también se evidenció la existencia de jueces y fiscales saturados, siendo que el drama de falta de jueces, también se reproducía en el Ministerio Público; y es que, entre los años 2008 y 2011, el número de fiscales en todo el país creció en apenas 2%, un incremento insuficiente frente al crecimiento de las causas que en ese mismo período aumentaron a cerca de un 13%. Así, entre los años 2008 y 2012, el número de causas por fiscal (como promedio nacional) en las nueve capitales de departamentos, había aumentado de 165 a 179 causas.

Otro de los problemas advertidos en aquel estudio, fue el de los presos sin sentencia, dado que haciendo una comparación con los datos de la gestión 2010, las imputaciones formales presentadas durante ese año, alcanzaron a más de 20.000 en todo el país; en cambio, las sentencias dictadas por los tribunales fueron apenas 874, y esa cifra, representaba un escaso 4% del número de imputaciones, lo que evidencia la falta de justicia para miles de personas y familias involucradas.

Finalmente, cabe señalar que el problema del hacinamiento en las cárceles, tiene como causa la falta de sentencia de los tribunales, lo que aumenta la cantidad de presos sin una sentencia ejecutoriada. Ello, considerando que la población carcelaria en Bolivia, hasta el año 2011, alcanzaba a más de 13.000, de los cuales, la mayoría eran detenidos sin una sentencia en su contra, lo que constituye una violación de los derechos humanos. Entonces, la enorme cantidad de privados de libertad, sin sentencia ejecutoriada, y que no deberían estar en las cárceles, es –según ese estudio– una de las causas principales de la sobrepoblación carcelaria.

En este último tiempo, se ha publicado un nuevo y minucioso análisis sobre la crisis judicial en Bolivia. Se trata de la obra de Pamela Delgadillo y Rogelio Mayta, denominada: “laberinto.bo Notas para un diagnóstico de la justicia y algunas propuestas” (2015)[2], y se trata de un trabajo que básicamente parte de una realidad innegable: Bolivia nunca pudo consolidar una administración de justicia creíble, independiente, eficiente y democráticamente justa; sin embargo, es aceptada todavía tal como nos fuera legada por la colonia, con una estructura jerárquica, pesada, ritualista y discriminadora.

La importancia de este trabajo, radica en su intención de aportar al análisis, mostrando una perspectiva general del problema, pero además, planteando posibles soluciones, a cuyo efecto, sistematiza los principales problemas de la administración de justicia y su complejidad, como base para repensar algunas alternativas de soluciones propuestas por los autores, cuyo meritorio esfuerzo debe reconocerse.

Es así, que los principales problemas que atraviesa la administración de justicia, y que se identifican en este estudio, se agrupan en cuatro ejes:

a) la inexistencia de una reflexión (seria y objetiva) sobre la justicia, a cuyo efecto repasan las experiencias de las reformas judiciales de los años 90’s, que según los autores, no consideraron las características socioculturales del país, lo que no permitió “trascender los limites de un ajuste que no cambia nada”. Asimismo, hacen referencia al “fetichismo legal” que hasta ahora padecemos, y que nos hace creer que todos los problemas de la sociedad, y los de la administración de justicia, se pueden resolver básicamente con leyes[3].

b) la ineficiencia del sistema judicial, para lo cual, los autores revisan la sobrecarga procesal existente en varios juzgados y tribunales, considerando que el año 2012 los tribunales penales emitieron sentencia sólo en el 0.4% de los casos atendidos, mientras que los juzgados laborales resolvieron cerca del 43% de los casos que conocieron. Asimismo, muestran también la carga de trabajo en el Ministerio Público, como complemento indispensable para el desenvolvimiento del sistema de justicia penal. Sin embargo, también se pone en evidencia la débil gestión institucional que ha sido incapaz de diseñar un plan de acción para resolver los problemas existentes.

c) las limitaciones reales y aparentes de independencia e imparcialidad, para lo cual, debiera comenzarse por la despartidización en la elección de las altas autoridades judiciales, ante la evidencia de sus limitaciones y fracasos. Pero no sólo aquello, sino que también está presente el problema endémico de la corrupción judicial, ante el cual, las soluciones legales han resultado ineficaces, siendo evidente la necesidad de cambiar la perspectiva, para abordar de mejor manera ese problema, dado que no se trata de la falta de leyes, sino de falta de voluntad en los operadores de justicia para cambiar sus actitudes.

d) las barreras del acceso a la justicia, que básicamente se tratan de barreras económicas de las personas que por falta de recursos económicos suficientes, no pueden acceder libremente al sistema judicial, o al menos permanecer allí hasta encontrar una solución efectiva; barreras originadas por la discriminación, que a pesar de las políticas nacionales impulsadas para erradicarla, aún perviven en la conducta de muchos servidores judiciales; y las barreras originadas por la insuficiencia de juzgados y tribunales, que tiene que ver con la baja asignación presupuestaria que le corresponde al Órgano Judicial en su conjunto.

Esto último, no hace más que poner en evidencia una vez más, que la justicia en nuestro país, sigue siendo excluyente y privilegiada, dado que está claramente reservada sólo para quienes tienen las posibilidades económicas para lograr un resultado favorable en estrados judiciales, en tanto que los demás, impedidos por sus limitaciones económicas, muchas veces deben conformarse con no ver materializados sus anhelos de justicia, lo que genera esa desconfianza ciudadana en la justicia boliviana.

Finalmente, lo interesante del estudio, son las propuestas de los autores, tanto para superar la falta de reflexión sobre la justicia, para mejorar la eficiencia del sistema judicial, para superar las limitaciones de independencia y corrupción, así como para lograr un mayor acceso a la justicia; a cuyo efecto, señalan una diversidad de objetivos, factibles de traducirse en acciones concretas, y que debieran ser parte de una política judicial de reestructuración integral e institucionalización de todas las dependencias del Órgano Judicial.

Con este trabajo, que básicamente se trata de una propuesta integral de acciones concretas para mejorar y optimizar el sistema de justicia en el país, los autores demuestran claramente que como sociedad boliviana, merecemos que se nos brinde una mejor administración de justicia, y en ese propósito, el libro no se agota en la reflexión sobre la justicia y sus estadísticas, sino que da un paso más allá, al proponer alternativas de solución, que es precisamente lo que debe llamar la atención de las autoridades gubernamentales en general, y de las autoridades judiciales en particular, dado que ellos tienen la responsabilidad de implementar mejoras e innovaciones en el sistema judicial, a la mayor brevedad posible.

En definitiva, se trata de una obra encomiable, y de consulta indispensable para repensar nuevas formas de lograr una organización adecuada y funcionamiento efectivo del Órgano Judicial en su conjunto, con propuestas razonables de solución, acordes a la magnitud del problema.

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[1] Asimismo, la ONU, a través de Denis Racicot, en el Informe sobre Derechos Humanos en Bolivia (2014), alertó que la crisis de la justicia en Bolivia se profundizó y se caracteriza por el retraso, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos. El reporte de la ONU, también advirtió sobre la persistencia del problema estructural del sistema penitenciario, tal y como reflejan el hacinamiento, el "uso excesivo de la detención preventiva, que asciende al 83,3 % de la población penitenciaria”, y la situación de los niños y niñas que viven en las cárceles.

[2] Esta nueva producción bibliográfica, también se encuentra disponible para descarga en formato PDF, en el sitio web: www.justicia-bolivia.info

[3] Este es un aspecto que hemos venido criticando desde hace bastante tiempo atrás, y recientemente, cuando en esta columna abordamos la necesidad de leyes de calidad (y no por cantidad) en Bolivia, señalamos que: “Ello no significa que se requieren más cantidad de leyes, porque ya estamos abarrotados de muchas de ellas, y no es con leyes escritas que se va a transformar (como por arte de magia) el sistema judicial, sino con leyes operativas, es decir, con leyes que tengan objetivos específicos y finalidades concretas; leyes que establezcan instrucciones claras y directas (libres de ambigüedades) a los operadores de justicia (para evitar tergiversaciones), respecto a su forma de proceder en los procesos judiciales, a fin de contrarrestar viejas y malas prácticas formales o ritualistas, que sólo perjudican a los ciudadanos que acuden a los estrados judiciales en busca de justicia.”