lunes, 12 de enero de 2015

REFERÉNDUM: La "Revolución" de la Justicia Plurinacional










No más revoluciones en la justicia

Hagamos algo sensato
Que nadie se rasgue las vestiduras al ver que los tribunales son una chacota: es preciso una reforma en serio, dice el autor

Henry Oporto -  Sociólogo

Evo Morales vuelve a remover el avispero, anunciando un referendo para revolucionar la justicia. Habrá que entender que se trataría de una revolución de la revolución judicial, ya que es esto lo que supuestamente ha venido sucediendo, a partir de la elección de los magistrados en 2011.  ¿Qué significa este anuncio? Quizás nadie lo sepa exactamente. De hecho, el discurso del Presidente en la inauguración del año judicial, ha sido confuso y con un tono de improvisación. Habló de trasladar al pueblo la definición de "una profunda revolución dentro de la justicia”; también de "una reforma constitucional”, pero en términos tan vagos que da pie a todo género de especulaciones -la ministra de Justicia dice que el referendo será tanto sobre temas de justicia como un revocatorio para los magistrados en ejercicio-.

Lo que resulta inconsistente es que se quiera apelar a la consulta popular cuando las propias autoridades de gobierno no ocultan su frustración porque justamente ese mecanismo -la decisión del pueblo, expresada en la elección de magistrados, y reivindicada como "un nuevo modelo de justicia”- no hubiera resuelto los problemas de la administración de justicia y que, por el contrario, los hubieran empeorado.

Partidización y descalabro institucional

Lo que no se quiere reconocer es que la elección de autoridades judiciales ha sido el caballo de Troya para la captura de la justicia y el copamiento de los cargos judiciales con militantes y allegados, a cual más sumisos e incompetentes en sus funciones. Y por ello el país está pagando un precio demasiado alto: conculcadas la independencia, la institucionalidad, la carrera profesional y la meritocracia, ha sobrevenido el descalabro en todo el sistema judicial. 

Que nadie se rasgue las vestiduras al ver que los tribunales son una chacota: instancias despojadas de respetabilidad y convertidas en escenarios caóticos, de trifulcas internas, de pugnas de poder y presiones corporativas, como no se había visto nunca antes. Que la función judicial se hubiese degradado al punto que jueces y fiscales sean tanto más desechables cuanto más manipulables. El propio Evo Morales afirma que el sistema judicial es "el centro de extorsión y corrupción”.

La administración judicial está colapsada y paralizada, por el aumento de la mora judicial, la sobrecarga procesal en los juzgados, la saturación en el trabajo de los jueces y fiscales, la cantidad de procesos sin sentencia, el hacinamiento de las cárceles. Lo único que no crece es el presupuesto judicial: si en 2005, el gasto en el sector justicia (Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio Público) representaba algo menos del 2% del gasto total del sector público, en 2013, el presupuesto programado del sector justicia se redujo al 0.36% del PGN. Hoy en día nada funciona en la justicia, y por cierto nadie cree en ella.

¿Cambiar la justicia mediante referendo?

Evo Morales admite que el intento de reformar la justicia, vía la elección directa de magistrados, ha fracasado. Sin embargo, él quiere aplicar el mismo remedio para corregir los males derivados de su experimento de un cambio radical en la composición de los órganos judiciales. ¡Quién entiende esta paradoja! Hay que imaginarse a la gente dirimiendo con su voto complejos problemas judiciales de orden doctrinario, técnico, sustantivo y procedimental. Esto no es serio, y suena más bien a populismo y demagogia.

La realidad de una judicatura disfuncional y envilecida es por demás evidente –innegable, incluso, para sus causantes y protagonistas-, lo cual pone al Gobierno en un atolladero. Los órganos judiciales que, en su día, fueron muy útiles a las necesidades de un proyecto de poder, ahora son un lastre. Por cierto, no es difícil percibir los riesgos de arrastrar una situación ya insostenible, y no sólo para el órgano judicial sino para el ejecutivo.

No obstante, si lo que se busca es únicamente salir del atolladero, entonces estaríamos ante una operación de lavado de cara, a través de la sustitución de unos magistrados desgastados por otros presuntamente más idóneos, y sin perder el control político sobre los mismos. En tal caso, carece de sentido gastar una millonada de dinero en una consulta popular que no va a resolver nada. Pero si la preocupación del Presidente por un cambio sustancial –y no cosmético- de la justicia es genuina, entonces el camino a seguir tendría que ser uno muy diferente.    


Un pacto de Estado por la justicia

La regeneración de la justicia pasa por un acuerdo político, respaldado por la sociedad, para encaminar un cambio profundo, integral y de largo plazo, más allá de un Gobierno u otro, de modo que las acciones correctivas tengan continuidad y puedan madurar en sus logros y resultados, evitándose el círculo vicioso de reformas y contrarreformas, que desmantelan todo lo precedente o que siempre comienzan de cero.

Un pacto de Estado resulta tanto más necesario porque es impensable remontar la crisis actual si no se restituye el principio de la independencia judicial, que es la piedra angular para una justicia  confiable y efectiva; y también para hacer posible una reingeniería en el sistema judicial  abarcando todas sus instituciones -incluso la Policía y la Contraloría-. Una reingeniería institucional arropada por principios meritocráticos, y que pueda revalorizar la carrera judicial, dándole nueva vida a la profesionalización de la función judicial, como la mejor garantía de que la judicatura ha de responder a las necesidades del país y de la gente.   

Este pacto de Estado por la justicia, bien puede comenzar con un acuerdo político para conformar una "Comisión de Notables”, presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por otras cuatro personalidades probas y de reconocida trayectoria y credibilidad. Esta comisión tendría la tarea, en un plazo determinando –por ejemplo, 90 días-, de formular un Proyecto de Regeneración e Institucionalización de la Justicia, con el compromiso de los partidos de viabilizar sus propuestas a través de las acciones constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas, necesarias. Un proyecto así es básico para que la reforma judicial pueda ser bien encauzada.

Por el contrario, ir directamente a una reforma de la Constitución, o peor aún, iniciar el debate por la convocatoria a un referendo, es poner la carreta delante de los caballos. Justamente es lo que le ha ocurrido al Gobierno actual: sin tener claros los problemas de la judicatura, y careciendo de soluciones concretas y bien meditadas, se aventuró a un nuevo modelo de justicia -que de nuevo no ha tenido nada-, y con los resultados que ya conocemos. Ese error no debe repetirse.  

Nuestra idea de una Comisión de Notables recoge la experiencia de la Corte Electoral de "notables”, conformada en 1991, por un acuerdo político para afrontar una delicada crisis que había sido provocada dos años antes por los desmanes de la tristemente célebre "banda de los 4”. Entre esa situación del sistema electoral, y la que hoy padece el sistema judicial, puede trazarse un paralelo. Y si entonces fue posible superar aquella crisis mediante un acuerdo interpartidario, y la conformación de un renovado órgano electoral independiente e imparcial, que resultó siendo una prenda de garantía para todos los actores políticos y la ciudadanía en general, ¿por qué no aplicar una fórmula similar al momento dramático que atraviesa la justicia?


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PAREMIOLOCOGI@

¿Referéndum para “salvar” a la justicia?

Arturo Yáñez Cortes.- A la vista de la prueba plena del estado calamitoso de su administración de justicia, el presidente Morales se quejará al pueblo para que: “…defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro (de) la justicia boliviana”. Inmediatamente, como no podía ser de otra manera (centralismo democrático, dicen), sus muchach@s aplaudieron a su jefazo y sus más speeds empezaron a pergeñar cómo podría efectivizarse, ya que –sostengo de mi parte– es muy complicado que “el pueblo” defina vía referéndum tamaña generalidad y haga aparecer, por acto de magia popular, el urgente salvavidas para la ahogada de injerencia partidaria, retardación, corrupción, etc.

Según cualquier diccionario jurídico elemental, el referéndum o referendo se originó el siglo XVI en Suiza para que el pueblo diera indicaciones a sus representantes sobre cómo debían gobernar; actualmente, consiste en formular preguntas concretas a la población para que apruebe o rechace futuras leyes o decisiones administrativas de trascendencia. El siglo pasado (1931) se aprobó por esa vía la incorporación a nuestra economía jurídica de la autonomía universitaria y el habeas corpus, y recientemente, el texto de la nueva CPE (aunque en combo, sin la mínima posibilidad de discrepar sobre alguno de sus 411 artículos). Entonces, el referéndum opera con base a preguntas concretas respecto de similares medidas, por lo que una cuestión tan general como salvar la justicia o revolucionarla (se discurseó lo mismo en el caso de la “elección” de magistrados), simplemente resultaría un canto a la wiphala.

Si lo que –como una ministra indicó– se pretende por esa vía popular es revocar a los magistrad@s, fuera una enorme impostura más, puesto que ell@s ya fueron rechazad@s por el mismísimo pueblo en las elecciones judiciales que ninguno de los actuales magistrados ganó, prevaleciendo la verdadera elección antes realizada en la Asamblea Legislativa por la mayoría oficialista, siendo personalmente posesionados por el Presidente que ahora reniega de lo que han hecho sus posesionados (aunque no cabe endilgarles todas las responsabilidades del estado actual de la administración de justicia). Por ello, pretender usar al pueblo para salvar o arreglar lo que el mismo en las urnas ya rechazó, es otro acto de hipocresía gubernamental, salvo que se trate de un globo de ensayo para armar alguna otra estrategia envolvente.

Por más que se diga que la voz del pueblo es la voz de Dios, tratándose de un referéndum se requiere de cuestiones concretas a consultar que deben ser previamente técnicamente preparadas, huyendo de la improvisación a la que el régimen nos tiene acostumbrado en el tema de la justicia –yendo y viniendo en diferentes institutos; por ejemplo, recuérdese lo acontecido con la audiencia conclusiva u otros temas.

No cabe consultar lo obvio, es decir cuestiones generales en las que sin necesidad de referéndum y los millonarios gastos que acarrearía una consulta de esa naturaleza la mayor parte de los ciudadanos estaríamos de acuerdo. A propósito, qué tal preguntarle al soberano si desea que la administración de justicia sea independiente del poder político, seguramente la amplia mayoría diríamos –a coro– lo obvio, SÍ!!!!!!!!!!!!! YA NO MAS!!!!, pero el Gobierno que aunque discursea lo mismo, hace lo contrario –tenemos el gobierno pero no todo el poder, dijeron en un raro arranque de sinceridad–, dudo que estaría dispuesto a hacerle caso al soberano, pues disfruta usando esa administración para fines non sanctos …(casos Masacre de las Américas, La Calancha, 24 de mayo, Chaparina, etc., etc.) así como proclama no tratarse de un gobierno limitado por la ley, ya que le mete nomás. Así que tratándose del referéndum para salvar a la justicia, al soberano no le queda otra que recurrir a la bien ponderada sabiduría canina (no conozco el sabio perro que fue su autor para citarlo…) y decirle: a otro perro con ese hueso…
 


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