viernes, 6 de julio de 2012

CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA - 2012






El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que la Ley 254 del Código Procesal Constitucional (CPC) permitirá acelerar la justicia y eliminar los formalismos de Derecho para una justicia cercana al ciudadano. “En el Código se ha sintetizado los procedimientos, se ha puesto de manifiesto elementos centrales sobre la celeridad en la justicia y objetividad en los procedimientos”.

LA GACETA JURÍDICA / 10 de julio de 2012

El legislador agregó que “se han eliminado todos los formalismos que eran una característica sostenida de nuestro Derecho y la finalidad es reducir los procedimientos, evitar que los procesos duren demasiado, buscar una justicia pronta, una justicia cercana al ciudadano”.

Arce dijo que el CPC permite al ciudadano acceder de manera directa a la justicia cuando se violan sus derechos constitucionales, entre ellos una detención indebida; además, se pagará de forma inmediata al afectado los daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de un proceso.

“El juez puede ir a donde está la persona retenida indebidamente e inmediatamente ordena su libertad en el recinto policial, incluso se puede calificar daños y perjuicios y ordena el resarcimiento inmediato sin hacer otro proceso. Ahora la justicia es de los bolivianos, uno no necesita patrocinio de abogados, la justicia es directa”, explicó.

Consenso

Arce recordó que se trata de la primera norma en su género que se aprobó en el país con el consenso de todos los sectores, oficialistas y opositores, además del concurso de los movimientos sociales. Dijo que uno de los aportes más importantes de las organizaciones sociales fue el que  impulsó para que la justicia sea más cercana al pueblo, sin formalismos.

“Es una norma que en el futuro nos va a permitir proteger los derechos, vivir respetando la Constitución y el ordenamiento boliviano”, aseguró. Explicó que la norma regula los procedimientos que hacen a la defensa de los ciudadanos y ciudadanas, teniendo una relación directa con aquellos que se encuentran con la violación de sus derechos, contrariamente al ordenamiento jurídico.

Mencionó que las anteriores codificaciones en el país se basaron en copias y transcripciones de códigos de otros países y otras realidades y que fueron asesorados por abogados extranjeros que cobraban millones de dólares por su elaboración.

“Éste es el primer Código hecho por bolivianos, el primero que se aprueba en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Su trabajo comenzó hace aproximadamente dos años y esto no le ha costado ni un solo centavo al Estado boliviano”, remarcó.

Vigencia

El Diputado dijo que la norma comenzará a aplicarse desde el 6 de agosto próximo y se constituirá en el instrumento de trabajo de los jueces que protegen los derechos y garantías de los ciudadanos y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Asimismo, sostuvo que se trata de un instrumento de trabajo para el Tribunal Constitucional para que cumpla las cuatro grandes funciones que le fueron encomendadas: velar por el respeto a las libertades de las personas, velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE), solucionar los conflictos de competencia de las unidades autónomas, además de regular y armonizar la vigencia de la justicia indígena, originaria, campesina.

Promulgación

La norma fue promulgada en la sede del Órgano Judicial Plurinacional, la ciudad de Sucre, el 5 de julio por el presidente Evo Morales, donde se destacó que, además, regula la labor de interpretación constitucional del Tribunal Constitucional. También establece los principios procesales de justicia constitucional y la presunción de constitucionalidad. El código regula el procedimiento para la revisión de las acciones de defensa ante el TCP en los casos de Acción de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, Acción de Cumplimiento y Acción Popular. 

También determina el procedimiento que se aplicará para la tramitación de los recursos ante el mismo TCP, tales como recursos contra tributaciones, resoluciones del Órgano Legislativo y Recurso Directo de Nulidad. Regula, asimismo, el procedimiento para la consulta sobre constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la cpe. Por otra parte, tiene entre sus competencias crear la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, dependiente del Tribunal Constitucional. 

Según las intervenciones durante el acto, éste es el primer Código hecho por bolivianos y es la primera de unos ocho nuevos códigos para el nuevo esquema estatal. Al respecto, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dijo que es una norma pionera en lo que hace al desmontaje de la justicia colonial.

“Este Código de Procedimiento Penal ha sido trabajado inmediatamente después de que fuera promulgada la Ley del tcp. El trabajo de este Código no ha sido sencillo, han participado muchas personalidades, ha tenido participación muy activa del Tribunal Constitucional, de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, varias universidades y facultades de Derecho. Es importante mencionar la participación del Defensor del Pueblo y de muchas organizaciones sociales”, manifestó.

Proceso

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Justicia, el CPC fue elaborado en dos años de trabajo y socializado en todo el Estado con la intención de recibir aportes en materia constitucional y procesal constitucional y sobre todo recabar el valioso aporte de la población, es decir, de organizaciones sociales, convirtiéndose en el primero de esta nueva era de codificación en Bolivia.

La titular de Justicia recordó que toda la normativa boliviana fue heredada del sistema republicano colonial, por lo que en este tiempo se trabajó con el objetivo de desmontar el andamiaje construido en más de 187 años de vida republicana.

“Hemos iniciado nuestra vida como estado boliviano con los Códigos Santa Cruz, códigos que han sido implantados en una sociedad tan diversa como la nuestra, estos códigos han tenido duración importante y larga dentro de nuestra  historia hasta llegar a la codificación Banzer. Esa reforma de la codificación Banzer ha sido estructurada en gobiernos dictatoriales, no ha resuelto el problema de las injusticias en Bolivia”, dijo.

Competencias 

El CPE también permitirá a los miembros del TCP marcar una ruta clara al momento de definir competencias cuando se susciten conflictos entre la justicia indígena originario campesina y la justicia ordinaria. 

“Ahora corresponde empezar a cambiar la norma, empezar a nacionalizar el derecho  y ¿cómo vamos hacer esto?,  primero cambiando nuestra mentalidad, mirando la realidad fáctica, mirando a nuestro alrededor y viendo que la normativa actual no es la normativa adecuada para solucionar los problemas de los  habitantes de nuestro estado”, recalcó Ayllón.

Otros aspectos

La norma, compuesta por 411 artículos, será seguida por otros ocho nuevos códigos que se elaborarán a partir de este año y que tienen previsto ser concluidos para 2014, trabajo que será encabezado por el diputado Héctor Arce.

“Es importante reconocer que este es un código made in Bolivia”, dijo Arce al insistir que la Ley 254 no costó ni un centavo al país, situación diferente al proceso de elaboración del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, aprobada en 1999, en la que recordó se gastó alrededor de 30 millones de dólares.

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