Mentiroso, en realidad, es quien
acostumbra mentir. Llamando de este modo a cuatro ONG, el Vicepresidente en los
hechos ha abierto el debate sobre el pluralismo de la investigación en el
Estado Plurinacional.
La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz
00:07 / 16 de agosto de 2015
Desde el sábado 8, el vicepresidente Álvaro García Linera ha puesto
abiertamente en el debate público la labor de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) dedicadas a lo que se puede llamar ‘producción de
conocimiento’. Su protesta se orientó hacia cuatro: las fundaciones Milenio y
Tierra, el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) y el
Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia).
Al margen de las acusaciones, digamos, de imagen de tales instituciones
(que Milenio depende de Gonzalo Sánchez de Lozada; que Tierra es dirigida por
un exministro de Goni; o que tanto el CEDLA como el Cedib están bajo la
dirección de “trotskistas verdes”), el Mandatario reclamó el hecho —dijo— de
que estas instituciones no dicen la verdad y llevan adelante una actuación
política encubierta: “¿Cuál es el problema? El problema es que mienten, que
tergiversan, que hacen política partidaria”, señaló García Linera en un acto de
entrega de títulos de propiedad en el municipio cruceño de Cotoca.
Para los directores de tres de las entidades aludidas, la acusación del
Vicepresidente, aparte de injusta, pone en tela de juicio la actividad
investigativa ‘no gubernamental’, independiente del Estado, socavando de este
modo el pluralismo en la producción de información y conocimiento.
Para el Vicepresidente, dichas ONG defienden un “discurso imperial”
vigente desde hace por lo menos 50 años, de control de la natalidad en los 70 y
de “supuesta protección de la naturaleza” hoy día; en la lógica, esto último,
de convertir a los países del sur en “guardabosques” para beneficio de los del
norte. Para García Linera, es este discurso lo que en el fondo defienden dichas
ONG, pero lo hacen con “mentiras, con datos erróneos, haciendo política
partidaria”. De aquí que, entonces, remarca: “usted no tiene derecho a
entrometerse en asuntos políticos de nuestro país; si se entromete, se va afuera”.
En una nueva conferencia de prensa el jueves 13, el Mandatario
ciertamente dio un giro: aclaró que su reclamo específicamente se refería a ONG
y gobiernos extranjeros que intervengan en el país con fines políticos; que no
se va contra las ONG nacionales, “eso se respeta y garantiza; lo que no vamos a
permitir es que ONG extranjeras, instituciones extranjeras, gobiernos
extranjeros, financien actividad política partidaria en nuestro país”.
Todo esto, precisó luego, “por el principio de soberanía”, recordando
como ejemplos del proceder estatal la expulsión del embajador de Estados
Unidos, Philip Goldberg, en septiembre de 2008, y la salida de la ONG IBIS, en
diciembre de 2013.
Con respecto a las “ONG bolivianas”, el Mandatario afirmó “todo el
respeto, toda la protección”. Aunque, nuevamente señaló que aquí el problema es
la mentira: “en el caso de esas cuatro ONG, que yo las he criticado, y mantengo
mi crítica, porque son mentirosas”. A tiempo de reconocer que se trata de
instituciones de “mucha antigüedad”, introdujo el criterio más bien
político-generacional: “lamentablemente la gente que convirtió a esas ONG en
instituciones respetables, no están ya en esas ONG; eran izquierdistas que ya
no están en esas ONG, han quedado puro derechistas y la mayor parte mentirosos;
pero, son bolivianos, y tienen todo el derecho de hacer su actividad y tienen
el derecho también para mentir, y respetamos su derecho para mentir”.
En lo relativo al rol o incidencia política de las ONG, especialmente
las dedicadas a la producción de conocimiento, el director ejecutivo del CEDLA,
Javier Gómez, apela al ineludible nexo entre la investigación y su efecto
político: uno al investigar y hacer públicos sus resultados, naturalmente que
puede influir en la percepción de los hechos públicos a que se refiere.
Investigar y publicar “es una actividad del conocimiento que lógicamente es
política, porque somos actores de la sociedad”.
Para el director de Tierra, Gonzalo Colque, “lo político”, que no lo
político-partidario, se establece desde el momento en que el objeto de estudio
es un hecho social: “si toca el interés público, tiene contenido político”; en
general, afirma, es imposible “no hacer política”, o desentenderse del hecho de
que “toda actividad humana es relación de poder, inducir, tener objetivos;
imposible trabajar de manera apolítica; otra cosa es partidaria, de luchar por
el poder”.
Recordando que Tierra nació hace 25 años, en el contexto del debate
sobre la Ley de Tierras de 1996, bajo el contexto de la investigación para
debate coyuntural, ahora la labor se orienta más, asegura, hacia las políticas
de Estado (ya no solo de gobierno), es decir, investigaciones de largo aliento,
“más cercanas a los cambios estructurales”. Por esto, el investigador no se
hace problema en manifestar que, en general, la intención de su institución es
incidir en dichas políticas públicas, como es derecho, por lo demás, de
cualquier ciudadano: “Claro que nos interesa influir en programas de
desarrollo, en políticas públicas; proponer dónde deben ir los recursos
públicos, mostrar cuáles son las áreas más débiles, entre otras cosas”.
Por su parte, el director del Cedib, Marco Gandarilla, introduce el
criterio de la “utilidad social” de toda investigación. “Descubrir, por
ejemplo, que se están vertiendo 35 toneladas de mercurio en los ríos
amazónicos, tiene que llevar a un gran debate público en Bolivia; no discutir
eso públicamente (que es lo que nos está diciendo el Vicepresidente: ‘ustedes
señores no hablen de asuntos comunes’) no es correcto, porque la política son
los asuntos comunes, lo que nos importa a todos; ese no es un asunto privativo
de los políticos, ese es un derecho de todos”.
En lo relativo al debate propuesto por García Linera acerca de la
mentira en el trabajo de las cuatro ONG objeto de su crítica, el primero en
reclamar lo injusto y hasta ilógico de la acusación vicepresidencial es
Gandarillas, del Cedib:
“Extraña que nos llamen mentirosos, cuando el propio Estado y Gobierno
están usando el servicio del Cedib. Concretamente, la comisión del Senado que
estudió la capitalización tuvo que recurrir a nosotros, para fundamentar su
informe; segundo, la Procuraduría del Estado, que tiene una demanda de la
transnacional Sout American Silver, que tenía el yacimiento en Mallku Kota, nos
ha pedido igual nuestra información, nuestros estudios, porque son vitales para
la defensa que tiene que hacer ante esta transnacional”.
En 2014, relata Gandarillas, cuando se debatió la ley minera, el propio
Estado tuvo que reconocer que los estudios del Cedib sobre cooperativas y
empresas transnacionales eran “clave” para identificar el interés de cada
sector con respecto a dicha norma. En la investigación social, se sabe, el
primer problema es de enfoque, del punto de vista que construye el
investigador; a esto parece apuntar el Vicepresidente cuando expresa su
desconfianza de las cuatro ONG con su convicción de que se trataría de
estudiosos “de derecha”.
Para Colque, de Fundación Tierra, si bien es innegable que en el diseño
de la investigación existen diferentes enfoques para llevarla a cabo, lo que de
alguna manera incidirá en los resultados que se obtengan, esto no da para
reducir todo a mentiras sí, mentiras no, o que uno expresamente investigue para
mentir.
“En los temas económicos y sociales, no existen ni mentiras ni verdades,
no hay una realidad absoluta; lo que hay son distintas interpretaciones,
metodologías y enfoques que se aplican para llegar a una determinada
conclusión. Lo válido en este trabajo es la argumentación, las evidencias que
presentas para respaldar una conclusión, y cuanto mejor metodología de
investigación utilices, mejor la calidad de la conclusión”.
Desde el punto de vista del efecto que tienen las investigaciones que
llevan adelante las ONG, el director del CEDLA, Javier Gómez, advierte de cómo
la sola descalificación del contrincante en el debate público a lo único que
conduce es a desmejorar la democracia. El ritual de descalificar al rival antes
que debatir con él, lo que hace es “oscurecer” el debate público; con ello,
señala Gómez, “se reducen los espacios democráticos; nosotros pretendemos
aumentar la capacidad de deliberación, para que haya más democracia”. En rigor,
en la investigación, en la seria, a lo sumo lo que puede haber es equívocos,
errores, mala interpretación, a lo que necesariamente debe corresponder la
rectificación.
“Nosotros criticamos la política pública, y ahí tenemos derecho a
equivocarnos, pero también tenemos la obligación de pedir disculpas públicas si
nos equivocamos. Pero nadie nos responde de parte del Gobierno sobre nuestras
investigaciones; no discuten el gasolinazo, la industrialización; solo nos
responden con adjetivos”, lamenta Gómez.
¿Pero a qué mentira puede referirse el Vicepresidente? En el discurso de
García Linera el sábado 8 en Cotoca, al dar cifras de la distribución de la
tierra en los nueve años del “proceso de cambio”, el Mandatario afirma que
prácticamente se ha dado la vuelta a la tortilla; si antes la relación era:
grandes hacendados, 39 millones de hectáreas, contra 13 millones “la gente
humilde”; hoy es: indígenas e interculturales, 42 millones de hectáreas frente
a 6 millones los grandes hacendados. Ante ello, afirma García Linera, las ONG
“ocultan estos datos, engañan a la gente, dicen que el gobierno del presidente
Evo no está cambiando la estructura agraria”. Al respecto, solo como una
aproximación a este complejo tema, el director de Tierra, Gonzalo Colque,
señala que otra entrada también legítima para analizar el tema es ver dónde
está la superficie cultivada en el país, o sea, la tierra efectivamente útil.
“Más o menos son tres millones de hectáreas; dos millones están en Santa Cruz,
y un millón en el resto, en ocho departamentos del país; y el 80% de los
campesinos, de la población rural está fuera de Santa Cruz”.
García Linera en el mismo discurso de Cotoca advirtió: “llamo la
atención a que mis hermanos estén muy atentos con esas dos ONG (Tierra y
Cedib)”. Para Javier Gómez, aquí hay una actitud “despectiva” del
Vicepresidente hacia la gente: “porque cree que nosotros (las ONG) les podemos
engatusar, engañar. Respetemos la madurez de la sociedad boliviana para saber
qué es verdad y qué no es, a partir de la realidad que vive”. Por lo mismo,
Marco Gandarillas deplora este “acto de incitación de la sociedad hacia
nosotros, llamando a sectores sociales contra nosotros; cuando el Estado es el
que tiene que garantizar los derechos de todos”.
Intelectuales: García tiene un gesto de intolerancia
En el sitio web de la Agencia de Noticias Fides, el jueves 13, se
informa que intelectuales del mundo calificaron los dichos del vicepresidente
Álvaro García Linera sobre las ONG como “un gesto de intolerancia”. Se
trata de una carta que 28 intelectuales de América Latina, Norteamérica y
Europa enviaron al Vicepresidente del país. En la misiva, describe ANF, los
firmantes expresan su preocupación “por las acusaciones y amenazas de
expulsión” lanzadas por García Linera contra Milenio, Tierra, el CEDLA y
el Cedib. “Dichas acusaciones y amenazas constituyen un gesto de autoritarismo
e intolerancia de su parte”, afirma la carta.
Aparte del expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto
Acosta, destacan como firmantes de la carta el intelectual portugués Boaventura
de Sousa Santos y la matemática mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar, quien fuera
compañera del vicepresidente García Linera en la década de los ‘90, cuando
ambos militaban en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).
“Como bien sabe el Vicepresidente, la disidencia o la crítica
intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y
descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e
intelectual; esto es, con más democracia”, advierten los 28 intelectuales,
según ANF.
“Lamentamos, además, que quien levanta estas acusaciones y amenazas sea
un prestigioso intelectual y sociólogo, autor de tantos e importantes trabajos
e investigaciones sobre Bolivia, con proyección latinoamericana. En virtud de
ello, en nombre del pensamiento crítico que usted mismo dice representar,
quisiéramos hacer un llamado a la reflexión”, firman dichos intelectuales.
Además de los citados, entre los firmantes de la carta abogando por las
ONG, están: Pierre Salama (Universidad de París), Eduardo Gudynas (investigador
ambiental, Uruguay), Raúl Zibechi (ensayista, Uruguay), Maristella Svampa
(socióloga, Argentina), Pablo Ospina (Ecuador).
Es cuestión de defensa de la soberanía: Álvaro
García Linera, vicepresidente de Bolivia
Se trata de un tema de defensa de nuestra soberanía; las ONG bolivianas
y el personal boliviano tienen todo el derecho de hacer su actividad como vean
conveniente y el Estado les protege; es más, hay muchas ONG que colaboran al
país, hacen una gran actividad social; pero ninguna persona jurídica (ni
gobierno ni ONG) puede financiar actividad política en Bolivia.
Hay poca información sobre el saneamiento: Gonzalo
Colque, director de la Fundación Tierra
En los últimos años, seis o siete, no hay un informe oficial anual sobre
el estado del saneamiento y titulación de la propiedad agraria; lo que hay a
veces es pequeños pawerpoints, que no tienen firma institucional. Tampoco
existe información desagregada. El censo agropecuario ha sido en 2013; hasta
hoy, 2015, aún no se han presentado sus resultados.
Se atenta contra la libertad de expresión: Javier
Gómez, director del CEDLA
Las declaraciones del Vicepresidente no se dirigen solo contra las ONG;
en muchos casos se han dirigido a organizaciones sociales que en cierto momento
se han opuesto a alguna acción o política gubernamental. El contexto es la
reducción del derecho de la libre asociación y de la libre expresión. Esto lo
ha denunciado el propio Defensor del Pueblo.
El Estado es uno de nuestros usuarios: Marco
Gandarillas, director del Cedib
En el Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib) hay varias
líneas de estudio; nuestra experiencia en recursos naturales es al menos 20
años. El Estado es uno de nuestros principales usuarios, de nuestro fondo
documental, pero también de nuestras investigaciones. Y hablamos a nivel de
municipios, de gobernaciones, el propio Gobierno, el Parlamento.
________________________________________
Aún está por definirse la constitucionalidad de la norma
/ /
/
En noviembre de 2014, el Defensor del
Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dos aspectos específicos
de ambas normas (la Ley 351 y su Reglamento). El registro legal de las
organizaciones no gubernamentales que trabajen en más de un departamento está
normado por la Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas del 19 de
marzo de 2013 y por el Decreto Supremo 1597, Reglamento parcial de la Ley 351,
de junio de 2013.
La ley y el reglamento parcial disponen
que todas las organizaciones e instituciones sin fines de lucro que ya estaban
registradas, ahora deben “reinscribirse”: “en un plazo de hasta cinco meses
(...) las personas colectivas que desarrollan sus actividades en más de un
departamento y que obtuvieron su personalidad jurídica con anterioridad a la
publicación de la Ley 351, deberán adecuarse a lo dispuesto en la normativa
vigente”.
El Defensor pide declarar
inconstitucionales: el parágrafo segundo, numeral 1 del artículo 7 de la Ley
351 del 19 de marzo de 2013; y el inciso g del artículo 19 del Decreto 1596. En
el primer caso, se trata del artículo referido a los estatutos de la ONG: “II.
Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones deberán
mencionar en su contenido: 1. La contribución al desarrollo económico social”.
En el segundo aspecto, el artículo 19 del
Reglamento se refiere a las causas por las que se podrá proceder a la
revocatoria de la personalidad jurídica de la ONG; una de éstas, precisamente
el inciso g, dice: “g) Por incumplimiento a las políticas y/o normas
sectoriales, previo informe del ministerio del área”.
La demanda fue admitida por el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) y a la fecha se encuentra en poder de un
Magistrado Relator de esta entidad judicial. Ambos fragmentos no
significan otra cosa que la sujeción de las organizaciones no gubernamentales a
los planes de desarrollo estatales, destaca el director del Centro de
Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas:
“Nos piden que hagamos modificaciones
inadmisibles en los estatutos, de alineamiento al Gobierno, que digamos de qué
manera vamos a implementar políticas sectoriales con las que estamos en contra.
Que asumamos el plan de desarrollo, la agenda patriótica”.
Y es que para el investigador se trata de
un contrasentido: siendo organizaciones de la sociedad civil (“no
gubernamentales”), la nueva norma en rigor dispone que dejen de ser tales. “Nos
piden que nosotros seamos un brazo más del Estado, organizaciones
para-gubernamentales o pro-gubernamentales. Eso va contra nuestra naturaleza”.
Obligadas a asumir estas nuevas
condiciones, el Director del Cedib cuenta cómo muchas organizaciones optaron
por cerrar sus puertas antes que someterse a este control. Hay que
recordar que la relativamente nueva norma de personalidad jurídica de ONG ya
fue impugnada por una instancia especial de la Organización de Naciones Unidas.
En mayo de 2015, como informa la prensa
de la época, el relator especial Maina Kiai en un informe específico sobre el
tema señaló que la legislación boliviana que regula el funcionamiento de las
ONG “vulnera y restringe el derecho internacional de asociación”; el documento
se complementa con el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por el
Defensor contra dos artículos de la nueva norma sobre las ONG.
El 15 de diciembre de 2014, la
organización no gubernamental internacional dedicada a los derechos humanos
Human Rights Watch envió una carta al presidente Evo Morales, “con el propósito
de instarlo respetuosamente a que promueva la reforma de diversas leyes que
restringen derechos humanos protegidos por tratados internacionales ratificados
por Bolivia”; firma la misiva José Miguel Vivanco, director de la División de
las Américas de HRW.
Dos de esas disposiciones son la Ley 351
de Otorgación de personalidades jurídicas, y su decreto reglamentario 1597.
Vivanco afirma que “En conjunto, estas disposiciones otorgan a las autoridades
facultades excesivamente amplias para regular las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil, socavando el derecho a la libertad de
asociación y el trabajo independiente de los defensores de derechos humanos”.
El decreto supremo, continúa Vivanco: a)
autoriza a funcionarios a disolver organizaciones de la sociedad civil por
causas que podrían ser arbitrarias; b) permite que cualquier dependencia
gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías la revocatoria de la personalidad
jurídica de una organización si considera que ésta actúa fuera de lo previsto
en su estatuto; c) la Asamblea Plurinacional también podría solicitar que se
revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”; y
d) el decreto prevé que los estatutos de las organizaciones deben indicar en
qué medida sus actividades “toman en cuenta los lineamientos establecidos en la
planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.
En lo cotidiano, entonces, aquí
está por ahora el “drama” de las ONG, en adecuar su estatuto a la nueva norma.
En algunos casos, una y otra vez es devuelto el documento, a veces por una
palabra, “observaciones semánticas”, según un testimonio.
Del lado del Ministerio de Autonomías,
encargado del control y seguimiento del registro de las ONG, su titular, el
ministro Hugo Siles, esta semana adelantó que se fiscalizará el trabajo de
estas instituciones. Le acompañarán en esto legisladores del Movimiento Al
Socialismo (MAS) y sectores dedicados al control social. “Hay que hacer una
fiscalización sobre el objeto de esas entidades y si hay diferencias en el
objeto que registran pueden ser susceptibles de la anulación”, dijo el
miércoles el dignatario de Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario