…la discusión y el debate jurídico constructivo
para aportar a la profundización teórica y el desarrollo legislativo adecuado
del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, requiere de la sistematización
de criterios jurídicos tendientes a optimizar las normas que contiene el nuevo
Código…
La
Razón (Edición Impresa) / Alan Vargas Lima*
00:00
/ 27 de enero de 2015
Han
transcurrido dos años y un poco más desde la puesta en vigencia del nuevo
Código Procesal Constitucional de Bolivia, por lo que resulta importante
destacar la importancia del reciente aporte académico de la flamante Asociación
Boliviana de Derecho Procesal Constitucional (ABDPC), plasmado en la
publicación del libro colectivo “Código Procesal Constitucional de Bolivia.
Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” (editado por
esta y publicado en Cochabamba, Bolivia, Editorial Kipus, 2014).
Ciertamente,
el Derecho Procesal Constitucional constituye una disciplina jurídica
relativamente nueva (al menos en Bolivia), aunque hace algunas décadas ya
circula con bastante aceptación en los demás países de Latinoamérica,
encontrándose estrechamente vinculada al estudio de los procesos
constitucionales y los mecanismos de defensa de la Constitución.
En
el caso de Bolivia fue la adopción del sistema de control concentrado de
constitucionalidad (modelo europeo-kelseniano, adoptado en la reforma
constitucional de 1994) y la consiguiente implementación del Tribunal
Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución lo
que dio lugar al surgimiento de esta nueva disciplina jurídica, denominada
Derecho Procesal Constitucional.
Básicamente
está definida como aquella disciplina especializada del derecho público que
estudia los diversos sistemas y modelos de control de constitucionalidad como
mecanismos de defensa de la Constitución, así como el conjunto de normas que
regulan la estructura, la organización y el funcionamiento de los órganos
encargados de ejercer el control de constitucionalidad, además de los procesos
constitucionales a través de los cuales se resuelven las controversias
constitucionales de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos para
su tramitación (1).
Sobre
el desarrollo de la legislación procesal constitucional en Latinoamérica, se
puede señalar la aparición de nuevos cuerpos normativos de Derecho Procesal
Constitucional a través de la aprobación de diversos Códigos sobre la materia,
como son, por ejemplo: a) la Ley Nº 7.135 de 11 de octubre de 1989 de la
Jurisdicción Constitucional de Costa Rica; b) la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y Constitucionalidad de Guatemala de 14 de enero de 1986 (Decreto N°
1-86 de la Asamblea Constituyente); c) la Ley N° 8.369 de Procedimientos
Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos; d) el Código Procesal
Constitucional de la Provincia de Tucumán (Ley Nº 6944 de 1995 que se encuentra
vigente desde el 7 de mayo de 1999 en Argentina), y e) el Código Procesal
Constitucional de Perú (Ley N° 28.237 de 2004), mismos que constituyen algunas
de las principales normativas sistemáticas elaboradas hasta el presente en
Latinoamérica.
En
armonía con esta incesante ola de experiencias codificadoras en la región, se
ha puesto en vigencia la Ley N°254 de 5 de julio de 2012, que aprueba el Código
Procesal Constitucional de Bolivia (CPCo); disposición legal que básicamente
prevé normas adjetivas para regular los procesos constitucionales a ser
resueltos en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y de los
actos provenientes de los órganos del poder público en nuestro país (sean
Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, Decretos y todo género de Resoluciones)
por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La
aprobación del Código Procesal Constitucional en Bolivia, ciertamente,
contribuye a la consolidación definitiva del sistema de control concentrado y
plural de constitucionalidad instaurado en nuestro país por mandato constitucional
(Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0300/2012); por lo que, la
discusión y el debate jurídico constructivo para aportar a la profundización
teórica y el desarrollo legislativo adecuado del Derecho Procesal Constitucional
en Bolivia, requiere de la sistematización de criterios jurídicos tendientes a
optimizar las normas que contiene el nuevo Código a la luz de la doctrina
constitucional contemporánea, la legislación comparada y la jurisprudencia
constitucional.
En
esa perspectiva, resulta muy loable la brillante iniciativa que ha tenido la
Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional (ABDPC), bajo la
Presidencia del doctor José Antonio Rivera Santiváñez de publicar un libro
colectivo de comentarios al Código Procesal Constitucional de Bolivia, como
aporte al desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, considerando, además,
que en el segundo año de vigencia del nuevo Código se justifica la necesidad de
su análisis y estudio integral, a fin de comprender el marco normativo procesal
que delinea las nuevas reglas de juego para la sustanciación de las Acciones de
Defensa y los Procesos Constitucionales, cuya importancia radica en que están
dirigidos al resguardo de la supremacía constitucional y la protección de nuestros
derechos y garantías constitucionales.
De
ahí que la obra coordinada inicialmente por el doctor Richard Cardozo Daza(†) y
luego por el doctor William Herrera Áñez, está destinada a proporcionar a los
investigadores, abogados litigantes, docentes y alumnos universitarios, un
material que les permita una fácil comprensión y adecuado manejo del Código
Procesal Constitucional; a cuyo efecto reúne los comentarios de los miembros
fundadores de la ABDPC y de distinguidos constitucionalistas bolivianos que se
han sumado a esta iniciativa académica, con la única finalidad de desentrañar
el sentido y alcances de todas y cada una de las disposiciones contenidas en el
Código, describiendo algunas novedades que propone este nuevo cuerpo legal,
esclareciendo probables deficiencias normativas que pudieran afectar su
aplicación, e identificando futuros escenarios de conflicto que podrían derivar
de la interpretación de sus normas, pero, sobre todo, proponiendo posibles
soluciones, sea por vía de interpretación o modificación legislativa, para su
efectiva aplicación, todo ello en el marco de los avances de la legislación y
la jurisprudencia comparadas, así como de los entendimientos jurisprudenciales
establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta el presente.
Esta
obra colectiva (que ya se encuentra disponible en Librería Editorial GISBERT, y
en Librería MULTILIBRO) se adecúa a la sistemática del Código Procesal Constitucional
de Bolivia, adecuadamente organizado en siete títulos que contienen
Disposiciones Generales, Facultades Especiales del Tribunal Constitucional
Plurinacional, Resoluciones, Efectos y Ejecución; Acciones de Defensa; Acciones
de Inconstitucionalidad; Conflictos de Competencia; Control Previo de
Constitucionalidad y Consultas de Autoridades Indígena Originaria Campesinas
sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto; Recursos ante
el Tribunal Constitucional Plurinacional; y la Constitucionalidad del
Procedimiento de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, además
de cinco disposiciones finales y tres disposiciones transitorias para
efectivizar en alguna medida su aplicación.
Nota
1.
Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional.
Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial KIPUS, 2007, pág. 19.
* Es abogado maestrante en
Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo
Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com
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