CIDH publica Informe sobre
situación de derechos humanos en el Perú
3 de mayo de 2023
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) publica el informe Situación de los Derechos Humanos
en el Perú en el contexto de las protestas sociales, a través del
cual aborda el contexto de la crisis de institucionalidad democrática y social,
observada por la CIDH en la visita de trabajo del 11 al 13 de enero de 2023.
El informe se circunscribe a los hechos ocurridos
entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, sobre los que
contiene una relación pormenorizada en orden cronológico. Para su elaboración,
se trabajó con entrevistas e información recibida en terreno e información
complementaria posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales.
En su análisis, la CIDH observó que las protestas
que iniciaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y
coyunturales. No obstante, en su base existen exigencias de comunidades
campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado. Entre
ellas se encuentran el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin
discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos
extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que éstos generen.
Uno de los hallazgos es que existe un deterioro
generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores
étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y
otras regiones donde predomina la población indígena y campesina. Aunado a
ello, las confrontaciones entre los poderes públicos y las sucesivas crisis
políticas vividas en el país desde el 2016 han profundizado la polarización
social y la desconfianza en las instituciones.
En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de
diciembre de 2022, se registraron situaciones de violencia no protegidas por el
derecho a la protesta. Sin embargo, la Comisión observa que la respuesta de las
fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se
registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.
En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se
desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso
desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por
factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en
la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo
perdigones; así como por la ubicación de un número importante de víctimas que
ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las
inmediaciones de los focos de conflictividad.
En el caso de Ayacucho, se registraron graves
violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida
diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del
Estado, la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían
constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples
privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y
lugar, podrían calificarse como una masacre.
En el caso de Juliaca, la CIDH concluye que se
habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza
por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de
derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de
terceras personas. Todo esto en el marco de una compleja situación violenta,
que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde
las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos
pirotécnicos, como avellanas.
En sus conclusiones, la Comisión señala, además,
que la superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio,
genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los
sectores de la sociedad sean representados. Igualmente, formula
recomendaciones en materia de diálogo y superación de la crisis; seguridad
ciudadana; reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos;
lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática; y libertad de
expresión, reunión y asociación.
La CIDH agradece al Estado por su apertura al
escrutinio internacional; en particular, por toda la información aportada
antes, durante y con posterioridad a la visita; a las organizaciones de la
sociedad civil y otros actores sociales; y a las víctimas y familiares.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en la
materia. La CIDH está formada por siete miembros independientes que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a
sus países de origen o residencia.
No. 083/23
9:07 AM
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